En el seno del peronismo bonaerense fermenta una disputa que trasciende los cálculos electorales inmediatos y toca asuntos estructurales sobre cómo se dirimen las diferencias dentro de la coalición gobernante. Dos pesos pesados de la administración provincial decidieron esta semana hacer públicas sus intenciones de competir por la sucesión en la gobernación, movimiento que intensifica una puja que venía gestándose en las sombras y que ahora ocupa un lugar central en las conversaciones políticas de la provincia más poblada del país. No se trata meramente de ambiciones personales, sino de una encrucijada que expone tensiones profundas sobre liderazgo, representatividad y la viabilidad de mecanismos democráticos internos en una fuerza política que históricamente ha resuelto sus conflictos mediante negociaciones entre dirigentes.
Gabriel Katopodis, quien actualmente gestiona la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos en la provincia, fue quien primero expresó públicamente su disponibilidad para encabezar una candidatura. Mediante una entrevista radial, el funcionario se presentó como heredero natural de la gestión saliente, enfatizando su experiencia acumulada en distintos niveles de la administración. Su trayectoria incluye pasos por la intendencia de San Martín, funciones en la estructura nacional durante gobiernos anteriores, y ahora su rol provincial. Según sus propias palabras, esta acumulación de responsabilidades lo coloca en condiciones de "encarar todos los cambios" que requiere la provincia, mientras mantiene la continuidad de políticas que considera exitosas. Lo relevante no es solo su aspiración, sino el énfasis que puso en la necesidad de mecanismos de selección que incluyan a la ciudadanía, cuestionando la práctica tradicional de que "cuatro dirigentes" decidan los candidatos.
El fantasma de las PASO y la disputa por la legitimidad democrática
Katopodis aprovechó su intervención pública para plantear una demanda que emerge como central en esta contienda: la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como PASO. Su razonamiento toma forma en una crítica velada al sistema de designación tradicional dentro del peronismo, proponiendo que "la gente" sea quien defina quién está "en mejores condiciones de representar" al partido. Esta postura tiene implicaciones que van más allá del mero procedimiento electoral. Señala, implícitamente, que el liderazgo legítimo debe emanar de un proceso abierto y no de acuerdos entre cúpulas. La propuesta resuena con un debate histórico en la izquierda peronista sobre la democratización interna de la coalición, tema que ha generado fricciones periódicamente. Sin embargo, la realización de PASO es competencia del poder político nacional, y su viabilidad depende de decisiones legislativas que van más allá de lo provincial, lo que introduce una variable de incertidumbre en estas aspiraciones.
Leonardo Nardini, quien fuera ministro de Infraestructura durante el primer mandato de Axel Kicillof y actualmente comanda la intendencia de Malvinas Argentinas, completó el cuadro de candidaturas expresas. Su anuncio llegó a través de un canal de streaming, plataforma que refleja la evolución de los espacios de comunicación política en la era digital. Nardini enfatizó su disposición para asumir "el desafío" que representa la gobernación, caracterizando su trayectoria municipal como una escuela de gestión. Su discurso incorporó un elemento autobiográfico: recordó que cuando expresó a los treinta y tres años su deseo de ser intendente, sus detractores cuestionaban su edad; hoy, a treinta y cinco, ya ostenta esa responsabilidad. El relato construye una narrativa de superación y determinación que busca contrarrestar potenciales críticas sobre experiencia o capacidad. Además, Nardini propuso un abordaje diferenciado: en lugar de la queja continua, plantea la necesidad de participar en debates "de manera sana y responsable" desde adentro del sistema político.
El tablero se amplía: de Ferraresi a Tolosa Paz, los actores en juego
La irrupción de Katopodis y Nardini no ocurre en el vacío, sino que se suma a un ecosistema de aspirantes que ya había comenzado a moverse. Jorge Ferraresi, exintendente de Avellaneda, y Julio Alak, actual jefe comunal de La Plata, figuran entre los nombres que circulan. Pero la geografía de candidaturas se complejiza cuando se consideran las distintas corrientes internas del peronismo. Desde La Cámpora, la organización que agrupa a sectores ligados históricamente a Cristina Fernández de Kirchner, suena el nombre de Mayra Mendoza como posible competidora. Simultáneamente, en el peronismo federal, otros espacios impulsan a Victoria Tolosa Paz y al intendente de Pilar, Federico Achával, entre otros perfiles que van ganando visibilidad. Este despliegue de candidatos refleja una realidad política: la provincia de Buenos Aires no es monolítica, sino un tejido complejo de municipios, corrientes ideológicas y liderazgos territoriales, cada uno con su propia base de poder.
