La sala del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos vivió una de sus jornadas más tensas cuando Jorge Bergallo, oficial de la Armada retirado, subió al estrado para prestar declaración. No se trataba de un testimonio más entre los más de noventa que desfilaron desde el inicio de las audiencias el pasado 3 de marzo. Bergallo llevaba una carga particular: era padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante del submarino cuando este desapareció en las aguas del Atlántico Sur hace ya varios años. Además de su vínculo familiar con la tragedia, el declarante había integrado la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa designada para esclarecer los pormenores del naufragio. Su testimonio no solo cerraba el ciclo de pruebas testimoniales, sino que condensaba la complejidad de un juicio donde ciencia, responsabilidad administrativa y dolor personal se entrelazan de manera inextricable.
La particularidad de quien conocía desde adentro
Cuando la fiscal María Garmendia, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, tomó la palabra para conducir el interrogatorio inicial, su tono fue deliberadamente cuidadoso. Reconoció públicamente la condición excepcional del declarante y las dificultades emocionales que conllevaba. Decidió dejar su interrogatorio para el final, permitiendo que otros abogados cuestionaran primero al testigo. Esta estrategia procesal revelaba la sensibilidad que requería tratar con un hombre que simultáneamente era víctima de la tragedia e investigador oficial de la misma.
El capitán de navío retirado fue consultado específicamente sobre sus conversaciones frecuentes con su hijo respecto de las condiciones de seguridad del buque. Las respuestas de Bergallo pivotearon en torno a un argumento central: nunca percibió inquietud alguna. Sostuvo que su hijo jamás le transmitió preocupación de índole material ni personal. Para reforzar esta afirmación, hizo alusión a fotografías que poseía del joven oficial junto a otros miembros de la tripulación en el puente de navegación, imágenes que mostraban, según su relato, a hombres sin gesticulaciones de angustia. "No es un dato científico", reconoció con la prudencia de quien sabe los límites entre la observación subjetiva y la evidencia técnica, pero insistió en que las expresiones faciales de los marineros no revelaban dudas.
Las condiciones de zarpe: entre la certeza y la incertidumbre
Cuando le preguntaron sobre el estado general de la embarcación en el momento de su partida desde Mar del Plata en octubre de 2017, Bergallo fue categórico pero con matices. Afirmó que la nave "reunía todas las condiciones de seguridad náutica de un submarino". Sin embargo, introdujo una salvedad que revelaba la complejidad técnica del análisis. Si la pregunta se refería a etapas posteriores de la campaña submarina, aclaró que no sería "tan contundente" en sus afirmaciones. Esta precisión no era menor: sugería que el paso del tiempo, las operaciones navales y el desgaste inherente podrían haber alterado la ecuación de seguridad.
El informe que Bergallo había elaborado conjuntamente con los contraalmirantes retirados Alejandro Kenny y Gustavo Trama fue presentado en detalle ante el tribunal. El documento contenía una conclusión específica: no existían pruebas demostrables de que el submarino hubiese zarpado con fallas detectables que pudieran presagiar el desastre ocurrido el 15 de noviembre de 2017. Esta conclusión se sostenía en inspecciones realizadas tanto al partir de Mar del Plata como de Ushuaia, y tras las operaciones navales integradas del 11 de noviembre. La redacción cuidadosa del informe —que enfatizaba la ausencia de "evidencias demostrables"— reconocía implícitamente los límites del conocimiento técnico cuando se trata de accidentes que ocurren en el medio marino.
Los abogados defensores, particularmente Juan Pablo Vigliero, defensor del excomandante Claudio Villamide, aprovecharon el testimonio de Bergallo para construir argumentos que sustentaran la posición de sus defendidos. La estrategia apuntaba a demostrar que, desde la perspectiva de quienes estaban a bordo, no había indicios de problemas graves. Cuando le pidieron que ampliara sobre el comandante Pedro Martín Fernández, Bergallo explicó que su hijo nunca le hizo apreciaciones críticas sobre el oficial superior. Por el contrario, sus relatos enfatizaban el adiestramiento adecuado de la tripulación y el buen estado del buque.
