La maquinaria política peronista se cerró como un puño hace apenas días para respaldar la designación de Pablo Yadarola como juez de la Cámara Federal. El movimiento llamó la atención porque tres años atrás, la propia Cristina Kirchner lo había señalado públicamente como un magistrado alineado con las prácticas del "lawfare", lo acusó de haber participado en operaciones para ocultación de pruebas y utilizó calificaciones tan contundentes como brutales para referirse a él. Ahora, ese mismo juez fue elevado a un tribunal superior con el voto cerrado de todos los senadores peronistas, un cambio de posición tan radical que obligó a observadores políticos y judiciales a replantearse qué motivó semejante transformación. Este giro no es un episodio menor de la política argentina contemporánea: representa un fenómeno más profundo sobre cómo se negocian los espacios de poder en el sistema judicial, cuáles son las prioridades de los bloques legislativos cuando se trata de designaciones magistrales, y qué tipo de cálculos subyacen a decisiones que formalmente aparentan ser puramente institucionales.
La acusación que quedó sin respuesta pública
Hace apenas treinta y seis meses, Cristina Kirchner se refirió a Yadarola en términos que cerraban toda posibilidad de reconciliación. Lo vinculó directamente con un episodio que la expresidenta consideraba emblemático de las persecuciones judiciales: un viaje que el magistrado realizó a Lago Escondido, circunstancia que ella interpretó como prueba de conspiración. Además, lo señaló de haber intervenido activamente para destruir o esconder evidencia de ese desplazamiento. Las palabras de Kirchner no dejaban margen para matices: describía a Yadarola como alguien cuya conducta ética era cuestionable, como un juez que había comprometido su imparcialidad. Ese relato formaba parte de un diagnóstico más amplio que ella desarrollaba sobre la interferencia de ciertos magistrados en los procesos que la involucraban.
Lo sorprendente no es que un político cambie de posición respecto de una figura pública. En la política argentina existen abundantes precedentes de giros tácticos, de alianzas que se forman y se deshacen. Lo inusual en este caso es la ausencia de una narrativa alternativa. El peronismo en el Senado nunca ofreció una explicación sobre por qué Yadarola dejó de ser un símbolo de la persecución judicial para convertirse en un candidato digno de apoyo unificado. Cuando se les preguntó a miembros del bloque peronista qué había cambiado en la evaluación sobre el magistrado, no surgieron argumentos que reformularan la acusación anterior. La respuesta que circuló en los pasillos fue otra: "Yadarola no firmó ningún fallo contra nosotros, a diferencia de Bertuzzi", expresó un legislador peronista. La lógica implícita en esa afirmación traslada el eje: lo que importa no es si un juez persigue o no persigue, sino si ha dictado sentencias que perjudiquen específicamente a los intereses de una agrupación política.
El protocolo del cambio pragmático
Fuentes cercanas al bloque peronista admitieron que la bancada había ingresado en una etapa que denominaron "más pragmática". Ese término aparentemente técnico encubre una transición significativa: desde una postura que priorizaba denuncias públicas sobre conducta de magistrados hacia una que subordina esas consideraciones a cálculos de negociación. Un miembro del bloque explicó que la decisión jamás se habría tomado sin la aprobación explícita de Cristina Kirchner. "Nosotros le preguntamos y ella estaba de acuerdo", fue la versión que circuló. Esa frase es elocuente: sugiere que existe un nivel de decisión que opera por fuera de los mecanismos formales de la bancada, una estructura de mando donde una figura política expresa su consentimiento de manera bilateral y esa aprobación se convierte en vinculante para el conjunto.
El voto a Yadarola adquirió una dimensión adicional cuando se observó que el Gobierno nacional ya contaba con votos suficientes para aprobar su designación. Es decir, el magistrado habría accedido a la Cámara Federal con o sin el apoyo peronista. Sin embargo, el kirchnerismo decidió votarlo de manera unificada, lo que la mayoría de sus legisladores describió como un acto simbólico destinado a demostrar capacidad de organización interna. "Necesitábamos mostrar que teníamos 25 votos", explicó un referente del cristinismo. Esa cifra representaba la cantidad de senadores peronistas que se alinearon en la votación. El mensaje, entonces, no era dirigido hacia adentro de la cámara legislativa sino hacia afuera, hacia otros actores políticos, hacia el propio Ejecutivo nacional: estamos unidos, somos un bloque compacto, podemos movilizar un número considerable de legisladores en una dirección común.
