El revés inesperado en el Congreso
Una decisión que parecía sellada hace apenas semanas se desmorona ahora en los pasillos del Congreso. La anulación del concurso para la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes marca un punto de quiebre en la política legislativa argentina y pone al descubierto algo mucho más profundo que una simple disputa administrativa: una batalla ideológica sobre quién debe proteger a la infancia y desde qué óptica. Lo que cambió es que una institución que debería estar blindada de presiones políticas se convierte, de pronto, en rehén de sectores que buscan imprimir su marca en ella. La bicameral controlada por La Libertad Avanza ejecutó el movimiento durante su primera sesión, dejando sin piso el trabajo que había avanzado durante meses y cuyo resultado ya había sido validado por la Cámara de Diputados con una mayoría que atravesaba múltiples bloques parlamentarios.
El organismo responsable de la selección decidió tirar por la borda todo lo andado y convocar a un nuevo proceso con reglas distintas. Detrás de esta maniobra administrativa late una pregunta política de fondo: ¿a quién debe defender realmente la Defensoría del Niño? Para algunos sectores dentro del Gobierno, la respuesta pasa por un perfil ideológico muy específico, uno alineado con posiciones que priorizan ciertos valores sobre otros, particularmente aquellos vinculados a grupos que se oponen a la legalización del aborto. Para otros, incluyendo organizaciones de derechos humanos, se trata simplemente de garantizar que el cargo se desempeñe con independencia y profesionalismo.
Un concurso que había superado todos los obstáculos
María Paz Bertero, abogada especializada en violencia de género, había ganado el concurso público abierto que se llevó a cabo en el transcurso de 2025. Su candidatura llegó a la terna final acompañada por Matías Robledo y Héctor Vito, quienes se postulaban como defensores adjuntos. El proceso había sido impulsado por la propia comisión bicameral y contó, en sus diferentes etapas, con participación de legisladores de variados signos políticos. Cuando llegó el momento de la votación en Diputados, los números fueron contundentes: 156 votos a favor, 44 en contra y 6 abstenciones. Ese apoyo no provenía solo de la oposición. También lo brindaron diputados de Pro, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el MID. Una arquitectura legislativa que, en principio, parecía más que sólida.
Sin embargo, el trámite quedó estancado en el Senado. Nunca llegó a votarse. Y mientras los meses transcurrían, los sectores dentro del oficialismo que no veían con buenos ojos la designación de Bertero comenzaron a moverse. La iniciativa para echar atrás el concurso fue liderada por la senadora Vilma Bedia, presidenta de la bicameral, junto a los diputados Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz. Los tres cuentan con vínculos reconocidos con organizaciones religiosas de orientación evangélica y católica, grupos que han expresado históricamente su rechazo a cualquier avance en materia de despenalización del aborto. La especialidad de Bertero en violencia de género y su defensa público de la ley de interrupción voluntaria del embarazo la ponía directamente en la mira de estos sectores.
El argumento técnico y sus fisuras
La justificación formal esgrimida por el oficialismo giró en torno a criterios administrativos. Según su interpretación, el concurso había perdido validez. Los reglamentos internos de la comisión, específicamente los artículos 106 y 111, establecían que la terna tendría una vigencia limitada. Bedia planteó que esta caducidad hacía necesario comenzar un nuevo proceso desde cero. Mayoraz fue el encargado de desarrollar los detalles técnicos: el concurso había corrido desde septiembre de 2025 con una vigencia de 180 días corridos, y ese plazo vencía el 22 de marzo de 2026. Además, acusó a la gestión anterior de la comisión —conducida por la radical Natalia Sarapura— de haber cometido irregularidades administrativas: exámenes sin firmas de legisladores, errores en las puntuaciones y falta de transparencia en el acceso a las evaluaciones.
Los legisladores de la oposición rechazaron de plano estos argumentos y expusieron sus propias interpretaciones del reglamento. Desde el peronismo y sus aliados sostuvieron que, históricamente, la comisión siempre había considerado los 180 días como días hábiles legislativos, no corridos. Esta distinción no es menor: los días hábiles excluyen fines de semana y feriados, lo que extiende considerablemente el plazo. Sarapura, cuando fue consultada, respalló esta lectura histórica. Además, recordó que una resolución de 2019 ya había establecido ese criterio. El senador peronista Daniel Bensusán y la bonaerense Juliana Di Tullio plantearon otro aspecto: que la terna ya había sido aprobada por la bicameral y, según los procedimientos, debía ser tratada por el Senado en plenario, no simplemente anulada mediante una resolución interna de comisión. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, fue directo al caracterizar lo que estaba sucediendo como una "tropelía legislativa".