Kicillof, como gobernador saliente, ocupa un lugar peculiar en esta dinámica. Ambos precandidatos reconocen su figura, aunque de maneras que merecen atención. Katopodis lo señaló como el mejor preparado para "encabezar un gran frente" orientado a cambiar el rumbo nacional, lo que sitúa a Kicillof como posible candidato presidencial y a los demás como competidores para sucederlo en la provincia. Esta estratificación de ambiciones refleja el tradicional pensamiento peronista sobre cómo se distribuyen cargos y responsabilidades: hay un nivel presidencial, uno provincial y uno municipal, cada uno con sus propios actores y lógicas. Sin embargo, tal distribución no está fija, y la realidad política es más fluida. El hecho de que se mencione la posibilidad de que Kicillof compita nacionalmente abre interrogantes sobre si realmente se perfila para hacerlo, o si es una maniobra retórica de sus posibles sucesores para ganar legitimidad.
En cuanto al contexto nacional, ambos precandidatos no escapan a la tentación de criticar la administración de Javier Milei. Katopodis fue explícito: consideró que "el rumbo en que está" la Argentina es equivocado y que la prioridad debe ser cambiarlo en las elecciones presidenciales de 2027. Esta crítica, aunque predecible en un político de la oposición, funciona como ancla ideológica para una campaña que se perfila no solo como continuidad de Kicillof, sino como alternativa a las políticas nacionales vigentes. El peronismo bonaerense, así, se posiciona a sí mismo como actor central en un hipotético proyecto nacional diferente al actual, lo que eleva las apuestas de esta contienda provincial y la vincula con dinámicas políticas que trascienden los límites administrativos locales.
Implicancias de una sucesión abierta en tiempos de incertidumbre
Las dinámicas de esta carrera sucesoria se desenvuelven en un contexto de incertidumbre económica y social que caracteriza la Argentina contemporánea. Las políticas implementadas en el nivel nacional impactan directamente en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi un tercio de la población total del país. La gobernación, en ese sentido, no es un puesto administrativo menor, sino una plataforma desde la cual se pueden desafiar o negociar con el poder central. Esto explica por qué los candidatos dedican energías a diferenciarse entre sí, no tanto por cuestiones de política provincial específica, sino por su capacidad percibida de gestionar esa relación con Nación. Todos parecen operar desde la premisa de que la próxima gobernación enfrentará desafíos derivados de decisiones tomadas en Buenos Aires, y que la provincia necesita liderazgos capaces de negociar en ese terreno.
La cuestión de las PASO, planteada por Katopodis, introduce un elemento de volatilidad política. Si bien es cierto que la decisión sobre su realización depende del nivel nacional, la presión desde provincias como Buenos Aires podría incidir. Un sistema de primarias abiertas tendría consecuencias dispares: por un lado, legitimaría el proceso de selección ante la ciudadanía, reduciendo la percepción de que "cuatro dirigentes" eligen; por otro, complejizaría la tarea de unificar a la coalición ganadora, potencialmente debilitándola en un eventual balotaje. Para la izquierda peronista, que históricamente ha defendido mecanismos más democráticos, una PASO podría ser una victoria simbólica; para la estructura tradicional del partido, podría representar una amenaza a su capacidad de gestionar consensos. Esta tensión no se resolverá simplemente en el nivel provincial, sino que será un reflejo de cómo el peronismo nacional resuelva sus propias contradicciones.
Hacia adelante, los resultados de esta contienda sucesoria pueden impactar de múltiples formas. Si emerge un ganador claro con legitimidad electoral o de consenso, podría proyectarse una gobernación fuerte con capacidad de tracción nacional. Si, por el contrario, la disputa se resuelve mediante negociación entre facciones, el gobernador electo podría llegar debilitado por compromisos internos que limiten su libertad de acción. También existe el escenario en el que la fragmentación del peronismo favorezca el ascenso de opciones políticas distintas, tanto desde el espacio opositor como desde fuerzas que se reclaman como alternativas progresistas. Los dirigentes en competencia son conscientes de estos riesgos, lo que probablemente explica su énfasis simultáneo en mantener unidad discursiva contra el gobierno nacional mientras pugnan entre sí por suceder a Kicillof.
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