El equilibrio de las cuentas públicas en la Argentina comienza a trasladarse hacia territorios política y socialmente más áridos. Después de que los primeros dieciséis meses de administración nacional se concentraran en erosionar el poder adquisitivo de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales mediante la licuación inflacionaria, los números del sector fiscal revelan un cambio de dirección: la tijera presupuestaria ahora apunta hacia salarios estatales, construcción de infraestructura, subsidios y transferencias a las provincias. Este viraje no es menor. Mientras las partidas que crecen automáticamente con la inflación recuperan el terreno perdido frente a 2023, el Gobierno enfrenta una realidad incómoda: los ingresos tributarios caen de manera sostenida, y para cumplir la meta de superávit primario del 1,4% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional, necesitará profundizar los recortes en áreas que despiertan mayor resistencia política y generan impactos visibles en territorios gobernados por la oposición.

El retrato de una recaudación débil

Los números son contundentes y preocupantes para las proyecciones originales. Durante los primeros cuatro meses del año, los ingresos tributarios acumularon una contracción real interanual del 6,7%, lo que representa una brecha amplia respecto de lo que el presupuesto 2026 había proyectado: un incremento real del 6,7% en sentido opuesto. Esto genera una tensión matemática que el equipo de conducción económica no puede soslayar. De acuerdo con análisis del Instituto Argentino para el Desarrollo Fiscal, para que la meta presupuestaria se cumpliera tal como fue formulada, la recaudación tendría que experimentar un crecimiento real interanual del 13,2% durante los próximos ocho meses del año. Según señala la institución que dirige Nadín Argañaraz, esta recuperación resulta prácticamente imposible de alcanzar bajo el contexto macroeconómico presente.

El análisis desglosa hacia dónde tendría que venir ese crecimiento tributario. Los combustibles deberían expandirse 62% en términos reales, las retenciones sobre exportaciones 32%, los aranceles a las importaciones 27%, mientras que el IVA —la recaudación de mayor volumen— necesitaría crecer 11% real interanual. Sin embargo, el escenario que presenta el Instituto es sustancialmente más reservado: proyecta que la recaudación tributaria cerrará el año con una caída real del 2,3% interanual. Ese resultado incorpora, además, la pérdida de ingresos por contribuciones de Seguridad Social que traerá aparejada la implementación del Fondo de Asistencia Laboral a partir del segundo semestre. Todo indica que los márgenes de ajuste en el presupuesto se contraen dramáticamente, obligando al Gobierno a concentrar sus esfuerzos en una única zona del gasto: aquella que no está protegida por fórmulas automáticas de actualización.

Las partidas indexadas se recuperan: jubilaciones y planes sociales vuelven a 2023

Un fenómeno notable ocurre en la estructura del gasto público nacional. El 55% del gasto primario se encuentra atado a mecanismos de actualización automática por inflación. Esta porción incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y Asignación Universal por Hijo. Esas partidas, que sufrieron una erosión significativa durante 2024 cuando la inflación se aceleró y los aumentos de estas prestaciones quedaron rezagados, ahora experimentan una recuperación notable. De hecho, prácticamente han regresado a los niveles reales que poseían hace un año. Este cambio en la trayectoria de las prestaciones indexadas genera un fenómeno paradójico: al recuperarse ese bloque de gastos, la presión de ajuste se desplaza inevitablemente hacia el otro 45% del presupuesto primario, compuesto por partidas que no tienen mecanismos automáticos de recomposición.

Los números confirman esta reconfiguración del ajuste. En el período enero-abril, el gasto primario total retrocedió 3,3% en términos reales interanual. Pero detrás de esa cifra consolidada se esconde una dinámica bifurcada: mientras el gasto indexado creció 1,5%, el no indexado se desplomó 8,6%. Esa contracción del componente no indexado recayó sobre partidas específicas, algunas de las cuales experimentaron caídas dramáticas. Las transferencias corrientes a provincias retrocedieron 42,4%, los programas sociales 27,5%, el gasto en transporte 19,8%, las prestaciones del Pami 10,5%. Existe una categoría que sufrió un derrumbe particularmente severo: "otras funciones" cayó 93,7%, lo que sugiere una contracción prácticamente total de ciertos gastos de funcionamiento estatal no esenciales.

