El laberinto procesal que rodea a la investigación sobre los verdaderos propietarios de una ostentosa quinta ubicada en Pilar ha llegado a un nuevo punto de quiebre. Gabriel Pérez Barberá, fiscal de la Cámara Penal Económico, presentó un dictamen solicitando que el expediente abandon el juzgado de Campana y sea tratado en el fuero especializado de la capital federal. Lo que en apariencia podría parecer un mero trámite administrativo de derivación entre instancias judiciales es, en realidad, el reflejo de una investigación compleja que toca intereses sensibles dentro de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino. En los últimos meses, el caso ha saltado de tribunal en tribunal, acumulando pruebas que apuntan hacia figuras de relevancia dentro de la dirigencia futbolística y generando tensiones sobre dónde debe procesarse una causa que involucra presuntas maniobras de ocultamiento y transferencia ilícita de activos.

El periplo judicial de una investigación que no encuentra destino

Para comprender la magnitud del trajín procesal, es necesario reconstruir el itinerario que ha recorrido esta causa desde sus inicios. El expediente nació originalmente en Comodoro Py bajo la supervisión del juez Daniel Rafecas, quien, reconociendo limitaciones de competencia, derivó el caso pero no sin antes impulsar las primeras medidas investigativas. Posteriormente, la causa fue trasladada al fuero Penal Económico, donde el juez Marcelo Aguinsky profundizó significativamente las pesquisas, intensificando el ritmo de las diligencias y consolidando líneas de investigación sobre movimientos sospechosos de dinero y transferencias de activos.

Sin embargo, la trayectoria se tornó errática cuando los dueños formales de la propiedad —Luciano Pantano, quien opera como monotributista, y su madre Ana Conte— interpusieron un escrito argumentando fundamentos territoriales. Con esa solicitud, lograron que el juez Adrián González Charvay, quien oficia en Campana, asumiera competencia sobre el caso bajo el pretexto de la ubicación geográfica del inmueble. Esta decisión fue posteriormente respaldada por Alberto Lugones, magistrado de la Cámara Federal de San Martín, lo que provocó una complicación adicional en la estructura jerárquica de la causa. A partir de ese momento, el expediente experimentó una desaceleración notable en su tramitación. Mientras que bajo la supervisión de Aguinsky las medidas se sucedían con cadencia constante, con González Charvay en el comando, el ritmo investigativo se ralentizó considerablemente.

La situación se volvió tan enredada que la Sala I de la Cámara Federal de Casación intervino el 15 de mayo ordenando que fuera la Cámara en lo Penal Económico la que determinara el tribunal competente. Esto significa que, nuevamente, la investigación sería evaluada en términos de especialización y no meramente por criterios territoriales. Múltiples fiscales se han pronunciado sobre esta cuestión: Sebastián Bringas, Carlos Cearras y ahora Gabriel Pérez Barberá todos han coincidido en que la causa debe salir de Campana y radicarse en un fuero diseñado específicamente para delitos económicos complejos. Inclusive, Mario Villar, fiscal de Casación, respaldó esta posición al intervenir en la disputa competencial.

Los indicios que apuntan hacia la estructura de la AFA

Mientras estos debates procesales se desarrollan, la evidencia física acumulada en la causa mantiene una narrativa consistente. En la propiedad se secuestraron múltiples vehículos de lujo cuyos costos mensuales de mantenimiento se cancelaban mediante una tarjeta de crédito que pertenecía a la AFA. Además de los automóviles, los investigadores localizaron un bolso y una placa conmemorativa con el nombre de Pablo Toviggino, quien se desempeña como tesorero de la entidad futbolística. También fue incautado un karting idéntico a los que utiliza habitualmente el hijo de Toviggino, elemento que viene a reforzar los lazos entre el funcionario y la quinta.

Existe un dato particularmente relevante: antes de que se realizara el allanamiento de la propiedad, trabajadores empleados en el sitio lograron sustraer objetos que establecían una conexión todavía más directa entre Toviggino y el lugar, entre ellos un cuadro en el que aparecía retratado el funcionario junto a su padre, que colgaba del quincho. Este tipo de maniobra —la remoción de elementos antes de las diligencias judiciales— es frecuentemente interpretado por los investigadores como un indicador de conciencia de culpabilidad y propósito de ocultamiento. En su comparecencia ante la justicia en una causa conexa por presunta evasión tributaria, Toviggino fue acompañado por un vehículo que estaba registrado a nombre de Real Central, la sociedad constituida por Pantano y Conte que figura en los documentos como propietaria legal de la quinta, la cual incluye un haras equino y una zona de aterrizaje para helicópteros.

La investigación también ha puesto el foco en TourProdEnter LLC, una firma vinculada a Javier Faroni que administra los derechos comerciales de la AFA a nivel mundial, de la cual se sospecha haya desviado más de 40 millones de dólares. Este desvío de recursos representa una cifra de magnitud considerable y sugiere una operatoria sofisticada de transferencia de fondos. Paralelamente, existe otro expediente en tramitación que involucra a Guillermo Tofoni, quien operó anteriormente como usufructuario de esos mismos derechos antes que Faroni, en el que nuevamente se investiga bajo la hipótesis de lavado de activos y que también se encuentra envuelto en una disputa de competencia que deberá resolverse en instancias superiores.

