El deshielo en la Comisión de Acuerdos
Después de casi cuatro meses de inmovilidad administrativa, dos candidatos a integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico lograron este jueves que sus expedientes salieran del congelador legislativo. Se trata de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, ambos jueces del fuero penal económico cuyas postulaciones había impulsado el Poder Ejecutivo a través del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Lo relevante no es solo que los pliegos hayan desbloqueado su trámite, sino las circunstancias políticas que rodearon ese descongelamiento y lo que ello revela sobre las fracturas internas dentro de la coalición gobernante. El hecho de que estos nombramientos atravesaran semanas de estancamiento administrativo puro, sin resolución, ilustra cómo la máquina estatal a veces se detiene no por falta de procedimientos, sino por decisiones políticas que se ejercen desde la penumbra del poder informal.
Lo que distingue este episodio es que la resistencia que enfrentaron Galván Greenway y Catania no provino del Senado en su totalidad, ni de un bloque opositor consolidado, sino de una orden que emanó de la Secretaría General de la Presidencia, encarnada en Karina Milei, hermana del presidente. Esa orden se transmitió hacia Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado y legislador oficialista por La Rioja, quien mantuvo ambos expedientes fuera de circulación. A pesar de que los candidatos habían superado sin problemas la audiencia pública en mayo, presentando sus argumentos ante la comisión, sus nominaciones quedaron paralizadas en un estado de suspensión que carecía de justificación formal pero obedecía a razones políticas concretas: la supuesta vinculación de ambos postulantes con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino y, especialmente, con su presidente, Claudio Tapia.
La presión que logró flexibilizar la resistencia oficial
Lo que modificó esta situación fue la persistencia de senadores que, más allá de sus diferencias ideológicas, coincidieron en cuestionar la retención de documentos públicos. El peronista disidente Carlos Espínola, proveniente de Corrientes, y el radical Maximiliano Abad, de Buenos Aires, encabezaron una gestión que apuntó directamente a Pagotto. Ambos legisladores le recordaron que existían varias firmas ya recolectadas desde el día de la audiencia pública, el 6 de mayo, cuando Galván Greenway y Catania defendieron sus postulaciones en el Salón Azul del Congreso. En esa oportunidad, Pagotto había circulado los dictámenes sin que mediara aún la prohibición desde Casa Rosada, permitiendo que varios senadores rubricaran los documentos. El argumento de Espínola y Abad fue simple pero efectivo: no podía existir una retención indefinida de un trámite que ya contaba con apoyos legislativos reales. La presión se intensificó cuando ambos senadores señalaron la irregularidad de mantener congelados expedientes que habían cumplido con sus etapas procesales.
Finalmente, Pagotto cedió ante la insistencia. Los dictámenes se habilitaron para tratamiento en el recinto durante la próxima sesión plenaria del Senado. Sin embargo, el dato que profundiza la interpretación política de lo ocurrido es que el dictamen favorable a los dos candidatos cuenta con la firma de Patricia Bullrich, jefa del bloque del PRO en la Cámara Alta. Aunque técnicamente Bullrich rubricó después de que los expedientes ya hubieran alcanzado las nueve firmas mínimas requeridas para conformar mayoría, su decisión constituye un nuevo gesto de diferenciación respecto de las directrices que emanan de la Presidencia y, más específicamente, del círculo íntimo que rodea a Javier Milei. Esto no es un detalle menor: Bullrich ha venido acumulando varios actos de este tipo, distanciándose de posiciones que sustenta la Secretaría General de la Presidencia.
La nómina de legisladores que avalaron los dictámenes refleja una coalición heterogénea. Además de Bullrich, Abad, Espínola y el jefe del bloque Pro Martín Goerling (Misiones), sumaron sus firmas senadores provinciales de variada orientación: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de Misiones; Gabriela Royón, de Salta; Beatriz Ávila, de Tucumán; la kirchnerista Sandra Mendoza, también de Tucumán; y la radical Mariana Juri, de Mendoza. La amplitud de esta coalición subraya que la resistencia del Gobierno a los nombramientos carecía de sustento legislativo mayoritario, siendo en cambio sostenida por una decisión de la estructura presidencial que operaba por fuera de los mecanismos institucionales formales.
Las razones ocultas detrás del veto presidencial
¿Cuál fue entonces la razón por la cual la Casa Rosada decidió frenar estas nominaciones? La respuesta apunta a un conflicto más amplio entre la administración libertaria y la conducción de la AFA. El Gobierno de Javier Milei ha buscado impulsar una reforma en el fútbol argentino que permita la participación de capitales privados a través de las sociedades anónimas deportivas, las SAD. Esta iniciativa ha generado enfrentamiento frontal con Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, quienes han resistido frontalmente esta transformación. La hipótesis que circuló es que Galván Greenway y Catania tendrían una cercanía con la cúpula actual de la AFA que comprometería su imparcialidad en futuras resoluciones.
En el caso específico de Galván Greenway, la conexión resulta particularmente directa. El juez, que preside el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº7, dictó el 24 de abril de este año un sobreseimiento de Claudio Tapia en una investigación por lavado de dinero que se había iniciado años atrás, en 2018. En esa resolución, Galván Greenway determinó que Tapia se encontraba en condiciones de justificar su patrimonio mediante el análisis de sus ingresos declarados, herramientas financieras legales y créditos hipotecarios. Esta decisión judicial, tomada poco antes de que Mahiques enviara la nominación de Galván Greenway al Senado, fue interpretada por la Casa Rosada como una evidencia de afinidad respecto de los intereses de la dirigencia futbolística. Respecto de Catania, el vínculo es menos tangible pero operaba en el mismo registro interpretativo: el ascenso a camarista podría facilitar que Tapia y Toviggino contaran con una instancia favorable para apelar decisiones en las causas por lavado de dinero y evasión fiscal en las que están siendo investigados.
