La estructura del Poder Judicial que emerge de la gestión gubernamental encabezada por Javier Milei contempla un giro sustancial respecto de cómo funcionan los órganos que investigan delitos de corrupción a nivel federal. Los números que circulan en los pasillos del Congreso y en las deliberaciones del Consejo de la Magistratura revelan una intención clara: reducir la cantidad de juzgados federales que operan en la zona céntrica de la ciudad, donde históricamente se concentra el poder judicial nacional. De doce tribunales de primera instancia, el diseño apunta a quedarse con ocho. Las cuatro plazas vacantes no serían cubiertas, según anticiparon fuentes que participan en las negociaciones. Este cambio no se trata meramente de matemática presupuestaria ni de racionalización de estructuras administrativas, sino de una reconfiguración profunda de cómo se distribuye el poder decisorio entre magistrados.
Una reforma que replica el patrón histórico
La idea de contraer la estructura judicial no es novedosa en la Argentina. Durante los años noventa, cuando el entonces presidente Carlos Menem enfrentaba investigaciones por corrupción, sucedió lo contrario: se expandieron los juzgados federales de seis a doce, una maniobra deliberada para diluir la concentración de poder en pocas manos. Aquel movimiento respondía a un objetivo específico: distribuir las causas entre más magistrados y, simultáneamente, nombrar a jueces afines al poder ejecutivo. Entre las tácticas desplegadas entonces figuraba el ascenso de los viejos jueces a cargos en las cámaras, alejándolos de la primera instancia donde tomaban decisiones críticas. Así nacieron los legendarios "jueces de la servilleta", denominación que proviene de la anécdota según la cual el entonces ministro Carlos Corach habría anotado sus nombres en un papel de bar. La historiografía judicial registra también a los "jueces 4 X 4", llamados así por las camionetas que estacionaban en el playón de Comodoro Py, una ironía sobre su cercanía con el poder político y económico de la época. Ahora, tres décadas después, la lógica se invierte: en lugar de multiplicar, se trata de reducir, concentrando nuevamente el poder en menos magistrados.
De aquella generación de los noventa, quedan muy pocos en funciones. Claudio Bonadio, quien falleció en 2020 mientras ejercía su cargo, fue uno de los últimos supervivientes. María Servini continúa activa a los 89 años, tomando decisiones en sus causas. La mayoría fue removida, renunció o accedió a la jubilación. Sin embargo, la estructura que ellos ayudaron a crear persiste, aunque ahora en estado de mutación. Los jueces federales que actualmente intervienen en asuntos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, terrorismo y lavado de dinero son ocho: María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti. Cuatro plazas quedaron vacantes tras jubilaciones y cambios de asignación: Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez se retiraron; Sergio Torres ascendió a la Suprema Corte bonaerense, donde preside; y Bonadio falleció.
Los números de la carga de trabajo y la lógica de la reducción
El argumento técnico que respalda la propuesta de contracción se sustenta en datos estadísticos. Según información de la Corte Suprema de Justicia, ingresan aproximadamente mil seiscientos expedientes anuales a la Cámara Federal. Dividido entre las salas, esto representa alrededor de ochocientos casos por año, lo que se traduce en aproximadamente setenta causas mensuales por sala si se descuentan las vacaciones. En primera instancia, distribuidas entre doce juzgados, la cantidad de expedientes en trámite por tribunal ronda el centenar, aunque algunas causas son extraordinariamente complejas y volumosas. El argumento prosigue: si la carga de trabajo se ha reducido, ¿por qué mantener la misma cantidad de tribunales? Sin embargo, las fuentes judiciales señalan una disparidad notable en la dotación de empleados: algunos juzgados cuentan con personal cuatro veces superior al de otros, lo que sugiere que la racionalización de recursos podría conseguirse mediante mecanismos alternativos a la eliminación de juzgados.
Paralelamente, el Gobierno contempla una maniobra similar en la Cámara Federal de Casación Penal, donde también existen cuatro vacantes con concursos avanzados en el Consejo de la Magistratura. La intención es dejarlas sin cubrir y contraer ese tribunal de trece a nueve integrantes. Los camaristas prefieren mantener esta composición reducida, un escenario que concentraría poder en menos magistrados. La reforma requeriría una modificación en la ley de organización de la justicia federal, un movimiento legislativo que implicaría cambios en el ordenamiento institucional.
