La administración nacional atraviesa un momento decisivo en su estrategia política de mediano plazo. Para las elecciones presidenciales de 2027, la Casa Rosada intenta resolver un dilema que combina el objetivo de fortalecer la candidatura de Javier Milei con la necesidad de mantener contentos a sus aliados parlamentarios y gobernadores. La solución que circula en los despachos oficiales pivotea sobre un mecanismo electoral novedoso: las colectoras, un sistema que buscaría reemplazar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero que, hasta el momento, presenta más interrogantes que respuestas concretas. La iniciativa no es un capricho administrativo, sino una operación política de largo alcance que busca rediseñar el mapa competitivo nacional manteniendo la concentración de poder presidencial.

En las conversaciones que mantiene el Gobierno con sus socios políticos —Pro, la Unión Cívica Radical y los gobernadores afines— existe un conflicto de intereses que el sistema de colectoras intenta resolver mediante una fórmula de compromiso. Por un lado, La Libertad Avanza pretende eliminar completamente las PASO, argumentando razones de eficiencia administrativa y reducción del gasto público. Por el otro, sus aliados reclaman herramientas que les permitan mantener identidad propia en el tablero electoral, preservar liderazgos territoriales y evitar ser absorbidos completamente por la maquinaria libertaria. Las colectoras emergen como una solución intermedia que, en teoría, satisface ambos intereses: permite la competencia interna sin necesidad de primarias y ofrece un paraguas común bajo la candidatura presidencial de Milei.

Un mecanismo en construcción con demasiadas incógnitas

Pese a que la idea circula desde hace semanas en los pasillos del poder ejecutivo, lo cierto es que el esquema de colectoras no cuenta todavía con un texto legislativo definido. Las conversaciones avanzan en términos de conceptos generales, pero los detalles operativos permanecen sin resolver. ¿Cómo emitirían los ciudadanos su voto? ¿Cuántas listas colectoras podría presentar cada sector? ¿De qué manera se contabilizarían los sufragios? ¿Existiría un techo máximo de ofertas electorales? ¿Quién autorizaría la participación de cada colectora? Estas preguntas, que en apariencia resultan técnicas, encierran cuestiones políticas de envergadura que determinan si el mecanismo funcionará como se pretende o si, por el contrario, terminará reproduciéndose un sistema similar al de lemas que utilizan algunas provincias.

La resistencia no proviene únicamente de la oposición, sino también desde dentro del propio espacio oficialista. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y referente importante de Pro, expresó públicamente su desconformidad con la propuesta. Su objeción no apunta a detalles técnicos, sino a la viabilidad política del esquema. Para los aliados del Gobierno, existe el temor legítimo de que un sistema de colectoras termine perjudicando sus posibilidades de acceder a espacios legislativos, fragmentando sus propios votos y debilitándolos frente a la lista oficial libertaria. En otras palabras: aunque mantengan su autonomía partidaria sobre el papel, la práctica electoral podría mostrar resultados muy distintos a los que promete la teoría.

Cómo funcionaría el mecanismo: estructura y funcionamiento electoral

La propuesta que evalúa el Gobierno prevé que distintas listas puedan "colectar" votos para un mismo candidato presidencial, sin necesidad de pertenecer a una alianza electoral formal. Traducido al lenguaje político concreto: tanto Pro como la UCR podrían mantener sus estructuras partidarias independientes, competir en categorías legislativas con sus propias listas e, incluso, presentar candidatos a cargos ejecutivos provinciales y municipales, pero convergiendo en la candidatura presidencial de Milei. Este esquema se integraría dentro del marco de la Boleta Única de Papel (BUP), que será utilizada por primera vez en 2027 para todas las categorías, incluyendo la presidencial.

El funcionamiento en la práctica resultaría más complejo que lo que sugiere su descripción teórica. En las elecciones presidenciales, seguirían vigentes las reglas actuales para evitar un ballottage: una fórmula se consagraría en primera vuelta si supera el 45% de los votos válidos emitidos, o si alcanza el 40% con una ventaja superior a 10 puntos porcentuales sobre la segunda opción. En caso contrario, se realizaría una segunda vuelta. En cambio, para la Cámara de Diputados, cada lista colectora competiría de manera individual bajo el sistema D'Hondt, con un piso mínimo del 1,5%, sin acumular votos con otras listas del mismo frente. Esto significa que si Pro presenta una lista y la UCR presenta otra, ambas competirían como ofertas electorales separadas, incluso para la distribución de bancas.

El Senado presenta un desafío adicional. La Constitución Nacional establece que dos bancas corresponden al partido más votado y una al segundo. Si el Gobierno autoriza competencia interna en esa cámara, como aparentemente intenta, entonces los votos de las distintas listas colectoras se competirían entre sí, aumentando el riesgo de fragmentación. Un frente que dispersara demasiado su voto entre múltiples opciones podría perder representación senatorial, lo que crearía un incentivo natural hacia acuerdos internos para presentar listas unificadas. Esta tensión entre libertad de competencia y racionalidad electoral será, probablemente, uno de los puntos más conflictivos en las negociaciones futuras.

Las limitaciones constitucionales y el rol de las provincias

Existe un límite institucional que el Gobierno no puede franquear: el Congreso Nacional solo puede legislar sobre elecciones presidenciales, de diputados y senadores nacionales. Si las provincias decidieran replicar el esquema de colectoras para elegir gobernadores, legisladores locales o autoridades municipales, esa decisión dependería de cada gobernador y de sus legislaturas provinciales, que deberían modificar sus respectivas leyes electorales. Esto introduce un factor de incertidumbre adicional en el diseño, ya que la coherencia del sistema podría fragmentarse según los intereses locales de cada jurisdicción.

