El Senado de la Nación desplegó este miércoles una sesión maratónica en la que despachó asuntos de diversa índole, pero que dejó al descubierto las fracturas políticas internas del peronismo y reavivó tensiones sobre cuestiones de seguridad pública que trascienden los gobiernos de turno. Mientras una mayoría legislativa resolvió ampliar hasta 2027 los plazos para que ciudadanos regularicen armamento no inscripto, la cámara alta también blanqueó la continuidad de una figura judicial cuyos antecedentes generaron una división tajante dentro del justicialismo. Los seis capítulos legislativos tratados en la jornada revelaron las grietas profundas que caracterizan al escenario político argentino actual.
El régimen de las armas: flexibilización con incentivos
La votación sobre regularización de armamento no registrado alcanzó 40 sufragios positivos y 26 negativos, convirtiendo en ley el proyecto que había sido impulsado desde el Ejecutivo. El mecanismo aprobado otorga a los ciudadanos un lapso de 360 días para inscribir armas de fuego que se encuentren en su poder sin la debida documentación estatal. Entre los aspectos más relevantes de la norma figura la posibilidad de realizar entregas completamente anónimas, sin que medie registro alguno de identidad del depositante. Quienes opten por esta vía, además, accederán a beneficios económicos y quedarán exentos de cualquier imputación penal por tenencia ilegal previa de armamento.
Los legisladores que respaldaron la iniciativa destacaron que el esquema ya había generado resultados positivos en entregas anteriores. Mencionaron que el programa representa un avance en la incorporación de armas ilegales al registro estatal, lo cual permitiría a las fuerzas de seguridad contar con cartografía más precisa del armamento circulante en el territorio. La lógica subyacente plantea que al facilitar las entregas voluntarias sin castigos retroactivos, se desalienta el mercado negro y se reduce la cantidad de armas sin trazabilidad que puedan caer en manos de grupos criminales.
Sin embargo, la posición crítica advirtió sobre un efecto distinto. Los senadores que votaron en contra sostuvieron que las facilidades contempladas en la norma representan una flexibilización progresiva de los controles sobre portación de armamento en la Argentina. Caracterizaron la iniciativa como un eslabón más en una cadena de medidas que, en conjunto, debilitarían la institucionalidad de regulaciones sobre armas de fuego. Esta perspectiva enfatizó que el anonimato de las entregas y la ausencia de sanciones penales podrían convertirse en mecanismos para que armas que ya circulaban ilegalmente simplemente cambien de titular sin quedar registradas. La prórroga hasta 2027 refleja que, pese a los programas anteriores de entrega voluntaria, aún subsisten cantidades significativas de armamento no documentado en poder de civiles.
Tres tratados internacionales: comercio y seguridad social
En un acápite que contrastó por su consenso, la cámara alta aprobó tres convenios internacionales con 65 votos a favor en todos los casos. El primero de ellos refiere al tratado de libre comercio entre el bloque del Mercosur y Singapur, suscripto en Río de Janeiro durante el cierre de 2023. Este acuerdo establece marcos de regulación para intercambios comerciales, definiendo el trato nacional de bienes, reglas de origen, procedimientos aduanales y una batería de capítulos especializados que van desde propiedad intelectual hasta contratación pública. Su aprobación en la cámara alta habilita ahora su paso a Diputados para obtener la sanción definitiva.
Los otros dos convenios operan en el terreno de la seguridad social bilateral. Argentina firmó con Suiza un acuerdo en mayo de 2024 que reconoce mutuamente los aportes realizados por trabajadores en ambas jurisdicciones, evitando así duplicaciones de contribuciones para quienes se trasladen temporalmente. De modo análogo, el tratado con San Marino, suscripto en agosto de 2023, extiende beneficios de vejez, invalidez y sobrevivencia, aplicándose a prestaciones contributivas administradas por organismos de diversas esferas estales. Estos instrumentos responden a una lógica de integración regional e internacional que se remonta décadas atrás en las políticas de Argentina respecto a países desarrollados.
El juez Mahiques: cuando la política contamina la institucionalidad
Fue quizás el capítulo más turbulento de la jornada. El Senado aprobó la prórroga por cinco años del mandato del juez federal Carlos Mahiques con 58 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Sin embargo, detrás de este resultado aritmético se esconde una realidad política más compleja: el peronismo votó dividido. Senadores vinculados al sector cristinista como Eduardo de Pedro, José Mayans y Mariano Recalde rechazaron la continuidad del magistrado. Simultáneamente, figuras del justicialismo provincial como Sergio Uñac de San Juan optaron por acompañar la medida. Esta quiebre refleja que la bancada que tradicionalmente funciona como bloque monolítico enfrenta divergencias sustanciales respecto a cómo evalúa las trayectorias de ciertos actores del poder judicial.
