El inicio tácito de la contienda electoral remueve los cimientos parlamentarios

Agosto llegó con una transformación silenciosa pero inevitable en las dinámicas del Senado argentino. Lejos de los reflectores que iluminaban los últimos coletazos de la campaña mundial de fútbol, comenzó a gestarse un reordenamiento profundo en las fuerzas políticas que ocupan la Cámara alta. Lo que sucedió en los últimos días de la primera semana de agosto marca un punto de inflexión: el inicio de la carrera presidencial del 2025 ha comenzado a reconfigurar alianzas que, hasta hace poco tiempo, parecían estables y predecibles. Esta transformación no es menor. Implica que el Gobierno nacional, que nunca contó con mayoría propia en la Cámara de Senadores, deberá ahora enfrentarse a un tablero mucho más fragmentado y exigente, donde cada proyecto de ley se convertirá en una batalla individual de negociación política y territorial.

Las consecuencias de este giro ya son visibles. Patricia Bullrich, jefa de los senadores del oficialismo, se vio obligada a ceder en dos capítulos fundamentales de un proyecto de desregulación que el Gobierno consideraba estratégico. Esto no sucedió por debilidad argumentativa o derrota mediática exclusivamente. Sucedió porque gobernadores que hasta hace poco tiempo respaldaban la iniciativa legislativa del Ejecutivo nacional evaluaron que los costos políticos de mantener esa posición ya no eran asumibles en el contexto de una competencia electoral que comienza a tomar forma. En otras palabras, la lógica de la campaña presidencial está ganando terreno sobre la lógica de la colaboración institucional con la Casa Rosada.

El peronismo cierra filas mientras el oficialismo contabiliza sus apoyos reales

Del lado del peronismo, los movimientos de las últimas semanas sugieren una estrategia de reagrupamiento. Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron con propósitos claros: unificar criterios respecto de temas cruciales como la eliminación de las elecciones primarias que impulsa la reforma política impulsada desde Balcarce. Esa coordinación entre los principales referentes de la oposición no fue casual ni decorativa. Funcionó, además, como advertencia dirigida a los gobernadores peronistas que han mantenido acuerdos parciales con el Gobierno nacional. El mensaje fue contundente: quienes se alineen con iniciativas que el bloque nacional del peronismo rechaza pagarán un precio político en las próximas elecciones.

Ese aviso tuvo resultados inmediatos. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, modificó su posicionamiento respecto de varios proyectos. Ordenó a Beatriz Ávila, senadora de su provincia, votar en contra del capítulo que trataba la extranjerización de tierras. Más tarde, ya en el recinto, presionó para que cayera otro capítulo del mismo proyecto, el que habilitaba la disposición inmediata de terrenos productivos afectados por incendios. Comportamientos similares se registraron con otros senadores provinciales: Flavia Royón por Salta y Carolina Moisés por Jujuy alinearon sus votos con las instrucciones de sus respectivos gobernadores, que a su vez respondían a cálculos electorales más amplios. La senadora neuquina Julieta Corroza presentó un perfil más matizado, pero sus movimientos también revelan la gravitación que Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, ejerce sobre sus decisiones legislativas.

La matemática legislativa del oficialismo se vuelve cada vez más compleja y menos predecible. El Gobierno posee 21 senadores propios, puede contar con al menos 7 de los 10 radicales y suma los 3 integrantes de Pro. A esto se agrega el peronista correntino Carlos Espínola, quien ha mantenido una postura de apoyo selectivo. Para alcanzar una mayoría simple, necesita 37 votos. La brecha entre lo que tiene garantizado y lo que precisa es de aproximadamente 6 a 10 votos, según la iniciativa de que se trate. Esa diferencia deberá cubrirse con negociaciones individuales, acuerdos territoriales y compensaciones políticas que Bullrich y su equipo deberán gestionar prácticamente proyecto a proyecto. Ya no hay margen para certezas estratégicas.

Gobernadores y sus senadores: el peso determinante de las provincias

Lo que está ocurriendo en el Senado refleja un fenómeno que trasciende la Cámara alta. En Argentina, los gobernadores mantienen una influencia desproporcionada sobre los legisladores nacionales que provienen de sus provincias. Esta realidad institucional se vuelve más pronunciada cuando la competencia electoral comienza a calentarse. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, ejemplifica esta dinámica. En los primeros meses de 2024, sus senadores votaban frecuentemente a favor de iniciativas oficialistas. Ahora, la percepción en los despachos gubernamentales es que su distancia respecto del oficialismo aumentará de forma proporcional a la capacidad que tenga el peronismo de presentar un frente unificado de cara a las elecciones presidenciales. Se trata de un cálculo de supervivencia política provincial.

Un caso diferente, aunque no menos ilustrativo, es el de Rolando Figueroa en Neuquén. Su Gobierno comparte con la administración nacional una prioridad común: el desarrollo de Vaca Muerta, el yacimiento de gas y petróleo no convencional más relevante del país. Este punto de convergencia sugiere que la alianza entre Figueroa y la Casa Rosada podría mantener cierta solidez, independientemente de las dinámicas electorales que se desplieguen en otras provincias. De hecho, Julieta Corroza, senadora neuquina, brindó un apoyo explícito al proyecto de Súper RIGI, que Bullrich pretende convertir en ley en las primeras semanas de septiembre. Ese voto es indicativo de la persistencia de ciertos acuerdos territoriales, aunque sean limitados en alcance.