La brecha tributaria obliga a profundizar el ajuste en lo sensible

Si la recaudación no recupera el ritmo esperado, los cálculos del Instituto Argentino para el Desarrollo Fiscal indican que el gasto primario no indexado debería cerrar el año con una caída real de 6,2% para mantener la meta de superávit. Este guarismo representa un aumento significativo respecto de la contracción que ya se ha materializado en los primeros meses del año. La lógica fiscal que le subyace es cruda: ante ingresos tributarios débiles, la única variable de ajuste disponible son esos gastos no protegidos por indexación automática. El equipo de conducción económica anticipaba que el desempeño de la recaudación mejoraría hacia fin de año, lo que permitiría moderar la contracción del gasto. Pero esa mejora no se ha manifestado hasta ahora, y las proyecciones sugieren que cuando mucho, la caída será más contenida que lo proyectado originalmente.

El Fondo Monetario Internacional, al aprobar la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas en abril, indicó que el equipo económico mantendría el equilibrio fiscal mediante una batería de medidas específicas: reducción de subsidios a la energía, mejor focalización de transferencias sociales y contención del gasto discrecional para contrarrestar iniciativas de inversión que pudiera impulsar el Congreso Nacional. Esas instrucciones, aunque formuladas en términos genéricos, refuerzan la necesidad de que los recortes se concentren precisamente en esas áreas no indexadas. Para que la meta se cumpla, no hay demasiadas alternativas sobre la mesa.

El Instituto Argentino para el Desarrollo Fiscal también explora escenarios extremos. Si los ingresos tributarios terminaran cayendo 5% en términos reales, el gasto no indexado debería contraerse 10,8% para mantener la meta fiscal. En el extremo opuesto, si la recaudación llegara a crecer 3%, ese bloque de gastos podría expandirse 6,5%. Una tercera posibilidad, que incorpora la privatización de represas con ingresos no tributarios por 8%, permitiría mantener el gasto no indexado constante y aumentar 1% el gasto primario indexado. Ninguno de estos escenarios es especialmente optimista, y todos parten de que los ingresos tributarios funcionarán mejor que en los meses previos, lo que hasta ahora no se ha verificado.

La ley universitaria: una bomba de tiempo presupuestaria

Una variable adicional se introduce en los cálculos cuando se contempla la eventual aplicación de la ley de financiamiento universitario, un proyecto que actualmente se encuentra judicializado y cuyo futuro legislativo permanece incierto. Según estima el Instituto, el costo fiscal de esa iniciativa alcanzaría 0,23% del PBI. Si llegara a implementarse, ese gasto adicional tendría que ser financiado mediante compensaciones en otras partidas del presupuesto no indexado. Esto significaría que los recortes en esos rubros deberían profundizarse aún más, pasando de una contracción 8,8% a una de 11% durante los últimos ocho meses del año. Una sanción legislativa de esa ley, entonces, no solo impactaría las arcas universitarias, sino que obligaría a apretones adicionales en educación estatal, infraestructura, asistencia social y transferencias territoriales. La tensión que genera esa posibilidad refleja la precariedad del margen de maniobra fiscal con el que opera el Gobierno.

La magnitud del ajuste: hacia una contracción histórica del gasto público

Una perspectiva de más largo plazo revela la profundidad del proceso de reconfiguración fiscal que atraviesa la Argentina. Si se comparan los niveles de gasto primario proyectados para fin de año respecto de 2023, el gasto primario total habría caído aproximadamente 29% en términos reales. Casi la totalidad de esa contracción proviene del componente no indexado, que se habría desplomado 47%. En contraste, el bloque de gastos indexados —jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones— finaliza apenas 0,8% por debajo de los niveles reales que tenía hace un año. La fotografía que emergen de estos números es la de un ajuste profundamente asimétrico, concentrado en ciertos rubros mientras deja prácticamente intactos otros.

