El giro pragmático que tardó en llegar

Después de semanas de turbulencia interna que dejaron al Gobierno Nacional en un estado de parálisis relativa, la Casa Rosada experimentó en los últimos días un cambio de rumbo significativo en su forma de relacionarse con los mandatarios provinciales. El punto de quiebre no fue menor: la identificación clara de la reelección presidencial como el objetivo central que ordena todas las políticas, tanto económicas como electorales. Este reposicionamiento abrió las puertas a un replanteo profundo de vínculos que habían estado marcados por oscilaciones constantes desde que La Libertad Avanza llegó al poder hace poco más de un año. Las dos convocatorias multitudinarias en ocho días —una en la asunción del gobernador de la provincia más poblada y otra en la celebración de la efeméride nacional en territorio tucumano— funcionan como evidencia visual de este nuevo clima. Sin embargo, quienes conocen los detalles de estas conversaciones advierten sobre un aspecto crucial: se trata de un entendimiento basado en urgencias compartidas, donde cada parte necesita del otro pero desconfía profundamente de sus intenciones futuras.

El cambio de temperamento dentro del Gobierno también fue palpable en reuniones de gabinete y en encuentros de coordinación política que se retomaron con normalidad. Funcionarios que semanas atrás transmitían una sensación de asfixia institucional volvieron a hablar de proyectos, de expectativas de crecimiento y de gestión concreta. La pregunta que muchos se hacen es por qué este reset demoró tanto en producirse, cuando la lógica sugería que debería haber llegado antes. La respuesta radica en que el Gobierno necesitó tiempo para procesar que el modelo de confrontación permanente y construcción purista de su propia fuerza política no era viable para alcanzar sus objetivos de mayor envergadura.

Las necesidades cruzadas que fuerzan el acercamiento

El diagnóstico que circula en los despachos presidenciales es claro y compartido por la mayoría de los gobernadores con los que se conversa: la administración nacional requiere una economía blindada, más sólida, capaz de transmitir previsibilidad a los mercados financieros internacionales. Esto explica por qué el ministro de Economía anunció públicamente hace días el esquema de financiamiento para las obligaciones de deuda de este año y del próximo. Del mismo análisis derivan los impulsos legislativos en temas como la reforma de la autoridad monetaria, el régimen de grandes inversiones ampliado, el perdón fiscal, la garantía de derechos sobre la propiedad y una versión adaptada del mecanismo de cierre presupuestario que practican en Estados Unidos. Todo este paquete apunta directamente hacia los mercados globales, buscando generar confianza en los operadores internacionales.

Pero el análisis no se limitó a la economía. Existe también un diagnóstico político que señala que el oficialismo llegará a los comicios de 2025 con posibilidades reales de obtener buenos resultados, pero sin el margen de maniobra que le permitiría prescindir de alianzas regionales. Más crítico aún: la fuerza libertaria carece de figuras propias con capacidad competitiva en varias jurisdicciones, lo que la expondría a una cadena de derrotas locales antes del evento electoral nacional. Esta conclusión fue determinante para transformar el enfoque que mantenían Karina Milei y la rama política vinculada a los Menem, quienes durante 2024 impulsaban una línea de construcción nacional exclusiva. Ahora, por primera vez en su gestión, abrieron la posibilidad de avanzar en entendimientos con otras fuerzas políticas en aquellos distritos donde La Libertad Avanza no tenga potencia suficiente para ganar por sí sola. Se trata de un viraje respecto al purismo que pregonaban meses atrás.

No obstante, esta apertura viene acompañada de un matiz importante. No significa que el Gobierno abandone la meta de construir una fuerza nacional propia y robusta. Lo que cambió es el grado de realismo con el que se negocia. Cuando hace aproximadamente tres meses el ministro de Economía planteó en una reunión clave de coordinación política la posibilidad de un pacto de gobernabilidad con una docena de mandatarios provinciales —con el objetivo de enviar señales de estabilidad a los mercados—, fue la vicepresidenta quien expresó sus reparos. Su preocupación giraba en torno a que la urgencia de cerrar un acuerdo tan ambicioso podía comprometer el armado nacional de su propia fuerza. Sin embargo, gradualmente comenzó a involucrarse en conversaciones con los gobernadores más cercanos ideológicamente. Ahora el rango de acción se expandió hacia ese conjunto más amplio de mandatarios que desde el encuentro empresarial de la semana pasada vienen demostrando una órbita más cercana a la Casa Rosada.

