La confluencia de tensiones políticas, negociaciones internas y desacuerdos entre bloques aliados obligó al oficialismo a detener el avance de una de sus iniciativas más ambiciosas: el proyecto de ley que reformularía el régimen de propiedad privada y compra de tierras por inversores extranjeros. Lo que prometía ser un jueves de votaciones en la Cámara Alta terminó siendo un ejercicio de gestión legislativa precaria, donde se confirmó que las mayorías no son automáticas ni suficientemente sólidas como para impulsar una agenda de cambios sustanciales sin costos políticos significativos.

El pedido de cuarto intermedio llegó desde la conducción del bloque libertario en el Senado. Patricia Bullrich, como jefa de la bancada oficialista, fue quien solicitar formalmente postergar el debate hasta el 6 de agosto, una vez finalizado el receso invernal del Congreso. Detrás de esa decisión se escondía una realidad incómoda: los números no cerraban. A pesar de haber logrado instalar el quórum —con apenas 37 de los 72 senadores presentes, la cifra mínima requerida—, la certidumbre para aprobar la iniciativa sobre propiedad privada se desvanecía. Senadores radicales y otros legisladores de bloques que en teoría formaban parte del arco aliado expresaban reparos, dudas o directamente se negaban a acompañar una reforma que toca aspectos sensibles del ordenamiento territorial y las regulaciones sobre la tierra, recurso estratégico para cualquier nación.

Una sesión dividida entre lo aprobado y lo postergado

Lo que sí pudo concretarse en esa jornada fue la aprobación de múltiples nombramientos judiciales y diplomáticos, un aspecto central de la estrategia ejecutiva para remodelar la estructura del Poder Judicial. En el temario de la sesión, ingresaron formalmente alrededor de treinta expedientes de candidatos a cargos en diferentes tribunales federales y nacionales. Se trata de un movimiento que obedece a una política de largo plazo: el Gobierno busca cubrir aproximadamente 300 vacantes en el Poder Judicial, cifra que, de concretarse, superaría ampliamente los nombramientos realizados durante la administración anterior, cuando gobernaba Mauricio Macri.

Uno de los pliegos que generó mayor confrontación fue el de Víctor Pesino, magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El juez está próximo a cumplir 75 años —fecha establecida para su jubilación obligatoria—, y su continuidad en el cargo depende de obtener el acuerdo del Senado antes de esa fecha. Pesino había adquirido relevancia mediática y política por rechazar los amparos interpuestos por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, además de ratificar decisiones que afectaban a gremios como la UOM. Desde el kirchnerismo, senadores como Mariano Recalde cuestionaron el pliego, señalando que el magistrado no actuaba conforme a convicciones jurídicas sino a conveniencias políticas. La respuesta desde la bancada libertaria fue directa: se enfatizó que el debate no debía personalizarse, sino concentrarse en la necesidad de completar vacantes en la estructura judicial. Bullrich defendió explícitamente a Pesino, argumentando que el peronismo intentaba "sacarse de encima" a un juez cuyas decisiones no le convenían políticamente, y recordó que la reforma laboral había sido aprobada por mayoría en ambas cámaras legislativas. Su frase resonó en el recinto: "Los jueces no se sacan por sus fallos".

Candidatos con peso político en juzgados estratégicos

Más allá del caso Pesino, otros nombramientos revelaban la intención del Ejecutivo de reforzar su posición en tribunales clave para su gestión. Los expedientes de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, adquieren especial relevancia. Bertuzzi ya formaba parte de esa cámara desde 2018, cuando fue trasladado mediante una decisión administrativa durante la gestión macrista —medida que el kirchnerismo cuestionó en su momento—. Tras un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales esos traslados, Bertuzzi se mantuvo en el cargo hasta concursar formalmente. Yadarola, por su parte, mantiene cercanía con Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia. La Sala I resulta estratégica porque revisa fallos de primera instancia y puede incidir en causas sensibles para la administración libertaria, como ANDIS y causas de corrupción ligadas a transacciones financieras. Con el ingreso formal de estos expedientes, se abrió la etapa de impugnaciones y apoyos, previa a las audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos.

Otro candidato con perfil propio es Juan Rodríguez Ponte, postulante para el juzgado federal de Lomas de Zamora, tribunal que lleva adelante investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y causas de lavado de dinero vinculadas al fútbol, e indaga personas públicas de relevancia mediática. De alcanzarse los aproximadamente ciento diez magistrados designados hasta ese momento —según cifras que circulaban en el oficialismo—, la actual administración habría completado una tanda de nombramientos que representa un cambio substancial en la composición del Poder Judicial en cuestión de meses.

