Mientras el gobierno nacional impulsa con velocidad los últimos tramos de una de las privatizaciones más estratégicas de la administración actual, organismos especializados del sistema judicial alertan sobre problemas significativos en el armado del proceso licitatorio. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) entregó hace poco un análisis técnico ante tribunales federales que identifica un conjunto de irregularidades en la estructura de la licitación de la Hidrovía Paraná-La Plata, la arteria fluvial más importante de Sudamérica y una de las vías navegables de mayor relevancia mundial. El documento, firmado por el fiscal Sergio Rodríguez, fue presentado ante el juzgado federal que dirige Sebastián Casanello y distribuido también a las autoridades ejecutivas, generando una tensión clara entre el ritmo acelerado de avance gubernamental y los cuestionamientos que emergen desde adentro de la estructura judicial especializada en este tipo de asuntos.
El informe de la PIA no incluye pedidos formales de suspensión ni frena legalmente el proceso, pero funciona como un documento técnico que documenta y expone falencias que podrían comprometer tanto la validez administrativa como la penal del procedimiento completo. La institución actúa en su rol de asesor especializado en materias de transparencia y corrupción, poniendo a disposición del fiscal federal Guillermo Marijuan —quien lidera la investigación— un análisis exhaustivo de los pliegos y las bases que rigen la concesión. Este tipo de dictámenes, aunque no vinculantes en sentido estricto, son herramientas de gran peso simbólico y legal en procesos donde la Justicia federal evalúa posibles desviaciones de procedimiento.
Las grietas identificadas en el proceso licitatorio
El documento de la PIA retoma críticas que ya había esbozado en oportunidades anteriores respecto de cómo se han estructurado convocatorias similares en el pasado, pero va más allá: agrega nuevos señalamientos sobre deficiencias que considera sustanciales. Entre los problemas mapeados figura el incumplimiento de normativas sobre acceso a la información ambiental. Específicamente, la agencia que convoca a la licitación —la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn)— volcó más de nueve mil páginas de documentación durante la audiencia pública informativa, un volumen que, según la PIA, imposibilita una verdadera participación ciudadana en los tiempos previstos por la ley. Esta maniobra, deliberada o no, genera un efecto de saturación que limita la capacidad de actores no gubernamentales para revisar, cuestionar e impugnar aspectos del proceso.
Más allá de esa cuestión procedimental, el informe detecta problemas con la redacción de cláusulas específicas. Menciona fallas en la forma en que fue redactada la cláusula anticorrupción, lo que sugiere que los mecanismos de fiscalización interna podrían no ser lo suficientemente robustos. También cuestiona las condiciones para una eventual transferencia del contrato a terceros, una disposición que —según advierte la PIA— podría facilitar que empresas que no estaban habilitadas originalmente terminen controlando la concesión. A esto se suma la restricción sobre la modalidad de presentación de ofertas: los pliegos limitan la posibilidad de que los interesados se presenten como Uniones Transitorias de Empresas, una forma societaria que suele permitir mayor competencia y flexibilidad. La PIA también señala límites excesivos a la capacidad de los participantes para impugnar decisiones en distintas fases del proceso, lo que reduce el control ex post facto sobre decisiones administrativas.
Quizás el señalamiento más grave es el que la PIA reitera de análisis anteriores: la sospecha sobre un "posible direccionamiento" del procedimiento. El dictamen menciona explícitamente que la fórmula utilizada para evaluar las propuestas técnicas y el sistema de etapas múltiples en que se desarrolla la licitación contienen elementos que generan dudas sobre si el diseño favoreció deliberadamente a ciertos oferentes sobre otros. Este tipo de allegación, aunque se expresa en lenguaje técnico, es grave: implica que los términos del juego podrían haber sido manipulados desde el inicio para beneficiar a competidores específicos. Cuando una estructura de licitación está direccionada, la ganadora puede no ser la más competente ni la que oferente mejor servicio, sino aquella para la cual el tablero fue previamente inclinado.
El vacío ambiental que persiste
Un aspecto que la PIA resalta con énfasis es la ausencia de un procedimiento robusto de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con participación de la autoridad nacional competente en temas de ambiente. En varios pasajes del dictamen, la institución subraya que ya lo había advertido anteriormente y que el defecto sigue sin ser subsanado. La lógica que expone es clara: no se puede remediar la omisión de un EIA serio incorporando planes o informes ambientales en etapas posteriores. La evaluación de impacto ambiental debe ser anterior y debe condicionar las bases mismas de la licitación. La Hidrovía es una vía fluvial con ecosistemas delicados, poblaciones que dependen de su salud y repercusiones que se extienden a todo el litoral fluvial. Una concesión por veinticinco años sin una evaluación ambiental previa rigurosa puede generar costos ambientales y sociales significativos que ningún contrato podrá reparar completamente una vez consumados.