La imposición de la mayoría y sus consecuencias
A pesar de la batería de cuestionamientos legales y políticos, el oficialismo tenía los números. Con seis firmas a su favor en la comisión, sancionó la Resolución 1/26, que dio por terminado el concurso de 2025 e inauguró la posibilidad de una nueva convocatoria. Las cinco firmas provenían del bloque de La Libertad Avanza, y una sexta, sorpresivamente, vino de Pro, de la mano de Victoria Huala. Este apoyo contrastaba marcadamente con la postura que Pro había adoptado poco tiempo atrás, cuando votó a favor de Bertero en Diputados. Huala no ofreció explicaciones públicas sobre el cambio de criterio.
La reacción de Bertero no se hizo esperar. La abogada cuestionó directamente el cambio de reglas y lo vinculó explícitamente con motivaciones políticas, no técnicas. "El único antecedente que existe determinó que los 180 días eran hábiles legislativos. Cambiar ahora las reglas de juego demuestra que el criterio no es técnico sino político", expresó. También denunció que en las últimas semanas había habido campañas de desprestigio impulsadas desde sectores oficialistas contra ella y los otros integrantes de la terna. Y lanzó una advertencia sobre las implicaciones más amplias: la Defensoría, en su opinión, quedaba completamente debilitada institucional y políticamente, justamente en un momento en el que enfrenta recortes presupuestarios y un retroceso en las políticas públicas vinculadas a la infancia.
La voz de quienes trabajan con derechos de la niñez
Las organizaciones especializadas en derechos de la infancia también levantaron sus críticas. Francisco Rodríguez, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integrante del colectivo Infancia en Deuda, fue tajante: la anulación del concurso generaba "un escenario de enorme incertidumbre jurídica e institucional". Su reproche incluyó un cuestionamiento sobre el cambio de las reglas una vez que el proceso ya estaba avanzado, inclusive después de que la Cámara de Diputados hubiera dado su aval. Pero Rodríguez también enfatizó otra preocupación quizás aún más grave: el impacto de mantener la Defensoría sin titular en un contexto de vulnerabilidad para la infancia. "Las infancias necesitan una Defensoría plenamente operativa", señaló, e hizo un llamado a que se retome un diálogo político genuino que permita avanzar con una institución fuerte y funcionando.
Las implicaciones de lo que está en juego
Lo que sucede en torno a esta Defensoría trasciende ampliamente la figura de una persona o el cumplimiento de un trámite administrativo. Representa una encrucijada institucional sobre cómo debe funcionar un organismo que, por definición, debe estar por encima de las lealtades políticas y las agendas ideológicas. La historia constitucional de las defensorías en Argentina las ha concebido como instituciones de naturaleza especial, dotadas de independencia precisamente para evitar que se conviertan en extensiones de gobiernos o movimientos políticos. Cuando una defensoría comienza a seleccionarse según criterios ideológicos —aunque sean criterios que se consideren legítimos desde cierta perspectiva—, se erosiona su capacidad de servir como guardiana de derechos para todos. Una Defensoría del Niño que se perciba alineada con una posición política específica inevitablemente perderá legitimidad ante aquellos que no compartan esa posición, y eso afecta su efectividad al momento de actuar en favor de la infancia en casos controvertidos.
Los próximos meses determinarán qué sucede con el nuevo concurso que el oficialismo impulsa. Si el proceso efectivamente incorpora cambios en el reglamento o en los criterios de selección, probablemente enfrentará impugnaciones legales y políticas. Si la terna que resulte tiene un perfil claramente alineado con sectores específicos, las críticas respecto a su legitimidad se multiplicarán. Por otro lado, desde la perspectiva de quienes apoyan esta iniciativa, existe la lectura de que es necesario garantizar que la Defensoría no se convierta en un espacio de promoción de políticas o visiones que consideran contrarias a ciertos valores fundamentales. La tensión entre estos dos polos —la independencia institucional versus la representación de valores específicos— seguirá marcando la trayectoria de este organismo mientras no exista un acuerdo político más amplio sobre cuál debe ser su naturaleza y su alcance.
