El oficialismo ingresa en una semana crítica de negociaciones parlamentarias donde confluyen dos batallas legislativas simultáneas: la defensa del jefe de Gabinete Manuel Adorni frente a un pedido de interpelación que podría escalar a censura, y la construcción de mayorías para impulsar modificaciones en el sistema electoral nacional. Ambas iniciativas exigen consensos que el Gobierno aún no tiene asegurados, lo que obliga a los equipos de La Libertad Avanzada a desplegar una estrategia de negociación intensiva con sus aliados parlamentarios. Lo que está en juego no es solo la permanencia de un funcionario en su cargo, sino la capacidad del Ejecutivo para concretar transformaciones institucionales que considera fundamentales para su proyecto político.

La interpelación como punto de quiebre

Un sector heterogéneo de la oposición presentó una solicitud formal para convocar a sesión especial en la Cámara Baja con el objetivo de interpolar al jefe de Gabinete. La iniciativa, respaldada por diputados de Provincias Unidas, Coalición Cívica, radicales críticos y del Frente de Izquierda, apunta a cuestionar la gestión de Adorni en sus funciones de coordinación ministerial. Según lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, cualquiera de las dos cámaras legislativas posee la facultad de requerir la comparecencia de cualquier ministro para ser interpelado. Este procedimiento constitucional, aunque no es frecuente en la práctica parlamentaria argentina, abre la posibilidad de derivar en una moción de censura que, de prosperar, resultaría en la destitución del funcionario.

La sesión solicitada estaba prevista para el jueves 14 de mayo. Los impulsores de esta medida reconocen que carecen de los dictámenes de comisión necesarios para llevar adelante el procedimiento con solidez jurídica. Por eso, su estrategia apunta a presionar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que convoquen a reuniones de trabajo y produzcan los dictámenes correspondientes. Las comisiones están presididas por legisladores libertarios, lo que complica el avance de la iniciativa sin apoyo oficial. El bloque peronista de Unión por la Patria, aunque no firmó formalmente la solicitud, se espera que participe en el quórum necesario para habilitar la sesión, con la intención de expandir el temario hacia cuestiones de impacto social que le interesan al peronismo.

La defensa de Adorni se convierte así en una prioridad para la Casa Rosada, que requiere la colaboración de sectores dialoguistas para bloquear cualquier avance de la interpelación. El presidente Javier Milei ya expresó públicamente su respaldo al funcionario, señalando que seguirá confiando en él para conducir la coordinación de su gabinete ministerial. Sin embargo, las declaraciones presidenciales no garantizan los votos legislativos que se necesitan para impedir que prospere una moción de censura, si es que se llega a ese punto.

El laberinto de la Reforma Electoral en el Senado

Mientras en Diputados el oficialismo intenta proteger a su jefe de Gabinete, en el Senado se despliega un escenario más complejo aún. La cámara alta experimenta un intenso debate sobre la Reforma Electoral, un proyecto que el Gobierno considera central para su agenda transformadora. Este paquete de cambios incluye la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), la reducción del financiamiento partidario y de campañas electorales, modificaciones en la Ley de Boleta Única de Papel, y la incorporación de Ficha Limpia como mecanismo para inhabilitar candidatos con condenas judiciales.

No obstante, la estrategia oficial enfrenta resistencias y fracturas inesperadas. Senadores radicales de la bancada liderada por Eduardo Vischi y Martín Goerling Lara adelantaron que buscarían desacoplar el proyecto de Ficha Limpia del resto de la reforma electoral. Esta maniobra legislativa desestabilizó los planes de la Casa Rosada, que había pensado incluir la iniciativa de Ficha Limpia como un incentivo para atraer votos que de otro modo serían esquivos. El descubrimiento de esta intención causó sorpresa en el círculo político del Ejecutivo, encabezado por Adorni, así como en el bloque libertario de Diputados, presidido por Gabriel Bornoroni. La reacción fue inmediata: los referentes oficialistas rechazaron avanzar en esa dirección, insistiendo en mantener cohesionado el paquete de reforma electoral.

Los desacuerdos se multiplican: los legisladores del PRO presentaron proyectos propios de Ficha Limpia, mientras que los radicales impulsaron su propia versión de reforma electoral, con la particularidad de que mantienen las PASO pero proponen hacerlas optativas en lugar de obligatorias. Julieta Corroza, senadora representante de La Neuquinidad —la estructura política del gobernador Rolando Figueora de Neuquén—, también presentó un proyecto independiente sobre Ficha Limpia. Esta proliferación de iniciativas legislativas refleja la dificultad que enfrenta el oficialismo para construir las mayorías calificadas que la Constitución Nacional exige: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados para cualquier reforma electoral.

Avances parciales en provincias clave

No obstante los obstáculos, la Casa Rosada ha logrado algunos compromisos parlamentarios que le permiten mantener esperanzas sobre el avance de su agenda legislativa. En Misiones, el líder político local Carlos Rovira, de Encuentro Federal Misionero, impartió instrucciones a sus legisladores para respaldar la eliminación de las PASO impulsada por el Gobierno nacional. Esto significa que los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto a varios diputados de esa provincia, votarían a favor de la reforma. De manera similar, los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan y Rogelio Frigerio de Entre Ríos asumieron compromisos de acompañamiento para sus respectivas bancadas legislativas en el tratamiento de la Reforma Electoral.

Sin embargo, estos compromisos parciales resultan insuficientes frente a la complejidad del tablero legislativo. El oficialismo continúa sin tener una postura unificada sobre cómo encarar el debate, lo que explica por qué el senador libertario Agustín Coto aún no recibió autorización para convocar formalmente a la comisión de Asuntos Constitucionales e iniciar las discusiones. La falta de claridad interna respecto a qué versión de la reforma será la que se impulse genera incertidumbre en los aliados y complica la negociación con los bloques dialoguistas.

