A casi cinco años de haber sido elevadas a juicio, las causas Hotesur y Los Sauces comenzarán su etapa de debate oral bajo una modalidad que privilegia la presencia física de todos los actores en la sala de audiencias. La decisión fue comunicada esta mañana por el Tribunal Oral Federal N° 5 durante una audiencia preparatoria en la que estuvieron presentes abogados defensores, fiscales, querellantes y acusados. La determinación representa un punto de inflexión en la práctica judicial argentina, donde la virtualidad se instaló como alternativa durante la pandemia de COVID-19 y permanece hasta hoy como opción en muchos procesos. Lo relevante de esta decisión radica en que establece un precedente sobre cómo se juzgarán casos de envergadura política y económica en los próximos años, particularmente aquellos que involucran a figuras públicas de primer orden.

La presencialidad como principio rector del debate

El presidente del tribunal, José Michilini, fue categórico al reiterar en múltiples ocasiones durante la audiencia que "no va a haber virtualidad" como norma general. Esta postura rigurosa pretende imprimir dinamismo al desarrollo de las sesiones y evitar que los procedimientos se dilaten innecesariamente. El tribunal informó que las audiencias se realizarán tres veces por semana en los juzgados federales de Comodoro Py, con una disposición que va más allá: si alguna sesión no pudiera concretarse dentro del horario laboral entre lunes y viernes por conflictos de agenda de las partes, el tribunal está dispuesto a convocar audiencias durante los fines de semana para mantener el cronograma de trabajo. Esta posibilidad, que sería inusual en la práctica judicial argentina anterior a 2020, refleja una determinación institucional por evitar que el proceso se estire indefinidamente.

Sin embargo, la presencialidad tendrá sus matices. El tribunal dejó abierta la posibilidad de que aquellos imputados que no residan en Buenos Aires y que no sean requeridos obligatoriamente en ciertas audiencias puedan seguir los procedimientos por medios virtuales, evaluando cada caso de manera particular. La distinción crucial reside en que en las sesiones donde se escuche a testigos, la defensa de los acusados podrá estar representada únicamente por los abogados; pero en las indagatorias —instancias donde se interroga a los imputados sobre los hechos que se les imputan—, la presencia física será inexcusable. Esto significa que Cristina Kirchner deberá concurrir personalmente a la Sala AMIA de Comodreso Py cuando le corresponda ser interrogada, tal como ya lo hizo durante el juicio conocido como "de los cuadernos de las coimas".

Implicancias para los acusados principales

El universo de acusados en estas causas es extenso. Además de la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner, están procesados Lázaro Báez, empresario patagónico cuya trayectoria ha estado vinculada a contratos estatales durante gobiernos kirchneristas; Cristóbal López, quien participó en la audiencia de esta mañana; Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y exdirectiva de Hotesur S.A.; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner que posteriormente se convirtió en arrepentido en otras causas; y una docena más de funcionarios, contadores, escribanos y directivos de las empresas involucradas. El caso investiga presuntas maniobras de lavado de dinero que habrían operado mediante la canalización de fondos provenientes de contratos públicos hacia empresas hoteleras e inmobiliarias vinculadas al círculo cercano de los Kirchner. Específicamente, la investigación sostiene que recursos obtenidos de forma irregular durante obras públicas en la provincia de Santa Cruz fueron derivados posteriormente al patrimonio familiar a través de alquileres de propiedades.

Existen dos tramos diferenciados dentro de estas causas fusionadas. El primero, relacionado con Hotesur, se conecta directamente con la investigación de Vialidad: en esa causa ya fue condenada Cristina Kirchner por irregularidades en la adjudicación de obras públicas, aunque fue absuelta del delito de asociación ilícita. La conexión entre ambas causas es sustancial: Vialidad juzgó cómo se adjudicaron y ejecutaron contratos de obra pública; Hotesur busca demostrar qué sucedió con esos fondos una vez que llegaron a manos de los contratistas. El segundo tramo, Los Sauces, examina operaciones inmobiliarias realizadas por Báez y López mediante alquileres a sociedades controladas por la familia Kirchner. Esta causa estuvo en el tribunal durante años bajo otra composición: el TOF 5 anterior, con los votos de Adrián Grunberg y Daniel Obligado, emitió un sobreseimiento de todos los acusados sin llegar a juzgarlos. No obstante, ese fallo fue revocado por la Sala I de la Cámara de Casación, que mantuvo a los principales imputados en el proceso pero excluyó a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta.

