La próxima sesión de la Cámara de Diputados traerá consigo una serie de iniciativas que buscan redefinir aspectos centrales de la política económica y fiscal argentina. Convocada para el miércoles 26 de agosto, la jornada legislativa concentra una agenda ambiciosa que refleja las prioridades del ejecutivo nacional en materia de reforma institucional y recuperación de divisas. Entre los asuntos que centrarán el debate parlamentario figuran modificaciones profundas en el funcionamiento del organismo monetario y un nuevo mecanismo de regularización de activos no declarados que podría movilizar cifras extraordinarias en el contexto económico actual.
El bloque gobernante, integrado por diputados de La Libertad Avanza sumados a aliados del PRO y la UCR, ha presentado formalmente el pedido de sesión ante la presidencia de la Cámara baja. Los cálculos de los propulsores de estos proyectos indican que contarían con el respaldo necesario en el recinto para obtener la media sanción de las iniciativas que consideran estratégicas. Esta confluencia de fuerzas parlamentarias, aunque frágil en otros terrenos legislativos, encuentra terreno común en varios de estos temas, lo que permitiría avanzar en reformas que de otro modo enfrentarían obstáculos mayores.
El Banco Central en la mira: restricciones a la emisión y objetivos redefinidos
Uno de los pilares de la agenda es la transformación de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto que impulsa el Gobierno introduce cambios de envergadura en la estructura normativa de la entidad reguladora del sistema monetario. En primer lugar, plantea restablecer como objetivo excluyente la preservación del valor de la moneda, desplazando así el esquema de cinco funciones que había quedado en pie tras la reforma de 2012. Esta reorientación responde a una perspectiva económica que prioriza la estabilidad del peso por sobre otras consideraciones que habían ganado relevancia hace más de una década.
Un segundo componente central prohíbe al organismo financiero realizar operaciones que financien el déficit fiscal mediante emisión monetaria. Esto incluye expresamente la adquisición de títulos públicos en el mercado primario, tanto nacionales como provinciales o municipales. Esta restricción, de aprobarse, cerraría una vía de financiamiento que ha sido recurrente en la historia fiscal argentina y que adquirió particular significancia durante los períodos de crisis. La medida se alinea con diagnósticos que vinculan la emisión monetaria sin respaldo a procesos inflacionarios persistentes. Además, el proyecto eleva el umbral para la remoción del presidente del Banco Central, requiriendo dos tercios de los votos en ambas Cámaras, una exigencia que fortalecería la independencia relativa del titular frente a cambios políticos coyunturales. También modifica la política de distribución de utilidades, limitándola únicamente a las ganancias que el organismo genuinamente genere en su operatoria.
El blanqueo de divisas: un nuevo intento de regularización masiva
El segundo grande asunto de la sesión es la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, un dispositivo legal orientado a expandir los mecanismos de regularización de activos no declarados. El Gobierno proyecta que esta iniciativa podría movilizar aproximadamente US$170.000 millones en divisas ocultas, una cifra que refleja estimaciones sobre el volumen de dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal. El proyecto elimina los topes de ingresos anuales y de patrimonio que hasta ahora habían delimitado quiénes podían acceder al régimen simplificado de declaración de ganancias. Esta apertura ampliada buscería captar a contribuyentes que antes quedaban excluidos por límites de ingresos o riqueza acumulada. La iniciativa también contempla una reducción del veinticinco por ciento en las multas que deben abonar personas físicas y pequeñas y medianas empresas que decidan adherirse al blanqueo. Estos incentivos buscan maximizar la adhesión voluntaria al sistema formal, operando sobre la premisa de que menores castigos conllevan mayores motivaciones para regularización.
Este tipo de mecanismos representan un fenómeno recurrente en Argentina, donde sucesivos gobiernos han recurrido a regularizaciones de activos no declarados como instrumento para ampliar la base tributaria y aumentar las disponibilidades de divisas. Históricamente, estas medidas arrojan resultados variables en función de factores como la credibilidad institucional, la coyuntura económica y el grado de confianza en que los fondos regularizados no serán objeto de futuras medidas confiscatorias. La presente iniciativa se inscribe en esa tradición, aunque con características propias derivadas del contexto de escasez de divisas que atraviesa la economía nacional.
Acuerdos comerciales y reformas menores en el temario
El temario de la sesión también incluye instrumentos de integración económica y reforma tributaria de alcance menor. La Cámara buscará otorgar media sanción al Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, negociado en diciembre de 2023, y al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido internacionalmente como PCT. Este último apunta a simplificar y unificar los procedimientos de protección de patentes entre los países adherentes, facilitando el registro de innovaciones tecnológicas e industriales. Asimismo, se proyecta modificar la alícuota del IVA aplicable a la fécula de mandioca, reduciendo su carga tributaria. Esta medida responde a dinámicas de la cadena agroindustrial misionera y de otras provincias productoras.
El orden del día incorpora además una serie de declaraciones simbólicas de "capitales nacionales" para diferentes localidades: la Ciudad de Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro, Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo y San Juan como Capital Nacional de la Educación, entre otras. Aunque estas designaciones carecen de implicancias presupuestarias significativas, reflejan la práctica de reconocimiento institucional que atañe a distintas regiones y sectores económicos o culturales. Se contempla también la creación de una segunda sala en las cámaras federales de apelaciones de Tucumán y Mar del Plata, respondiendo a demandas de descongestión del sistema judicial federal. Finalmente, figura en el temario la declaración del Camino de Brochero, situado en Córdoba, como patrimonio cultural inmaterial de la nación.
La sesión que se avecina, entonces, concentra decisiones que trascienden lo puramente legislativo y toca aspectos fundamentales del diseño institucional, la política monetaria y la capacidad del Estado de captar recursos. Los resultados de esta jornada parlamentaria producirán efectos que se extenderán más allá del ciclo legislativo inmediato. Algunos sectores ven en estas reformas herramientas indispensables para estabilizar la economía y ampliar la base de contribuyentes; otros advierten sobre posibles consecuencias en términos de restricciones a la política económica o sobre la equidad de mecanismos que regularicen activos no declarados. El desenlace de los debates en el recinto determinará hasta qué punto el Ejecutivo logra traducir su agenda en normas con aplicación efectiva.
