La estructura de poder que operaba en el organismo encargado de regular el sistema aeroportuario nacional continúa bajo lupa judicial. Hace pocos días, el fiscal federal Ramiro González, responsable de la Fiscalía Federal N°7, impulsó formalmente una acción penal contra funcionarios del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y su antecesor directo en la presidencia. El disparador fue una denuncia presentada en junio de 2026 por la diputada Marcela Pagano, que expone un entramado de presuntas irregularidades administrativas y enriquecimiento patrimonial dentro de la entidad. Lo que hace relevante este proceso es que la pesquisa no solo cuestiona a las autoridades actuales, sino que también busca rastrear continuidades de prácticas cuestionables desde gobiernos anteriores, sugiriendo que ciertos mecanismos de funcionamiento podrían haberse replicado entre organismos distintos durante cambios de gestión.
La investigación arrancó con el objetivo de reconstruir el funcionamiento interno del ORSNA y determinar si existió un sistema de administración irregular de fondos públicos. El fiscal González solicitó un conjunto de medidas probatorias que incluyen la evaluación del patrimonio de los principales involucrados. Específicamente, pidió incorporar informes sobre la situación económica de Facundo Leal, ex presidente del organismo; Noelia Florencia Ruiz, actual presidenta; Lucila Belén Pagani, vicepresidenta, y Facundo Gaitán, designado con funciones de "controller". La iniciativa apunta a contrastar cómo evolucionó el patrimonio de estos funcionarios con las acusaciones que señalan ingresos desproporcionados y manejo cuestionable de recursos del Estado. En paralelo, se requirió al ORSNA la entrega de los legajos personales de los cuatro imputados, con la intención de establecer bajo qué condiciones fueron designados, qué antecedentes profesionales presentaban y cuáles eran las escalas salariales que percibían.
El núcleo de la sospecha: modificaciones administrativas y concentración de poder
Según la presentación ante la justicia, durante la gestión actual se habrían introducido cambios en la estructura administrativa que resultaron en aumentos salariales y en la concentración de funciones estratégicas en manos de un grupo reducido. Esto forma parte de un patrón más amplio que, según la denuncia, no es nuevo en estos espacios de la administración estatal. Los testimonios incorporados al caso sugieren que detrás de las operatorias existiría un mecanismo sistemático de cobro de retornos para habilitar pagos y certificaciones de obra. De acuerdo con lo declarado, el porcentaje exigido rondaría el 10% del valor de cada trámite. En este esquema, las autoridades actuales del organismo tendrían un rol central en las decisiones. Lo que torna especialmente delicado este aspecto es que implicaría no solo desviaciones de dinero público, sino también la captura regulatoria del organismo por parte de actores privados interesados en obtener beneficios contractuales.
Un eje transversal de la investigación se concentra en el manejo de obras financiadas mediante el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), que funciona como uno de los principales instrumentos económicos del sector. La denuncia describe un patrón de concentración de adjudicaciones en un grupo acotado de empresas constructoras: Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones. Para desmenuzar este circuito de contratación, el fiscal González solicitó que el ORSNA informe la totalidad de obras adjudicadas a esas firmas desde enero de 2025. Además, pidió precisar si los procesos licitatorios, las certificaciones de avance y los pagos fueron objeto de observaciones, impugnaciones o denuncias administrativas. El interrogante de fondo es si las licitaciones funcionaron como procesos abiertos y competitivos o si fueron dirigidas a beneficiar a contratistas específicos. En contexto, estas prácticas representarían una distorsión grave de los mecanismos de contratación estatal, generando sobrecostos para el erario público y privilegios para actores privados seleccionados.
La trama institucional: controles y conexiones entre organismos
La pesquisa no se limitó al ORSNA sino que extendió sus alcances hacia organismos de control. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) fueron requeridas para informar si existen auditorías en curso o antecedentes de irregularidades vinculados con las contrataciones bajo análisis. El propósito es determinar si hubo advertencias sobre el sistema de adjudicaciones y si estas derivaron en actuaciones administrativas. Además, la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fueron consultadas respecto a antecedentes, denuncias o actuaciones relacionadas con el ORSNA y las empresas constructoras mencionadas. Esta arquitectura de requerimientos sugiere que los investigadores sospechan que los mecanismos denunciados pudieron haber operado durante un período extenso, potencialmente escapando a los sistemas de control existentes o contando con tolerancia institucional.
Un aspecto particularmente significativo de la investigación es la búsqueda de conexiones entre las prácticas denunciadas en el ORSNA y la gestión que Facundo Leal encabezó en ARSAT, empresa estatal de telecomunicaciones. El fiscal González pidió certificar el objeto procesal de la causa por la que el ex funcionario fue detenido el 27 de mayo de 2026, con el objetivo de determinar si determinados mecanismos de funcionamiento se replicaron en ambos organismos. Entre ellos figura el desplazamiento de gerentes de carrera y su reemplazo por personas vinculadas al círculo de confianza de Leal. La hipótesis central es que estas modificaciones habrían permitido reducir los controles internos y concentrar las decisiones en un grupo reducido de funcionarios. La aparición de Facundo Gaitán en el ORSNA como "controller" quedó también bajo análisis. Los investigadores intentan establecer cuál era el alcance real de sus funciones y si su designación respondía a una necesidad técnica o si se trataba de un cargo creado para supervisar políticamente las áreas operativas y asegurar el funcionamiento del sistema denunciado.
Las implicancias de esta investigación trascienden el caso específico del ORSNA. Si las acusaciones se confirman, revelarían patrones de captura estatal en organismos clave de la administración pública, donde decisiones supuestamente técnicas o administrativas fueron subordinadas a intereses privados mediante mecanismos de coerción y corrupción. La estructura descrita en la denuncia—desplazamiento de personal independiente, concentración de poder en círculos cerrados, presión sobre contratistas para financiar operaciones—constituiría una amenaza sistémica a la integridad institucional. Sin embargo, también es pertinente señalar que la investigación se encuentra en estadios iniciales y que los hallazgos deberán ser contrastados con pruebas documentales y testimoniales. Las distintas perspectivas sobre este proceso varían según el enfoque: desde quienes ven en ello un avance en la lucha contra la corrupción administrativa hasta quienes advierten sobre la necesidad de esclarecer los alcances reales de las presuntas irregularidades antes de extraer conclusiones definitivas. Lo cierto es que el desarrollo de esta causa aportará información valiosa sobre el funcionamiento real de mecanismos de control en la administración estatal y sobre la efectividad de las instituciones judiciales para investigar y procesar casos de presunta corrupción en organismos descentralizados.