Las provincias mesopotámicas presentan un panorama más fragmentario. En Misiones, la fractura interna del oficialismo provincial llevó a Sonia Rojas Decut a alinearse con el gobernador Hugo Passalacqua, votando en contra de los capítulos controvertidos del proyecto de extranjerización de tierras y de cambios en la ley de Manejo del Fuego. Su colega Carlos Arce mantiene una postura más alineada con Carlos Rovira, líder político que transitó desde el Frente Renovador de la Concordia hacia el Encuentro por Misiones. Se estima que Arce continuará respaldando iniciativas del Gobierno nacional, al menos en el corto plazo. Finalmente, Edith Terenzi, senadora radical por Chubut, juega un rol ambiguo. Aunque procede de la Unión Cívica Radical, su alineamiento efectivo responde al gobernador Ignacio Torres, quien pertenece a Pro pero mantiene un delicado equilibrio entre su respaldo al Gobierno nacional y sus aspiraciones políticas propias. En la sesión del 6 de agosto, Terenzi votó en contra de los capítulos controvertidos, colaborando así con el desguace parcial del proyecto oficial.

La caída del proyecto de propiedad privada: síntoma de un reordenamiento más profundo

El revés legislativo que sufrió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, no debe interpretarse como una derrota meramente legislativa. Ciertamente, el Gobierno había perdido la batalla política y mediática en torno al capítulo que levantaba restricciones a la venta de tierras a extranjeros. La sociedad argentina, con sus particularidades históricas respecto de la propiedad territorial, expresó a través de sondeos de opinión una amplía desaprobación. Pero lo que verdaderamente cambió el contexto fue la decisión de un puñado de gobernadores de evaluar que el costo político de respaldar esa iniciativa ya no era compatible con sus cálculos electorales.

Desde la perspectiva de Bullrich y su círculo inmediato, lo que ocurrió no fue simplemente una derrota legislativa compensable con argumentos. Fue una señal de que detrás del desmantelamiento del proyecto se esconde una acción política de mayor alcance: la reorganización del peronismo con miras a encuadrar a los gobernadores que hasta hace poco apoyaban selectivamente al Gobierno. En otras palabras, Bullrich leyó los eventos como indicios de que la dinámica electoral estaba comenzando a reconfigurar las prioridades de gobernadores que, en contextos de menor tensión electoral, eran más dóciles a los proyectos presidenciales.

Este análisis tiene una correlación factible con la caída en imagen y apoyo que Javier Milei experimenta según varios relevamientos de opinión pública. El desgaste de la gestión gubernamental, los costos indeseados del plan económico y decisiones consideradas evitables —como mantener durante casi tres meses a Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete— han impactado en la evaluación ciudadana del Gobierno. Cuando la popularidad presidencial se erosiona, los gobernadores que habían apostado por una colaboración institucional comienzan a hacer cálculos más defensivos de sus propias jurisdicciones y sus proyectos políticos personales.

El desafío de aprobar leyes en un escenario de negociación permanente

De cara a los próximos meses, hasta el cierre del año legislativo, Bullrich y el equipo gubernamental enfrenta un desafío de naturaleza distinta al que enfrentaron durante 2023 y buena parte de 2024. Ya no se trata de consolidar una mayoría relativamente estable que permita aprobar proyectos de cierta envergadura. Se trata, en cambio, de construir mayorías ad hoc, proyecto tras proyecto, ley a ley, como diría la vieja expresión del político Carlos "Mostaza" Merlo. Cada iniciativa requerirá negociaciones específicas, compromisos territoriales diferenciados y, posiblemente, la introducción de modificaciones que diluyan su contenido original.

El proyecto de Súper RIGI que se espera sea convertido en ley en septiembre ejemplifica esta nueva dinámica. Bullrich y su equipo han logrado que senadores como Corroza respalden la iniciativa, pero esa adhesión no garantiza que otros gobernadores electoralmente sensibles voten de igual manera. Cada senador provincial representa un territorio con intereses específicos, una gobernanza con agendas propias y un cálculo electoral que puede variar sustancialmente respecto del de sus pares. El Gobierno deberá aprender a funcionar bajo esta lógica fragmentaria, abandonando la ilusión de poder contar con mayorías predecibles.

Perspectivas e implicancias de un Senado electoralmente volátil

Los próximos meses de 2024 y el tránsito hacia 2025 mostrarán cómo se consolida o se desmorona este nuevo mapa político. Existen al menos tres escenarios posibles. En el primero, el peronismo logra una unificación más profunda y ejerce una presión coordinada que desacopla a los gobernadores que aún colaboran con el Gobierno. Bajo este escenario, el oficialismo perdería votos adicionales y su capacidad de aprobar leyes se vería drásticamente limitada. En un segundo escenario, la unidad peronista se muestra frágil o selectiva, y ciertos gobernadores mantienen acuerdos parciales con la Casa Rosada según las circunstancias. Esto permitiría al Gobierno continuar aprobando iniciativas, aunque con dificultades crecientes y mediante concesiones territoriales amplias. En un tercer escenario, el peronismo se fragmenta completamente o prioriza candidaturas provinciales sobre la cohesión nacional, lo que podría permitir al Gobierno recuperar espacios de negociación. Cada uno de estos futuros posibles tiene implicancias diferentes para la gobernabilidad legislativa, la viabilidad de la agenda reformista presidencial y la distribución de poder político entre las distintas jurisdicciones provinciales.