Esa distribución desigual produce cambios significativos en la composición del gasto público. Las transferencias de capital a provincias registraron la reducción relativa más acentuada, pasando de representar 0,43 puntos del PBI en 2023 a apenas 0,03 puntos en abril. Eso implica un retroceso del 93%. La obra pública nacional se contrajo 73%, las transferencias no automáticas a provincias 68%, los programas sociales 57%, los subsidios energéticos 51%, el transporte 38% y las partidas universitarias 37%. Esos números ponen de relieve dónde se ha concentrado la tijera y cuáles son los sectores que han sufrido las amputaciones más severas en el presupuesto nacional.

El cambio de naturaleza del ajuste: de la licuación a la confrontación política

La evolución del ajuste fiscal nacional durante estos dieciséis meses de administración revela un cambio táctico en la estrategia de equilibrio de las cuentas públicas. Durante 2024, una porción significativa del equilibrio se construyó sobre la licuación del poder adquisitivo de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. El mecanismo funcionó de la siguiente manera: mientras la inflación aceleraba, los aumentos de esas prestaciones quedaban rezagados, lo que erosionaba su valor real sin necesidad de tomar decisiones explícitas de recorte. Fue una estrategia de ajuste silencioso, menos confrontacional públicamente que un corte directo. Sin embargo, con las partidas indexadas recuperando terreno y acercándose nuevamente a los niveles reales de hace un año, esa vía de ajuste ya no funciona con la misma efectividad. La motosierra debe cambiar de dirección.

Ahora el ajuste apunta hacia sectores que generan resistencia política más visible y concentrada: gobiernos provinciales, universidades, sindicatos de empleados públicos, empresas constructoras, beneficiarios de programas de asistencia directa. A diferencia de la licuación inflacionaria, que actúa de manera difusa y afecta a múltiples grupos sin una fuente política claramente identificable, los recortes en transferencias provinciales, obra pública, salarios estatales y programas sociales generan actores políticos que pueden movilizarse, presionar y canalizar su disconformidad a través de vías institucionalizadas. La naturaleza del conflicto distributivo cambia significativamente. Lo que comenzó como un ajuste técnico basado en mecanismos inflacionarios se transforma en un proceso de confrontación política más explícita, donde diferentes territorios y sectores pelezan por no ser los receptores principales de los recortes.

Esta reconfiguración ocurre en un contexto donde el Gobierno mantiene públicamente su compromiso con la meta de superávit como elemento central de su estrategia económica y como señal de credibilidad hacia los organismos financieros internacionales. El presidente Javier Milei ha reiterado en múltiples ocasiones que no renunciará a sostener ese objetivo. Sin embargo, la brecha entre la recaudación proyectada y la real genera un dilema: mantener la meta requiere recortes cada vez más profundos en partidas que afectan directamente a gobiernos subnacionales y grupos de presión, o bien resignarse a que la meta no se cumpla con exactitud, con las posibles implicancias que ello tendría para la relación con el Fondo Monetario.

Los meses que restan del año se presentan como un período de intensas negociaciones y probables tensiones. Gobiernos provinciales enfrentarán transferencias reducidas para financiar servicios básicos. Universidades nacionales se debatirán entre la aplicación de la ley de financiamiento —que genera costos fiscales adicionales— y la austeridad presupuestaria. Los empleados públicos nacionales verán limitados los aumentos salariales reales. Las empresas constructoras enfrentarán una contracción acentuada en los llamados a licititar proyectos de infraestructura. Los beneficiarios de programas sociales enfrentarán asignaciones que no acompañen dinámicas inflacionarias. Cada uno de esos sectores posee capacidad de generar presión política sobre el Gobierno, ya sea a través de gobiernos provinciales de oposición, movilizaciones estudiantiles, paros docentes, demandas judiciales o movilizaciones sociales.

El desenlace de esta dinámica fiscal dependerá de múltiples factores: la velocidad a la que se recupere la recaudación tributaria, las decisiones que tome el Congreso respecto de iniciativas de gasto (como la ley universitaria), la capacidad de presión que ejerzan los distintos actores afectados por los recortes, y la flexibilidad que el Fondo Monetario demuestre respecto del cum