Complicaciones procedimentales y sospechas sobre imparcialidad

Uno de los episodios que ha generado mayor controversia es el involucramiento de Carlos Mahiques, magistrado del máximo tribunal penal argentino, quien habría festejado su cumpleaños en la quinta investigada. Tanto Mahiques como su hijo, Bautista Mahiques, quien se desempeña como ministro de Justicia, han negado categóricamente esta versión. No obstante, tras la circulación de esta información, el camarista optó por renunciar a la subrogancia que ejercía en la sala que debería intervenir en el caso, decisión que sobrevino después de que se generara la disputa competencial. La confluencia de estos hechos ha alimentado interrogantes sobre la imparcialidad y la idoneidad de ciertos magistrados para entender en la investigación.

Adicionalmente, circulan sospechas sobre la orientación que González Charvay, juez de Campana, pueda imprimir a la causa. Existen indicios que sugerirían que este magistrado mantendría vínculos con los máximos directivos de la AFA, lo cual plantea cuestionamientos sobre su capacidad para actuar de manera independiente en una investigación que afecta a figuras clave de esa organización. Las medidas que ha ordenado desde que asumió competencia han sido de naturaleza más administrativa y menos incisiva que las implementadas durante la etapa previa bajo la jurisdicción de Aguinsky. Recientemente, González Charvay ha mandatado que expertos de la Corte efectúen una pericia contable enfocada en tres ejes: los movimientos de la tarjeta de crédito de Pantano, el flujo económico de Real Central y la circulación de dinero proveniente de TourProdEnter LLC. También ha solicitado la inhibición de magistrados que entienden en dos expedientes adicionales enmarcados en el universo AFA, ambos bajo investigación por presunto lavado de dinero.

Hacia una resolución que define la especialización versus la proximidad territorial

La decisión que deban asumir Roberto Hornos y Carolina Robiglio, camaristas de la Cámara en lo Penal Económico, representa mucho más que una cuestión de asignación administrativa de causas. En juego hay un principio fundamental sobre cómo debe procesarse un caso de complejidad económica que exhibe características de lavado de activos sofisticado. La posición sostenida consistentemente por los fiscales del caso apunta hacia la premisa de que cuando se investigan presuntas maniobras de ocultamiento de dinero y transferencia ilícita de activos, la especialización del tribunal resulta más pertinente que la mera proximidad geográfica del inmueble investigado.

El fuero Penal Económico cuenta con recursos, expertise y protocolos específicamente diseñados para desentrañar operatorias de lavado de dinero, transferencias sospechosas y esquemas de ocultamiento de activos. Por el contrario, un juzgado civil ordinario de una localidad del interior bonaerense, aunque sea competente territorialmente, podría carecer de las herramientas técnicas y el conocimiento especializado necesarios para conducir una investigación de estas características. El fiscal Pérez Barberá, en su dictamen, esgrimió precisamente este argumento: que aún es prematuro definir la competencia basándose únicamente en la ubicación de la propiedad, considerando que los elementos delictivos involucran operatorias que trascienden lo inmobiliario y se inscriben en esquemas de movimiento de capitales y simulación de titularidades.

Lo que está en cuestión, entonces, es si prevalecerá la lógica de la especialización y la eficacia investigativa o si, por el contrario, se mantendrá la causa en una jurisdicción que, aunque posee competencia territorial, podría no poseer las capacidades técnicas ni la independencia requerida para conducir una pesquisa de esta magnitud. La decisión de Hornos y Robiglio será determinante para establecer no solo dónde se llevará adelante la investigación, sino también el ritmo y la profundidad con que será conducida.

Implicancias futuras y alcances de una resolución pendiente

Las consecuencias de lo que resuelvan estos magistrados proyectarán efectos múltiples. Si la causa retorna al fuero Penal Económico, es probable que experimente una reactivación del tempo investigativo y un escrutinio más riguroso sobre las operatorias sospechosas. Esto podría conllevar avances en la determinación de responsabilidades y una profundización en la cadena de decisiones dentro de la estructura de la AFA. Por otra parte, si González Charvay mantiene la competencia, la investigación podría continuar bajo una dinámica más lenta, facilitando eventuales estrategias dilatorias y permitiendo que elementos de prueba se desvanezcan con el transcurso del tiempo.

Más allá de los aspectos técnicos, existe una dimensión política y social relevante. La investigación toca aspectos de gobernanza institucional dentro de una entidad que administra recursos significativos y que posee gran relevancia en la cultura y la política argentina. Los hallazgos sobre desviación de fondos, transferencia de activos mediante testaferros y operatorias de ocultamiento de dinero tienen implicancias que van más allá de lo estrictamente criminal, tocando cuestiones de transparencia, rendición de cuentas y probidad en la administración de organismos deportivos de alcance nacional. La resolución que adopten los camaristas contribuirá a establecer si el sistema judicial está en condiciones de investigar y sancionar estas operatorias o si, por el contrario, las complejidades procedimentales y las disputas de competencia terminan por diluir la capacidad estatal de esclarecimiento.