Un encuentro que busca repensar los márgenes
La justicia argentina volvió a cuestionarse sobre sí misma este sábado, pero no en los pasillos de tribunales ni desde despachos ministeriales. El debate ocurrió en Claypole, dentro de una institución centenaria dedicada a albergar y cuidar a personas con discapacidades severas y en situaciones de extrema fragilidad social. Lo que sucedió durante esa jornada refleja una tensión creciente: mientras los programas de atención a la discapacidad atraviesan una crisis aguda producto de recortes presupuestarios, magistrados y referentes de la Iglesia se propusieron reflexionar conjuntamente sobre qué significa administrar justicia cuando se la observa desde la perspectiva de quienes menos tienen. El encuentro no fue casual ni ceremonial. Convocó a una treintena de autoridades judiciales de distintos niveles, desde miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación hasta jueces especializados en lo penal y lo civil, reunidas con propósitos que trascienden lo formal: comprender de cerca cómo viven y qué necesitan quienes la sociedad sistemáticamente olvida.
El Pequeño Cottolengo Don Orione, fundado en 1935, representa más que un centro de cuidados. Es un testimonio vivo de cómo se materializa la vulnerabilidad extrema en Argentina: personas sin redes familiares, sin recursos, sin acceso a vivienda digna ni cobertura de salud, encuentran en sus espacios un refugio. La obra se inspira en el legado de San Luis Orione, un sacerdote italiano cuya vida estuvo dedicada a quienes el sistema dejaba afuera. Este sábado, monseñor Eduardo García, obispo de San Justo y referente de la Pastoral Judicial, encabezó la convocatoria junto al padre Aníbal Quevedo, responsable de la institución. Lo que sucedió durante esas horas no fue una mera visita de cortesía, sino un ejercicio de interpelación sobre los fundamentos mismos de cómo opera la justicia en contextos de exclusión profunda.
Las periferias como escuela de realidad
Uno de los ejes conceptuales del encuentro giró en torno a una idea que la Iglesia Católica ha venido desarrollando con intensidad en las últimas décadas: la comprensión de la realidad desde la perspectiva de quienes habitan los márgenes. El obispo García retomó una máxima que sintetiza esta visión: "La realidad se comprende mejor desde la periferia que desde el centro". La frase remite al pontificado de Francisco, cuya gestión en la Iglesia ha enfatizado precisamente este giro epistemológico. No se trata meramente de una postura moral sino de una afirmación sobre cómo conocer y entender genuinamente qué funciona y qué falla en las estructuras sociales. Los organizadores del encuentro formularon la cuestión en términos aún más precisos: "Creemos profundamente que la justicia se vuelve verdaderamente humana cuando es capaz de dejarse interpelar por quienes viven en los márgenes". Esta afirmación encierra una crítica implícita a sistemas de justicia que operan desconectados de las realidades más crudas, que toman decisiones sin considerar cómo esas decisiones impactan en los cuerpos y vidas de personas en situación de desamparo.
La iniciativa denominada "Diálogos por una justicia más humana" se ha constituido como un espacio recurrente de encuentro entre magistrados, funcionarios judiciales, organizaciones comunitarias e instituciones religiosas. Su propósito explícito es promover "una mirada más cercana a las realidades sociales y a las periferias urbanas". En un contexto donde los sistemas judiciales tienden a reproducir lógicas burocráticas y formales, desconectadas de las dinámicas que caracterizan la vida cotidiana en contextos de extrema pobreza, estas iniciativas adquieren relevancia. Durante la jornada de este sábado, los participantes recorrieron los hogares, los espacios de atención y convivencia del Cottolengo, experimentando directamente cómo funciona el cuidado de personas cuyas vidas están marcadas por el abandono y la exclusión. No fue un recorrido turístico sino una pedagogía de la realidad.
La voz de quienes administran la justicia
El encuentro convocó a un espectro considerable de autoridades judiciales. Entre ellas estuvieron Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal; y Andrés Basso, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. También participaron jueces especializados en ejecución penal, garantías, justicia federal y penal ordinaria, distribuidos en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Del lado del Ministerio Público Fiscal concurrieron fiscales de distintas jurisdicciones y niveles, incluyendo representantes de fiscalías especializadas en casación penal. La diversidad de los convocados sugiere que la preocupación por la desconexión entre la justicia y las realidades de extrema vulnerabilidad no es patrimonio de una sola corriente ideológica dentro del poder judicial, sino una inquietud más extendida. La presencia de autoridades de distintas jerarquías también refleja un esfuerzo por inscribir estas reflexiones en múltiples niveles del sistema.
