La maquinaria legislativa se detiene por una semana más. El Senado pospuso su sesión ordinaria hasta el 4 de junio, un movimiento que refleja mucho más que un simple reajuste de calendario. Detrás de esa postergación bullen discrepancias internas que ponen al desnudo las fracturas dentro de la coalición gobernante y plantean interrogantes sobre el rumbo que seguirá la administración de justicia en distintos territorios del país. La agenda que se avecina estará dominada por un tema que genera incomodidad en varios costados de la política: la designación de más de setenta magistrados y fiscales para cubrir vacantes en tribunales de todo el territorio nacional.
El oficialismo logró que la Comisión de Acuerdos del Senado emita dictamen favorable sobre la mayoría de esas candidaturas. Sin embargo, ese respaldo técnico no significa unanimidad en el recinto. Sectores moderados de la Unión Cívica Radical y del PRO ya comunicaron sus reservas respecto de varios nombres. Incluso dentro del bloque que sustenta al Gobierno nacional, hay voces que cuestionan postulaciones específicas. La senadora Patricia Bullrich, líder de la bancada libertaria en la Cámara alta, se ha convertido en una suerte de guardiana de esas objeciones, trasladando las inquietudes a las autoridades ejecutivas. El hecho de que sea ella misma quien exprese esas dudas genera una ironía política no menor: algunos de los candidatos cuestionados tienen antecedentes que la involucran directamente.
Los nombres que generan mayor polémica en el hemiciclo
Uno de los casos más resonantes es el de Pablo Matkovic, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén. Años atrás, cuando Matkovic ejercía como defensor federal en esa provincia, se vio involucrado en un episodio que enfrentó directamente a Bullrich. En 2017, durante la gestión anterior, Matkovic denunció ante la justicia los allanamientos que entonces ministra de Seguridad había autorizado contra la comunidad mapuche de Campo Maripe, en la zona de Vaca Muerta. A pesar de que la jefa libertaria manifestó sus reparos, el expediente de Matkovic reúne las firmas suficientes para ser votado en la próxima sesión, lo que significa que podría avanzar independientemente de las objeciones que exprese Bullrich.
Otro candidato que enfrenta el rechazo de la misma senadora es Juan Manuel Mejuto, quien aspira a integrar como camarista el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº8 de la Capital Federal. Los cuestionamientos provienen de múltiples flancos: Bullrich, sectores del radicalismo y legisladores del PRO advierten sobre supuestas vinculaciones que Mejuto tendría con el kirchnerismo y con la organización conocida como Justicia Legítima. Durante su presentación pública ante los senadores, Mejuto rechazó categóricamente esas imputaciones, pero la sombra de la duda persiste en la arena parlamentaria.
Otros dos candidatos, Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, ambos postulados como vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, aún no han logrado superar el filtro de la Comisión de Acuerdos, que preside el senador riojano Juan Carlos Pagotto. Las preocupaciones que rodean a estos magistrados no son menores: hay legisladores que sospechan sobre sus relaciones con las máximas autoridades de la AFA. Tanto el presidente de esa entidad, Claudio Tapia, como el tesorero, Pablo Toviggino, son actualmente investigados en el fuero Penal Económico. Las acusaciones que pesan sobre ellos incluyen presunta evasión agravada y también una causa que involucra el uso de facturas falsas, denunciada originalmente por ARCA, el organismo nacional de recaudación fiscal. El juez Diego Amarante está a cargo del expediente. La coincidencia de que Catania y Greenway aspiren a integrar justamente la cámara que podría intervenir en asuntos relacionados con esas investigaciones ha encendido las alarmas entre varios senadores.
Conflictos de interés y vínculos que generan resquemores
La lista de candidatos controvertidos se extiende. María Verónica Michelli fue propuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de La Plata. Su postulación cuenta con dictamen favorable de la comisión, pero el Gobierno decidió no habilitarla para su votación en el recinto. La razón, según explicaciones reservadas que circulan desde el oficialismo, guarda relación con su vínculo familiar. Michelli es pariente de Hugo Alconada Mon, periodista investigador que ha desarrollado un seguimiento exhaustivo sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, un asunto que involucra nada menos que al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia. Para el otro candidato al mismo tribunal, Carlos Cuesta, no existen objeciones de parte del Ejecutivo, y su postulación ya cuenta con el aval del bloque gobernante.
