La salud pública en la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación que los responsables políticos calificaron como crítica durante las últimas horas. En La Plata, el gobernador Axel Kicillof convocó a más de sesenta intendentes para analizar un panorama que se agrava con cada mes que transcurre. Las cifras que circulan en los despachos provinciales hablan de aumentos sostenidos en indicadores de mortalidad y de una presión cada vez mayor sobre la infraestructura hospitalaria pública. Lo que sucede en Buenos Aires no es un fenómeno aislado: forma parte de un debate nacional sobre cómo se financian y se gestionan los servicios de salud en el país, un debate que el próximo día llevará a trabajadores y sindicalistas a marchar hasta las puertas del ministerio de Salud nacional.
El diagnóstico provincial: números que expresan una tendencia
Dentro del recinto donde se congregaron los alcaldes bonaerenses, circularon cifras específicas sobre el estado del sistema sanitario. Los datos que maneja el gobierno provincial indican que la mortalidad infantil subió un 6,25 por ciento, mientras que la mortalidad materna registró un incremento del 37 por ciento. A estos números se suma el aumento de la demanda en hospitales públicos del 80 por ciento. Estos indicadores no son números abstractos: representan historias de familias que encuentran dificultades para acceder a atención médica, pacientes que esperan turnos en salas colmadas, recursos humanos y materiales sometidos a presión extrema. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, profundizó en el análisis durante la reunión, destacando particularmente la crisis en materia de vacunación. Según su perspectiva, la cantidad de dosis disponibles cayó de 50 millones a 36 millones, lo que representa una merma significativa en los programas de inmunización que durante años posicionaron a Argentina como referencia internacional en la materia.
El gobernador bonaerense no fue neutral en su caracterización de la situación. Utilizó términos contundentes para describir lo que ocurre, señalando la existencia de una "catástrofe sanitaria" que se entrelaza con crisis alimentaria y social más amplias. En su intervención ante los intendentes, Kicillof enfatizó que el sistema de salud bonaerense enfrenta obstáculos múltiples: desde la desregulación de costos de tratamientos hasta la caída de los ingresos en la población, factores que generan un círculo de deterioro difícil de revertir. La provincia, según su diagnóstico, carga con responsabilidades crecientes mientras ve reducidos sus recursos financieros.
Las responsabilidades que cada nivel estatal reclama para sí
Uno de los ejes de la reunión fue precisamente la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Kicillof señaló que la provincia de Buenos Aires sostiene servicios que la Nación recorta, mientras enfrenta recortes en coparticipación y debe lidiar con una deuda que el gobierno nacional mantiene sin resolver. El gobernador cuantificó este reclamo: la Nación adeuda a la provincia más de 24,6 billones de pesos, una cifra que equivaldría, según sus cálculos, a dos presupuestos anuales completos destinados al área de salud. Esto significa que, de contar con esos fondos, se podrían financiar operaciones, medicamentos, sueldos y mantenimiento de instalaciones por todo un tiempo considerable.
Pero los intendentes radicales que asistieron al encuentro en La Plata presentaron un análisis que, si bien reconocía la gravedad de la situación, agregaba capas adicionales de complejidad al cuadro. Los alcaldes de la Unión Cívica Radical que participaron —entre ellos representantes de localidades como Tandil, General Viamonte, General Lamadrid, Lezama, Magdalena, Saladillo y Rojas— expresaron que los municipios están sosteniendo de manera cada vez más solitaria una demanda creciente sobre hospitales locales. Su declaración enfatizó que el problema no residía únicamente en decisiones del gobierno nacional, sino también en la coordinación deficiente entre los distintos niveles. Los radicales destacaron el "retiro o debilitamiento de programas nacionales vinculados a medicamentos, vacunación, prevención y financiamiento", lo que trasladaba responsabilidades y costos hacia las provincias y municipios. Sin embargo, en lugar de alinearse completamente con Kicillof, los intendentes radicales plantearon que la solución requería "responsabilidad institucional de todos los niveles del Estado" e incorporaron a su agenda un tema que consideraban postergado: el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), una institución crucial para la cobertura de cientos de miles de trabajadores y jubilados bonaerenses.