Las lecturas del poder y sus cálculos
En los despachos del Ministerio de Justicia, la decisión peronista fue interpretada como una señal de considerable magnitud. El ministro Juan Bautista Mahiques aspira a ocupar la Procuración General de la República, una posición que requiere aprobación del Senado con una mayoría calificada de dos tercios. A diferencia de lo que ocurre con los jueces, acceder a ese cargo demanda una votación especial donde los gobiernos minority carecen de facilidades. Por consiguiente, Mahiques necesita que sectores de la oposición parlamentaria no se cierren completamente a su candidatura. El voto compacto del peronismo a favor de Yadarola, quien viajó a Lago Escondido con Mahiques y con quien mantiene una relación personal próxima, fue leído por observadores como una señal de que ese núcleo de treinta senadores no se opondría sistemáticamente al itinerario de Mahiques. A esto se suma que Mahiques carece del currículum de un juez que ha dictado sentencias; su trayectoria incluye la representación del macrismo en el Consejo de la Magistratura y su función como fiscal general de la Ciudad. Esa ausencia de fallos puede constituir una ventaja en negociaciones donde lo que interesa es la confianza mutua antes que un historial de pronunciamientos públicos.
Pero existe otra lectura, quizás más profunda. La vía que algunos observadores en Comodoro Py sugirieron fue la del interés en la composición de un tribunal específico: el Tribunal Oral Federal 5, responsable del caso conocido como Hotesur-Los Sauces. En esa causa se procesa a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner por presuntos delitos en la administración de esos inmuebles. El tribunal tiene actualmente dos jueces titulares y una vacante. Ese cargo sin ocupar representa un espacio de poder donde el peronismo tendría interés en influir, porque la composición final del tribunal definirá el perfil de quiénes enjuiciarán a la expresidenta. Cuando se consultó directamente a un senador peronista sobre si esta causa era relevante en la toma de decisiones, respondió: "Es nuestro interés, sí, obviamente". Al mismo tiempo, insistió que no existía un pacto explícito entre el Gobierno y el peronismo sobre cómo se completaría ese tribunal.
El expediente del cambio irregular y sus antecedentes
La trayectoria de Yadarola en el proceso de selección que culminó en su designación revela anomalías procedimentales que merecen análisis. Cuando se realizaron los exámenes escritos y se evaluaron los antecedentes de todos los aspirantes mediante un sistema de identificación codificada (donde los evaluadores desconocen la identidad de los candidatos), Yadarola ocupaba el lugar número dieciséis en el orden de mérito transitorio. Su colega Bertuzzi, designado simultáneamente, figuraba en la posición veintiuno. Las primeras seis ubicaciones se constituyen en terna, es decir, el conjunto de postulantes entre quienes la autoridad ejecutiva puede elegir. Tras las entrevistas personales, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura ubicó a Yadarola en el noveno lugar y a Bertuzzi en el décimo sexto. Seguían fuera de las ternas. Posteriormente, en este año, el consejero juez Diego Barroetaveña realizó una reevaluación de las entrevistas personales —que constan filmadas en la plataforma YouTube— y con esa revisión unilateral, Yadarola ascendió hasta la quinta posición y Bertuzzi hasta la sexta. Solo entonces entraron en la terna de candidatos que podía ser seleccionada por el Ejecutivo.
Esa secuencia de cambios llamó la atención de jueces de la Corte Suprema como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes elevaron un proyecto al Consejo de la Magistratura destinado a regular el procedimiento. Rosenkrantz señaló que la institución había recibido múltiples quejas de candidatos serios cuyas posiciones variaban significativamente entre etapas del concurso sin que existieran criterios claros que justificaran esos cambios. Lorenzetti subrayó que las entrevistas personales habían adquirido un margen de discrecionalidad demasiado amplio que permitía reconfigurar las clasificaciones de manera poco transparente. "Hay que acotar el margen de discrecionalidad porque tenemos que tener parámetros objetivos", afirmó el juez. La preocupación expresada por los magistrados de la Corte refleja un problema estructural: cuando los mecanismos de selección de jueces carecen de límites claros en sus componentes subjetivos, se genera un espacio donde la manipulación resulta técnicamente posible, aunque sea denegada.
