El engranaje político se pone en movimiento esta semana en el Congreso Nacional. Lo que se discutirá en las próximas sesiones en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado trasciende los marcos procedimentales habituales: estamos ante un debate que redefiniría las reglas del juego electoral para los próximos comicios, con implicancias que van mucho más allá de lo técnico. La Cámara Nacional Electoral había establecido un límite temporal para cualquier modificación del sistema de votación vigente, alertando que los cambios debían comunicarse con anticipación para poder implementarse en las próximas elecciones. Esto convierte al tiempo en el adversario más incómodo del Gobierno: cada semana que pasa reduce el margen para negociar, consensuar y finalmente legislar. En esta encrucijada, la estrategia de la administración nacional se juega entre múltiples frentes, donde gobernadores, senadores y dirigentes provinciales se convierten en piezas clave de un tablero complejo que se extiende más allá de Buenos Aires.
Desde la Casa Rosada, particularmente a través de la estructura política que coordina Karina Milei, existe una convicción profunda sobre la necesidad de avanzar con modificaciones al sistema electoral. Lo que comenzó como un proyecto estancado desde abril se reactiva ahora bajo presión del calendario institucional. La iniciativa que llega al Senado contiene varios componentes, pero hay uno que funciona como la piedra angular de toda la construcción política: la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). No se trata de una cuestión menor. Para el Gobierno, la supresión de este mecanismo representa una herramienta fundamental para su estrategia de reelección presidencial. Sin embargo, múltiples voces en el bloque oficialista reconocen, en diálogos confidenciales, que este objetivo está lejos de estar garantizado. La realidad legislativa es más terca que los deseos políticos: los números simplemente no cierran de la manera que se esperaba.
El punto de quiebre: las PASO y sus alternativas
La eliminación pura y simple de las primarias abiertas enfrenta un muro de resistencias. Aunque parezca paradójico, ningún sector político está completamente dispuesto a renunciar a una herramienta que podría resultar útil en sus propias disputas internas. Esta realidad llevó a los estrategas del Gobierno a explorar alternativas que pudieran desactivar las resistencias sin perder el espíritu de la reforma. Una posibilidad que ganó tracción en los últimos días es la suspensión de las PASO para el próximo ciclo electoral, similar a lo que sucedió en 2025. Desde la óptica gubernamental, esta opción presenta una ventaja pragmática: logra el objetivo inmediato sin cerrar las puertas de forma permanente. Otra ruta explorada sería la incorporación de primarias optativas para aquellos espacios políticos que consideraran necesario dirimir sus disputas internas de manera regulada. Sin embargo, en los círculos de La Libertad Avanza reconocen que esta alternativa es menos seductora, porque no garantiza el mismo nivel de control sobre la fragmentación de candidaturas que se busca evitar. La tensión entre lo deseado y lo posible define la geografía actual de estas negociaciones.
La arquitectura de estas negociaciones reposa fundamentalmente en los hombros de quienes conducen la mesa política del Ejecutivo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ha plantado el tema en cada encuentro con mandatarios provinciales, insistiendo en la necesidad de impulsar la reforma. En paralelo, los Menem —Eduardo, apodado "Lule", en su rol de armador político, y Martín, como titular de Diputados— trabajan en las negociaciones partidarias con similar intensidad. Esta división de tareas refleja la magnitud del desafío: no se trata de un debate parlamentario convencional, sino de un ejercicio de construcción de consensos que atraviesa tanto la estructura legislativa como la red de gobiernos provinciales. Los nombres de quienes ya han expresado su alineamiento con la propuesta oficial ocupan un territorio político diverso: Claudio Poggi de San Luis, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Marcelo Orrego de San Juan, Raúl Jalil de Catamarca, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Leandro Zdero de Chaco y Rolando Figueroa de Neuquén. Se trata de gobernadores con distintos grados de afinidad con el Gobierno nacional, pero que por razones diversas han decidido sostener la posición oficial. Aún así, esta nómina representa apenas una parte del mapa electoral que es necesario conquistar.