Algunas provincias ya utilizan la Boleta Única de Papel (Córdoba, Mendoza y Santa Fe), mientras que otras emplean la Boleta Única Electrónica (Ciudad de Buenos Aires y Salta) y la mayoría mantiene la boleta partidaria tradicional. Si el Gobierno avanza con el sistema de colectoras a nivel nacional, las provincias que elijan mantener o implementar sistemas distintos podrían crear fricciones en el calendario electoral o en la oferta electoral general. Aunque el Gobierno aparentemente piensa en una reforma "integral" que incluya a las provincias y municipios, la realidad federal argentina indica que esa integración será parcial, condicionada por los equilibrios políticos locales.

Los objetivos políticos detrás de la reforma técnica

Más allá de la retórica oficial sobre simplificación del calendario electoral y reducción del gasto público, la iniciativa persigue objetivos políticos muy concretos. La secretaría general de La Libertad Avanza, bajo la conducción de Karina Milei, busca consolidar el control sobre la oferta electoral oficialista, evitando que las disputas internas fragmenten la candidatura presidencial. El sistema de colectoras permitiría que los aliados compitan y se expresen electoralmente, pero siempre dentro de un marco que priorice y fortalezca la reelección de Javier Milei en 2027.

Para los gobernadores aliados, la propuesta ofrece una oportunidad de preservar sus liderazgos territoriales manteniendo márgenes de autonomía política. Para los dirigentes de Pro y la UCR que carecen de bases electorales significativas propias, el sistema permitiría mantener su "nitidez partidaria" —su identidad pública diferenciada— aunque, paradójicamente, podrían terminar perdiendo espacios de representación legislativa como resultado de la fragmentación del voto. Esta es la paradoja central del esquema: en teoría preserva la autonomía de los aliados, pero en la práctica podría debilitarlos electoralmente frente a una lista oficial que gozaría del efecto arrastre de la candidatura presidencial.

Un referente del oficialismo resume la lógica de la propuesta de manera elocuente: el sistema permitiría que los aliados "eludan quedar relegados por el voto útil". Sin embargo, ante la perspectiva de que sus listas terminen siendo arrasadas por la opción libertaria, estos sectores podrían terminar negociando lugares fijos dentro de la lista oficial, lo que reduciría sustancialmente los supuestos beneficios de autonomía que promete el mecanismo.

La cuestión del casillero de voto simultáneo: otra batalla por ganar

Un aspecto que el Gobierno aún no ha resuelto completamente es si la Boleta Única de Papel incorporará un casillero que permita a los electores votar simultáneamente todas las categorías de una misma fuerza política. La BUP actual, aprobada para las elecciones anteriores, específicamente no incluía esa opción, con el objetivo declarado de reducir el "efecto arrastre" de la candidatura presidencial sobre las listas legislativas. Pero el Gobierno ahora considera incluir esa herramienta en la reforma electoral, precisamente para fortalecer el desempeño de la opción oficialista en todas las categorías electorales.

Los aliados, sin embargo, podrían oponerse a esta medida por considerar que los convertiría en opciones secundarias frente a la lista puramente libertaria. Si un ciudadano puede votar a Milei y, simultáneamente, a todos los candidatos libertarios al Congreso con un único gesto, el efecto desalentador sobre los votantes de Pro o la UCR resultaría inevitable. Esta tensión entre lo que el Gobierno necesita para fortalecer su candidatura presidencial y lo que los aliados aceptan sin comprometer su supervivencia electoral, representa uno de los puntos más delicados de las negociaciones en curso.

Las implicancias futuras y los escenarios posibles

Si el sistema de colectoras prospera en el Congreso —algo que aún no está garantizado, considerando que el Senado mantiene el proyecto estancado—, los efectos prácticos en 2027 dependerán de variables que hoy resulta difícil predecir. En primer lugar, existe el riesgo de que el mecanismo genere una fragmentación mayor que la actual, si múltiples listas colectoras compiten simultáneamente en las mismas categorías legislativas. En segundo lugar, el sistema podría fortalecer la candidatura presidencial de Milei de manera inesperada, concentrando votos alrededor de una figura presidencial fuerte mientras los aliados pierden espacios legislativos. En tercer lugar, es posible que los gobernadores provinciales terminen usando el esquema de colectoras no para competir internamente, sino como una herramienta de negociación política para asegurar espacios legislativos o recursos presupuestarios.

Las distintas fuerzas políticas que integran la coalición oficialista evaluarán los riesgos y beneficios del mecanismo de colectoras de manera diferente. Mientras que La Libertad Avanza ve en él una herramienta para consolidar el liderazgo presidencial, sus aliados podrían terminar perdiendo relevancia electoral. Los gobernadores considerarán cómo el sistema afecta sus propios liderazgos territoriales y sus posibilidades de reelección. Los legisladores actuales de Pro y la UCR se preguntarán si sus posibilidades de retener sus bancas mejorarán o empeorarán bajo el nuevo esquema. Cada uno de estos sectores está calculando cuánto le conviene aceptar una propuesta que promete autonomía pero que podría traer debilitamiento electoral como resultado práctico. El Gobierno, por su parte, necesita avanzar rápidamente hacia alguna definición que le permita garantizar una reelección exitosa en el próximo ciclo electoral, pero sin provocar la ruptura de una coalición que, aunque frágil, sigue siendo su principal sostén parlamentario.