El encadenamiento de dos trabajadoras a las rejas de la sede de gobierno bonaerense en La Plata tensiona nuevamente la capacidad estatal para procesar demandas de justicia laboral cuando se entrecruzan derechos de trabajadoras y protección contra la violencia de género. Verónica Giraldi y Victoria Lago, ambas empleadas permanentes del Astillero Río Santiago, tomaron la decisión de amarrarse al enrejado de la Gobernación como acto de visibilidad extrema de un conflicto que hace meses permanecía invisibilizado dentro de la estructura administrativa provincial. Lo que transforma este reclamo en un punto de quiebre es el argumento central que sostienen: no se trata de un despido laboral convencional, sino de un despido que las mujeres califican como discriminatorio, ejecutado sin consideración alguna hacia sus condiciones particulares de víctimas de violencia doméstica previa. Esto abre una serie de interrogantes sobre cómo una administración estatal procesa estas demandas cuando interseccionan lo laboral, lo de género y lo institucional.
Un despido que dejó sin red protectora a trabajadoras vulnerables
Giraldi laboraba en el comedor del astillero, mientras que Lago se desempeñaba en la sección de soldadura, uno de los espacios históricamente más masculinizados dentro de la planta industrial. Sus desvinculaciones fueron separadas en el tiempo: la de Lago ocurrió en enero de este año, mientras que Giraldi fue despedida recién el 3 de junio, casi seis meses después. Según el relato de Giraldi, la empresa argumentó "faltas injustificadas" sin considerar el contexto en el cual se produjeron esas ausencias. Desde la perspectiva de las trabajadoras y sus organizaciones de apoyo, esas faltas no eran injustificadas sino que provenían directamente de consecuencias de haber atravesado violencia de género por parte de sus exparejas: problemas de salud mental, situaciones de crisis personal y otras manifestaciones psicosomáticas derivadas del trauma vivido.
Lo central del reclamo radica en que la Provincia, como empleadora directa a través de una institución que depende de su órbita administrativa, no activó los mecanismos de protección que formalmente existen en el ordenamiento legal. El Astillero Río Santiago no es una empresa privada; es una fábrica estatal que debería contar con protocolos específicos para proteger a trabajadoras en situaciones de vulnerabilidad. Las organizaciones feministas y de izquierda que acompañan a Giraldi y Lago subrayan que la fábrica mantiene un "histórico y abrumador predominio masculino", lo que sugiere que los protocolos de género, si existen en el papel, nunca fueron adaptados a las realidades concretas de las mujeres que trabajan allí. No se trata meramente de un incumplimiento administrativo, sino de la reproducción de una lógica institucional que desconoce las problemáticas específicas que afectan al colectivo femenino.
La respuesta institucional: grietas entre ministerios y desresponsabilización
Antes de recurrir al encadenamiento, Giraldi y Lago intentaron otras vías. Hace poco más de una semana, ambas se presentaron ante el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia, conducido por Estela Díaz, esperando encontrar una respuesta institucional a su situación. El resultado fue decepcionante: las recibieron funcionarias de menor rango que les comunicaron que el ministerio carecía de competencia para actuar sobre el tema. Esta respuesta genera una paradoja inquietante dentro de la lógica estatal: el ministerio responsable de políticas de género y protección de derechos de mujeres se declara incompetente frente a una situación que, por definición, toca la intersección de género y vulnerabilidad laboral. Esto evidencia no solo fragmentación institucional, sino un posible vaciamiento de la función que se supone debería cumplir.
Luego de ese encuentro frustrante, en una asamblea que convocó a las mujeres, sus organizaciones de apoyo y activistas vinculadas, se resolvió escalar el conflicto mediante un acampe en las inmediaciones de la Gobernación. La estrategia de encadenamiento, ejecutada finalmente el miércoles posterior a esa asamblea, fue la forma elegida para que el reclamo trascendiera los pasillos administrativos y llegara con fuerza visual a la opinión pública y a la atención de los funcionarios de mayor jerarquía. El gobernador Axel Kicillof era el destinatario directo de la demanda, dado que cualquier decisión sobre reincorporación de personal en una entidad estatal de esa envergadura requiere su intervención o la de su círculo cercano de decisión.
La gestión de la fábrica en transición y sus responsabilidades pendientes
El Astillero Río Santiago se encuentra actualmente bajo una conducción interina encabezada por Gonzalo Ibendahl, quien oficia como gerente general. Esta situación de interinato no es anodina: el presidente anterior, Pedro Wasiejko, un histórico dirigente gremial que fuera secretario general del sindicato del neumático, presentó su renuncia en agosto del año pasado. Hasta el momento de estos hechos, su reemplazo aún no había sido designado. Esta vacancia en la conducción de la institución puede haber contribuido a la falta de decisión sobre cómo procesar las demandas de Giraldi y Lago; sin embargo, también pone en evidencia una responsabilidad que trasciende a los gestores inmediatos: la Provincia como responsable última de sus entidades debe responder por las acciones administrativas que ejecutan quienes trabajan en ellas, independientemente de cambios en la cúpula directiva.
