La estrategia electoral de Javier Milei para asegurar su permanencia en el poder hacia 2027 comienza a tomar forma a través de una arquitectura política que pivotea sobre los territorios provinciales. Mientras el jefe de Gabinete Diego Santilli asumía su cargo hace apenas una semana en el Salón Blanco, una fotografía quedaba registrada: trece gobernadores de distintos orígenes partidarios aplaudían de pie, sonrientes, una promesa que trasciende los límites de la Ciudad de Buenos Aires. En esa ceremonia se materializaba un giro fundamental respecto a la táctica implementada durante los comicios de 2025, cuando el oficialismo intentó desafiar a aliados y rivales con sus propios candidatos. Ahora, la Casa Rosada modifica el guión: promete respaldar la continuidad de estos mandatarios en sus respectivos distritos, a cambio de que ellos controlen o marginen a los aspirantes libertarios que pretenden competir en sus territorios.
El catálogo de beneficiarios de este nuevo pacto refleja una heterogeneidad que revela las prioridades reales de la administración mileísta más allá de sus proclamas ideológicas. Radicales como Leandro Zdero en Chaco, Carlos Sadir en Jujuy, Alfredo Cornejo en Mendoza y Juan Pablo Valdés en Corrientes comparten espacio con referentes de Pro como Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Jorge Macri al frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ellos se suman independientes con larga trayectoria local: Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan). Completan la nómina peronistas que han demostrado pragmatismo político: Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en el noroeste, y Martín Llaryora desde Córdoba, quien curiosamente mantiene la mayor distancia respecto al núcleo duro de la Casa Rosada pero comprendió que la presencia en ese acto era una inversión política necesaria.
La moneda de cambio: financiamiento a cambio de silencio electoral
La negociación que atraviesa a estos trece territorios no se reduce al plano simbólico o a promesas retóricas. El Gobierno nacional ha desplegado una herramienta financiera sofisticada para concretar estos acuerdos: anticipos de coparticipación, transferencias del Tesoro Nacional y créditos con tasas preferenciales que funcionan como garantías de continuidad administrativa para estos mandatarios. Chaco recibió $350.000 millones en anticipos desde abril, completados con otros $50.000 millones a una tasa del 15%. Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos accedieron a $400.000 millones cada una en junio. Mendoza obtuvo $325.000 millones más $14.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional. Corrientes percibió $5.014 millones en transferencias y $40.000 millones de la Anses. Entre Ríos sumó $150.000 millones a los $220.000 otorgados previamente. Río Negro negoció $120.000 millones. Santa Cruz consiguió $100.000 millones.
Este despliegue financiero constituye un cambio de dirección explícito respecto a la política implementada durante 2025. En aquella ocasión, Milei apostó por sus candidatos "puros"—aquellos militantes libertarios surgidos del territorio—para competir contra gobernadores que no formaban parte del círculo íntimo presidencial. Los resultados fueron mixtos, con victorias libertarias en algunos distritos pero también con fracturas internas en provincias donde la fuerza oficialista aún carecía de enraizamiento territorial profundo. La nueva estrategia reconoce esa realidad: antes que enfrentar a mandatarios consolidados en sus provincias, es más rentable domesticarlos mediante transferencias económicas y, a cambio, pedirles que desmonten o marginen los proyectos electorales que puedan competir con sus propias reelecciones.
El catálogo de negociaciones: territorios en disputa
Leandro Zdero, primer gobernador radical en cerrar una alianza con el mileísmo en 2025, ya confirmó su candidatura para 2026 en Chaco. La Casa Rosada, por su parte, garantizó que no habrá un armado libertario interno que lo desafíe, fruto del pacto electoral que el año pasado colocó al senador Juan Cruz Godoy como representante de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. Con el peronismo del exgobernador Jorge Capitanich como principal amenaza, Zdero transita un escenario favorable. Algo similar ocurre con Carlos Sadir en Jujuy, donde busca su reelección en medio de divisiones peronistas y libertarias. El senador Ezequiel Atauche, el diputado Manuel Quintar y la exsenadora María Cristina Guzmán figuran como alternativas dentro de La Libertad Avanza, pero el acuerdo con la Casa Rosada tiende a neutralizarlas.
En Mendoza, Alfredo Cornejo mantiene una relación especial con la Casa Rosada, aunque no sin fricciones. El exministro de Defensa Luis Petri, sostenido por Karina Milei, emerge como eventual candidato de consenso, pero Cornejo—dos veces gobernador y referente radical de peso—rechaza esa posibilidad. La negociación abierta contempla una fórmula común con los libertarios, aunque Cornejo pretenda que su gabinete o el intendente capitalino Ulpiano Suárez encabecen la candidatura. Los $325.000 millones en anticipos más $14.000 millones en ATN recibidos en mayo funcionan como lubricante de esa negociación. En Corrientes, el radicalismo de Juan Pablo Valdés—quien asumió apenas en diciembre pasado—planea enfrentar en soledad las legislativas de 2026, aunque requiere del apoyo nacional para sostener las finanzas provinciales. Virginia Gallardo, la exvedette ahora diputada nacional, asoma como posible competidora a nivel local, pero el vínculo con Nación parece funcionar como desincentivo para movidas propias.
