La Argentina vuelve a demostrar una de sus particularidades más recurrentes: la capacidad de lograr ciertos equilibrios macroeconómicos mientras se desmorona en otros planos. En las últimas semanas, el escenario se ha vuelto más complejo aún. Un gobierno que mantiene bajo control dos variables históricamente determinantes —la cotización del dólar y la estabilidad callejera— descubre que su verdadera debilidad no reside donde los economistas ponen el foco, sino en las fracturas internas que corroen la autoridad desde adentro. Esas grietas, que comenzaron como murmullo de pasillos, han saltado a la arena pública con toda su crudeza, exponiendo un fenómeno que trasciende el mero conflicto de egos: estamos ante el debilitamiento de la cohesión de un proyecto político que descansa en pocas manos y que ahora enfrenta su mayor desafío no en las urnas ni en Wall Street, sino en su propia casa.

La interna que nadie podía prever

Durante el fin de semana pasado, las redes sociales fueron el escenario de un enfrentamiento que revelaba mucho más que un simple cruce de insultos entre funcionarios. Una cuenta anónima, presuntamente manejada por allegados a uno de los sectores del gobierno, lanzó una batería de acusaciones contra otro sector político de la administración. Nombres, apodos, sospechas sobre negociados y movimientos de caja: el arsenal era preciso y, lo más relevante, fue que uno de los principales arquitectos de la construcción del proyecto actual decidió validar esas acusaciones públicamente, dándoles así una entidad que de otro modo hubieran perdido.

Lo que parecería ser un episodio de teatro político de bajo nivel adquiere dimensiones más preocupantes cuando se analiza a fondo. El conflicto que enfrenta a núcleos cercanos a la familia del presidente con otro sector influyente dentro del gabinete no es meramente decorativo. Las acusaciones que circulan incluyen referencias a investigaciones judiciales en curso, lo que plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la maquinaria de justicia ha sido alimentada por filtraciones provenientes de bandos enfrentados dentro del gobierno? Si esta hipótesis tuviera sustento, significaría que gran parte de las denuncias de corrupción que hoy tramitan en los juzgados podrían ser armas de una guerra interna disfrazadas de persecución de delitos. Esto escapa completamente del territorio de las redes sociales y entra en un terreno mucho más peligroso: el de la institucionalidad y la credibilidad.

Quienes observan estos movimientos desde afuera —inversores, analistas políticos, gobiernos extranjeros— no solo estudian los números de inflación o la tasa de cambio. También evalúan si el proyecto tiene cohesión, si sus líderes pueden controlarse a sí mismos, si existe una autoridad clara que pueda frenar los excesos. Esta es una variable que ningún índice económico mide, pero que resulta crucial para la sostenibilidad de cualquier gobierno. La pregunta que muchos se plantean en silencio es: ¿quién es realmente el jefe aquí? ¿Existe alguien con autoridad suficiente para poner límites, o el proyecto se está convirtiendo en un caos apenas disimulado?

El salario real: el cable que conecta al pueblo con el poder

Mientras las internas desgastan al gobierno desde adentro, un dato económico ha pasado a primer plano: la caída del salario real. Durante años, los analistas políticos argentinos han repetido una máxima: en este país, el salario real es el termómetro más fiable para predecir el comportamiento electoral. No es ideología, no es nostalgia, no es tribuna: es la capacidad concreta de comprar pan, pagar alquiler, y mantener un cierto nivel de vida. Cuando esa capacidad se reduce, el apoyo político tiende a erosionarse de manera inexorable.

El reconocimiento explícito de este fenómeno, por parte del propio presidente, marca un punto de quiebre simbólico importante. En declaraciones recientes, admitió que la actividad económica se ha desacelerado y que el poder de compra de los salarios ha bajado. Caracterizó la situación actual como un escenario menor entre dos opciones, siendo la alternativa "mucho peor". El argumento es comprensible: cualquier gobierno que asuma en momentos de crisis extrema hereda un panorama complicado y debe hacer ajustes dolorosos. Sin embargo, ese reconocimiento es también una confesión: la medicina que se administró, aunque evitó lo peor, está generando efectos secundarios muy visibles.

Las encuestas comienzan a reflejar este cansancio. Un relevamiento reciente indica que casi el 54 por ciento de la población rechaza o tiene una imagen negativa del presidente, mientras que el 35 por ciento mantiene una evaluación positiva. Aunque este porcentaje positivo sigue siendo respetable para un gobierno que llegó con una propuesta de transformación radical, la tendencia es preocupante: en el último mes, la imagen positiva cayó siete puntos, una merma significativa asociada a conflictos administrativos internos que han ocupado las portadas. Aunque recientemente esa caída parecería haberse detenido, el daño ya está hecho y los números continúan siendo volátiles.

Lo inquietante para cualquier gobernante es que, históricamente en Argentina, cuando el salario real entra en caída libre, la población comienza a buscar alternativas. Incluso en el peor escenario del ciclo que gobernó entre 2019 y 2023, cuando la moneda local era prácticamente desechable y la inflación se devoraba los ahorros, la opción política opositora logró captar casi el 45 por ciento de los votos. Esto sugiere que existe un piso de respaldo que trasciende la mera gestión económica. Sin embargo, también sugiere que no hay margen para acumular más presiones simultaneadas: ajuste económico, internas visibles y caída de salarios es una combinación que históricamente ha terminado mal para los gobiernos en funciones.