La paradoja de las debilidades mutuas

Para entender por qué este pacto existe pero sigue siendo frágil, es necesario recurrir a un análisis de la arquitectura política argentina que se consolidó en las últimas décadas. Los politólogos especializados en política institucional señalan que el país opera bajo un sistema que podría describirse como confederal: ningún gobierno nacional detenta mayorías legislativas propias ni controla políticamente un conjunto amplio de provincias. Esta realidad posiciona al poder ejecutivo nacional en una situación de debilidad estructural que lo obliga a gestionar alianzas permanentes. Hace años, estas alianzas se articulaban a través de los partidos políticos nacionales, pero ante el fragmentamiento y desnacionalización de esas estructuras partidarias, el rol de actores centrales pasó a ocuparlo los gobernadores. Hoy todos los partidos funcionan como provinciales, con la excepción notable de La Libertad Avanza.

Sin embargo, existe una paradoja que complica este panorama. Si bien los jefes territoriales disfrutan de una autonomía política sin precedentes —no deben reportarle a los aparatos partidarios nacionales y se mueven en función de sus necesidades locales—, enfrentan al mismo tiempo dificultades económicas estructurales de envergadura. Apenas un puñado de provincias logra autoabastecerse fiscalmente; la mayoría depende de forma crítica de los fondos que remite el gobierno central. Esto crea un mecanismo que los especialistas denominan "la paradoja de las debilidades cruzadas": los gobernadores operan con gran autonomía política pero tienen una subordinación fiscal casi total a la Nación. Esto obliga a los mandatarios a peregrinar constantemente por los despachos ministeriales en Buenos Aires para negociar partidas presupuestarias, financiamiento de obras de infraestructura o asistencia en especie.

Este equilibrio de debilidades recíprocas es producto de un largo proceso de redefiniciones en la relación entre la Nación y las provincias que se extendió durante décadas. En 1983, cuando retornó la democracia, los gobernadores no podían reelegirse ni tampoco desdoblar sus calendarios electorales de los nacionales, lo que limitaba su margen de independencia. La reforma constitucional de 1994 fue un punto de quiebre: le otorgó a las provincias control sobre los recursos naturales del suelo y subsuelo, particularmente petróleo, gas y minería. Esto fue especialmente relevante para las jurisdicciones andinas y patagónicas, que ganaron un margen de maniobra inédito. Pero simultáneamente, nunca se rediscutió la ley de coparticipación tributaria de 1988, tal como establecía la Constitución reformada. Consecuencia: la Nación mantuvo un grado de discrecionalidad muy grande en la distribución de esos fondos coparticipables, mecanismo que todos los gobiernos han utilizado como herramienta de presión política.

Historia de oscilaciones: de gobernadores reyes a gobernadores domesticados

Las relaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores nunca fueron estables. Durante la crisis del 2001 y el período de transición democrática acelerada que la siguió, los mandatarios provinciales se convirtieron en actores determinantes del poder real. Gobiernos débiles como el de Fernando de la Rúa y la administración transitoria de Eduardo Duhalde requirieron el apoyo de los caciques territoriales para cualquier iniciativa legislativa. La célebre "liga de gobernadores" transformó a estos mandatarios en los verdaderos tomadores de decisiones durante aquel turbulento cambio de siglo. Con la llegada del kirchnerismo al poder, el péndulo se movió hacia el extremo opuesto: los gobernadores fueron prácticamente subordinados a la lógica del poder central. La Casa Rosada controlaba directa o indirectamente buena parte de las provincias y disponía de recursos suficientes para imponer su agenda legislativa.

Hoy rige un equilibrio distinto, producto justamente de esas debilidades mutuas que caracterizan el escenario actual. Ni el Presidente tiene caudal político suficiente para avanzar por cuenta propia con las reformas que propone, ni los gobernadores cuentan con margen bastante como para lograr éxito en sus territorios sin un entendimiento mínimo con los libertarios. Están enlazados por necesidades compartidas, pero con un agravante adicional: en varios distritos el electorado del Presidente y el de los gobernadores se superponen significativamente. Esto hace que la ruptura abierta no sea una opción atractiva para ninguno de los dos lados. De hecho, los números electorales muestran que Milei siempre tuvo un desempeño mejor en el interior del país que en el AMBA. Simultáneamente, varios mandatarios provinciales de origen peronista buscan escapar del clima enrarecido que generan las disputas de poder en Buenos Aires, particularmente la que enfrentan dos figuras nacionales del mismo movimiento. Por esa razón, el componente partidario dejó de actuar como un corsé que limitara sus movimientos. Tampoco sienten obligación alguna de tributar lealtad a nivel nacional.

