Una tensión institucional de considerables dimensiones ha emergido en torno a las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo respecto de designaciones judiciales. El punto de quiebre: la retención administrativa del pliego de María Verónica Michelli, postulante al cargo de jueza en el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, medida que ha encendido alertas en sectores de la abogacía que ven en esta acción un patrón problemático de interferencia política sobre procesos que deberían resguardar la autonomía del Poder Judicial. Lo que importa aquí no es solo una designación bloqueada, sino las implicancias que esto proyecta sobre los equilibrios de poder y sobre la libertad de prensa misma.
El expediente de Michelli había navegado exitosamente todos los tramos formales del proceso de selección. El pliego llegó con el respaldo del Poder Ejecutivo Nacional, transitó las audiencias correspondientes en la Cámara del Senado sin que mediaran impugnaciones de fondo, y acumuló nueve firmas en la Comisión de Acuerdos, cantidad que configura la mayoría requerida para transformarse en dictamen. Hasta ese punto, los procedimientos vigentes se habían cumplido. Sin embargo, en una maniobra que sorprende por su crudeza, el Gobierno decidió obstruir el avance del pliego, rehusándose a permitir su tratamiento legislativo. Esta estrategia de bloqueo administrativo —distinta de un veto declarado— opera en una zona gris donde la voluntad ejecutiva se impone sin necesidad de justificación pública explícita.
El vínculo familiar como criterio de exclusión
La razón esgrimida para tal obstaculización no apunta a deficiencias en la capacidad profesional, trayectoria judicial o aptitud técnica de la candidata. Tampoco refiere a conflictos de intereses de índole económica o patrimonial que la inhabilitarían según criterios convencionales. En cambio, el Gobierno ha centrado su objeción en un dato relacional: Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, profesional que ha realizado investigaciones de relevancia pública sobre operaciones sensibles como el caso conocido como "Causa Libre" y sobre el patrimonio del funcionario Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Aquí reside la arista más delicada del asunto. La decisión no rechaza a una jueza por sus actos o su desempeño, sino por quién es su familia y, de manera implícita, por lo que su familiar ha investigado.
El cuestionamiento ha catalizado una reacción desde el colectivo de abogados denominado Será Justicia, entidad que ha emitido un pronunciamiento formal en el cual expresa desaprobación de lo que caracteriza como "conducta improcedente" del Ejecutivo. Según los términos del comunicado, firmado por la presidenta Inés Arias y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez y María Eugenia Talerico, la medida constituye "un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión". La organización subraya que el pliego "cumplió todas las instancias previstas" y que la obstrucción viola tanto las normas reglamentarias de selección de magistrados como el deber de respeto hacia la división constitucional de poderes. Desde esta perspectiva, lo que está en juego no es una simple cuestión administrativa, sino los cimientos de un sistema republicano.
El entramado de decisiones selectivas
Paralelamente a esta negativa, el mismo Gobierno ha autorizado el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, ambos jueces pertenecientes al fuero penal económico. Estos magistrados habían sido previamente objetados por la administración libertaria debido a sus conexiones con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y con Pablo Toviggino, tesorero de esa institución. La reversión de esa posición —otorgar luz verde a candidatos que antes fueron cuestionados— sugiere, al menos en apariencia, un criterio de selectividad que opera bajo lógicas distintas de las que se invocan para rechazar a Michelli. La coexistencia de estas decisiones contradictorias alimenta el escepticismo respecto de si existe un estándar consistente o si las designaciones judiciales se procesan según criterios que varían en función de conveniencias políticas. En este contexto, Juan Carlos Pagotto, senador riojano y presidente de la Comisión de Acuerdos, emerge como una figura central en la ejecución del bloqueo. Pagotto llegó a la Cámara alta en 2023 bajo la influencia de los hermanos Martín y Eduardo Menem y mantiene línea directa con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Asimismo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, designado por el presidente Javier Milei en conjunto con su hermana Karina, participó en la emisión de la nota que solicita el rechazo de la postulación de Michelli.
Desde Será Justicia se ha formulado una exhortación explícita a los senadores para que rechacen el pedido de retiro del pliego de Michelli y al mismo tiempo denieguen aprobación a los pliegos de Galván Greenway y Catania. El argumento que sustenta esta posición se ancla en la premisa de que tales decisiones discriminatorias erosionan la independencia judicial y consolidan lo que describen como "un inadmisible sistema de premios y castigos". La organización advierte que este patrón de selectividad daña la calidad democrática institucional. En términos históricos, Argentina ha experimentado repetidos ciclos en los cuales gobiernos de diversas orientaciones han interferido en procesos de designación judicial; los antecedentes abundan y las cicatrices institucionales persisten. La singularidad del presente episodio radica en que la objeción no se formula sobre la base de mérito o de antecedentes, sino sobre lazos familiares de quien es periodista independiente.
Las implicancias que se derivan de este entramado de decisiones se proyectan en múltiples direcciones. Por un lado, quienes sostienen que el Ejecutivo ha actuado dentro de sus facultades políticas legítimas argumentarían que los gobiernos tienen derecho a influir sobre los procesos de selección judicial como parte de sus competencias constitucionales. Por otro lado, quienes enfatizan la independencia judicial alertarían sobre el riesgo de que la Magistratura termine subordinada a ciclos de presión política, perdiendo así la capacidad de actuar como contrapeso. Una tercera perspectiva, más enfocada en la libertad de prensa, subraya que penalizar a un candidato judicial por su relación con un periodista que ha investigado funcionarios gubernamentales introduce un mecanismo de castigo indirecto hacia la prensa. Las consecuencias de cada una de estas lecturas podrían ser sustancialmente distintas en términos de gobernanza democrática, independencia de poderes y garantías para el ejercicio del periodismo. Lo que suceda en los próximos meses, cuando el Senado deba pronunciarse sobre estos pliegos, podría definir límites importantes respecto de hasta dónde se extiende la capacidad ejecutiva para condicionar designaciones judiciales sin que medien criterios públicos transparentes.