La fábrica naval tiene un significado histórico particular en la economía bonaerense. Durante décadas fue un símbolo de la industria pesada argentina, capaz de generar miles de empleos directos e indirectos. Sin embargo, también ha sido un espacio tradicionalmente masculinizado donde la inserción de mujeres ha sido lenta y, como sugieren estos hechos, problemática. El que una institución con ese peso histórico despida a trabajadoras sin considerar sus contextos de vulnerabilidad plantea preguntas sobre cómo la Provincia está pensando el futuro de sus fábricas: ¿como espacios de empleo cualificado con protecciones integrales o como estructuras que reproducen lógicas tradicionales de exclusión?
Las organizaciones como actores fundamentales en la visibilización
Desde el inicio de las acciones de protesta, fechadas en junio, las organizaciones del Frente de Izquierda-Unidad, agrupaciones feministas y colectivos estudiantiles acompañaron a Giraldi y Lago. Este respaldo múltiple no es decorativo: refleja que el conflicto trasciende los límites de un reclamo individual de dos trabajadoras y toca cuestiones de principios sobre cómo debe funcionar una administración estatal comprometida con derechos. Las organizaciones han sido muy precisas en su diagnóstico: señalan que existe un "doble discurso" en el gobierno provincial, que pronuncia discursos de defensa de derechos de mujeres pero luego ejecuta acciones que los contradicen. Cuando un ministerio específicamente creado para eso se declara incompetente y cuando la Provincia despide a trabajadoras que son víctimas de violencia de género sin activar protocolos de protección, las palabras presidenciales sobre feminismo se desmoronan.
El comunicado emitido por las organizaciones subraya que el Astillero Río Santiago, como "establecimiento estatal dependiente de la Provincia", debería contar con "adecuación real de protocolos a problemáticas que afectan específicamente a mujeres trabajadoras". Esto no es una exigencia extravagante: es el cumplimiento de lo que ya existe en la letra de marcos legales como la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género o las propias normativas provinciales sobre protección de víctimas de violencia doméstica. La brecha entre lo que existe legalmente y lo que se ejecuta operativamente es donde radica el problema.
Contextos más amplios: precarización y ajuste
Los despidos de Giraldi y Lago no ocurren en un vacío. Durante los últimos años, la administración estatal ha atravesado ciclos de recorte presupuestario, congelamiento de contrataciones y, en algunos casos, desvinculaciones de personal. Aunque estas trabajadoras tienen estabilidad como empleadas permanentes, los despidos argumentados en "faltas injustificadas" pueden ser una vía de ajuste más silenciosa que despidos masivos anunciados públicamente. En ese contexto, las mujeres que ya cargan con vulnerabilidades previas (la experiencia de violencia de género) se convierten en objetivos más fáciles para procesos de desvinculación, porque sus contextos personales pueden ser distorsionados para justificar medidas que, en realidad, responden a lógicas de optimización presupuestaria.
La circunstancia de que Lago fuera despedida en enero y Giraldi recién en junio sugiere que los procesos no fueron coordinados ni respondieron a una política estructurada de reducción de personal, sino a decisiones más individualizadas. Esto podría indicar que no hubo una estrategia clara desde la conducción, lo cual vuelve más preocupante la falta de aplicación de protocolos de género: si los despidos fueron decisionados sin estrategia centralizada, entonces es probable que no haya habido consideración alguna de contextos especiales.
Perspectivas abiertas y consecuencias potenciales
Lo que suceda con este reclamo de Giraldi y Lago trascenderá los límites de estas dos personas. Una reincorporación significaría que la Provincia reconoce tanto el error administrativo como la responsabilidad de aplicar protocolos de género de manera efectiva. Implicaría también que el Ministerio de Mujeres y Diversidad refuerza sus competencias y capacidades para intervenir en conflictos de este tipo. Inversamente, si los despidos se mantienen, se estaría validando una lógica donde la vulnerabilidad por violencia de género no genera derechos especiales de protección en el empleo público, lo cual enviaría un mensaje problemático a otras instituciones estatales y al sector privado. Además, perpetuaría la idea de que los ministerios de género funcionan solo como espacios de discurso sin poder de incidencia real en otras áreas administrativas.
Para las trabajadoras mismas, las consecuencias pueden ser múltiples. Una reincorporación permitiría recuperar ingresos y estabilidad laboral, pero también podría generar tensiones en el clima laboral si se retorna a un espacio donde las condiciones que favorecieron los despidos no cambian estructuralmente. Si los despidos se mantienen, Giraldi y Lago perderían una fuente de ingresos en un contexto donde muchas víctimas de violencia de género enfrentan dificultades económicas agravadas para reconstruir sus vidas. El Astillero Río Santiago, por su parte, enfrenta el dilema de cómo posicionarse: ¿como una institución que reproduce lógicas discriminatorias o como un espacio que anticipa cambios culturales en relación a protección de derechos?