La política interna como trasfondo de la convocatoria
Detrás de la reunión de La Plata subyacen tensiones políticas internas que marcan el comportamiento de los distintos actores. El gobernador intentaba proyectarse como un líder capaz de convocar a diversos sectores frente a lo que percibe como una amenaza común: las políticas de salud del gobierno nacional. Sin embargo, su apuesta a una imagen de "escudo provincial" que protege a todos los bonaerenses no obtuvo respaldo sin condicionamientos. Los intendentes de La Libertad Avanza, los dos únicos de ese espacio político que existen en la provincia, decidieron no asistir, interpretando correctamente que el evento estaba dirigido a expresar crítica hacia el presidente nacional. Por el lado peronista, la composición del encuentro reflejaba la fragmentación que caracteriza a ese espacio: participaron alcaldes del Movimiento Derecho al Futuro (alrededor de 45), intendentes del Frente Renovador, autoridades alineadas con el peronismo federal, y otros más. La ausencia más notoria fue la del presidente del foro de intendentes radicales, Maximiliano Suescun, quien no asistió al evento.
La interna peronista mantiene su pulso sin tregua. Mientras Kicillof buscaba construir una imagen de liderazgo provincial unificado, carteles que promovían la candidatura del gobernador fueron modificados en las inmediaciones de la sede donde se encuentra detenida Cristina Kirchner. Los carteles originales, con la consigna "Axel o Milei", fueron "escrachados" —en términos locales, intervenidos y cubiertos— con la frase "Cristina Libre" pintada en rosa. Este episodio, ocurrido menos de 24 horas después de la colocación de los afiches originales, simboliza la persistencia de divisiones dentro del peronismo bonaerense. El gobernador no abordó estos temas internos durante su discurso ante los intendentes, manteniéndose enfocado en la cuestión de salud y evitando referencias explícitas a su candidatura o a los conflictos sectoriales.
Perspectivas divergentes sobre cómo resolver la crisis
Durante la reunión se abordaron temas concretos que reflejan los distintos aspectos de la crisis sanitaria. La interrupción de programas que durante años funcionaron con financiamiento nacional, la imposibilidad de acceder a medicamentos básicos, la falta de vacunas y la ausencia de equipamiento médico actualizado fueron mencionados reiteradamente. Un intendente peronista, en una confesión que circuló entre los asistentes, expresó su motivación real para asistir: necesitaba gestionar una ambulancia para su municipio, una realidad que sintetiza la urgencia cotidiana que enfrentan los gobiernos locales. Kreplak, al hablar del problema de vacunación, remarcó que el país había pasado de ser un modelo internacional a una situación opuesta, una evaluación que busca destacar la magnitud del cambio registrado.
Las propuestas que emergieron de la reunión no fueron uniformes. Mientras Kicillof enfatizaba que la provincia "adherirá a la marcha federal por el acceso a la salud", posicionándose como un actor que apoya las demandas de sindicatos y trabajadores, los radicales presentaban un marco diferente: en lugar de oposición binaria al gobierno nacional, planteaban la necesidad de "diálogo, coordinación y capacidad de gestión" entre los distintos niveles. Esta diferencia de enfoque sugiere lecturas distintas sobre cómo debería procesarse la crisis: una que subraya la responsabilidad casi exclusiva del gobierno nacional y otra que distribuye la responsabilidad de forma más equilibrada, aunque reconociendo el impacto desproporcionado de las decisiones nacionales.
Implicancias de la crisis sanitaria provincial para el futuro político
La convocatoria de Kicillof y el contexto en el que ocurrió plantean interrogantes sobre múltiples planos. En términos sanitarios, la persistencia de deterioro en indicadores de mortalidad infantil y materna, junto con el aumento de presión sobre hospitales, sugiere que sin cambios en la disponibilidad de recursos, el sistema continuará bajo estrés creciente. Los municipios, lugares donde se expresan estas crisis de forma más inmediata y con mayor impacto en la población, enfrentan la necesidad de resolver problemas para los cuales no siempre poseen herramientas financieras o regulatorias suficientes. Desde la perspectiva de los trabajadores del sector —que marcharan al día siguiente en Buenos Aires— la reunión de La Plata representó un reconocimiento oficial de que sus demandas reflejan problemas reales que alcanzan niveles altos de la administración. Desde la óptica política, el evento funcionó como un escenario de medición de fuerzas dentro del peronismo y de búsqueda de Kicillof por proyectarse como figura capaz de liderar frente a adversidades. La participación condicionada de radicales y su énfasis en criticar también la gestión provincial de IOMA abrió espacios para interpretaciones distintas del problema. Para los gobiernos locales, independientemente de su color político, la realidad cotidiana sigue siendo la de administrar demanda creciente con recursos decrecientes, una ecuación que sin equilibrio se mantiene irresolvible. Los próximos meses determinarán si las medidas que provengan de los distintos niveles logran revertir estas tendencias o si los indicadores continúan su trayectoria ascendente, profundizando la crisis que convocó a La Plata esta semana.
