Un cálculo que no cierra para el oficialismo
La administración de Axel Kicillof se propuso recuperar un mecanismo que durante años permitió a los jefes comunales bonaerenses perpetuarse en sus cargos sin restricción alguna. Sin embargo, antes de que el proyecto pueda siquiera trasladarse a los escritorios de los legisladores, los números exhiben un escenario desalentador para quienes impulsan esta modificación. En la Cámara de Diputados, donde se necesitan 47 votos para aprobar una iniciativa de este calibre, el gobierno apenas puede contar con 29 apoyos confirmados. Eso significa que al proyecto le faltan casi dos decenas de voluntades legislativas para siquiera comenzar a tramitarse. En el Senado provincial, la brecha es igualmente insalvable: se requieren 23 votos y solo existen 21 disponibles dentro del peronismo que gobierna la provincia. Los números no mienten, y las negociaciones que podrían cerrar esas brechas parecen todavía lejanas.
Lo que resulta particularmente complejo para la administración provincial es que la oposición ha cerrado filas alrededor de un consenso claro: no quieren volver a un régimen sin límites de mandatos consecutivos para los intendentes. Este posicionamiento, lejos de ser un capricho de la minoría legislativa, responde a un antecedente histórico que marcó profundamente la política bonaerense. Hace casi una década, cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia con el respaldo de la alianza macrista, se impulsó y aprobó una ley que justamente prohibía los mandatos indefinidos, limitándolos a dos períodos consecutivos. Esa decisión no fue casual: respondía a un diagnóstico sobre cómo ciertos intendentes habían consolidado máquinas políticas locales prácticamente inexpugnables gracias a la reelección sin frenos. El massismo, liderado por Sergio Massa, fue uno de los actores clave que respaldó esa reforma electoral hace años, y hoy mantiene esa posición con firmeza.
Bloques fragmentados y negociaciones complejas
Dentro del propio peronismo bonaerense, la iniciativa del gobernador no encuentra el consenso que podría esperarse de una fuerza política que controla la administración provincial. De los 39 diputados peronistas, apenas 29 estarían dispuestos a acompañar la reelección indefinida de intendentes. Los restantes 10 pertenecen al Frente Renovador, la estructura que el massismo mantiene dentro del bloque justicialista, y se niegan categóricamente a respaldar el proyecto. Esta fractura interna en la bancada mayoritaria revela tensiones profundas sobre cómo debe funcionar el sistema político local y qué tipo de concentración de poder se considera saludable para la democracia provincial.
La oposición, por su parte, presenta un frente relativamente unificado, aunque no monolítico. La Libertad Avanza y Pro son los bloques opositores más numerosos en Diputados, con 20 y 11 legisladores respectivamente, y ambos han expresado públicamente su rechazo. El bloque Unión y Libertad, liderado por Martín Rozas en la Cámara baja, presenta una postura menos definida, inclinándose hacia el "no", aunque sin cerrar completamente la puerta a eventuales negociaciones. Lo interesante es que este mismo sector había votado a favor de rehabilitar la reelección indefinida para legisladores provinciales en el Senado hace poco tiempo, lo que sugiere que sus criterios no son uniformes según el nivel de gobierno. Los radicales, la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios (Nuevos Aires, Hechos, Izquierda Socialista) también se oponen, aunque algunos de ellos manifiestan predisposición al debate si el tema se inserta dentro de una reforma electoral integral que incluya cuestiones como la boleta única de papel o la reglamentación de las PASO.
En el Senado bonaerense, la configuración es similar pero con matices distintos. El bloque justicialista, bajo la conducción de Sergio Berni, reúne 21 de los 42 senadores totales. De esos 21, los tres que responden al massismo no acompañarían la iniciativa. Los bloques opositores (La Libertad Avanza con 10 senadores, Pro con 5, Unión y Libertad con 3, Hechos con 3 y la UCR como monobloque) suman más de 22 legisladores en conjunto, formando una coalición de hecho contra el proyecto. Esto deja a Kicillof tres senadores faltantes para poder aprobar cualquier modificación.
Discursos oficiales y realidades parlamentarias que chocan
Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia, reforzó públicamente el apoyo del ejecutivo bonaerense a la reelección indefinida de intendentes hace poco tiempo. En sus declaraciones, llegó a afirmar que "todos los sectores políticos" de la provincia están a favor de esta medida. Esa aseveración contrasta de manera evidente con lo que se puede verificar en los hemiciclos de la Legislatura. Los legisladores que responden a intendentes opositores al gobierno provincial, lejos de estar alineados con la iniciativa oficial, se perfilan como sus opositores más decididos. La distancia entre lo que dice el gobierno y lo que efectivamente existe en términos de voluntades legislativas sugiere que el ejecutivo provincial podría estar sobrestimando su capacidad de persuasión o desconociendo las lealtades políticas que prevalecen en ciertos bloques.