Fragmentación, rivalidades y la influencia política en juego
Los ocho jueces federales actualmente en funciones operan casi en aislamiento mutuo, según caracterizaciones de personas con acceso a la dinámica interna. Hace años que Ariel Lijo nucleaba a la mayoría, convirtiéndose en referente informal del grupo. Su despacho funcionaba como punto de convergencia donde se coordinaban decisiones. Tras su intentona fallida por acceder a la Corte Suprema, Lijo retornó a su juzgado y a los que subroga, acumulando la mayor cantidad de causas de corrupción que impactan directamente en el Gobierno de Milei. Aunque no volvió a ostentar una delegación formal, su cintura política permanece intacta. Su cercanía con sectores del capitalismo de alto nivel dentro de la interna gubernamental genera dinámicas donde los otros magistrados quedan posicionados de uno u otro lado, particularmente respecto de la influencia de Karina Milei en la estructura ejecutiva. Marcelo Martínez de Giorgi mantiene una relación estrecha con Lijo, aunque sobre él pesa la influencia histórica de Antonio Stiuso, el antiguo jefe de contrainteligencia que rompió con el kirchnerismo y cuya presencia en los cálculos judiciales persiste. Sebastián Ramos y María Eugenia Capuchetti actúan por su cuenta. Servini, a pesar de su avanzada edad, retiene protagonismo en las causas que transitan por su juzgado y mantiene cercanía con Lijo y con el fiscal federal Ramiro González, en quien se confía.
Una variable adicional se suma al escenario: Daniel Rafecas tiene previsto dejar su cargo en primera instancia para ascender a la Cámara Nacional de Casación Penal. Concursó y resultó primero en el orden de mérito, lo que le abre camino hacia una carrera como camarista. Su transición implicaría otra vacante, que bajo el esquema propuesto tampoco sería cubierta. Los magistrados están conscientes de que esta reducción implicaría una reconfiguración de alianzas, afinidades y líneas de poder. Fuentes del ámbito judicial expresaron disconformidad con la estrategia, señalando que dejar sin cubrir cargos "que son los más importantes en términos institucionales en la justicia federal" perpetúa un mecanismo donde se privilegia la designación de personas afines por sobre procesos de concurso público, lo que consideran una "deficiencia muy grande" de un sistema que debería sustentarse en la meritocracia y la transparencia.
Antecedentes y patrones de intervención política en la justicia
La historia reciente de la justicia federal muestra ciclos de influencia política sobre los magistrados. Durante los gobiernos kirchneristas, los servicios de inteligencia mantuvieron canales de comunicación con los jueces federales de primera instancia, un flujo que se utilizaba para coordinar decisiones o, al menos, para monitorear movimientos. Esta dinámica se sostuvo hasta que Antonio Stiuso, el poderoso jefe de contrainteligencia de la SIDE, se enemistó con Cristina Kirchner, momento en el cual los circuitos de influencia se reconfiguró. El paralelismo entre épocas resulta notable: lo que en los noventa fue una expansión de juzgados para diluir poder ahora parece ser una contracción para reconcentrarlo en pocas manos. Los mecanismos varían, pero el objetivo de controlar la estructura judicial permanece constante en los análisis de politólogos y especialistas en instituciones. La caracterización de los jueces federales como "singlistas" —utilizando una metáfora deportiva que uno de ellos mismo empleó para describirse— refleja su tendencia a actuar de manera individualizada, persiguiendo objetivos propios que incluyen desde la acumulación de poder hasta el patrocinio de candidatos políticos o el posicionamiento de allegados en otras instancias judiciales. Casos como el de Ana María Cristina Juan, esposa de Martínez de Giorgi, propuesta como jueza de San Martín, ilustran cómo los lazos personales y las redes de influencia trascienden las estructuras formales.
La propuesta de reducción de juzgados federales genera interpretaciones contrapuestas en los ámbitos institucionales, políticos y académicos. Desde una perspectiva técnico-administrativa, la contracción puede justificarse en la disminución de expedientes ingresados, permitiendo una gestión más eficiente. Desde una óptica institucional y democrática, la estrategia de no cubrir vacantes mediante concursos públicos debilita mecanismos de selección basados en mérito y transparencia, favoreciendo una dinámica donde quienes ya ostentan poder se ven beneficiados por la concentración. Los actores judiciales que se oponen a esta iniciativa argumentan que genera una "deficiencia muy grande" en el sistema. Otros, en cambio, ven una oportunidad para simplificar estructuras que consideran saturadas. Lo cierto es que cualquier reforma que afecte la cantidad y distribución de juzgados federales impactará directamente en cómo se investigan, juzgan y resuelven causas que involucran a funcionarios públicos, lo que toca el núcleo del sistema de pesos y contrapesos que sostiene un orden democrático. Las decisiones que se tomen en los próximos meses respecto de cómo proceder con estas vacantes y si se modifica o no la ley de organización de la justicia federal determinarán si prevalece la lógica de la concentración o si se apuesta por modelos de distribución de poder más plural.
