El reloj no perdona en la administración pública. Cuando se cumplen 75 años, los jueces de la República deben dejar sus cargos, salvo que el Presidente y el Senado autoricen una extensión en el ejercicio de la magistratura. Víctor Arturo Pesino, vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, llegará a esa edad en junio próximo. Pero hace apenas 24 horas que el juez resolvió, junto a María Dora González, suspender una medida cautelar que frenaba la aplicación de 81 artículos de la ley de "modernización laboral" del Gobierno de Javier Milei. Y ya el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, puso en marcha toda la maquinaria estatal para que Pesino permanezca en su puesto más allá de ese límite etario. Los tiempos coinciden demasiado para no llamar la atención, especialmente en la oposición.
Una decisión que suena a contraprestación
El fallo de Pesino revirtió una medida que había adoptado el juez Horacio Ojeda el 30 de marzo pasado, cuando acogió un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender cautelarmente 81 artículos de la reforma impulsada por el oficialismo. Aquella decisión había representado un freno importante para las políticas laborales del Gobierno. La intervención de Pesino y González llegó después de que el Ejecutivo presentara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema solicitando que se levantara esa suspensión. Con esta nueva resolución, la reforma laboral vuelve a tener aplicación plena en los aspectos que la medida cautelar había bloqueado. Poco después de que se conociera la sentencia, la cartera de Justicia inició los trámites administrativos para que Pesino continúe ocupando su cargo en la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal una vez cumplida la edad de retiro obligatorio. La maniobra despertó críticas inmediatas desde sectores opositores.
La diputada nacional Myriam Bregman fue de las primeras en cuestionar públicamente la medida. En sus redes sociales, la legisladora planteó una pregunta incómoda: ¿qué recibió Pesino a cambio de su fallo favorable? Según su análisis, el Poder Ejecutivo respondió inmediatamente con una "devolución de favores" al juez, otorgándole apenas un día después la oportunidad de extender su magistratura. Bregman caracterizó la situación como "otra sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de Milei y el poder económico". El senador nacional Mariano Recalde, perteneciente al bloque peronista, fue aún más directo en su crítica: habló de un "intercambio obsceno, a la vista de todos", donde "la casta" queda protegida mientras "los trabajadores ven reducidos sus derechos".
Un tribunal marcado por decisiones que favorecen a los empresarios
Dentro del ámbito del fuero laboral, la Sala VIII que integra Pesino tiene una reputación bien establecida: es conocida como "la más patronal" entre todas las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, según revelaron fuentes del sector judicial consultadas. Esta caracterización no es casual ni responde a una mera percepción. Los antecedentes del magistrado demuestran un patrón consistente de resoluciones que tienden a beneficiar los intereses empresariales en detrimento de los derechos de los trabajadores. Recientemente, Pesino y González se apartaron del criterio que utilizan las otras nueve salas de la Cámara al implementar una metodología distinta para calcular los intereses en casos de indemnización. Mientras el resto de las salas aplica la fórmula del IPC más un 3% adicional, Pesino reduce los créditos restándoles un 30 por ciento. Un abogado laboralista de trayectoria reconocida explicó esta discrepancia: "En vez de aplicar el IPC más el 3%, como hacíamos todos, él le restaba el 30 por ciento a los créditos". Esta práctica tiene implicancias económicas concretas para trabajadores que buscan cobrar indemnizaciones, ya que reduce significativamente el monto que pueden percibir.
El historial de Pesino contiene varios fallos que generaron repercusión pública y que refuerzan la percepción de magistrado proclive a las posiciones empresariales. En 2020, por ejemplo, rechazó un amparo presentado por una trabajadora de Télam, la agencia estatal de noticias, que buscaba su reinstalación laboral. En 2018, suspendió las elecciones del Sindicato de Comercio, conducido por Armando Cavalieri, argumentando irregularidades en los padrones del gremio más numeroso del país. Estos antecedentes contribuyeron a consolidar su imagen como un juez con una orientación particular en las controversias entre capital y trabajo.
Una práctica que se extiende más allá de Pesino
El interés del Gobierno por prorrogar la permanencia de Pesino en la magistratura no constituye un acto aislado. Simultáneamente, Mahiques impulsó otros pliegos dirigidos al Senado para ocupar vacantes en fueros federales y provinciales. Entre estos candidatos figura Leopoldo Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de San Juan, para el cual también se solicitó la extensión de su magistratura más allá de la edad de retiro. Según consignó la prensa local, Rago Gallo mantiene "buena sintonía" con Patricia Bullrich, senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. La conexión entre este magistrado y la legisladora tiene raíces que se remontan a la administración de Mauricio Macri, cuando Bullrich ejercía como ministra de Seguridad. En esa época, Rago Gallo elogió públicamente el trabajo del Gobierno de Cambiemos en la lucha contra el narcotráfico. "Desde Nación hay una fuerte decisión de luchar contra el narcotráfico y eso es muy importante. Con este Gobierno todo ha cambiado para mejor", afirmó entonces, y confirmó haber estado en contacto directo con Bullrich para coordinar acciones. Este antecedente sugiere que el Ejecutivo está tejiendo una red de magistrados que mantienen afinidades políticas con figuras clave del oficialismo.
Además de Pesino y Rago Gallo, el Gobierno envió al Senado el pliego de José Eduardo Villena para ocupar un cargo como juez de los Juzgados Federal de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Villena participó en marzo pasado en una jornada de debate organizada por Lucía Montenegro, legisladora porteña de La Libertad Avanza, dedicada al tema de falsas denuncias por violencia de género. Esta participación visibiliza la sintonía del potencial magistrado con las prioridades ideológicas del bloque oficialista. El patrón que emerge de estos movimientos simultáneos muestra una estrategia deliberada de colocar en posiciones de poder judicial a personas cuya orientación resulta compatible con los objetivos políticos del Gobierno.
La combinación de eventos genera un escenario que alimenta las sospechas sobre la integridad del proceso judicial. Por un lado, está la rapidez con que se activó el trámite de prórroga para Pesino, literalmente el día posterior a su voto favorable a la reforma laboral. Por el otro, la simultaneidad con la que se avanzan en otras designaciones y prórrogas de magistrados que cuentan con vínculos o afinidades con el oficialismo. Esto configura lo que la oposición describe como una operación de captura institucional, donde el Poder Ejecutivo busca asegurar lealtades judiciales mediante incentivos que van desde la extensión de mandatos hasta el acceso a nuevas funciones. El sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a las democracias institucionales requiere que el Poder Judicial mantenga independencia respecto del Ejecutivo. Cuando la sucesión de estos eventos ocurre con tanta cercanía temporal, la confianza pública en esa independencia se ve inevitablemente dañada.