El debate preambular fue particularmente ácido. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, sostuvo que la oposición kirchnerista cuestionaba a Mahiques precisamente porque este había juzgado procesos por corrupción durante gobiernos peronistas anteriores. Bullrich desplegó una enumeración detallada: Mahiques no fue quien participó en el desvío de fondos de vialidad, sino quien lo juzgó; no redactó el memorándum con Irán, sino quien lo evaluó; no escribió los cuadernos de coimas, sino quien analizó probanzas; no lavó dinero de Lázaro Báez, sino quien sentenció. La legisladora oficialista extendió sus críticas hacia José Mayans, al que acusó de representar un sistema feudal donde la justicia está sometida al poder provincial.
Mayans, a su turno, dirigió sus ataques hacia Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Presidente. Lo ironizó como "el argentino que más ha progresado en tan poco tiempo", cuestionando la discrepancia entre las cifras de reducción de pobreza anunciadas públicamente y el enriquecimiento que el funcionario habría experimentado. Mayans lo acusó de ser "el cajero del Presidente" e insistió en que Adorni participó de operaciones vinculadas al sistema LIBRA. Los senadores de La Libertad Avanza rechazaron los cuestionamientos y destacaron que Mahiques posee una trayectoria y expertise que lo calificaban para la continuidad, independientemente de vínculos familiares. La senadora Nadia Márquez enfatizó que vincular su prórroga a que su hijo sea ministro ofendería el nivel intelectual de quienes así argumentan.
Críticas a la idoneidad del magistrado desde la izquierda institucional
El senador Martín Soria, del bloque de Unión por la Patria, abrió el debate oponiéndose frontalmente a la prórroga. Sostuvo que Mahiques no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas para continuar en el cargo. Soria recordó la audiencia pública donde el magistrado fue interrogado sobre los cuestionamientos hacia su persona y reconoció que Mahiques respondió "con buenos modales y muy respetuoso", pero que sus explicaciones resultaron insatisfactorias. En su intervención, Soria caracterizó al juez como alguien que exhibe una "profunda dependencia del poder político, económico y mediático", alejándose de la independencia que debería distinguir a un magistrado. Utilizó una expresión metafórica particularmente dura: "Mahiques es un lobo con piel de cordero", sugiriendo que detrás de una apariencia correcta y moderada se esconden alineamientos políticos elocuentes y fallos que considera peligrosos.
El senador riojano Juan Carlos Pagotto presentó una contrapropuesta operativa: antes de dejar vacar juzgados federales por falta de magistrados, era imperativo nombrar a los jueces pendientes. Mencionó que en la Comisión de Acuerdos había escuchado testimonios sobre tribunales con cinco salas pero solo tres jueces, lo que genera una parálisis institucional de facto. Su argumento sugería que permitir la continuidad de Mahiques evitaba un desguarnecimiento aún mayor del poder judicial federal mientras no se resuelvan las decenas de nombramientos pendientes.
Incorporación de 61 pliegos judiciales y reconocimiento a antropólogos forenses
Antes de cerrar la sesión, el Senado ingresó a trámite parlamentario 61 pliegos de candidatos a cargos judiciales, la mayoría propuestos por provincias para sus propios distritos. La Comisión de Acuerdos abrirá los procedimientos de evaluación, que incluyen publicación de antecedentes en redes sociales para recibir avales e impugnaciones, seguidos de audiencias públicas donde los postulantes responden preguntas de los legisladores.
En un momento de aparente consenso transversal, el Senado habilitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense y al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Ambas instituciones realizaron la identificación de 17 personas desaparecidas durante la dictadura militar, cuyos restos fueron hallados en La Perla. La votación obtuvo 69 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, reflejando que ciertos asuntos vinculados a memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad mantienen una capacidad de trascender las polaridades políticas partidarias.
Perspectivas abiertas por los resultados legislativos
Los resultados de esta sesión plantean interrogantes sobre las dinámicas futuras en el Congreso Nacional. La aprobación de la prórroga del programa de entrega de armas, acompañada de la continuidad de un magistrado polémico, sugiere que la coalición oficialista dispone de herramientas parlamentarias suficientes para impulsar su agenda legislativa. Sin embargo, las fracturas dentro del peronismo respecto a Mahiques indican que los bloques opositores enfrentan dificultades para construir frentes comunes alrededor de críticas específicas. Algunos observadores podrían argumentar que la división del justicialismo debilita su capacidad de resistencia frente al Ejecutivo; otros sostendrían que refleja simplemente la pluralidad natural de un espacio político heterogéneo. La cuestión de si la regularización de armas contribuirá efectivamente a reducir criminalidad o, por el contrario, ampliará los márgenes de circulación de armamento sin control, solo podrá evaluarse cuando transcurran los años de implementación y se disponga de datos estadísticos sobre entregas concretadas y sobre evolución de ilícitos con armas de fuego. En cuanto al magistrado Mahiques, su continuidad en funciones durante cinco años más mantendrá abierta la controversia sobre si la independencia judicial en Argentina puede coexistir con proximidades políticas evidentes, o si estas últimas inevitablemente comprometen la legitimidad de fallos que afecten asuntos de alto contenido político.