El peronismo, presente en esta arquitectura de acuerdos, exhibe un pragmatismo que desconcierta. Martín Llaryora desde Córdoba es quizá el mandatario más distante de la órbita mileísta, pero su presencia en la jura de Santilli obedece a cálculos fríos: en la provincia existe una oposición fragmentada con el senador Luis Juez, el diputado Gabriel Bornoroni y el radical Rodrigo de Loredo como opciones libertarias. La posibilidad de una unidad opositora que lo desplace justificó la concurrencia. En el noroeste, Raúl Jalil en Catamarca y Osvaldo Jaldo en Tucumán fueron quizá los gobernadores peronistas más colaborativos con el Gobierno durante estos meses. Jalil obtuvo beneficios económicos e inversiones mineras, además del control del Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). La Libertad Avanza creció por encima del 30 por ciento en las legislativas nacionales de octubre, representando una amenaza existencial. Jaldo, en tanto, enfrenta estructuras rivales con Lisandro Catalán, exvicejefe de Gabinete, y el radical "peluca" Mariano Campero como eventuales contendientes. Ambos esperan que el acuerdo con la Casa Rosada despeje el camino.
Pro y sus movimientos en Buenos Aires y Entre Ríos
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, ensayó distintos gestos de acercamiento a la Casa Rosada en los últimos meses, buscando consolidarse como candidato de consenso en alianza con los libertarios. Su primo, el expresidente Mauricio Macri, mantiene reparos respecto a esa aproximación, pero la lógica electoral presiona hacia la convergencia. Con Manuel Adorni fuera de carrera y Karina Milei dudando sobre la conveniencia de postular a Patricia Bullrich—quien a su vez dejó trascender su reluctancia—, se abre la posibilidad de un acuerdo entre Pro y LLA que coloque a Macri como candidato, eventualmente acompañado por la legisladora libertaria Pilar Ramírez. En Entre Ríos, Rogelio Frigerio pretende reeditar la alianza de 2025 hacia su propia reelección. El PJ y Fuerza Patria atraviesan un período de debilidad, con el diputado masista Guillermo Michel trabajando para ser el candidato de ese espacio atravesado por divisiones y escándalos de corrupción. Los Milei, según voces del círculo presidencial, otorgan "confianza" a Frigerio y carecen de referentes propios con peso específico para disputarle la candidatura. Los anticipos de coparticipación—$150.000 millones en junio más $220.000 anteriores—cementaron esa relación.
Los gobernadores independientes ofrecen un espectro de negociaciones más complejas. Rolando Figueroa en Neuquén acelera su propio armado electoral aprovechando el boom de Vaca Muerta como carta de presentación. La recomposición de lazos con el Movimiento Popular Neuquino (MPN) forma parte de esa estrategia. Del lado libertario, la senadora Nadia Márquez ya se moviliza como candidata a gobernadora, aunque no se descarta un acuerdo entre Figueroa y la Casa Rosada que impida el crecimiento justicialista. Alberto Weretilneck en Río Negro comanda un partido provincial con 16 años en el poder y se prepara para competir contra opciones libertarias como el senador Enzo Fullone o el diputado Aníbal Tortoriello. Desde Balcarce 50 afirman que "está buscando un acuerdo". La provincia superó el trauma de las denuncias sobre la diputada Lorena Villaverde, pero teme un triunfo de la peronista María Emilia Soria, intendenta de General Roca e hermana del senador Martín Soria, si el escenario se divide en tres opciones. Marcelo Orrego en San Juan negocia con Santilli para evitar que el PJ, ganador de las legislativas del año pasado, le arrebate la gobernación. El crecimiento vertiginoso del sector minero apuntala sus intenciones de reelección, y un acuerdo parece factible más allá de las opciones locales libertarias.
Claudio Vidal en Santa Cruz, finalmente, apuesta a sostener buenos vínculos con el Gobierno, que preferiría acordar con él antes que enfrentar un retorno peronista en la provincia que el kirchnerismo gobernó sin interrupción hasta fines de 2023. Desde la Casa Rosada perciben que Vidal enfrenta "problemas de gestión", pero reconocen que el regreso del PJ es una posibilidad cierta sin un acuerdo entre libertarios y el mandatario provincial. En marzo, el Gobierno dispuso otorgar un anticipo de hasta $100.000 millones para afrontar "dificultades financieras transitorias". A este grupo podrían sumarse Claudio Poggi en San Luis, Ignacio Torres en Chubut y Gustavo Sáenz en Salta, mandatarios que no estuvieron presentes en la jura de Santilli pero mantienen negociaciones activas con la Casa Rosada.
El costo de la estrategia y sus implicancias políticas
Este nuevo esquema de acuerdos federales plantea interrogantes sobre las consecuencias a mediano y largo plazo. Por un lado, la Casa Rosada logra neutralizar competencias internas que fragmentaban su voto en territorio provincial, lo que en teoría debería fortalecer su capacidad de arrastre electoral hacia 2027. Al mismo tiempo, la consolidación de estas alianzas requiere transferencias económicas significativas que impactan en el gasto público nacional y cuestionan la narrativa oficial sobre el "ajuste fiscal". Las provincias acceden a recursos que estabilizan sus arcas en el corto plazo, pero perpetúan una dependencia respecto a Nación que limita su autonomía decisoria. Los gobernadores, por su parte, logran garantizar su continuidad política mediante estas negociaciones, pero corren el riesgo de ser marginados si la Casa Rosada decide cambiar de estrategia nuevamente, como ocurrió entre 2025 y la actualidad. Los ciudadanos provinciales, finalmente, asisten a un proceso donde las decisiones sobre candidaturas no emergen de debates públicos ni primarias competitivas, sino de negociaciones corporativas a puertas cerradas entre elites políticas y económicas.
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