Mientras el mapa político nacional se redefine con cada movimiento de los principales jugadores del tablero, en la provincia de Buenos Aires germina una discusión que podría alterar profundamente la dinámica de las contiendas locales durante los próximos años. El gobernador Axel Kicillof respalda un proyecto para eliminar la barrera legal que impide que los intendentes se reelijan indefinidamente, una iniciativa que trasciende las consideraciones meramente institucionales y se enraíza en cálculos electorales de mediano plazo. La relevancia del asunto radica en que, de prosperar, permitiría que decenas de alcaldes que hoy están condenados a abandonar sus cargos permanezcan en la contienda electoral, rediseñando los equilibrios políticos territoriales en una provincia que concentra casi el 40% de la población nacional.

La norma que actualmente prohíbe las reelecciones indefinidas de jefes comunales fue sancionada en 2016 durante la administración de María Eugenia Vidal, en un contexto donde el debate sobre los límites constitucionales a la permanencia en el poder ocupaba un lugar central en la agenda pública. Aquella reforma establecía que los alcaldes podían ser reelectos una sola vez de manera consecutiva, cerrando así la puerta a lo que durante décadas fue práctica común en municipios argentinos: la continuidad indefinida de autoridades locales. Hoy, casi una década después, ese límite afecta a aproximadamente 80 de los 135 intendentes de la provincia, entre los cuales figuran nombres de peso tanto en el oficialismo como en la oposición.

Los números detrás de la estrategia política

El desglose de esta cifra global revela la verdadera envergadura del cálculo político en juego. De esos 80 alcaldes impedidos de continuar bajo la ley vigente, 53 pertenecen a Unión por la Patria, la coalición que respalda a Kicillof, mientras que 27 están afiliados a la Unión Cívica Radical o responden a listas vecinales. Este dato no es menor: el gobernador bonaerense busca que aquellos intendentes identificados con su espacio político puedan mantenerse en sus territorios, consolidando su influencia territorial de cara a los comicios presidenciales de 2027. Pero además, Kicillof mantiene relaciones fluidas con buena parte del radicalismo local, especialmente con aquellos dirigentes que adoptan un perfil menos confrontacional que el que exhibe el gobierno nacional. La derogación de la ley podría beneficiar también a estos últimos, mejorando la relación con sectores que podrían resultar aliados estratégicos en futuras negociaciones electorales.

Entre los peronistas que quedarían sin posibilidad de continuar si se mantiene el estado actual de las cosas figuran Mario Secco en Ensenada, Julio Alak en La Plata, Jorge Ferraresi en Avellaneda y Fernando Espinoza en La Matanza. Varios de estos nombres no son secundarios en la estructura política bonaerense: algunos de ellos rondan la idea de integrarse a la fórmula que enfrente las elecciones para la gobernación en caso de que Kicillof avance hacia su candidatura presidencial. Permitirles seguir en sus municipios no solo aseguraría sus bases territoriales, sino que también les permitiría construir desde allí plataformas de lanzamiento para ambiciones políticas mayores. Del lado radical, la situación es similar: alcaldes como Miguel Lunghi en Tandil, quien completa su séptimo mandato consecutivo desde 2003, enfrentan la posibilidad de una jubilación política forzada. Para estos dirigentes, la derogación de la ley representa una tabla de salvación.

El proyecto legislativo y sus perspectivas de aprobación

La iniciativa que Kicillof respalda fue presentada formalmente por la senadora Ayelén Durán, una legisladora con trayectoria en La Cámpora que posteriormente gravitó hacia el Movimiento Derecho al Futuro. El proyecto apunta directamente al núcleo de la prohibición vigente: busca derogar los artículos uno y seis de la Ley 14.836, que es el instrumento legal que estabelece el techo de una única reelección para los jefes comunales. A su vez, la propuesta extiende esta derogación a los concejales, ampliando así el alcance de las potenciales transformaciones institucionales. Los argumentos esgrimidos por los promotores de la medida giran en torno a principios republicanos: el derecho del electorado a elegir libremente a quiénes considera capacitados para gobernar sus territorios sin que restricciones legales cercenen esa autonomía de decisión. Desde esta perspectiva, imponer límites a las candidaturas equivale a coartar opciones electorales genuinas.

La ruta legislativa por la cual avanzará el proyecto presenta particularidades que convienen analizar. En el Senado provincial, donde el peronismo posee 24 de los 46 escaños, la derogación de la ley cuenta con perspectivas concretas de aprobación. Allí, el oficialismo dispone de la mayoría necesaria para sancionar cualquier iniciativa sin depender de voluntades ajenas. En la Cámara de Diputados, en tanto, la situación es más compleja pero no descartable. El cálculo que realiza el oficialismo anticipa que el voto favorable de varios legisladores radicales podría garantizar la sanción final, toda vez que buena parte del radicalismo tiene interés directo en la derogación: sus propios alcaldes se verían beneficiados por la medida. Sin embargo, La Libertad Avanza, con alrededor de 20 diputados en la Cámara baja y apenas dos intendentes en toda la provincia, ha expresado su rechazo a la iniciativa. El oficialismo nacional no tiene incentivos para permitir que se fortalezca la capacidad de permanencia de dirigentes bonaerenses, particularmente cuando muchos de ellos responden a Kicillof o mantienen relaciones complejas con Javier Milei.

La discusión sobre reelecciones indefinidas se inserta en un contexto más amplio de reformas electorales que están en el horizonte legislativo bonaerense. Tanto en el Senado como en Diputados funcionan comisiones de reforma política que están mapeando el terreno para la renovación electoral del próximo año. En esas mismas mesas también podrían debatirse cuestiones como la permanencia o eliminación de las PASO, su carácter obligatorio u optativo, o incluso la adopción de mecanismos como la Boleta Única Papel, que en Buenos Aires aún no cuenta con legitimación institucional. A nivel nacional, el gobierno de Milei ha expresado su intención de suprimir las primarias en todo el país. En este entramado de debates superpuestos, la derogación de la ley de reelecciones intendentes es aquella que parece contar con mayores posibilidades de prosperar, según los indicios disponibles. La razón es simple: genera un consenso amplificado dentro del propio peronismo y atrae los intereses del radicalismo local, dos fuerzas que en conjunto pueden conformar una mayoría legislativa.

Implicancias y prospectiva política

Las consecuencias de la eventual derogación de la ley trascienden lo meramente electoral. Si se concreta la medida, la provincia de Buenos Aires vería retornar un esquema de gobernanza local donde la permanencia indefinida en cargos ejecutivos comunales vuelve a ser un horizonte posible. Esto puede interpretarse desde múltiples ángulos: quienes lo ven con optimismo sostienen que permite que dirigentes experimentados y con arraigo territorial mantengan sus proyectos municipales sin interrupciones. Otros, con criterios más escépticos, advierten sobre los riesgos de la perpetuación en el poder y sus posibles correlatos en términos de captura de instituciones locales, debilitamiento de mecanismos de accountability y cristalización de estructuras políticas rígidas. El precedente histórico argentino sugiere que ambas dinámicas han coexistido: intendentes de larga duración que construyeron legados administrativos significativos, junto a otros que utilizaron la reelección indefinida como mecanismo para consolidar máquinas políticas de difícil fiscalización.