Conviene contextualizar esta crítica: la Argentina tiene una larga historia de proyectos de infraestructura que avanzaron sin evaluaciones ambientales adecuadas y que luego generaron problemas de difícil reversión. La PIA no está planteando una objeción abstracta, sino reflejando aprendizajes institucionales de fracasos anteriores. Lo que la Procuraduría está señalando es que se están repitiendo los mismos errores que caracterizaron a procedimientos licitatorios previos vinculados con la Hidrovía, lo cual sugiere patrones de continuidad en las prácticas administrativas más allá de cambios de gestión.
El conclusión del dictamen es contundente: existen elementos suficientes para advertir irregularidades serias y evidentes en la redacción de los ciento treinta y ocho pliegos que rigen la licitación. Estos defectos conducirán, según la evaluación de la PIA, a un procedimiento que será pasible de cuestionamientos administrativos y hasta penales. En otras palabras: la estructura es débil y vulnerable. Una adjudicación realizada sobre estas bases podría ser impugnada y potencialmente anulada en el futuro por vía judicial, generando incertidumbre sobre quién realmente controlará la vía navegable durante los años venideros.
El ritmo del gobierno frente a los cuestionamientos
Pese a estas advertencias, la administración nacional emitió un comunicado público afirmando que el proceso avanza sin inconvenientes, con apoyo multisectorial y sin impugnaciones formales. El gobierno sostiene que la gestión presidencial avanza hacia la etapa final de la adjudicación tras la conclusión de la etapa técnica. Según lo informado oficialmente, la apertura de la tercera etapa —donde se evalúan las propuestas económicas de los oferentes— estaba programada para el martes siguiente. Esta simultaneidad resulta significativa: mientras desde la Justicia se alertaba sobre problemas estructurales, desde el Ejecutivo se aceleraba el cronograma sin alteraciones.
Los participantes en la competencia son dos agrupaciones. De un lado, el consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la firma argentina Servimagnus —vinculada a la familia Román—. Del otro, la también belga DEME, acompañada por compañías estadounidenses como Great Lakes, Clear Street y el fondo de inversión KKR. El ganador de esta licitación controlará la Hidrovía durante los próximos veinticinco años, lo cual implica responsabilidad sobre el mantenimiento, la profundización y la operación de una de las arterias comerciales más importantes de la región. Las dimensiones de lo que está en juego justifican la magnitud de los cuestionamientos: no se trata solo de dinero, sino de soberanía sobre infraestructura estratégica y de capacidad regulatoria sobre una vía que une a varios países.
La Hidrovía tiene una historia de privatizaciones y cambios de régimen. Fue durante décadas operada por el Estado, luego concesionada a privados, y ahora la administración Milei impulsa nuevamente una privatización tras años en que el gobierno anterior mantuvo mayor control público. Cada ciclo de cambio trae consigo debates sobre quién está mejor capacitado para operar esta infraestructura, si genera ganancias que deberían quedarse con el Estado o si la inversión privada logra eficiencias que justifican la transferencia de control. Lo que la PIA está señalando es que más allá de ese debate político, existe un problema técnico concreto: el proceso para decidir quién la operará está construido de manera defectuosa.
Las consecuencias potenciales de esta tensión son múltiples. Si la licitación avanza sin modificaciones y la adjudicación se consume, el ganador podría enfrentar cuestionamientos legales en el futuro que compliquen su capacidad para invertir y operar con seguridad jurídica. Los oferentes perdedores podrían impugnar una adjudicación realizada sobre la base de un procedimiento que la Justicia federal ya advertía como irregular. Las organizaciones ambientalistas y otros actores que presentaron denuncias disponen ahora de documentación oficial que respalda sus preocupaciones. Por el lado del gobierno, existe un riesgo reputacional si luego se comprueba que aceleró un proceso cuyas debilidades eran conocidas. Para los ciudadanos y usuarios de la Hidrovía, la incertidumbre es sobre si quien termine operándola será realmente el mejor oferente o si fue beneficiado por un juego cuyas reglas estaban inclinadas desde antes de empezar.