La erosión de las alianzas y el resquebrajamiento de la coalición

A medida que las internas consumen energía política y la economía genera presión sobre el consumo, las alianzas que sostuvieron al gobierno durante sus primeros meses comienzan a mostrar fisuras. El partido que había acordado un respaldo parlamentario condicionado ahora observa que su propia base electoral se siente incómoda: muchos de sus votantes también sufren las consecuencias del ajuste y sienten que su identidad política se está diluyendo dentro de una coalición cada vez más tensa. Ese partido ha comenzado a tomar distancia, a tantear la posibilidad de diferenciarse, a considerar si no sería más conveniente para su futuro electoral marcar una línea propia en lugar de ser socio de un proyecto que genera tanta fricción interna.

Algo similar ocurre en el territorio provincial. Los gobernadores que durante el verano pasado eran prácticamente obedientes, tras una victoria electoral aplastante en octubre, ahora son menos dóciles. La falta de fondos, las políticas nacionales que no consideran las especificidades regionales, y la sensación de que el poder se concentra en muy pocas manos en la capital, ha motivado una rebelión silenciosa. Reclamos de dinero, negociaciones más tensas, coaliciones menos automáticas. El Congreso, que parecía domesticado hace algunos meses, ahora es un espacio más impredecible, donde cada votación requiere negociaciones más complejas.

Estos movimientos tienen una lógica clara: cuando el centro del poder se debilita internamente, la periferia comienza a ejercer presión de manera creciente. Es un fenómeno que se ha repetido múltiples veces en la historia política argentina. El gobierno pierde nitidez, sus mensajes se contradicen por las pugnas internas, sus aliados sienten que no hay claridad sobre hacia dónde va el proyecto, y entonces cada uno comienza a cuidar su propio espacio. Lo que antes era una coalición con un comando claro se transforma en una suma de intereses parciales menos coordinados.

Los indicadores que mantienen la esperanza, pero no silencian las alarmas

Conviene no perder de vista que existen números que funcionan como anclajes positivos para el gobierno. La recaudación fiscal en las primeras dos semanas de mayo creció once puntos porcentuales. La inflación de ese mes se ubicó en 0,8 por ciento, una cifra que contrasta dramáticamente con los números de hace apenas un año. Las proyecciones del instituto nacional de estadística para el mes actual sugieren que ese número podría mejorar aún más. Estos datos son reales, verificables, y permiten que el gobierno sostenga su narrativa de que los sacrificios del presente están produciendo resultados concretos.

Sin embargo, esos indicadores conviven incómodamente con otros que apuntan en dirección contraria. El salario real que cae, la actividad que se desacelera, el empleo que se contrae en algunos sectores, la pobreza que no disminuye al ritmo necesario. Es el viejo dilema argentino: coexisten dos realidades distintas que dan lugar a dos narrativas opuestas. Quien quiera creer que se va por buen camino puede señalar la inflación controlada. Quien quiera creer que algo anda mal puede señalar que en seis meses su salario vale menos. Ambos tienen razón, y ambos tienen capacidad para influir sobre el comportamiento político.

La oposición desorganizada: la mejor noticia para quien gobierna

Si existe un factor que todavía trabaja a favor del gobierno en funciones, es el estado de dispersión de las fuerzas opositoras. El peronismo, que representa históricamente a casi la mitad del país, está fragmentado en múltiples direcciones. Existe una estructura cristinista que reclama continuidad con el pasado. Existe una estructura territorial compuesta por gobernadores que responden a lógicas propias. Y existe un gobernador bonaerense que, aunque proviene del mismo tronco ideológico, está intentando diferenciarse y construir un espacio político independiente.

Este último intento es particularmente significativo. Desde la estructura cristinista, lo ven como un acto de traición: alguien que quiere "robarse la marca" del kirchnerismo y abrir su propio negocio político, sin respeto por la jerarquía ni la historia de la coalición. Desde el interior peronista, lo ven como un porteño que no entiende los problemas del resto del país. Desde su propia lógica, simplemente está intentando construir una propuesta. El resultado es que se encuentra en el "peor de los mundos": demasiado identificado con una línea para el resto del peronismo, demasiado distante de ella para el ala que la controla. Es una posición incómoda que limita sus espacios de maniobra.

Esta desorganización de la oposición es el principal activo con el que cuenta el gobierno para resistir la presión combinada de las internas, la caída del salario real y el debilitamiento de sus alianzas. Es un respaldo que no se sostiene en fortalezas propias sino en la debilidad ajena. Históricamente, este tipo de equilibrios tienden a ser frágiles. Basta con que la oposición encuentre un mínimo de unidad o que surja un liderazgo que pueda canalizar el descontento, para que el panorama cambie radicalmente.

Las consecuencias posibles: escenarios en disputa

Lo que ocurra en los próximos meses determinará si el gobierno logra consolidarse como un proyecto duradero o si, por el contrario, entra en una fase de deterioro acelerado. Existen múltiples escenarios posibles que los distintos actores políticos y económicos están evaluando simultáneamente. Uno de ellos es que el gobierno logre controlar las internas, frenar la caída del salario real mediante medidas específicas, y consolidar una coalición más sólida. En ese caso, los números macroeconómicos podrían jugar a su favor y permitirle recuperar apoyo electoral. Otro escenario es que las internas continúen ganando espacio, que la erosión de la imagen presidencial se profundice, y que los aliados se alejen progresivamente, generando una situación de debilidad que facilite la reorganización de la oposición. Un tercer escenario es el de un equilibrio precario, donde el gobierno mantiene el control técnico pero pierde capacidad de iniciativa política, viendo cómo sus decisiones son cada vez más cuestionadas desde dentro y desde fuera. Cada uno de estos futuros posibles tiene implicaciones distintas no solo para el gobierno sino para la estabilidad institucional, la trayectoria de la economía y las perspectivas de quienes invierten o toman decisiones en el país. Los inversores, los gobernadores, los legisladores y la ciudadanía en general están pendientes de cuál de estos caminos es el más probable, porque de ello depende cómo posicionarse en los próximos movimientos políticos y económicos del país.