El sistema territorial que aisla pero fortalece en lo local

La consecuencia directa de todos estos procesos ha sido la absoluta territorialización de los gobernadores. Desde hace buen tiempo, estos mandatarios buscan únicamente conservar y fortalecer su hegemonía en sus propios territorios, sin mostrar interés alguno en involucrarse en disputas por el poder nacional. No es coincidencia que prácticamente todas las figuras que compitieron por la presidencia en los últimos años provengan del AMBA: desde los candidatos vinculados a Cristina Kirchner, pasando por Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa, Alberto Fernández, Axel Kicillof, y ahora Javier Milei. Los gobernadores desertaron hace tiempo de ese juego de alto riesgo. Las únicas excepciones fueron intentos tardíos de Juan Schiaretti y la fallida postulación de Juan Manzur. Actualmente otro dirigente del interior intenta asomar como opción presidencial.

Este nuevo diseño del poder tiene consecuencias contradictorias. Por un lado, robustece sustancialmente a los caciques en sus respectivos territorios, permitiéndoles ejercer una autoridad prácticamente incuestionada en sus dominios locales. Por otro lado, los desacopla de Buenos Aires, creando una división de roles que hasta ahora sirvió para estabilizar el sistema político en términos de reducir conflictividad abierta, pero que al mismo tiempo no lo fortalece ni le permite construir agendas de largo plazo. Las provincias tienen sus preocupaciones, la capital federal tiene las suyas, y apenas conversan cuando es imprescindible.

Los temas concretos sobre la mesa: fondos, reforma electoral y desconfianzas

Las conversaciones entre los gobernadores y los principales arquitectos políticos de la Casa Rosada —incluyendo a la vicepresidenta, el gobernador de la provincia más poblada, el ministro de Economía y miembros de la familia Menem— abordan varios tópicos que van desde lo clásico hasta lo innovador. La demanda por fondos es probablemente el más antiguo de todos. Durante el primer semestre de este año, el balance presupuestario de las provincias fue negativo. A pesar de un leve repunte en la recaudación durante mayo, los números muestran que la transferencia de recursos a los territorios sufrió una caída del 5,3 por ciento respecto del mismo período del año anterior. Esto resultó de una contracción del 2,8 por ciento en las transferencias automáticas y de una caída mucho más dramática del 61,8 por ciento en las transferencias discrecionales. En valores actuales, eso representa aproximadamente 2 mil millones de pesos menos que hace doce meses.

Sin embargo, el diálogo se intensificó particularmente en las últimas semanas por una aceleración que el Gobierno imprimió a su agenda de reforma electoral. Este paquete contiene varios elementos gravitantes, entre ellos el financiamiento de campañas políticas, cambios en los mecanismos de publicidad y la controvertida iniciativa conocida como "ficha limpia". Pero la discusión central gira en torno al sistema de votación en sí, específicamente sobre la continuidad o supresión de las primarias abiertas. El Gobierno asume que no dispone de los votos necesarios en la Cámara Alta para eliminar directamente las PASO, por lo que giró hacia la estrategia de solicitar su suspensión temporal. En cualquiera de los casos, se trataría de un golpe significativo para el peronismo, que en su actual desorden interno sería el principal beneficiado de un sistema de primarias que le permitiera definir sus candidatos de forma ordenada.

Los gobernadores no muestran gran conflictividad con respecto a este tema, en gran medida porque la mayoría ya las desactivó en sus propias provincias. Según relevamientos especializados, apenas siete jurisdicciones mantienen vigente el sistema de primarias: Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, Catamarca, Chaco, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. De esas siete, cinco ya las suspendieron durante este mismo año. Aplicando un criterio mínimo de coherencia lógica, estos mandatarios deberían estar dispuestos a acompañar al Gobierno en su iniciativa.

Distinto es el panorama cuando se trata de las llamadas colectoras o adhesiones, un mecanismo que permitiría a un candidato a presidente llevar dos listas de legisladores separadas, cuyas bancas se distribuirían posteriormente según el sistema D'Hondt. Esto funcionaría como un esquema ideal para Milei, posibilitándole colgar bajo su candidatura presidencial una boleta de legisladores de La Libertad Avanza junto a otra proveniente de la UCR o del PRO. Como señala un análisis de gobern