La solemnidad que debería caracterizar a los procesos judiciales de mayor envergadura en el país se ha visto seriamente comprometida en el desarrollo del emblemático juicio de los Cuadernos de las Coimas. Durante una audiencia realizada en las instalaciones ubicadas en Comodoro Py, el tribunal tuvo que reprender públicamente a Juan Manuel Ubeira, letrado defensor de Oscar Thomas, por haber proferido un insulto que quedó registrado en la grabación oficial del proceso. Lo singular del episodio no radica meramente en la emisión de una injuria, sino en las justificaciones posteriores del abogado y en el contexto de tensiones que caracterizan a este caso que investiga un presunto sistema de enriquecimiento ilícito durante la administración kirchnerista.
El martes pasado, con su micrófono activo en una jornada que combinaba participación virtual y presencial, Ubeira dejó escapar una expresión soez dirigida, según su propia versión, hacia el fiscal Carlos Stornelli, quien instruyó originalmente la causa. Cuando fue llamado a comparecer ante los jueces para explicar su conducta en la audiencia siguiente, el abogado ofreció una aclaración que revela tanto el nivel de animosidad personal entre actores del proceso como los diferentes códigos que parecen gobernar el comportamiento de los profesionales del derecho en contextos de alta polarización. Ubeira argumentó que su referencia injuriante no constituía un ataque contra las partes presentes sino que se trataba de una manifestación de su relación turbulenta con el fiscal instructor, a quien, según sus propias palabras, suele designar mediante términos de similar calibre en conversaciones privadas.
Antecedentes de enfrentamiento: la trama oculta entre defensor y perseguidor
Para comprender la profundidad del conflicto entre Ubeira y Stornelli, es necesario retroceder en el tiempo y examinar una causa judicial que enfrentó a ambos profesionales años atrás. El letrado acusó al fiscal de intentar colocarle un dispositivo de vigilancia encubierta a través de una figura que posteriormente se reveló como problemática: Marcelo D'Alessio, quien se presentaba como abogado pero cuya participación en operaciones de inteligencia generó diversos cuestionamientos. Esta causa fue eventualmente cerrada y Stornelli obtuvo sobreseimiento en distintas instancias. Sin embargo, la cicatriz de ese enfrentamiento persiste y permea la dinámica del juicio actual. En el contexto del proceso de los Cuadernos, Ubeira y otros defensores han basado parte de su estrategia en cuestionar los métodos empleados durante la instrucción, particularmente el uso que consideran abusivo de la denominada ley del arrepentido.
Esta crítica apunta directamente a uno de los pilares sobre los cuales descansa toda la estructura acusatoria: los empresarios y funcionarios que decidieron colaborar con la justicia aceptando su participación en un presunto mecanismo de cobro de fondos ilícitos. La defensa sostiene que algunos de estos arrepentidos podrían haber sido coercionados o incentivados indebidamente durante la fase de instrucción, lo que cuestionaría la validez probatoria de sus testimonios. Ubeira, al referirse a estos colaboradores como "buchones" en audiencias anteriores, expresaba sin rodeos su posición respecto a su credibilidad y motivaciones. El tejido de animosidades personales, desacuerdos metodológicos y críticas fundamentales sobre la validez del proceso se entrelaza de manera compleja en cada jornada del juicio.
Desorden en la sala: un patrón de incidentes que trasciende lo anecdótico
El episodio del insulto no constituye un hecho aislado en el desarrollo del proceso. Semanas atrás, durante una jornada en la que se declaraba a la testigo Candela Ini, Ubeira dirigió una pregunta que, por su entonación y contenido, fue interpretada como inapropiadamente sugestiva. El letrado inquirió a la mujer sobre su estado civil de modo que la fiscal Fabiana León consideró que trasponía los límites de la pertinencia procesal. "Falta que le pida el número de teléfono", marcó la fiscal con evidente molestia, interrumpiendo el interrogatorio. La respuesta de Ubeira fue entonces defensiva: argumentó que a sus setenta y dos años de edad y con cuarenta y cinco años de ejercicio profesional nunca había recibido una reprimenda pública de magistrados o fiscales, y que no estaba dispuesto a permitir que esto ocurriera a esta altura de su trayectoria.
Los incidentes que han marcado el proceso van más allá de las conductas de los abogados. En momentos previos, cuando las audiencias se desarrollaban enteramente en modalidad virtual, una transmisión de cámara capturó al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina desplazándose dentro de su domicilio en situación de desabrigarse, exponiendo su torso desnudo ante el dispositivo. Aunque esta imagen no fue transmitida por los canales oficiales del Poder Judicial, su existencia pone de relieve las dificultades que plantea la administración de justicia en formato híbrido. Asimismo, en las primeras jornadas del proceso, el empresario santafesino Alberto Ángel Padoán, vinculado a la empresa Vicentín, participó de audiencias desde su cama, aunque tampoco fue registrado en las transmisiones públicas. Estos episodios, tomados en conjunto, sugieren un patrón de normalización de conductas que en otros contextos hubieran generado sanciones disciplinarias inmediatas.
Cuando el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, abordó el tema del insulto de Ubeira durante la audiencia de rigor, su tono fue firme pero medido. Señaló que la expresión había sido claramente audible en la grabación del proceso y exhortó al abogado a abstenerse de futuras manifestaciones que resultasen injuriantes o descalificatorias, caracterizándolas como impertinentes y ajenas al objeto del juicio. Ubeira, sin más remedio que aceptar la reprimenda, ofreció sus disculpas. Sin embargo, el hecho de que un profesional con décadas de experiencia llegue al punto de ser amonestado públicamente por un tribunal revela tensiones subyacentes que trascienden los meros aspectos procedimentales del caso.
En cuanto al caso específico que defiende Ubeira, Oscar Thomas fue durante doce años director de la Entidad Binacional Yacyretá, organismo que administra una represa de importancia estratégica para la región. Thomas declaró que los paquetes que entregaba al empresario Roberto Baratta contenían yerba proveniente de Misiones, provincia de la cual Thomas es originario. Según su relato, esta práctica respondía a costumbre de brindar obsequios a las personas que lo atendían bien, siendo su secretaria quien en ocasiones facilitaba el envío de estos productos a través del chófer de Thomas, o siendo el propio Baratta quien los retiraba del domicilio del acusado. Esta versión de los hechos constituye un componente de la defensa que busca desvincularlo de cualquier participación en un esquema de corrupción estructurada.
Las implicancias de un proceso bajo presión
La acumulación de episodios disruptivos en el desarrollo del juicio de los Cuadernos presenta diversas lecturas posibles. Desde una perspectiva, podría argumentarse que el carácter de la causa, que toca a figuras de relevancia política y a empresarios influyentes, genera una presión que afecta la compostura de los actores judiciales. Desde otra óptica, es posible observar que la institucionalidad misma del sistema judicial se encuentra bajo tensión cuando debe procesar casos de esta magnitud y trascendencia pública. Los defensores podrían sostener que están ejerciendo derechos de defensa vigorosa en un contexto donde consideran que la instrucción fue viciada. Los fiscales y magistrados, por su parte, deben mantener el orden necesario para que el proceso avance sin que su legitimidad se vea comprometida. Las distintas formas de entender qué constituye un comportamiento aceptable dentro de una sala de justicia reflejan, en última instancia, desacuerdos más profundos sobre cómo debe procesarse una investigación de corrupción administrativa en una sociedad democrática.
