La administración nacional acelera su agenda legislativa con un cronograma ambicioso que pivotea alrededor de cuatro iniciativas que buscan despachar en la sesión plenaria de Diputados programada para el 26 de agosto. Según información de fuentes cercanas al Ejecutivo, la Casa Rosada confía en contar con los apoyos suficientes para lograr aprobación en primera lectura de propuestas que el Presidente considera estructurales para su proyecto de gobierno. Esta concentración de esfuerzos parlamentarios responde a una estrategia deliberada de ordenamiento legislativo que busca evitar la dispersión de recursos políticos y reducir el número de frentes abiertos simultáneamente en ambas cámaras.
Los cuatro expedientes que encabezan la sesión del 26 de agosto son de distinta naturaleza pero comparten una característica común: ya cuentan con dictamen favorable en comisión. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se posiciona como la iniciativa insignia del paquete. Este proyecto apunta a reformular el mandato institucional del organismo monetario para colocar la preservación del valor de la moneda como objetivo central, eliminar el financiamiento discrecional del Tesoro Nacional y aumentar los requisitos para destituir a las autoridades que lo conducen. Para el oficialismo, este cambio normativo representa un paso fundamental en su arquitectura de estabilización económica. En paralelo, la reforma a la Ley de Incocencia Fiscal también ocupará un lugar de relevancia. Este proyecto sufrió modificaciones durante su tratamiento en comisión tras negociaciones con los aliados legislativos, incorporando la exclusión temporal de funcionarios y exfuncionarios del régimen simplificado de beneficios tributarios, así como una reducción de sanciones para pequeñas y medianas empresas que busquen acogerse a sus disposiciones.
Dos acuerdos comerciales que cierran trámites pendientes
Los otros dos proyectos que se debatirán en la misma sesión responden a la lógica de cerrar procesos iniciados con anterioridad. La adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ya fue aprobado por el Senado hace más de dos décadas, en 1998, pero requiere aún del aval de la Cámara baja. Este expediente obtuvo dictamen de mayoría en Diputados durante el mes de mayo, por lo que su aprobación en el recinto es considerada prácticamente segura por las autoridades del Ejecutivo. El segundo acuerdo comercial refiere al tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, que fue suscripto por los países miembros del bloque regional en diciembre de 2023. El Senado dio su consentimiento el 14 de mayo de este año con un resultado contundente: 65 votos afirmativos, cero negativos y cero abstenciones. Su ratificación en la Cámara baja completaría el trámite parlamentario y habilitaría su entrada en vigencia. Ambos expedientes forman parte de la estrategia de apertura comercial que impulsa el Ejecutivo nacional como componente de su política económica de mediano plazo.
La iniciativa sobre Propiedad Privada, que llegó desde el Senado luego de que se cayeran los capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego, no será incluida en la sesión del 26 de agosto. La Casa Rosada decidió postergar su tratamiento de manera deliberada, buscando separar esa discusión del núcleo de prioridades económicas que considera más urgentes. Esta decisión responde a los conflictos políticos internos que generó durante su tratamiento anterior: la iniciativa provocó una movilización social de considerable magnitud y generó una conversación negativa sostenida en las redes sociales. El Ejecutivo busca evitar que ese tipo de fricción vuelva a distraer atención de sus propósitos inmediatos ni contamine el clima de negociación en torno a los temas que considera fundamentales.
Una estrategia de paralelismo entre cámaras
La ofensiva legislativa no se detiene en Diputados. El Ejecutivo tiene previsto que el Senado también sesione durante la misma semana del 26 de agosto con una agenda complementaria. En esa oportunidad, la Cámara alta trataría una tanda de pliegos judiciales y la llamada Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción de Diputados y aprobación en comisión en el Senado. Entre los acuerdos judiciales que la Casa Rosada considera prioritarios se encuentran las designaciones para la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires. Los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola avanzaron en la Comisión de Acuerdos con vistas a integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Estas designaciones responden a una estrategia de configuración del poder judicial que forma parte de los objetivos institucionales del Ejecutivo.
Una vez que las reformas al Banco Central e Inocencia Fiscal obtengan media sanción en Diputados, el Ejecutivo ha ordenado al Senado que acelere su procesamiento para evitar nuevamente acumulaciones de proyectos en la Cámara alta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ejerce liderazgo en el bloque de senadores afines al Ejecutivo, fue instruida para ordenar las votaciones por orden de prioridad y preparar el terreno institucional para recibir estos expedientes una vez que bajen de Diputados. Antes, sin embargo, la Cámara alta debe concretar el tratamiento del llamado Súper RIGI, que ya tiene media sanción en Diputados y continúa bajo discusión en las comisiones senatoriales. Este régimen de incentivos apunta a atraer inversiones superiores a mil millones de dólares en nuevas industrias y actividades que el Gobierno califica como estratégicas. El oficialismo aún debe cerrar diferencias con bloques considerados dialoguistas antes de llevarlo al recinto para votación.
La agenda de septiembre sumará otra iniciativa de importancia institucional: la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo asegura estar cerca de alcanzar los votos necesarios en el Senado para darle media sanción durante ese mes. Para fortalecer esa mayoría, acelera negociaciones con la bancada del PRO, con la Unión Cívica Radical y con sectores provinciales que históricamente se han mostrado escépticos respecto a los regímenes de elecciones primarias. Esta secuencia cronológica refleja una priorización deliberada: primero, el cierre de reformas económicas e institucionales; posteriormente, la reconfiguración del sistema electoral.
El reordenamiento legislativo ocurre en un contexto de tensiones internas que el Ejecutivo busca contener. Las fricciones entre la ministra Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se profundizaron durante la discusión del proyecto de Propiedad Privada y reaparecieron alrededor de otras iniciativas de desregulación. Paralelamente, la jefa del bloque libertario en Diputados mantiene diferencias con Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem respecto a la estrategia legislativa y el manejo de las relaciones con los bloques aliados. La Casa Rosada ha instruido a sus operadores que estas diferencias no vuelvan a interferir en el conteo de votos ni alteren la secuencia parlamentaria acordada. El Presidente trasladó a Bullrich su objetivo de concentrar la actividad del Senado exclusivamente en iniciativas que considera estructurales, mientras que la mesa política comenzó a revisar cada proyecto con mayor detalle antes de autorizar su tratamiento legislativo.
El Presupuesto Nacional, que inicialmente estaba previsto para debatirse durante el segundo semestre, queda por ahora fuera del primer nivel de prioridades legislativas del Ejecutivo. La Casa Rosada sostiene que su enfoque inmediato es cerrar las reformas económicas, institucionales y electorales que considera fundamentales antes de abrir la discusión presupuestaria. Este ordenamiento de tiempos responde a un cálculo político que considera más viable obtener aprobación de estos proyectos estructurales con la configuración actual de alianzas parlamentarias que la que podría existir una vez que comience la campaña electoral de 2025. Las consecuencias de este reordenamiento son múltiples: por un lado, permite que el Ejecutivo concentre su capital político en iniciativas que considera transformadoras; por otro, posterga debates sobre financiamiento estatal que podrían complicar alianzas legislativas en el corto plazo. Desde distintas perspectivas, esta estrategia puede ser interpretada como un ejercicio pragmático de gestión de recursos parlamentarios, como una compresión de la agenda democrática o como un posicionamiento estratégico antes de la próxima competencia electoral.