Los nombramientos judiciales como moneda de cambio

Paralelamente a los debates sobre reforma electoral, el Senado avanza en otro frente de negociación: la aprobación de pliegos para jueces y fiscales en la Justicia federal. La Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto (senador libertario de La Rioja), ha estado recibiendo las exposiciones de candidatos a ocupar vacantes en distintos tribunales del país. Durante la semana anterior, 47 postulantes defendieron sus currículos y trayectorias ante los senadores.

El avance en materia de nombramientos judiciales sigue un ritmo lento. Hasta el momento, los dictámenes han sido firmados exclusivamente por senadores libertarios, por Mariana Juri (radical) y por Sonia Rojas Decut (misionera). El resto de los legisladores dialoguistas aún no ha avalado estas decisiones, aunque tampoco han descartado hacerlo. Una fuente de fricción en este proceso está vinculada a la concentración de candidatos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que motivó cuestionamientos de varios senadores que reclaman mayor representación de candidatos del interior del país para cubrir vacantes en tribunales federales de provincias lejanas.

Un caso particular es el de Carlos Alberto Mahiques, quien busca una prórroga de cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Mahiques ya cuenta con las firmas necesarias en la comisión para habilitar su tratamiento en recinto. La particularidad de su candidatura radica en que es padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo que genera un vínculo familiar directo con el Ejecutivo. Para la próxima semana se esperan nuevas audiencias con candidatos de perfil más destacado, entre ellos Ana María Juan (esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa $LIBRA) propuesta para un juzgado de primera instancia en Hurlingham; Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, candidato a juez en Santa Fe; y Pablo Matkovic, propuesto para Neuquén, quien en 2017 había presentado un hábeas corpus contra Patricia Bullrich cuando esta se desempeñaba como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las fracturas internas del oficialismo

La senadora Patricia Bullrich, presidenta de la bancada libertaria en el Senado, se encuentra en el epicentro de las negociaciones legislativas, enfrentando presiones desde múltiples direcciones. La relación entre el oficialismo y sus aliados del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales continúa en desarrollo, caracterizada por diferencias y coincidencias que generan tensiones pero no han llegado a romper el diálogo legislativo. La semana previa, se realizó una extensa reunión en las oficinas radicales del segundo piso del edificio del Senado, donde Bullrich se reunió con referentes de los sectores dialoguistas para intentar alinear posiciones.

El bloque peronista, conducido por José Mayans, observa este escenario de fracturas oficialistas desde una posición de expectativa, cuestionando públicamente la conformación de las comisiones parlamentarias y las exclusiones de legisladores opositores de espacios de deliberación estratégicos. Este posicionamiento peronista le permite mantener una cierta independencia mientras espera a ver cómo se resuelven los conflictos internos del oficialismo, posibilitando eventuales coaliciones puntuales en función de los temas en cuestión.

La ausencia de una postura unificada en el seno del oficialismo refleja la complejidad de las alianzas políticas que sustenta la gestión actual. La Libertad Avanzada no cuenta con mayorías propias en ninguna de las dos cámaras y depende de la colaboración de fuerzas políticas que, aunque no son plenamente opositoras, tampoco son aliadas incondicionales. Esta situación obliga al Ejecutivo a una negociación constante, donde cada iniciativa legislativa requiere la construcción ad hoc de mayorías. El precio de esta construcción varía según el tema: mientras que para ciertos proyectos se logra consenso relativamente rápido, otros —como la reforma electoral— generan resistencias que resultan más difíciles de superar.

Implicancias y escenarios futuros

La confluencia de estos dos procesos legislativos simultáneos presenta un panorama de incertidumbre institucional que admite múltiples interpretaciones. Por un lado, la capacidad del oficialismo para defender a su jefe de Gabinete ante la interpelación dependerá de su habilidad para mantener unidos a sus aliados dialoguistas en un voto de censura, si es que se llega a ese extremo. Un eventual éxito en bloquear la interpelación reforzaría la posición de Adorni y daría señales de fortaleza política a la Casa Rosada. En sentido inverso, un fracaso en esa defensa generaría un quiebre importante en las relaciones entre el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios, con consecuencias difíciles de prever sobre la gobernabilidad legislativa futura.

Respecto de la reforma electoral, el escenario es más matizado. La proliferación de proyectos alternativos sobre Ficha Limpia y reforma electoral sugiere que, aunque no se logre la versión integral que pretende el Gobierno, podrían aprobarse modificaciones parciales en distintas áreas. La posibilidad de que los radicales logren desacoplar Ficha Limpia del resto de la reforma podría facilitar la aprobación de ese proyecto de mayor consenso político, mientras que los cambios en el sistema de primarias o en el financiamiento de campañas enfrentarían resistencias que quizá no se logren superar completamente. Los compromisos asumidos por gobernadores como Frigerio y Orrego, así como por la estructura política misionera, sugieren que hay voluntad de avance en ciertos puntos, aunque la magnitud de esos avances siga siendo incierta.

En cuanto a los nombramientos judicales, el ritmo lento de aprobaciones puede resultar tanto en una estrategia intencional de dilación —buscando negociar condiciones con otras iniciativas legislativas— como en una genuina dificultad para construir consenso sobre candidatos específicos. La eventual aprobación de estos pliegos tendría consecuencias de largo plazo en la composición y orientación de la Justicia federal, un poder que históricamente ha sido sensible a los cambios políticos en el Ejecutivo y el Legislativo.