Tensiones internas y mensajes privados que escalan conflictos

Más allá de los números legislativos y la arquitectura de los nombramientos, la sesión estuvo teñida por conflictos personales que revelaban fracturas en la coalición gobernante. Entre bastidores —aunque los trascendidos llegaron a conocimiento público—, hubo un cruce tenso entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. El intercambio ocurrió a través de un chat privado de WhatsApp, después del partido en el que la Selección Argentina enfrentó a Inglaterra en Atlanta, Estados Unidos, y antes de la sesión del jueves. El contenido exacto de esos mensajes no se hizo público, pero su existencia y el tono de la confrontación ilustran las tensiones que atraviesan al ala libertaria del Gobierno. Estos cruces entre figuras que ocupan posiciones relevantes en la estructura del poder ejecutivo plantean interrogantes sobre las dinámicas internas de toma de decisiones.

Desde la oposición peronista, los ataques fueron aún más contundentes. José Mayans, jefe del bloque justicialista en el Senado, utilizó la ocasión para criticar duramente la gestión, apuntando específicamente contra Manuel Adorni, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete hasta días atrás. Adorni había presentado su renuncia con una carta que, según Mayans, fue "conmovedora", pero en la que responsabilizaba al periodismo y otros actores por los obstáculos a su labor. El senador kirchnerista escaló sus acusaciones hacia la cúpula de la administración, señalando al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como responsables de un funcionamiento corrupto del Gobierno. Mayans utilizó el lenguaje de la acusación directa, hablando de "banda" y "cómplices", retórica que marca el grado de polarización que persiste en el debate legislativo.

En medio de esta atmósfera de conflictividad política, la Selección Argentina logró una victoria deportiva —el triunfo ante Inglaterra en el marco del Mundial—, evento que generó un breve interludio de celebración en el recinto. Flavio Fama, senador radical por Catamarca, pidió un aplauso para los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni. El mismo legislador aprovecharía luego para hacer una "cuestión de privilegio" ligada a la bandera de Malvinas exhibida por los futbolistas, oportunidad que utilizó para criticar la política de tierras del Gobierno que se disponía a debatir. Fama destacó la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, reconociendo su rol en la continuidad de Messi y la contratación de Scaloni, momentos en los que muchos dudaban del proyecto colectivo.

Los detalles del proyecto que no pudo votarse

El proyecto de ley sobre propiedad privada, que finalmente fue postergado, incluye reformulaciones significativas en materia de compra de tierras por parte de inversores extranjeros. La iniciativa modifica la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, buscando establecer un marco que brinde a las provincias autoridad para definir límites y requisitos específicos en la adquisición de terrenos por extranjeros, con el objetivo declarado de proteger la soberanía nacional. El proyecto reconoce que el territorio es un recurso estratégico cuya disposición no puede quedar librada exclusivamente a mecanismos de mercado sin regulación estatal.

En relación a los desalojos, el proyecto introduce distinciones importantes: para aquellos considerados usurpadores, establece un procedimiento de "juicio sumarísimo" que agiliza la expulsión; para los morosos en el pago de obligaciones, fija un plazo de diez días para intimar al deudor antes de proceder legalmente. Estas disposiciones buscan equilibrar la protección de la propiedad con garantías procesales mínimas para los ocupantes. El despacho de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales contó con diez firmas, mientras que en la comisión de Legislación General obtuvo nueve. Simultáneamente, el bloque Convicción Federal, vinculado a gobernadores como Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, presentó un despacho de minoría, evidenciando que incluso dentro de espacios que responden a gobiernos provinciales con afinidad ideológica con la Casa Rosada, existen divergencias sobre cómo regular la cuestión de la tierra.

El aplazamiento del debate hasta el 6 de agosto, posterior al receso legislativo invernal, abre una nueva ventana de negociaciones. En las próximas semanas, el Ejecutivo deberá intensificar conversaciones con senadores indecisos, convencer a legisladores radicales sobre las bondades de la iniciativa, y posiblemente realizar ajustes en el texto para construir consensos más amplios. La experiencia del jueves demuestra que la gobernabilidad legislativa no es automática incluso cuando se cuenta con una coalición que teóricamente posee mayoría. Los bloques aliados mantienen márgenes de autonomía y capacidad de negociación que el Gobierno debe reconocer y, en su caso, satisfacer mediante concesiones o reformulaciones de sus propuestas. El proyecto de propiedad privada volverá al recinto en agosto con interrogantes abiertos sobre su viabilidad legislativa.

Las implicancias de este aplazamiento trascienden lo meramente procedimental. Si el proyecto finalmente se aprueba, Argentina transitaría hacia un modelo de regulación territorial que descentraliza decisiones hacia las provincias, lo que podría generar fragmentación normativa pero también permitiría que jurisdicciones locales protejan intereses específicos. Si, por el contrario, el debate en agosto confirma las dificultades actuales, el Gobierno enfrentaría un nuevo revés en su agenda legislativa, debilitando su capacidad para implementar cambios estructurales. Los senadores aliados que expresan reparos podrían ganar peso en futuras negociaciones, mientras que la oposición peronista mantendría capacidad de bloqueo en una cámara donde las mayorías simples no son suficientes para vencer resistencias organizadas. La gestión de estas tensiones entre el Ejecutivo y su propia coalición legislativa define, en buena medida, el ritmo y alcance de las transformaciones que caracterizan a esta administración.