Las excepciones y la conformación de la disciplina parlamentaria
Un único senador peronista logró escapar a la imposición de disciplina: Martín Soria. Este legislador, quien había fungido como ministro de Justicia bajo la administración Alberto Fernández, fue quien formalmente denunció a Yadarola por la cuestión de Lago Escondido. Su ausencia en la votación fue tolerada por la dirección de su bloque, quien aceptó que se levantara del recinto en el momento de la votación. Sin embargo, ni Soria ni ningún otro legislador pronunció discurso alguno cuestionando al candidato. Tampoco participaron en la Comisión de Acuerdos cuando se debatió el pliego de Yadarola. El peronismo justificó esa inasistencia mediante un argumento procesal: sostiene haber presentado una medida cautelar contra la conformación de esas comisiones porque —según su posición— no se respetaron los lugares que corresponden a su bloque en función de una llave proporcional. No obstante, esa misma razón no los impidió asistir cuando se debatió la renovación del mandato del juez Víctor Pesino, magistrado que respaldó la reforma laboral impulsada por Milei e intervino en la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica. En esa oportunidad, el senador peronista Mariano Recalde se presentó para cuestionar públicamente al juez.
La selectividad en la participación legislativa sugiere un criterio táctico deliberado: el peronismo eligió dónde confrontar y dónde no. Contra Pesino, un juez cuya postura respecto de la reforma laboral impactaba directamente sobre bases sindicales del peronismo, valía la pena invertir capital político. Para Yadarola, un magistrado vinculado a negociaciones que podrían influir en el futuro de la expresidenta Kirchner, la estrategia fue diferente: callarse, votar unificado, enviar un mensaje de flexibilidad sin renunciar formalmente a posiciones anteriores. Esa disociación entre declaraciones públicas previas y acciones legislativas presentes constituye un fenómeno político de consideración: permite avanzar en negociaciones mientras se mantiene cierta consistencia nominal respecto de posiciones históricas.
Las perspectivas abiertas y el futuro del sistema
Los hechos acumulados en este episodio permiten formular observaciones sobre las dinámicas que operan en la designación de jueces federales en Argentina. Cuando un bloque legislativo que había denunciado a un magistrado como perseguidor accede a su ascenso, sin modificar públicamente su diagnóstico anterior, se abre un abanico de interpretaciones posibles. Una lectura sugiere que existió un cálculo: el voto a Yadarola como moneda de cambio para influir en la composición de tribunales que juzgarán a figuras políticas del kirchnerismo. Otra interpretación, ofrecida por actores del peronismo, niega la existencia de un pacto explícito pero reconoce la pragmatización de criterios que antes eran presentados como cuestiones de principios. Una tercera perspectiva, más estructural, indicaría que en el sistema argentino los mecanismos de selección de magistrados operan con márgenes de discrecionalidad tan amplios que permiten múltiples lecturas y negociaciones sin que exista transparencia sobre los criterios reales que prevalecen.
En términos prospectivos, la situación genera consecuencias que se ramifican en varias direcciones. Para el peronismo, el voto a Yadarola representa una demostración de cohesión parlamentaria en un contexto donde su fragmentación había sido un problema. Esa unidad podría ser funcional para negociaciones futuras respecto de otros cargos judiciales o de política general. Para el Gobierno nacional, el apoyo peronista sugiere que ciertos sectores de la oposición están dispuestos a colaborar en la conformación de órganos del Estado cuando hay puntos de convergencia. Para los actores del sistema judicial, especialmente para magistrados que resuelven sobre causas que involucran a figuras políticas de relieve nacional, el episodio comunica que sus nombramientos y ascensos pueden ser objeto de negociación entre fuerzas políticas más allá de criterios técnicos o mérito académico. Para la ciudadanía, la cuestión que permanece sin respuesta clara es qué calibre de autonomía genuina posee el poder judicial cuando las designaciones de sus integrantes se resuelven mediante acuerdos cuya lógica no es plenamente transparentada en el debate público.
