Mientras Argentina se prepara para participar en un torneo de magnitud internacional, la justicia estadounidense ha puesto su atención sobre el funcionamiento de la entidad que dirige el fútbol local. Tres fiscales federales, distribuidos en distintas ciudades del territorio norteamericano, iniciaron tareas de investigación enfocadas en la Asociación del Fútbol Argentino y, específicamente, en los flujos de recursos que circularon a través de estructuras financieras domiciliadas en Estados Unidos. El hecho de que sean tres autoridades judiciales especializadas en lavado de activos las que llevan adelante estas pesquisas —en lugar de investigadores generales— subraya el nivel de complejidad que asumen los funcionarios estadounidenses respecto de lo que habría ocurrido en materia de movimientos de dinero. Los investigadores apuntan sus esfuerzos hacia TourProdEnter LLC, una compañía que operó como intermediaria en la gestión de ingresos de la AFA durante los años en que Claudio Tapia presidió la entidad y Pablo Toviggino ejercía funciones de liderazgo administrativo.
El equipo de investigadores y su trayectoria
En la ciudad de Washington, dos fiscales encabezan las indagaciones preliminares. Patrick Gushue se desempeña en la capital estadounidense desde hace más de una década, integrando la Unidad de Integridad Bancaria. Su labor incluye la dirección del programa que incentiva a empleados de corporaciones financieras a denunciar irregularidades en sus instituciones. Durante su carrera en el Departamento de Justicia, Gushue trabajó bajo la supervisión de Eric Holder, quien fuera fiscal general durante la administración Obama. Por su parte, Christopher Ting representa un perfil diferente: proviene del sector privado, donde se desempeñó en el bufete especializado Latham & Watkins. Su incorporación al Departamento de Justicia es más reciente, coincidiendo con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante su actividad como fiscal, Ting ha logrado condenas significativas, particularmente aquellas vinculadas a operadores que utilizaban el sistema bancario para ocultar dinero de origen delictivo.
Desde el estado de Florida, Michael Berger complementa el equipo investigativo. Como abogado litigante con experiencia en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, Berger ha participado en procesos de alto perfil. Uno de los casos más notables en su carrera incluyó la persecución del ex contador general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni. Este funcionario fue condenado a una década de prisión tras comprobarse que había utilizado instituciones bancarias radicadas en Miami para blanquear fondos que ilícitamente había percibido mientras ocupaba su cargo público. La experiencia de Berger en desmantelar redes de ocultamiento de dinero lo posiciona como un investigador con herramientas teóricas y prácticas para desentrañar estructuras financieras complejas.
Los flujos de dinero bajo escrutinio
El volumen de recursos que se movilizó a través de TourProdEnter LLC resulta considerable. Según documentación analizada durante meses, la empresa administrada por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette canalizó cifras superiores a US$260 millones provenientes de la AFA. Estos fondos fluyeron mediante al menos cinco instituciones bancarias que operan en territorio estadounidense: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. La magnitud de estas cifras y la multiplicidad de canales utilizados sugieren un nivel de sofisticación en el diseño operativo que los investigadores buscan dilucidar.
Lo que genera particular interés en los fiscales es la discrepancia entre el dinero ingresado y el dinero que aparentemente se utilizó para gastos legítimos de la AFA. De los más de doscientos sesenta millones de dólares mencionados, solo una porción se orientó hacia conceptos que podrían considerarse operaciones legítimas de la entidad deportiva. Por el contrario, aproximadamente US$57 millones fueron girados hacia diez sociedades de carácter aparente, cuyas actividades reales no figuran claramente documentadas y que contaban como accionistas a beneficiarios de programas de asistencia social. Estas sociedades pantalla tenían domicilios registrados en localidades como Bariloche y Buenos Aires. Adicionalmente, registros bancarios muestran transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino y allegados —entre ellas SOMA SRL y Cabello SRL— así como giros a la pareja del directivo. La investigación también identifica movimientos hacia estructuras societarias asociadas a un personaje descrito como guía espiritual del equipo representativo nacional.
El contexto político y diplomático que antecedió
Las indagaciones actuales no surgieron en el vacío. Existió un antecedente que, aunque no prosperó inmediatamente, sentó las bases para que los fiscales estadounidenses profundizaran su interés. En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino —bajo la dirección de Patricia Bullrich— canalizó información hacia autoridades estadounidenses señalando aspectos riesgosos potencialmente vinculados a la AFA. Esta comunicación incluyó datos aportados por Guillermo Tofoni, un empresario que tiempo después impulsaría procedimientos legales para compeler a instituciones bancarias a revelar información sobre las operaciones de TourProdEnter LLC que de otro modo permanecerían bajo secreto bancario.