El dilema de los aliados: votos condicionados y acuerdos pendientes
La paradoja fundamental que enfrenta el Gobierno es casi matemática en su contundencia: La Libertad Avanza ha establecido la eliminación de las PASO como condición previa para negociar acuerdos electorales con sus aliados en los distintos distritos. Sin embargo, los propios aliados mantienen una postura especular: no están dispuestos a votar la ley sin antes asegurar esos mismos acuerdos territoriales. Se trata de un círculo vicioso donde ambas partes condicionan a la otra con exigencias que generan el bloqueo mutuo. Un legislador cercano al oficialismo describía esta situación con precisión quirúrgica: "La Libertad Avanza no quiere acordar hasta que no voten la ley y los aliados no quieren votar hasta no acordar". Esto no es un problema de mala fe o falta de diálogo, sino la lógica racional de actores políticos que intentan asegurar sus propios intereses antes de tomar decisiones que podrían afectar sus posibilidades electorales futuras. Desde la perspectiva de gobernadores y senadores provinciales, la votación de una reforma electoral que modifique las PASO es una decisión estratégica mayor que no puede tomarse sin garantías concretas sobre cómo se estructurarán las candidaturas en sus territorios.
Otro economista político de la Casa Rosada sintetizaba la frustración administrativa ante esta dinámica: "Están demorando. Al único al que le conviene eliminar las PASO es al Gobierno. Por eso hay que negociar, pero los aliados no quieren otras leyes, quieren acuerdos en sus distritos". Esta observación toca el corazón del asunto. Mientras el Gobierno visualiza la reforma electoral como una pieza central de su agenda legislativa para los próximos meses, sus aliados la ven como un punto de negociación útil para extraer compromisos más concretos y territoriales. La reunión programada para este martes en el Senado, fijada para las 15:30 horas, servirá entonces como un primer acto público de este drama que se despliega entre bastidores. Su carácter será predominantemente informativo, un espacio para comenzar a empujar el debate hacia la escena pública y a la vez para tantear, sin comprometer demasiado, cuáles son las posiciones reales de cada senador. A diferencia de otros proyectos donde la conducción proviene desde el Congreso, en esta ocasión es la Casa Rosada quien controla directamente los tiempos y la estrategia legislativa.
El factor gobernador resulta decisivo en esta ecuación. Un senador dialoguista resumía la realidad con claridad: "Va a depender de cómo el Ejecutivo arregla con los gobernadores". Esta aseveración contiene una verdad estructural de la política argentina que trasciende gobiernos específicos: los gobernadores provinciales conservan capacidades de veto sobre decisiones legislativas que afecten sus territorios. El Gobierno nacional se encuentra navegando un terreno donde la autoridad legislativa requiere del concurso de actores cuyas bases de poder están profundamente enraizadas en sus provincias. Esto explica por qué Santilli mantiene una agenda persistente de encuentros con mandatarios provinciales, por qué los Menem circulan por distintos espacios partidarios, y por qué la estrategia comunicacional del Gobierno continúa insistiendo en la necesidad de la reforma. No es solo convencimiento ideológico, sino la búsqueda sistemática de amarrar voluntades dispersas en un territorio político fragmentado.
Las implicancias futuras y los escenarios abiertos
Los próximos meses se perfilan como determinantes para la suerte de esta reforma electoral. Mientras el Gobierno intensifica sus esfuerzos por allana el camino legislativo, se despliegan múltiples escenarios posibles cuyas consecuencias atravesarían la política argentina hasta 2027 y más allá. Si La Libertad Avanza logra consensuar la modificación o suspensión de las PASO, esto significaría una transformación sustancial en las dinámicas de competencia política durante el próximo ciclo electoral. La ausencia o modificación de las primarias abiertas reduciría los espacios de competencia dentro de coaliciones políticas, potencialmente fortaleciendo a aquellos sectores que controlen las estructuras partidarias en cada distrito, pero también eliminando oportunidades de visibilización para candidatos que busquen desafiar las estructuras establecidas. Por el contrario, si el Gobierno no logra consolidar los votos necesarios, se enfrentaría a un escenario de debilitamiento político visible, señalando que ni siquiera con el control de Diputados puede avanzar en sus prioridades legislativas cuando encuentra resistencia coordinada en el Senado. Asimismo, una derrota en este frente podría reconfigurar los equilibrios internos del bloque oficialista y sus aliados, mostrando que ciertas coaliciones son más frágiles de lo que aparentan. Finalmente, existe la posibilidad de un acuerdo parcial o un resultado de compromiso que permita avanzar con modificaciones menores al sistema electoral sin tocar las PASO, lo que significaría una victoria táctica pero parcial para el Gobierno, dejando abierta la discusión para futuras legislaturas. Cada escenario abre puertas distintas hacia el futuro político y electoral del país, y los próximos meses de negociaciones determinarán cuál de estas rutas se materializa.
