La provincia de Santa Cruz vivió hoy un capítulo decisivo en una disputa institucional que se prolongó durante ocho meses. Después de una resistencia frontal del sector kirchnerista que controló hasta ayer el Tribunal Superior de Justicia, los nueve vocales previstos por la Ley 3949 finalmente tomaron sus cargos de manera simultánea. Lo que sucedió en las primeras horas de esta jornada en Río Gallegos no fue solo un cambio administrativo: representa un quiebre en la estructura de poder judicial provincial, con implicancias que van desde la composición de los órganos de control hasta la revisión de décadas de decisiones judiciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, selló el destino de una batalla que enfrentó a dos visiones opuestas sobre cómo debería gobernarse la justicia santacruceña.
Una madrugada que cambió todo
Antes de que amaneciera en la ciudad patagónica, cuando aún reinaba la oscuridad sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, comenzó a escribirse la conclusión de meses de conflictividad. Sergio Acevedo, Gabriel Nolasco Contreras Agüero, Lucio de la Vega y José González Nora —cuatro de los cinco vocales incorporados entre septiembre y octubre del año anterior— cruzaron las puertas del edificio judicial alrededor de las siete de la mañana. Estos magistrados habían sido designados legalmente pero se les negó acceso al edificio, salario y reconocimiento de sus funciones durante todo ese tiempo. Su incorporación física representaba una desobediencia a las órdenes de Reneé Fernández, quien hasta entonces presidía la corte provincial y había hecho circular entre el personal administrativo una prohibición expresa: no debían acatarse las instrucciones de Daniel Mariani, vocal histórico que había sido desplazado de la presidencia cuando Fernández llegó al cargo.
La estrategia fue coordinada: fue Mariani quien, apenas llegó, instruyó a los empleados para que notificaran al resto de los vocales convocándolos a una reunión de acuerdo extraordinario a las nueve de la mañana. Nadie se atrevió a obstruir la orden. En cuestión de minutos, la citación ya estaba en manos de todos. Poco antes de las nueve, Fernández, Fernando Basantta y Alicia de los Ángeles Mercau ingresaron al edificio. Paula Ludueña no concurrió, justificando su ausencia por una cuestión de salud familiar. Así quedó completo el elenco: nueve vocales reunidos por primera vez bajo el esquema que la ley establece desde hace años pero que la resistencia política había impedido materializar.
Decisiones en un ambiente de tirantez
La atmósfera dentro del salón de acuerdos fue densa, incómoda. No se trataba de extraños que se encontraban por primera vez en una sala: estos magistrados se conocían desde hace años, muchos provenían del mismo ecosistema judicial y político santacruceño. Algunos recordaban tiempos en que Fernández trabajó en la Secretaría Legal y Técnica durante la presidencia de Néstor Kirchner, mientras que Acevedo había gobernado la provincia desde diciembre de 2003 hasta 2006, cuando renunció abruptamente. Las historias compartidas no generaban camaradería, sino más bien incomodidad y recelos acumulados. Dentro de esa sala, los votos no fueron unánimes: eso quedó claro cuando se trató de elegir al nuevo presidente del tribunal. En busca de un camino que permitiera construir acuerdos, se propuso a Contreras Agüero en lugar de restituir directamente a Mariani en el cargo que una vez ocupó. Este magistrado, con más de dos décadas de experiencia como fiscal y juez de instrucción, reunió seis votos a favor, mientras que Fernández y Mercau votaron en contra. La división quedó expuesta públicamente.
Las decisiones adoptadas durante esa mañana fueron significativas en términos del reordenamiento que comenzará en los próximos meses. Mariani fue votado para integrar el Consejo de la Magistratura, órgano estratégico que hasta entonces estaba bajo la responsabilidad de Basantta. Este cambio tiene relevancia particular porque Basantta fue sometido a un juicio político en diciembre pasado, y existe la posibilidad de que se reactive un expediente en su contra. Además, el tribunal tomó una determinación fundamental: a partir de ahora, todos los nuevos ingresos al Poder Judicial santacruceño deberán realizarse mediante concursos públicos, lo que cierra la puerta a designaciones discrecionales que caracterizaron administraciones anteriores.
