La Argentina enfrenta una encrucijada de políticas públicas que trasciende los pasillos legislativos y toca el corazón de cómo el Estado se relaciona con el capital privado. Con la aprobación de media sanción en la Cámara de Diputados por 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, el Súper RIGI ingresó a una fase crítica de evaluación que divide a economistas, industriales e inversores en torno a una pregunta aparentemente simple pero de consecuencias vastísimas: ¿cuánto debe renunciar un Estado a recaudar para seducir inversiones que todavía no están en su territorio?
El régimen, presentado como una versión mejorada del RIGI original que vencerá en julio de 2025, establece condiciones sin precedentes en materia de incentivos. La tasa de impuesto a las ganancias se reduce a 15% —comparada con el 25% del RIGI vigente y el 35% de la alícuota general—, se otorga estabilidad tributaria y cambiaria por tres décadas, se eliminan derechos de importación y exportación, se acelera la amortización de inversiones, se reducen contribuciones patronales y se permite la liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% desde el tercer año de operación exportadora. El texto ahora aguarda debate en el Senado, donde deberá definirse su destino legislativo.
La visión del mercado: crear actividad donde no la hay
Desde las mesas de análisis de los grandes bancos de inversión, la propuesta aparece bajo una luz favorable. JP Morgan sostiene que se trata de un "instrumento de política bien diseñado, estructuralmente superior al RIGI original". El argumento central de esta evaluación positiva gira en torno a un concepto clave: la "adicionalidad". Según este razonamiento, el Súper RIGI no redistribuye beneficios entre empresas ya radicadas, sino que intenta generar inversiones en sectores completamente nuevos para la economía argentina. Desde esta perspectiva, cuando el régimen ofrece impuestos menores, no estaría erosionando una base imponible existente, sino creando bases que actualmente no existen en absoluto.
El banco de inversión también relativiza las alarmas respecto al costo fiscal. Su análisis sugiere que "los costos fiscales probablemente sean menores de lo que sugieren los críticos" precisamente porque los sectores objetivo tienen "poca o ninguna base imponible" en la actualidad. Esto significa que, en términos netos, el Estado no estaría perdiendo ingresos que ya genera, sino apostando a crear recaudación futura a partir de cero. Desde la lógica del mercado financiero, se trata de una inversión estatal en la diversificación de la estructura productiva, con retornos esperados a mediano y largo plazo. Además, el banco subraya que las disposiciones sobre arbitraje internacional y protección de derechos de propiedad refuerzan la "seguridad jurídica" del esquema, lo que lo hace más creíble y atractivo para inversores globales en búsqueda de certidumbre.
Las sombras del modelo: renuncias recaudatorias y economías de enclave
Sin embargo, los críticos pintan un cuadro radicalmente distinto. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) desafía el optimismo de los mercados financieros mediante un análisis prospectivo de impacto fiscal. Tomando como referencia los emprendimientos ya aprobados bajo el RIGI, proyecta que una vez alcanzada la plena producción, el costo fiscal anual del Súper RIGI superaría los US$1.800 millones. Esta cifra se desagrega en componentes específicos: la eliminación de retenciones a las exportaciones significaría una renuncia de unos US$851 millones anuales, mientras que la reducción de la alícuota de ganancias del 35% al 25% —que el Súper RIGI profundiza aún más al 15%— implicaría un costo de aproximadamente US$545 millones por año. La brecha entre estas proyecciones y el optimismo bancario no es menor: representa la diferencia entre considerar que los beneficios generarán actividad completamente nueva o que, inevitablemente, desplazarán recaudación que el Estado ya percibe o podría percibir.
La preocupación más profunda, sin embargo, no se centra únicamente en números de corto plazo. Fundar, una fundación de análisis de políticas públicas para el desarrollo, y la Unión Industrial Argentina (UIA) advierten sobre un riesgo estructural: la conformación de economías de enclave. El concepto refiere a grandes proyectos de inversión que operan dentro del territorio nacional, utilizan recursos estratégicos como energía y agua, pero permanecen desconectados del entramado productivo local. Según esta lectura, el Súper RIGI podría resultar en inversiones que "no dejan impuestos, no aportan divisas y no generan proveedores locales", convirtiéndose en un espacio económico aislado que funciona "con sus propias reglas" sin integrar a la economía en su conjunto. Guido Zack, director de Economía de Fundar, lo formula de manera contundente: "Estamos dando más concesiones de lo que las empresas piden y estamos pidiendo a cambio menos cosas de las que las empresas estarían dispuestas a dar. Argentina tiene activos muy interesantes para estas empresas". Este diagnóstico sugiere que la negociación está desequilibrada a favor del capital privado.
La UIA, por su parte, enfatiza la dimensión de competencia desigual. La entidad presidida por Martín Rappalinni advierte que el régimen genera dos marcos regulatorios paralelos: uno extraordinariamente favorable para proyectos nuevos y otro mucho más exigente para la industria que ya produce localmente. Mientras los megaproyectos acceden a beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios sin paralelo, la industria instalada continúa enfrentando una "sobrecarga tributaria", altos costos de financiamiento y tasas municipales que golpean especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Durante el debate parlamentario, Fundar planteó directamente: "Inversión sí; enclave no", resumiendo así la demanda por un esquema que, mientras atrae capital externo, garantice encadenamientos productivos reales con la economía local.
Las negociaciones de último momento y sus límites
El texto que obtuvo media sanción incorporó algunos ajustes respecto de la versión inicial. Se incluyó la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso de 20% de contratación, se sumaron incentivos para investigación y desarrollo, se ampliaron objetivos tecnológicos y se creó un registro público de emprendimientos aprobados. Estas modificaciones responden directamente a las observaciones de la UIA y otros sectores que cuestionaban la falta de condicionalidades. Sin embargo, para la dirigencia industrial, estas medidas resultan insuficientes. La UIA propone mecanismos de "integración progresiva" que permitan expandir la participación de proveedores locales conforme avancen las etapas de inversión, así como verificaciones sobre la disponibilidad real de proveedores locales en condiciones competitivas de precio y calidad.
Un aspecto crucial que permanece en el centro de la discusión es el régimen de arbitraje internacional. El texto aprobado habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje en caso de controversias con el Estado argentino. Más aún, clasifica los derechos otorgados por el régimen como "inversiones protegidas" en el marco de tratados internacionales, abriendo la puerta a reclamos si futuras modificaciones regulatorias afectan esos beneficios. También establece que las provincias adheridas mantendrán la alícuota de Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminarán el impuesto de Sellos y otros tributos locales para los proyectos alcanzados. Para JP Morgan, estas disposiciones "fortalecen la seguridad jurídica" y hacen el esquema más creíble globalmente. Para Fundar, en cambio, representan una "cesión de soberanía": el acceso directo al arbitraje internacional debilita la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias condicionalidades, porque cualquier disputa quedaría bajo estándares externos y no necesariamente bajo jurisdicción nacional.
La tensión entre estas perspectivas sintetiza el dilema central de la política económica: ¿es posible atraer inversiones transformadoras sin sacrificar capacidades del Estado? ¿Existen incentivos capaces de generar "adicionalidad" genuina, o inevitablemente terminan por desplazar recaudación y crear enclaves desconectados de la economía local? Las próximas semanas en el Senado dirán si prevalece la lógica de la apertura sin condiciones o si se imponen salvaguardas que intenten equilibrar el atractivo para inversores con el interés del desarrollo integral. Lo cierto es que los términos de esta negociación reflejan una Argentina que necesita capital pero que aún debe definir a qué precio y bajo qué reglas está dispuesta a ofrecerlo.