El peso de recordar en público
Conforme avanzaba la declaración, Bergallo transitó momentos de visible dificultad. El abogado querellante Luis Tagliapietra, quien también había perdido a su hijo en la catástrofe, participó del interrogatorio desde una posición singular. Cuando consultó sobre la relación entre padre e hijo, Bergallo describió con calidez los intercambios que mantenían, no solamente como vínculo familiar sino como continuidad de una pasión común: la navegación submarina. Explicó que a través de esas conversaciones él seguía navegando, y que su hijo le transmitía confianza en el estado operativo de la nave. El último intercambio antes de la partida desde Ushuaia reafirmó ese patrón: el joven oficial hablaba de una unidad que funcionaba correctamente y de personal bien preparado.
Hacia el cierre de su participación, Bergallo solicitó la palabra para hacer una reflexión que excedía el marco estrictamente probatorio. Elaboró un homenaje implícito a la memoria del comandante Fernández, reflexionando sobre las presiones a las que se ven sometidos los oficiales al mando de una nave. Especialmente en momentos de crisis —cuando emerge una avería, se produce un temporal, y deben tomarse decisiones en cuestión de segundos sobre si mantener la nave en superficie o proceder a la inmersión— el margen de error se reduce dramáticamente. Con una honestidad que conmovió a presentes, Bergallo admitió que tampoco sabría qué hubiera decidido bajo tales circunstancias extremas.
La conclusión de su declaración fue acompañada de gestos de solidaridad que trascendieron las formalidades procesales. Cuando el presidente del tribunal, juez Mario Reynaldi, junto a los vocales Luis Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini, expresaron respeto por su pérdida, Bergallo solicitó compartir ese reconocimiento con Tagliapietra y todos los familiares que habían experimentado la tragedia. Los abrazos entre hombres que compartían la pérdida de hijos cerraron un capítulo emocional del proceso judicial.
Las etapas que vienen
Con el cierre del desfile de testigos, el juicio ingresó en su fase conclusiva. Estaban previstos días adicionales para ampliación de declaraciones indagatorias y para que familiares de los tripulantes fallecidos pudieran expresarse, ya fuera de manera presencial o mediante videoconferencia. La estructura procesal contemplaba así un espacio para que la voz de los afectados trascendiera el análisis técnico y las responsabilidades funcionales que el tribunal debía dilucidar.
El cierre de las pruebas testimoniales marca un punto de inflexión en un proceso que comenzó hace varios meses y que ha requerido reconstruir, mediante la palabra de expertos, colegas del difunto comandante y familiares, qué sucedió durante aquellas jornadas de noviembre cuando un submarino de la Armada Argentina desapareció en el mar con 44 personas a bordo. Las preguntas sobre responsabilidades administrativas, protocolos de seguridad, decisiones operacionales y posibles negligencias están ahora en manos de los magistrados, quienes deberán sopesar testimonios, pericias técnicas y documentación oficial para arribar a conclusiones que, se espera, contribuyan a esclarecer una de las tragedias más significativas de la historia naval argentina contemporánea.
Las implicancias del juicio trascienden el ámbito estrictamente penal. Por un lado, existe una demanda social por claridad respecto de cómo pudo ocurrir un accidente de tal magnitud en una nave de la Armada. Por otro lado, están las familias que buscan respuestas y, en muchos casos, justicia. Un tercer aspecto refiere a la institución naval misma, cuya reputación y procedimientos están siendo sometidos a escrutinio público. El equilibrio que el tribunal debe mantener entre estas dimensiones —la verdad histórica, la justicia penal y la responsabilidad institucional— es uno de los desafíos más complejos que enfrentan los magistrados en las semanas que restan del proceso.