El desafío pendiente: revisar 80 nombramientos
Sin embargo, la tarea más titánica que enfrenta ahora el tribunal redimensionado es la revisión exhaustiva de 80 designaciones realizadas recientemente. Detrás de esa cifra se esconden años de prácticas donde cargos en el Poder Judicial fueron otorgados sin mayores evaluaciones sobre la capacidad profesional de los designados. Esta auditoría institucional no es un detalle menor: implica revisar a fondo las credenciales y el desempeño de jueces, secretarios, empleados y asesores que fueron incorporados bajo criterios que escapan a estándares objetivos. Se presume que en esa cantidad de nombramientos hay casos de personas que llegaron a cargos sensibles sin la preparación requerida. El trabajo que espera al tribunal será arduo y probablemente conflictivo, ya que tocar nombramientos significa afectar a personas, sus familias y sus carreras.
Pasadas las dos de la tarde, cuando los periodistas encontraron a tres de los nuevos vocales caminando por la vereda de la avenida Presidente Néstor Kirchner, el ambiente había cambiado. Los rostros de Contreras Agüero, Acevedo y González Nora mostraban una cierta distensión. Aunque evitaron hacer declaraciones, aceptaron posar para fotografías. Atrás quedaban meses en los que habían tenido que recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para lograr simplemente que se reconociera su derecho a ejercer sus funciones. A la misma hora, la red social del tribunal publicó la primera imagen del nuevo presidente en su oficina, anunciando su designación para 2026. Era la primera foto que Contreras Agüero tomaba en ese espacio, que hasta hace pocas horas le estaba vedado.
El contraataque: denuncias de juicio político
No obstante, mientras el tribunal parecía encaminarse hacia una nueva etapa, la estrategia de quienes se vieron desplazados del poder no se quedó esperando. Pasado el mediodía de hoy, ingresó en la Mesa de Entradas de la Legislatura provincial una denuncia formal acompañada de un pedido de juicio político contra Fernández, Mercau, Ludueña y Basanta. El escrito, suscrito por el abogado local Sergio Macagno, acusa a estos magistrados de haber incurrido en un ejercicio abusivo de la función jurisdiccional. La denuncia detalla una serie de alegatos que van desde la utilización del Poder Judicial en situación de conflicto de interés directo, la alteración del equilibrio entre los tres poderes del Estado, la afectación del principio de imparcialidad, el incumplimiento del deber de excusación, la obstrucción del control constitucional provincial y federal, hasta la eventual comisión de conductas con relevancia penal. Con esta acción, la batalla que parecía zanjada en las primeras horas de la mañana abrió un nuevo frente de confrontación.
Los próximos meses determinarán si la composición actual del Tribunal Superior de Justicia logra consolidarse o si nuevos conflictos obstaculizan la implementación de los cambios que hoy se pusieron en marcha. La revisión de 80 nombramientos puede funcionar como una herramienta de mejora institucional o convertirse en un mecanismo de persecución política, dependiendo de cómo se ejecute. La reactivación de causas pendientes de resolución en diferentes tribunales provinciales también abrirá debates sobre cuáles son las prioridades judiciales legítimas y cuáles podrían responder a venganzas políticas. El juicio político que acaba de iniciarse contra los vocales que resistieron la ampliación del tribunal añade complejidad al escenario: su resultado puede fortalecer las decisiones tomadas hoy o debilitar la autoridad de la nueva composición del órgano. Lo que suceda en los próximos meses en el Poder Judicial santacruceño tendrá efectos que se extenderán mucho más allá de los pasillos del tribunal, impactando la forma en que se administra justicia en la provincia y en cómo se resuelven conflictos que afectan a toda la población.