Además de magistrados, la jornada incluyó la participación de Sofía Corradini Sagretti, secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales, evidenciando que la preocupación trasciende a quienes ocupan posiciones de poder dentro de la estructura judicial. También concurrieron Nicolás O'Reilly, subsecretario administrativo del Consejo de la Magistratura de la Nación, y Virginia Barreyro, directora de Control y Asistencia de la Ejecución Penal. El equipo del Cottolengo, por su parte, integró la convocatoria con sus propias voces: el hermano Jorge Silanes, director religioso de la institución; Fernando Montero, coordinador técnico; Marcelo Bezek, administrador, y Pablo Díaz, representante legal. Esta composición mixta transformó el encuentro en un verdadero diálogo, no en una conferencia donde unos hablaban y otros escuchaban.
Las "Reglas Papa Francisco" y la humanización de la justicia
Un elemento central de la jornada fue la presentación de las "Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas". Esta iniciativa busca acercar el universo de la justicia formal a las realidades de mayor vulnerabilidad social, estableciendo principios prácticos sobre cómo deben proceder los magistrados, fiscales y funcionarios judiciales cuando atienden a personas en situación de exclusión. Aunque la nota original no detalla específicamente cuáles son esas reglas, su presencia en el encuentro indica una preocupación concreta por operacionalizar el concepto abstracto de "justicia más humana" en protocolos y prácticas concretas. La idea de que existan "reglas" que orienten el trato hacia personas excluidas presupone que ese trato no es automático, que requiere de una intención deliberada, de una capacitación y de un compromiso consciente de quienes operan el sistema.
Durante la jornada también se realizaron testimonios e intercambios comunitarios, creando espacios donde las personas que residen en el Cottolengo pudieron expresar sus realidades, sus necesidades, sus perspectivas. Una "ronda de diálogo" permitió un intercambio más fluido, menos jerárquico que el que típicamente caracteriza encuentros entre autoridades judiciales y poblaciones vulnerables. Este formato es relevante porque modifica la posición de enunciación: no es el juez quien interroga al vulnerable, sino que el vulnerable tiene voz para interpelar al juez. Los testimonios probablemente permitieron a los magistrados presentes escuchar historias de cómo la justicia ha impactado (o no) en las vidas concretas de quienes habitan márgenes de extrema precariedad.
El contexto de crisis que enmarca el encuentro
Es imposible entender la relevancia de este encuentro sin considerar el contexto en el que ocurre. Los programas de atención a la discapacidad en Argentina enfrentan una severa crisis, atribuida a recortes y ajustes presupuestarios implementados desde el gobierno nacional. Instituciones como el Cottolengo, que dependen en gran medida de subsidios estatales y transferencias de fondos, ven comprometida su capacidad de atención. Esto significa que mientras se realizaban estos "diálogos por una justicia más humana" en sus instalaciones, la institución misma estaba enfrentando dificultades para mantener sus operaciones cotidianas. La ironía no es menor: se convocaba a discutir cómo hacer más humana la justicia precisamente mientras los derechos de las personas atendidas en ese lugar estaban siendo vulnerados por decisiones presupuestarias que las dejaban sin cobertura adecuada. El encuentro adquiere entonces una dimensión de urgencia: no es solamente un ejercicio reflexivo sino un acto de visibilización de una crisis que de otro modo permanecería invisible en los despachos de poder.
Implicancias y perspectivas
Los desdoblamientos de encuentros como este pueden interpretarse desde múltiples ángulos. Por un lado, representa un esfuerzo genuino de sectores dentro del poder judicial por salir de sus espacios institucionalizados y comprender las dinámicas de exclusión que sus decisiones afectan. La presencia de autoridades de distintos niveles y jurisdicciones sugiere que se trata de una iniciativa con cierta envergadura institucional, no de un acto aislado. Por otro lado, plantea interrogantes sobre si estos espacios de diálogo se traducen efectivamente en cambios en las prácticas judiciales, en modificaciones de sentencias, en redefinición de políticas. El riesgo es que permanezcan como ejercicios de catarsis sin consecuencias prácticas. Paralelamente, la realización de estos encuentros en momentos de crisis presupuestaria acentúa una paradoja: mientras se debaten formas de humanizar la justicia, las poblaciones más vulnerables pierden acceso a servicios básicos. Finalmente, la participación de la Iglesia Católica en espacios de reflexión sobre justicia muestra una reinserción de actores religiosos en debates sobre gobernanza que históricamente han sido relegados al ámbito secular. Cómo se desarrollen estos diálogos en los próximos meses, si generan recomendaciones concretas que impacten en políticas públicas y en decisiones judiciales, y si logran interpelar efectivamente las decisiones presupuestarias que erosionan los servicios a personas con discapacidad, son preguntas que permanecen abiertas.