Algo similar ocurre con Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Su postulación ha generado resistencia, pero por razones que trascienden lo meramente profesional. Juan está casada con el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien se encuentra investigando varios asuntos, entre ellos la causa que gira en torno a $LIBRA. Ante los senadores, la candidata cuestionó la naturaleza de las objeciones en su contra, argumentando que estas no se orientaban hacia su idoneidad, su moral, su ética ni su trayectoria profesional, sino que se enfocaban exclusivamente en su vida privada y en su condición conyugal. El planteo de Juan abre un debate más amplio sobre dónde termina la legitimidad de examinar antecedentes personales y dónde comienzan los prejuicios.
Entre los más de setenta candidatos que serán sometidos a votación el próximo 4 de junio figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. El joven Rosatti aspira a ocupar un cargo como vocal en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Las evaluaciones técnicas a las que fue sometido durante el proceso de selección no le depararon las mejores calificaciones en cuanto a antecedentes, mérito e impugnaciones. No obstante, el Consejo de la Magistratura avaló su candidatura. Al presentarse ante los senadores, Rosatti expresó su compromiso de trabajar para que la justicia responda en tiempo oportuno, con la necesaria claridad, y que los justiciables vean resueltos sus casos de la manera más eficaz posible. Su postulación representa un caso típico de lo que suele denominarse endogamia judicial: la designación de parientes de magistrados ya establecidos en la estructura del poder.
Ese fenómeno no es nuevo ni aislado. También figuran en la nómina Laureano Durán, hijo del excaraista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del exfiscal Germán Moldes; y Javier Arzubi Calvo, quien se desempeñó como secretario del juez Ariel Lijo. Estos perfiles plantean una cuestión recurrente en la historia institucional argentina: la persistencia de dinámicas de herencia y conexionismo en la selección de magistrados, fenómeno que contrapone las nociones de mérito y transparencia con las prácticas tradicionales del sistema.
Más allá de los nombres polémicos, el Senado también ha dejado listos para su tratamiento varios proyectos legislativos vinculados con la creación y reforma de estructuras dentro del Poder Judicial. Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, encabezada por Gonzalo Guzmán Coraita, y la de Presupuesto y Hacienda, dirigida por Agustín Monteverde, ambos del oficialismo, impulsaron iniciativas destinadas a fortalecer y acelerar el funcionamiento de la justicia federal. Una de ellas, presentada por el senador Maximiliano Abad de la UCR, propone la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Otra iniciativa busca reformar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, unificando propuestas que habían presentado de manera independiente las senadoras Beatriz Ávila e Independencia y Sandra Mendoza de Convicción Federal. Estos dictámenes se sumarán a la agenda legislativa que La Libertad Avanza pretende llevar al recinto el próximo 4 de junio, junto con el polémico proyecto de propiedad privada que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proyecto que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Las tensiones de la coalición y lo que aguarda
La postergación de una semana en la agenda del Senado es sintomática de las dificultades que enfrenta el Gobierno para construir consensos aun dentro de sus propias filas. Antes de que se reanuden las sesiones, está previsto que este martes se reúna la mesa política encabezada por Manuel Adorni, jefe de Gabinete. En esos encuentros suelen resolverse las fricciones que amenazan con convertirse en votaciones problemáticas en el recinto. La realidad es que el tratamiento de más de setenta pliegos judiciales en una sola sesión representa un volumen de decisiones sin precedentes en los últimos años y abre múltiples flancos de negociación.
Los cuestionamientos que rodean a varios candidatos no son triviales. Trascienden consideraciones sobre la idoneidad profesional y tocan asuntos neurálgicos para la administración actual: investigaciones penales que involucran a funcionarios del Gobierno, vínculos con entidades sometidas a escrutinio, y la permeabilidad de los procesos de selección de magistrados a lógicas de nepotismo y patronazgo. El hecho de que senadores de distintos bloques, incluyendo legisladores del mismo partido de gobierno, expresen objeciones sugiere que existe una preocupación generalizada sobre lo que significa permitir que ciertos candidatos accedan a posiciones de poder en la estructura judicial.
El panorama que se abre el 4 de junio podría deparar varias escenas: desde votaciones cerradas que reflejen las fracturas internas de la coalición, hasta retiros de candidatos para evitar rechazos públicos, o bien la aprobación de la mayoría de los pliegos a pesar de los reparos expresados. Cada uno de esos escenarios tendría implicaciones distintas para la estabilidad de la coalición gobernante y para la composición futura de los tribunales federales. Las tensiones que emerge hoy en el Senado no desaparecerán con una simple votación; estarán presentes en las decisiones que esos magistrados tomen una vez asuman sus cargos, en la medida en que sus designaciones hayan estado atravesadas por consideraciones políticas y no únicamente por criterios de mérito y capacidad profesional.
