La semana pasada, los investigadores que trabajan en una causa de corrupción que apunta contra exfuncionarios de la empresa estatal ARSAT y otras reparticiones públicas encontraron algo que trascendió rápidamente de los circuitos judiciales: en un domicilio ubicado en el barrio porteño de Palermo, durante un procedimiento de allanamiento, secuestraron 19 equipos diseñados específicamente para realizar registros audiovisuales de forma oculta. La magnitud del hallazgo no radica únicamente en la cantidad, sino en la sofisticación de estos artefactos, que estaban camuflados en objetos de uso cotidiano. Bolígrafos que grababan video, lentes de sol equipados con cámaras diminutas, llaves de automóvil convertidas en dispositivos de espionaje. Junto a esto, los pesquisadores incautaron también un inhibidor electrónico capaz de anular señales de telefonía celular, conectividad inalámbrica e incluso posicionamiento satelital dentro de un perímetro específico, una valija blindada de la marca Panaro y un aparato de comunicación satelital Iridium 9555.
Sin embargo, la revelación de estos implementos pasó casi inadvertida frente a lo que más tarde se conocería: en el mismo operativo realizado en Palermo se hallaron sustancias controladas por la legislación penal. La pesquisa arrojó la presencia de aproximadamente 300 gramos de ketamina, cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA, cocaína y más de 650 mil dólares en billetes de curso legal. Paralelamente, investigadores desplegados en la provincia de Mendoza ejecutaron allanamientos complementarios en otras propiedades vinculadas al mismo grupo de investigados, donde el secuestro fue aún mayor: alrededor de 1,7 millones de dólares en efectivo fue puesto bajo incautación. Entre los domicilios allanados en territorio mendocino figuraba el de Gerardo Boschín, otro de los involucrados en esta trama que comienza a develarse ante los tribunales.
La trayectoria administrativa de un exfuncionario bajo lupa
El principal investigado en esta causa es Facundo Leal, quien durante tres años consecutivos —entre 2022 y 2025— desempeñó la presidencia de ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones y satélites. Su paso por la administración pública, sin embargo, se extendió más allá de esa posición. Leal también fue designado para presidir el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) cuando comenzó la gestión libertaria en diciembre de 2023. En esa función, ostentaba un poder considerable: controlaba operativamente toda la red aeroportuaria nacional. Su rol en ORSNA fue desempeñado ad honorem, es decir, sin percibir remuneración económica por esas responsabilidades. Lo llamativo es que, mientras ocupaba cargos públicos de significativa importancia en ambas instituciones, continuaba figurando en la nómina de personal permanente de ARSAT, lo que le permitía mantener una vinculación formal con la compañía incluso después de abandonar su dirección ejecutiva.
La salida de Leal de la estructura gubernamental en enero de este año coincidió temporalmente con la renuncia del entonces secretario de Transporte, Luis Pierrini. Ambos personajes quedaron atrapados en un cuestionamiento público relacionado con el uso discrecional de una aeronave privada vinculada al empresario Pablo Tovigginopara un desplazamiento aéreo hacia la ciudad europea de Barcelona. Este episodio marcó el quiebre de sus trayectorias en el gobierno y anticipó, quizá sin saberlo, una investigación de mayor envergadura que terminaría develando elementos mucho más complejos que un viaje cuestionado.
Una red que trascendió a dos gobiernos
Según las líneas de investigación que conducen tanto el fiscal Fernando Domínguez como el juez Lino Mirabelli, estamos ante una presunta estructura de corrupción que congregaba a un conjunto de funcionarios procedentes de Mendoza que ocuparon posiciones estratégicas en dependencias públicas durante dos administraciones de signo político completamente diferente. Estos exfuncionarios pasaron por instituciones estatales durante la gestión de Alberto Fernández y posteriormente durante el gobierno de Javier Milei. La particularidad de este dato revela que la trama presuntamente corrupta no fue un fenómeno acotado a un período específico, sino algo que logró permeabilidad administrativa en cambios de ciclo político. El origen de la investigación judicial se remonta a una denuncia vinculada al presunto robo de equipamiento tecnológico que habría sido sustituido de las instalaciones de ARSAT, lo que disparó todas las pesquisas posteriores.
En las actuales etapas de la investigación, los operadores de justicia se enfrentan con interrogantes de considerable complejidad. Determinar la procedencia de aproximadamente 2,3 millones de dólares que fueron incautados en los allanamientos representa un desafío investigativo significativo. ¿De dónde provenía ese volumen de capital en dólares estadounidenses? ¿Existía conexión directa entre esas sumas y presuntas operaciones de corrupción ejecutadas desde los cargos públicos? ¿Los dispositivos de vigilancia encubierta guardaban relación con actividades criminales complementarias? Estos interrogantes forman parte del núcleo de la investigación. La incautación de sustancias estupefacientes agrega una capa adicional de complejidad, planteando la posibilidad de que la red de corrupción administrativa se hubiera entrelazado con otras actividades tipificadas como delitos contra la salud pública.
Los procedimientos realizados tanto en el territorio porteño como mendocino exponen, en términos amplios, cómo estructuras de poder instaladas en agencias estatales pueden convertirse en plataformas para operaciones que van más allá de la malversación de fondos públicos. La sofisticación del equipamiento de espionaje hallado sugiere un nivel de planificación y de recursos que excede lo casual, apuntando hacia dinámicas organizadas. A medida que avanzan las pericias sobre el material incautado, los fiscales y jueces tendrán mayor claridad sobre los vínculos específicos entre cada elemento hallado y las posibles infracciones legales. El hecho de que Leal mantuviera su condición de empleado permanente de ARSAT a pesar de no ejercer funciones ejecutivas en la empresa abre interrogantes sobre los mecanismos que permitieron tal situación administrativa.
Las implicancias futuras de este descubrimiento
Los hallazgos realizados en estos allanamientos proyectan sombras sobre múltiples dimensiones del funcionamiento estatal. Por un lado, generan preocupación respecto de la supervisión y auditoría que se ejerce sobre los nombramientos en cargos públicos y sobre las vinculaciones formales que mantienen exfuncionarios con las instituciones que lideraron. Por otro, plantean cuestiones sobre la capacidad de detección temprana de conductas irregulares cuando éstas operan dentro de estructuras administrativas que disponen de información clasificada y capacidad de decisión sobre recursos estratégicos —como ocurre en ARSAT, empresa vinculada a telecomunicaciones y satélites, o en ORSNA, que controla la infraestructura aeroportuaria nacional—. Algunos sectores señalarán que esto evidencia debilidades en los sistemas de control interno, mientras que otros argumentarán que refleja deficiencias en los procesos de selección de personal para posiciones de envergadura. Las interpretaciones variarán según perspectivas políticas y visiones sobre gobernanza pública, pero los hechos del procedimiento judicial permanecen como documento que requiere explicación exhaustiva en las instancias competentes.