Obstáculos procedimentales y discusiones sobre prueba

Durante la audiencia de esta mañana surgieron diversos puntos de fricción que probablemente se reiterarán a lo largo del debate. El abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, solicitó la exclusión de aproximadamente treinta testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción, argumentando que dicho organismo no posee carácter de parte en el expediente y por lo tanto no tendría legitimidad procesal para ofrecer prueba testifical. Además, Beraldi planteó una cuestión que ha sido controversial en otros juicios orales recientes: que todas las pruebas sean incorporadas mediante declaraciones orales ante el tribunal y no por lectura de testimonios brindados en fases anteriores de la investigación. Esta última posición adquiere particular relevancia considerando que en causas como la de los cuadernos, se han incluido mediante lectura las declaraciones de "arrepentidos" —imputados que decidieron colaborar con la justicia—, lo que las defensas cuestionan sistemáticamente por entender que viola el derecho de contraexaminación. El fiscal Diego Velasco persistió en su solicitud de que se fijara ya una fecha de inicio del debate, pero el tribunal aclaró que aún existen trabajos periciales pendientes de completarse, por lo que no era posible establecer esa fecha de manera inmediata.

Las partes llegaron a un acuerdo sobre un aspecto procedimental: que se lea una versión reducida del requerimiento de elevación a juicio al inicio del proceso, evitando una extensión que pudiera ralentizar los procedimientos. Asimismo, la defensa solicitó una reacomodación de la acusación teniendo en cuenta que Kirchner fue absuelta en Vialidad del delito de asociación ilícita. Esta última petición refleja la estrategia defensiva de limitar el alcance de la imputación basándose en decisiones judiciales previas. Participaron también en la audiencia representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en la causa.

Contexto histórico y antecedentes en la jurisprudencia

La decisión del TOF 5 de privilegiar la presencialidad debe leerse en el marco de debates más amplios sobre la modalidad de los juicios orales en Argentina. Desde la transición democrática, la oralidad ha sido considerada un principio fundamental del sistema acusatorio adoptado por el Código Procesal Penal de la Nación en 1992. Sin embargo, la pandemia introdujo excepciones que persisten: muchos tribunales continuaron utilizando plataformas virtuales para economizar tiempos y recursos. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha vacilado sobre este asunto, permitiendo en ciertos casos la virtualidad parcial o total, aunque siempre bajo condiciones restrictivas. El tribunal que juzga Hotesur-Los Sauces adopta una postura más rigurosa, quizás buscando evitar que se replique lo ocurrido en otros procesos donde la virtualidad prolongó indefinidamente los procedimientos o limitó el contacto directo entre las partes y la prueba testimonial.

Proyecciones y escenarios futuros

Con una agenda de tres sesiones semanales —potencialmente ampliable a fines de semana—, es posible proyectar que el juicio se desarrollará con mayor velocidad que otros de similar complejidad. No obstante, existen variables que podrían modificar este cronograma: la cantidad de testigos a examinar, que en causas de estas dimensiones suele ser numerosa; las presentaciones de prueba documental y pericial; las cuestiones de derecho que el tribunal deba resolver durante el debate; y los inevitables pedidos de prórroga que presentarán las defensas. La ausencia de una fecha de inicio confirma que el proceso todavía atraviesa una fase preparatoria, con trabajos de peritos que deben completarse. Estos análisis técnicos —que típicamente incluyen informes contables, valuaciones inmobiliarias y rastreos de flujos de dinero— resultan centrales en casos que investigan lavado de activos. El tribunal indicó que una vez concluidos estos trabajos, recién entonces se podría convocar a la apertura del debate.

Más allá de los plazos, el juicio Hotesur-Los Sauces representa un episodio significativo en la historia judicial argentina reciente. La causa ha permanecido en tramitación durante más de cinco años, atravesando cambios de integración del tribunal, revocaciones de fallos y debates procedimentales complejos. Su resolución tendrá implicancias que trascenderán el ámbito jurídico estricto: definirá responsabilidades sobre operaciones financieras que involucraron a empresarios del sector construcción, funcionarios públicos y miembros de una familia política central en la historia argentina contemporánea. Los distintos actores institucionales —defensas, fiscalía, querellantes y tribunal— manifestaron durante la audiencia de esta mañana una voluntad aparente de avanzar con celeridad, aunque los intereses subyacentes en un litigio de estas características típicamente generan tensiones entre la búsqueda de rapidez y la garantía de un debido proceso completo. El resultado de Hotesur-Los Sauces probablemente incidirá en cómo se estructuren futuros juicios orales en Argentina, en particular aquellos que involucren figuras políticas y cuestiones de corrupción administrativa.