La construcción de una fuerza política con alcance nacional requiere más que buenas intenciones y discursos desde una provincia, por más importante que sea Buenos Aires en el mapa electoral del país. Con esa premisa en mente, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ha decidido intensificar una estrategia de expansión territorial que busca trascender los límites administrativos de su provincia y sembrar las bases de lo que podría convertirse en una alternativa política de peso para el próximo ciclo electoral. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ha comenzado a desplegar actividades en distintos puntos del país, aprovechando los meses previos a 2026 para no solo organizar estructuras, sino también para escuchar, dialogar y construir desde las particularidades de cada territorio.
Lo que está ocurriendo en estos días no es una simple reproducción del esquema bonaerense en otras provincias. Según explicaciones surgidas del círculo cercano al mandatario, la idea central es que el MDF funcione como una plataforma abierta, flexible y dispuesta a incorporar diversas sensibilidades políticas. En ese sentido, la presencia de ministros provinciales como Jorge Ferraresi, figuras como Andrés "Cuervo" Larroque y diputados nacionales como Daniel Gollan en diferentes puntos del territorio nacional obedece a un cronograma que se espera continúe durante los próximos meses. Las recorridas no se agotan en actos masivos o declaraciones políticas, sino que contemplan encuentros de carácter más íntimo con dirigentes locales y ciudadanos, buscando generar un diagnóstico de las necesidades y demandas específicas de cada región.
Un modelo sin franquicias: descentralización como estrategia
Uno de los aspectos más relevantes de este despliegue es la insistencia en que no se trata de una estructura monolítica o centralizada. Quienes rodean al gobernador enfatizan que el MDF no funciona como una franquicia donde existe un único representante por provincia o una cúpula que dictamina los pasos a seguir. Esta característica cobra importancia en un contexto donde las realidades políticas provinciales son profundamente distintas entre sí. Mendoza, Chubut, la región cuyana y otras jurisdicciones tienen sus propias dinámicas, sus propios actores relevantes y sus propias prioridades. El modelo que plantea Kicillof apunta a que sea el propio territorio quien marque el ritmo y la dirección de la organización política local, siempre bajo el paraguas del movimiento nacional pero con autonomía en su desarrollo.
En paralelo a estas incursiones por el interior, el espacio mantiene una agenda interna en la provincia de Buenos Aires que es igualmente ambiciosa. Se encuentran en curso plenarios por sección electoral con el objetivo de completar al menos uno en cada circunscripción antes de septiembre. Estas instancias de participación representan un esfuerzo por democratizar la toma de decisiones y permitir que la base política tenga incidencia en la construcción del proyecto. Una vez que se completen los plenarios sectoriales, el plan contempla una asamblea general que unifique los diagnósticos y las propuestas surgidas de cada rincón de la provincia. Esta metodología horizontal contrasta con estructuras más tradicionales donde las decisiones descienden desde la cúpula hacia la base.
2026 como año de construcción, no de candidaturas
Hay un énfasis deliberado en los círculos de Kicillof respecto a que 2026 debe ser fundamentalmente un año de construcción política y no de definiciones de candidatos. Esta perspectiva temporal es significativa porque marca una diferencia respecto a cómo históricamente se han planteado los períodos preelectorales en Argentina. En lugar de apresurarse a proclamar nombres o definir fórmulas, la estrategia privilegia el fortalecimiento de estructuras, la ampliación de la base de participación y la elaboración de propuestas que sean resultado de un diálogo genuino con territorios y sectores diversos. Las actividades que se desarrollan en estos meses funcionan, entonces, como una primera etapa de largo aliento donde lo central es conocer, conectar y consolidar vínculos que trasciendan los ciclos electorales inmediatos.
Complementando este esfuerzo territorial se encuentra el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CEDAF), un ámbito desde el cual el kicillofismo busca ampliar la discusión política sobre cuestiones de fondo relacionadas con la economía, la política social y el modelo de desarrollo. Se prepara un encuentro de mayor envergadura que permita convocar a intelectuales, especialistas y dirigentes para debatir sobre la situación del país y las alternativas posibles. Esta dimensión del trabajo no es secundaria: mientras se construye la estructura partidaria, también se trabaja en la producción de ideas y diagnósticos que sustenten una propuesta de gobierno para cuando llegue el momento.
La apuesta política de fondo es clara aunque se evite formularla con nombres propios: existe la intención de ofrecer una alternativa al modelo de gobierno que implementa Javier Milei. Según las explicaciones del entorno kicillofista, se trata de edificar una opción que los ciudadanos encuentren atractiva para modificar la actual orientación económica, política y social del país. Para ello, resulta fundamental que esa alternativa sea percibida no como un proyecto de una sola provincia o de un grupo acotado de dirigentes, sino como una propuesta que surge de múltiples territorios y que representa diversas sensibilidades. Las recorridas por Mendoza, Chubut, Viedma y otros puntos del mapa nacional responden a esta lógica: cada encuentro es una oportunidad para incorporar voces locales, para que actores provinciales sientan que el proyecto es suyo y no una imposición desde Buenos Aires.
Los próximos meses dirán si esta estrategia de construcción horizontal y federalizada logra consolidarse como una alternativa política viable de alcance nacional. El desafío no es menor: requiere mantener la cohesión de un movimiento cuyos integrantes operan en contextos muy diversos, sin caer en estructuras cerradas que reproduzcan los defectos de organizaciones tradicionales. También implica la compleja tarea de traducir energía política local en una propuesta coherente a nivel nacional que sea capaz de interpelar a distintos sectores. Distintos observadores políticos evaluarán esta iniciativa desde perspectivas contrapuestas: algunos verán en ella un esfuerzo legítimo de construcción federalizada y democrática, mientras que otros podrán cuestionar si la apertura del movimiento no diluye su identidad o si el énfasis en la construcción no termina postergando definiciones necesarias. Lo cierto es que el movimiento ingresa en una etapa de prueba donde las acciones de los próximos meses serán determinantes para evaluar su viabilidad como proyecto político de envergadura nacional.



