La administración de justicia argentina volvió a protagonizar un episodio que profundiza la desconfianza ciudadana en sus instituciones. Hace apenas algunos días, dos magistrados integrantes de la Cámara de Casación Penal resolvieron cambiar el curso de una investigación que involucraba a los máximos referentes del fútbol profesional argentino. Lo inusual no radica solamente en la decisión en sí, sino en el hecho de que ambos jueces habían sustentado argumentos diametralmente opuestos apenas tres meses atrás. Este giro procesal, cargado de contradicciones, lleva inevitablemente a interrogantes sobre qué fuerzas operaron detrás de una resolución que beneficia directamente a quienes enfrentan acusaciones por maniobras que habrían movido aproximadamente 400 millones de dólares.
El cambio de posición y sus contradicciones manifiestas
El magistrado Mariano Borinsky constituye el caso más paradójico. En mayo de este año, durante un pronunciamiento anterior, el mismo juez había argumentado con sólida convicción que interrumpir el trámite procesal para debatir cuestiones de competencia atentaba contra la celeridad de la administración de justicia. En aquella oportunidad, sostuvo que los formalismos excesivos retrasaban innecesariamente la investigación y que convenía mantener la causa en manos de la jueza Verónica Straccia, magistrada especializada en delitos de naturaleza económica. Apenas noventa días después, Borinsky encabezó la resolución que hace precisamente lo que había censurado: reabre el debate de competencia y ordena trasladar el expediente al juez federal Adrián González Charvay, con sede en Campana.
La inconsistencia cobra dimensiones más preocupantes cuando se analiza quién es González Charvay y cuál es su relación con los investigados. Los dirigentes de la institución deportiva, particularmente Claudio Tapia y Pablo Toviggino, supuestamente habrían solicitado que el caso recayera en este magistrado federal. Straccia, en cambio, venía transitando un camino investigativo más riguroso: indagaba cómo un monotributista y su madre jubilada pudieron adquirir una propiedad de lujo ubicada en la zona residencial de Pilar. Las pruebas documentales, fotografías e inventarios de bienes valiosos hallados en esa residencia —cuya titularidad aparece asociada a Toviggino— componían un andamiaje probatorio que González Charvay deberá analizar ahora casi desde cero. Comenzará su revisión con expedientes que ya contienen indicios, pero también con la prerrogativa de iniciar nuevas líneas investigativas o descartar las anteriores.
Presiones, ascensos y silencios incómodos
La trayectoria de Borinsky añade una capa adicional de intriga a este panorama. El magistrado ha sido mencionado reiteradamente como candidato potencial para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia. En diálogos privados —según trascendió— el mismo Borinsky anticipó su aspiración a ese escalafón máximo. Para concretarla, requiere la aprobación de dos tercios del Senado Nacional, un umbral de votación que demanda construcción política ardua. Algunos legisladores que habían expresado su disposición a respaldar su candidatura modificaron repentinamente su posición tras conocer la resolución sobre la AFA. Estos senadores argumentaron que una decisión que favorece a quien enfrenta investigación por corrupción resulta incompatible con la investidura de juez supremo. La ironía es evidente: el mismo magistrado que busca ascender a la máxima instancia judicial acaba de tomar una decisión que complica ese objetivo.
¿Quién presionó a Borinsky? Distintas versiones circulan en los pasillos judiciales y políticos. Una de ellas señala al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien en el pasado desempeñó funciones dentro de la estructura de la AFA. Mahiques es, además, quien debe tramitar formalmente cualquier candidatura de Borinsky hacia la Corte. Otra versión menciona que el padre del ministro, el juez Carlos Mahiques, celebró su cumpleaños número 74 en la misma mansión de Pilar investigada en la causa, supuestamente como invitado de Toviggino. Existe también una tercera hipótesis que involucra a Antonio Stiuso, histórica figura de los servicios de inteligencia argentinos, quien según testimonios preserva una influencia considerable en los tribunales federales. Ninguna de estas versiones ha sido formalmente probada, pero su circulación masiva revela el grado de desconfianza que la resolución ha generado.
El segundo juez que cambió de criterio, Diego Barroetaveña, presenta un panorama aún más complejo desde la óptica del conflicto de intereses. Barroetaveña se desempeñaba como presidente de la Comisión de Ética de la AFA hasta hace apenas algunos meses. Su permanencia en la revisión de esta causa debería haber motivado su recusación automática, simplemente por los estándares mínimos de imparcialidad que exige cualquier sistema judicial democrático. Un magistrado no puede juzgar a una institución cuya estructura ética él mismo supervisaba recientemente. Además, circulan versiones —difíciles de verificar— acerca de su presencia en el evento celebrado en la quinta de Pilar donde se festejó al padre del ministro Mahiques. Las fotografías de ese encuentro, según estos relatos, serían utilizado como herramienta de presión contra varios jueces que asistieron. Barroetaveña tampoco se excusó de la causa, decisión que habría sido la más elemental desde el punto de vista deontológico.
