La maquinaria judicial que investiga una de las mayores tramas de corrupción de las últimas dos décadas volvió a paralizarse por un conflicto interpersonal que evidencia las grietas y fricciones acumuladas a lo largo de años de litigio. Lo que debería ser un espacio de deliberación técnica y procesal se transformó en escenario de enfrentamientos personales cuando un letrado, creyendo que su micrófono estaba desactivado, soltó una expresión soez dirigida al fiscal en plena sesión virtual. El episodio, lejos de ser un incidente menor, refleja la complejidad emocional que rodea a un caso que ha polarizado a la sociedad argentina desde su revelación pública hace años.
El martes pasado, durante una audiencia del Tribunal Oral Federal N°7, el abogado Juan Manuel Ubeira protagonizó un momento que quedará registrado en los archivos judiciales. Mientras conversaba con un colega en lo que presumía era una comunicación privada, dejó escapar un insulto dirigido al fiscal Carlos Stornelli. El comentario quedó capturado en el registro de audio de la audiencia, transformando una supuesta confidencia en evidencia pública. Lo que sucedió después fue más significativo aún: cuando el tribunal le pidió explicaciones, Ubeira no se retractó. En cambio, se presentó ante los jueces el jueves en la sala Auditorium de la histórica sede judicial y confirmó la intención detrás de sus palabras.
La justificación que no fue disculpa
Durante su comparecencia ante el tribunal, el defensor explicó que la expresión surgió durante una charla espontánea con otro abogado sobre el curso de la investigación. Cuando mencionaron al fiscal, Ubeira reconoció haber reaccionado de manera impulsiva. Sin embargo, su respuesta ante los jueces fue contundente: lejos de pedir disculpas genuinas, confirmó que se refiere habitualmente al fiscal de esa manera fuera de los espacios formales. "Salió el nombre de Stornelli y dije lo que dije. Eso fue lo que pasó", expresó ante los magistrados, asumiendo la responsabilidad del dicho pero sin expresar arrepentimiento.
El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, debió intervenir para establecer límites. Le pidió al abogado que evitara expresiones que calificó como "injuriantes" e "impertinentes" durante el desarrollo del juicio. Sin embargo, Ubeira cerró su intervención con una manifestación que volvió a evidenciar su resistencia a las observaciones: afirmó que en toda su carrera nunca un juez o fiscal lo había llamado la atención públicamente, y que no estaba dispuesto a comenzar a tolerarlo en esa etapa de su vida profesional. La frase dejaba clara una tensión que excedía el incidente puntual.
Antecedentes que explican la hostilidad
La fricción entre Ubeira y Stornelli no es producto de un accidente aislado. Ambos protagonistas tienen un historial de enfrentamientos en diferentes expedientes. En años anteriores, el abogado presentó denuncias contra el fiscal por supuestas prácticas de vigilancia electrónica mediante dispositivos ocultos. Aquella causa terminó con Stornelli siendo sobreseído, pero dejó cicatrices en la relación. En el contexto actual, donde se juzga la supuesta red de sobornos durante gobiernos previos, Ubeira mantiene una postura crítica sobre cómo se aplica la Ley del Arrepentido, lo que genera choques continuos con la estrategia fiscal en las audiencias.
Mientras el debate sobre la conducta procesal se desarrollaba en la sala, avanzaba en paralelo uno de los testimonios más relevantes del juicio. Jorge Bacigalupo, retirado de la Policía Federal, se mantuvo durante ocho horas declarando como testigo. Su rol en la historia es fundamental: fue el custodio de los cuadernos que contenían las anotaciones manuscritas que originaron la investigación completa. Bacigalupo testificó que Oscar Centeno, quien fuera chofer de Roberto Baratta durante sus funciones en la administración estatal, le entregó aquella documentación. Según el expolicial, él mismo nunca abrió ni leyó los cuadernos, aunque tenía una percepción clara sobre su contenido. Posteriormente, la documentación llegó a manos de un periodista que efectuó las fotocopias que se presentaron ante la justicia, desencadenando todo el proceso investigativo.
El tribunal decidió que el testimonio de Bacigalupo continuará en las próximas sesiones. El próximo martes está previsto que el exoficial siga respondiendo preguntas de los diferentes abogados y fiscales intervinientes. Este testimonio es particularmente sensible porque Bacigalupo es un eslabón clave en la cadena de custodia de la evidencia que sustenta la investigación sobre presuntos pagos ilícitos durante administraciones anteriores. La causa involucra a más de 80 imputados y se concentra en supuestos sobornos que habrían circulado en estructuras del Estado, convirtiendo el caso en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente argentina.
Los incidentes que interrumpen el flujo de las audiencias como el protagonizado por Ubeira y Stornelli plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de procesos judiciales tan extensos y complejos. Por un lado, algunos analistas argumentan que la acumulación de tensiones personales y metodológicas genera desgaste en los actores judiciales y puede afectar la claridad de los procedimientos. Otros señalan que estas fricciones reflejan legitimamente la conflictividad inherente a casos de alto impacto político y social, donde las posturas de defensa y acusación representan visiones radicalmente opuestas sobre los hechos investigados. En tanto, desde perspectivas institucionales, estos episodios evidencian la necesidad de mecanismos que preserven el decoro procesal sin coartar la robustez del debate contradicho que caracteriza a los juicios orales modernos. La continuidad del proceso dependerá de cómo se resuelvan estas tensiones sin comprometer ni la eficacia de la investigación ni los derechos de defensa de los imputados.