Conviene recordar que Tapia y Toviggino enfrentan investigaciones por delitos patrimoniales graves, incluyendo presuntos lavados de dinero y evasión fiscal. El contexto de estas investigaciones es relevante para comprender por qué la Casa Rosada consideró que la composición de una cámara de apelaciones podría resultar determinante para sus destinos procesales. Sin embargo, esta lectura de los hechos contrasta con la perspectiva de los senadores que presionaron por liberar los expedientes: ellos argumentaban que la existencia de vínculos personales o profesionales entre magistrados y personalidades públicas investigadas no es suficiente para negar un ascenso en la carrera judicial, especialmente cuando el procedimiento formal había sido cumplido satisfactoriamente en todas sus etapas previas.
La acumulación de gestos de rebeldía dentro de la coalición
La firma de Bullrich en estos dictámenes se inscribe en una serie de distanciamientos que la senadora ha manifestado respecto de las posiciones de la Casa Rosada. Durante los últimos meses, Bullrich ha asumido posiciones que divergen de lo que sustenta el círculo más cerrado alrededor del presidente, particularmente en lo que respecta a decisiones administrativas y políticas que emanan de la Secretaría General de la Presidencia. Estos gestos de diferenciación no son actos aislados, sino que forman parte de una pauta más amplia de tensión entre distintos sectores dentro de la coalición gobernante. El hecho de que una jefa de bloque oficialista rubrique un dictamen que contrariaba explícitamente una orden de la hermana presidencial subraya la existencia de fisuras en la estructura de poder que sostiene al Gobierno.
Desde la perspectiva de Bullrich y otros legisladores que acompañaron la apertura de estos expedientes, la retención indefinida de nominaciones judiciales que habían completado sus trámites representaba un ejercicio irregular del poder. El argumento de que no podía existir un bloqueo permanente de documentos públicos que ya contaban con apoyo legislativo recolectado formalmente prevaleció sobre las objeciones de política judicial que esgrimía la Casa Rosada. Esta pugna entre diferentes lógicas institucionales—la del procedimiento formal versus la de las consideraciones de política administrativa—constituye un fenómeno que merece atención en el análisis del funcionamiento actual del Estado argentino.
Implicancias para el futuro de los nombramientos y el equilibrio de poderes
Ahora que los expedientes han sido liberados y podrán ser tratados en sesión plenaria, existe una pregunta sobre qué ocurrirá en el recinto. Si el Gobierno mantiene su intención de bloquear estos nombramientos, debería existir una mayoría que vote en contra, una mayoría que actualmente no parece consolidada dado que ya hay más de nueve senadores dispuestos a votar favorablemente. Por el contrario, si la administración libertaria decide no intervenir durante la votación final, los nombramientos podrían avanzar sin mayores obstrucciones. La decisión que el Gobierno adopte al respecto enviará señales importantes sobre su capacidad de mantener coesión en la coalición legislativa y sobre los límites de su influencia sobre procedimientos que formalmente corresponden al Senado.
Lo que este episodio pone en evidencia es la coexistencia de dos lógicas políticas divergentes dentro de la coalición gobernante. Una lógica que privilegia las consideraciones de política judicial y los conflictos concretos con actores del sistema político y económico, como en este caso la dirigencia futbolística. Otra lógica que enfatiza la necesidad de respetar los procedimientos formales y la autonomía relativa de las instituciones legislativas. La pugna entre estas dos lógicas será determinante para entender cómo evolucionará el funcionamiento del Senado durante el resto de la gestión presidencial.
Perspectivas abiertas y consecuencias posibles
Las consecuencias de lo que ocurrió en la Comisión de Acuerdos trascienden el caso específico de Galván Greenway y Catania. En primer lugar, si estos nombramientos finalmente avanzan hacia la votación en el recinto y resultan aprobados, se establecería un precedente sobre los límites del poder de la Casa Rosada para bloquear nominaciones judiciales. Ello podría generar expectativas sobre otros expedientes que se encuentren actualmente estancados o sujetos a consideraciones políticas similares. En segundo lugar, si la administración libertaria permite que estos nombramientos prosperen, habría una reconfiguración en los equilibrios dentro de la coalición gobernante, con implicancias para futuras decisiones legislativas de envergadura.
Por otra parte, los desarrollos en este asunto tendrán repercusiones sobre las investigaciones que enfrentan Tapia y Toviggino en la justicia penal económica. Dependiendo de cómo evolucione la composición de la cámara de apelaciones y de las decisiones que en ella se adopten, los destinos procesales de estos dirigentes podrían verse alterados. Esto plantea interrogantes sobre los vínculos entre la política judicial y la política común, sobre los mecanismos mediante los cuales consideraciones de oportunidad política inciden en decisiones que nominalmente pertenecen al ámbito judicial. Algunos observadores podrían interpretar que la liberación de estos expedientes responde a presiones que socavan la independencia del poder judicial; otros podrían sostener que la retención inicial de los mismos constituía el verdadero ejemplo de subordinación de lo judicial a consideraciones políticas. Lo cierto es que el episodio ilustra la permeabilidad que existe entre distintas esferas del poder estatal en contextos donde los equilibrios políticos resultan frágiles o impugnados.