Paralela a estas dificultades evidentes, han comenzado a circular especulaciones sobre otras vías a través de las cuales podría colarse la reelección indefinida sin que sea necesario votarla de manera directa. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, ha impulsado un proyecto de autonomía municipal que permitiría que cada municipio conforme una convención constituyente local para definir su propio régimen electoral. Si bien Echarren negó públicamente que su iniciativa busque introducir la reelección indefinida en Castelli, sus adversarios políticos locales ven con suspicacia esta propuesta, considerando que podría servir de caballo de Troya para restaurar mandatos sin límite a nivel municipal. Este tipo de estrategias alternas indica que el oficialismo no ha abandonado su objetivo, sino que busca caminos laterales para alcanzarlo.
Desde el punto de vista histórico, la reelección indefinida de autoridades locales fue durante décadas un rasgo distintivo de la política bonaerense. Permitió que ciertos intendentes construyeran estructuras políticas prácticamente hereditarias, con poder suficiente para negociar desde posiciones de fortaleza incluso con gobernadores. La reforma que limitó los mandatos a dos períodos consecutivos fue presentada como un mecanismo de democratización, tendiente a renovar cuadros y evitar la cristalización de poder en pocas manos. Ahora, con Kicillof intentando revertir esa limitación, resurgen debates sobre qué sistema es más funcional para la provincia: uno que concentra poder en intendentes fuertes o uno que genera mayor circulación de liderazgos locales.
Perspectivas hacia adelante en un escenario de estancamiento
A medida que transcurre 2025 sin que el proyecto llegue a ninguno de las dos cámaras de la Legislatura, la posibilidad de que se vote en los próximos meses dependerá de movimientos políticos que aún no se han producido. Las negociaciones puntuales podrían abrir brechas en algunos de los bloques que hoy se oponen: los radicales y la Coalición Cívica dejaron entrever que estarían dispuestos a conversar si la reelección de intendentes se discute junto con otras reformas electorales amplias. Nuevos Aires también expresó interés en que cualquier cambio electoral se realice en años no electorales, lo que podría interpretarse como una apertura condicional. Sin embargo, cerrar estas negociaciones requeriría que el oficialismo haga concesiones significativas en materia de reforma electoral integral, algo que podría no resultarle atractivo si considera que otros temas electorales tienen menor prioridad.
Por otra parte, la cuestión de cómo distintos sectores políticos interpretan y valoran la reelección indefinida según el nivel de gobierno (legisladores versus intendentes) abre interrogantes sobre los principios subyacentes a estas posiciones. Algunos legisladores han votado a favor de permitir que diputados y concejales se reelijan indefinidamente, pero se oponen a que los intendentes tengan la misma prerrogativa. Esto sugiere que el debate no es puramente ideológico sino que responde a cálculos sobre dónde radica el poder más peligroso si se deja sin límites, o dónde es más conveniente concentrarlo según la estructura política de cada actor. El año pasado, un proyecto kirchnerista que permitía la reelección indefinida solo para legisladores obtuvo media sanción en el Senado pero no avanzó en Diputados, lo que refleja dinámicas complejas entre diferentes fracciones del peronismo y sus visiones sobre la distribución del poder político.
Lo que resulta previsible es que, en los próximos meses, el gobierno bonaerense deberá elegir entre invertir capital político en buscar los votos faltantes mediante negociaciones transversales (algo que le exigiría concesiones en otras áreas de política electoral) o bien desistir del proyecto y canalizar energías hacia otras prioridades. También existe la posibilidad de que la iniciativa se mantenga en estado latente, apareciendo ocasionalmente en declaraciones oficiales pero sin avances concretos en la Legislatura. Cada uno de estos escenarios tendría implicaciones distintas: una negociación exitosa podría significar cambios más amplios en el sistema electoral provincial; un abandono del proyecto reflejaría prioridades cambiantes en la agenda gubernamental; mientras que el estancamiento perpetuaría la indefinición y mantendría la tensión entre sectores que ven en la reelección indefinida una amenaza democrática y quienes la consideran un mecanismo legítimo de continuidad administrativa.