El laberinto procesal como mecanismo de dilación
La resolución de ambos magistrados se concentró en un aspecto técnico específico: el delito de lavado de activos, según su interpretación, debe investigarse en la jurisdicción federal de Campana porque allí se ubicaría presuntamente la propiedad donde ocurrió el presunto ilícito. Sin embargo, este razonamiento omite deliberadamente un aspecto crucial. Los dirigentes de la AFA están siendo investigados simultáneamente por una media docena de causas distintas en tribunales de la Capital Federal. Entre esas acusaciones figuran evasión fiscal, retención indebida de aportes patronales —delito por el cual ya fueron procesados formalmente— y transferencias de fondos de origen dudoso. La decisión de trasladar únicamente la causa por lavado de activos a Campana fragmenta artificialmente un conjunto de hechos interconectados que deberían ser analizados de manera integral.
Este fraccionamiento procesal genera consecuencias prácticas evidentes. González Charvay deberá reconstruir líneas investigativas que ya se encontraban avanzadas. Necesitará re-obtener testimonios, re-examinar documentación, re-analizar pruebas periciales. Todo este trabajo requiere tiempo. Mientras tanto, la investigación sobre cómo se financió la adquisición de la propiedad —pregunta que Straccia venía formulando sistemáticamente— se ve relegada a un segundo plano. Borinsky, en mayo, había afirmado que los formalismos procedimentales no debían convertirse en obstáculos para la celeridad judicial. En su nueva posición, ha generado precisamente el efecto opuesto: retraso, confusión jurisdiccional y proliferación de trámites.
Existe un antecedente histórico relevante que ilumina esta situación. La sede histórica de la AFA ha funcionado durante décadas en un edificio ubicado en la calle Viamonte, en el corazón de Buenos Aires. Recién en tiempos más recientes se menciona una sede alternativa en un terreno baldío de Pilar. Para que la justicia federal de Campana asuma competencia sobre asuntos de la AFA, fue necesario argumentar que la institución opera desde Pilar. Reconocer explícitamente este cambio de domicilio habría resultado demasiado evidente, demasiado artificial. Por eso la resolución lo elude mediante tecnicismos jurídicos. Pero incluso los tribunales de Comodoro Py, especializados en delitos contra la Nación —como precisamente el lavado de dinero y la evasión fiscal—, deberían estar revisando esta causa.
La investigación internacional como escenario alternativo
Mientras la justicia argentina navega este laberinto de competencias y conflictos de intereses, organismos de otros países avanzan en investigaciones paralelas. La justicia de los Estados Unidos y el FBI tienen bajo escrutinio operaciones que movieron millones de dólares a través del sistema financiero norteamericano. Para la autoridades estadounidenses, el simple hecho de que transacciones supuestamente ilícitas hayan transitado bancos ubicados en su territorio o se hayan ejecutado en dólares es suficiente para asumir jurisdicción. Este enfoque contrasta notoriamente con la fragmentación que ocurre en Argentina.
Una mayoría significativa de la ciudadanía argentina ha comenzado a depositar mayor confianza en los resultados que arroje la investigación internacional que en los procesos domésticos. Esto representa un indicador preocupante del estado actual de la administración de justicia local. Cuando los ciudadanos pierden fe en sus propias instituciones y esperan que sean jueces extranjeros quienes esclarezcan hechos de corrupción nacional, se configura una situación que trasciende lo meramente procesal. El fiscal general de Casación Mario Villar, magistrado con reputación de integridad reconocida, se opuso sistemáticamente a que la causa recayera en González Charvay. Villar podría recurrir ante la Corte Suprema mediante una queja, pero ese tribunal debiese conformar una mayoría dispuesta a revocar una decisión sobre competencias, no sobre una sentencia definitiva. El ministro Ricardo Lorenzetti de la Corte aclaró públicamente que no propone a Borinsky como futuro juez supremo, distanciándose así de candidaturas problemáticas.
Las implicancias de un sistema que se cuestiona a sí mismo
Los hechos que rodean esta resolución generan múltiples perspectivas sobre sus consecuencias futuras. Por un lado, existe la posibilidad de que González Charvay, en su revisión de los expedientes, examine con rigor las pruebas ya acumuladas y profundice en líneas investigativas que Straccia había iniciado. Algunos observadores sostienen que no es imposible que el nuevo magistrado actúe con independencia respecto de los supuestos intereses que lo habrían beneficiado. Por otro lado, es factible que el traslado de la causa derive en dilaciones procesales que dificulten el esclarecimiento de hechos. El fraccionamiento de investigaciones conexas entre distintos tribunales complica la construcción de narrativas probatorias sólidas y otorga ventajas estratégicas a quienes disponen de recursos legales sofisticados.
Existe también la perspectiva de quienes confiaban en que la Corte Suprema revirtiera la resolución de la Cámara de Casación, pero esta posibilidad enfrenta obstáculos procedimentales y políticos. Una justicia que consume energía en debates sobre competencias y jurisdicciones, en lugar de concentrarse en la investigación sustantiva de denuncias de corrupción, abdica de su función esencial. El cuestionamiento que esta situación genera sobre la independencia judicial afecta la legitimidad de todo el sistema. Independientemente de cómo se resuelvan finalmente las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la AFA, el proceso mediante el cual se llegó a esta decisión ya ha dejado una marca en la percepción pública. La confianza en las instituciones judiciales se erosiona cuando prevalecen argumentaciones que carecen de consistencia lógica, cuando magistrados revierten posiciones sin explicaciones convincentes, y cuando la sospecha de presiones extrajudiciales flota sobre los expedientes.