En aquel momento, agentes del FBI evaluaron que las tensiones entre Tofoni y la dirigencia de la AFA no presentaban elementos criminales suficientes para justificar una pesquisa penal en jurisdicción estadounidense. Sin embargo, esta evaluación fue revisada a partir de revelaciones posteriores que expusieron de manera sistemática una arquitectura financiera de considerable complejidad radicada en Florida. La exposición pública de estos mecanismos —que incluyó detalles sobre contratos con empresas multinacionales tales como Adidas (por US$60 millones) y Warner (por US$40 millones)— aparentemente modificó el panorama que los investigadores federales visualizaban. La compañía de Faroni y Gillette se reservó el derecho de retener el 30% de todos los ingresos de la AFA en el extranjero, después de deducciones fiscales, durante un período de cuatro años. Además, capturó el 10% de los movimientos de egreso relacionados con gastos de operación y distribución.
Precedentes en investigaciones de corrupción financiera internacional
La actuación de fiscales estadounidenses en casos que involucran activos de origen dudoso o dinero asociado a malos manejos no constituye un fenómeno nuevo. Estados Unidos cuenta con una tradición —aunque intermitente— de perseguir y recuperar fondos que provienen de actos de corrupción cometidos en el extranjero. Un antecedente significativo fue la investigación abierta a mediados de la década anterior enfocada en confiscar activos derivados de malversación durante administraciones previas en Argentina. Aquella pesquisa fue impulsada inicialmente por información relativa al secretario privado de altos funcionarios del período anterior, y fue conducida por especialistas de la División Criminal del Departamento de Justicia que integraban la sección dedicada al lavado de dinero y recupero de activos, bajo liderazgo de investigadores como Jared Randall. La iniciativa recibió el nombre de Proyecto de Recupero de Activos de la Cleptocracia, reflejando el énfasis norteamericano en restaurar fondos que naciones consideran robados por funcionarios corruptos.
El mundo del deporte profesional también ofrece antecedentes relevantes que permiten contextualizar el nivel de involucramiento de autoridades estadounidenses. El caso conocido como FIFAgate —que estalló el 27 de mayo de 2015 con detenciones en Zúrich de dirigentes de la federación internacional de fútbol— resultó ser una de las operaciones de persecución penal de mayor envergadura en la historia del deporte moderno. El escándalo involucró a argentinos, como Alejandro Burzaco, quien fuera ejecutivo de una empresa de derechos televisivos, primero evadiendo la jurisdicción pero eventualmente negociando cooperación con fiscales estadounidenses. También alcanzó a hermanos Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de otra empresa de distribución de derechos, quienes resistieron pedidos de extradición iniciados en 2015 y actualmente negocian acuerdos en Nueva York. Estos precedentes ilustran tanto la capacidad como la disposición de autoridades estadounidenses de investigar y procesar casos complejos en la esfera deportiva internacional.
Perspectivas sobre el desarrollo futuro de las investigaciones
En este punto, las indagaciones que conducen Gushue, Ting y Berger podrían seguir varias trayectorias. La primera es que prosperen hacia investigaciones formales, incluyendo requerimientos de documentación a instituciones bancarias, entrevistas con personas que posean conocimiento directo o indirecto de los hechos, y eventualmente acciones penales. Una segunda posibilidad es que las pesquisas preliminares concluyan sin derivar en procedimientos criminales formales, en caso de que los investigadores determinen insuficiencia de elementos de convicción. Una tercera opción sería que las indagaciones avancen hasta cierto punto y luego se paralicen o desactiven por consideraciones políticas, administrativas o de prioridades institucionales.
Las implicancias de cualquiera de estos escenarios serían significativas. Si las investigaciones prosperan, podrían resultar en sanciones a personas jurídicas, congelamiento de activos, o procedimientos penales contra individuos. Si se paralizan, la AFA continuaría operando sin impedimentos legales en jurisdicción estadounidense. Lo que sí parece establecido es que autoridades de Estados Unidos han identificado patrones en los movimientos de dinero relacionados con la entidad deportiva argentina que merecen escrutinio especializado. La presencia simultánea de tres fiscales federales con experiencia comprobada en casos de corrupción y lavado de activos sugiere que, independientemente del resultado final, las indagaciones seguirán un curso riguroso durante un período de tiempo que aún está por determinarse.
