El Gobierno se juega una segunda oportunidad para resolver mediante la ley presupuestaria una disputa que lo enfrentó duramente hace apenas ocho meses. Después de que la estrategia de modificar el esquema de financiamiento universitario dentro del Presupuesto 2026 terminara en fracaso durante la votación en diciembre pasado, la administración nacional prepara un nuevo intento para 2027, aunque esta vez con una metodología radicalmente distinta. Los funcionarios de la Casa Rosada reconocen que el anterior intento adoleció de una combinación peligrosa: exceso de seguridad en las propias fuerzas y ausencia de conversaciones previas con los actores clave. Esa lección aparentemente fue incorporada, porque ahora buscan llegar a septiembre —cuando debe remitirse formalmente el proyecto— con acuerdos ya cerrados con gobernadores y bloques legislativos dispuestos a acompañar. Lo que está en juego no es solo una partida presupuestaria más, sino la capacidad de la administración de establecer las reglas de juego del financiamiento de las universidades públicas durante los próximos años, un territorio marcado por tensiones políticas permanentes y, en este caso, complicado además por conflictos judiciales vigentes.

Una agenda legislativa contra reloj y un cronograma implacable

Entre el presente y la primera quincena de septiembre, cuando vence el plazo constitucional para enviar el proyecto presupuestario al Congreso, existe una ventana temporal que el Gobierno pretende aprovechar al máximo. No se trata simplemente de tiempo disponible: es un cronograma impuesto por la Ley de Administración Financiera que no admite postergaciones. Los funcionarios descartan categóricamente cualquier retraso en la presentación del presupuesto, lo que significa que la negociación política deberá comenzar inmediatamente después de que el texto ingrese a Diputados. Ese calendario genera una presión adicional porque obliga a que antes de esa fecha crítica se hayan avanzado significativamente múltiples temas legislativos que todavía permanecen en la cancha. Desde los pasillos de Balcarce 50 mencionan iniciativas tan variadas como la creación de Zonas Frías, la implementación de la Hojarasca, la ampliación del régimen RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal, el tratado sobre patentes y la modernización de la Ley General de Sociedades. Cada uno de esos proyectos representa negociaciones separadas, con actores diversos y con complejidades legislativas distintas. Sin embargo, el Ejecutivo anticipa que ni siquiera la aprobación de toda esa agenda será condición previa para que el Presupuesto avance. La estrategia oficial es concentrar buenos esfuerzos antes del 15 de septiembre en las reformas que sea posible, pero después depositar una parte fundamental de la negociación política en el debate de la ley de gastos y recursos.

Los funcionarios muestran un grado de confianza superior al que exhibían hacia finales del año pasado respecto de la posibilidad de lograr una mayoría que respalde la aprobación del Presupuesto. Esa mayor seguridad proviene, según dicen, de lecturas distintas del entorno legislativo y de cálculos actualizados sobre los votos disponibles. Sin embargo, esa confianza convive con la certeza de que ciertos tramos del proyecto generarán resistencias previsibles, y ninguno tan delicado como el que rodea al financiamiento de la educación superior.

La ecuación irresuelsa del dinero universitario: acuerdos parciales sobre un terreno minado

El conflicto por el financiamiento universitario constituye uno de los capítulos más intrincados que deberá afrontar el Ejecutivo durante la negociación presupuestaria. Su complejidad radica en que no se trata de una disputa sencilla sobre números, sino de una constelación de tensiones que involucra simultáneamente al sector gremial, a los rectores de las universidades, a los movimientos estudiantiles y, además, a instancias judiciales aún abiertas. Durante agosto pasado, la conflictividad escaló nuevamente: paros y protestas masivas recorrieron las universidades demandando el cumplimiento de una promesa legislativa que el Ejecutivo nunca llegó a implementar completamente.

El origen de esta disputa se remonta a una encrucijada que expone las tensiones entre los poderes legislativo y ejecutivo. El Congreso Nacional sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Presidente respondió con el Decreto 759/2025, que condicionaba su puesta en práctica a que primero se identificasen las fuentes de financiamiento y se incorporasen en el presupuesto las partidas necesarias. Esa decisión ejecutiva encendió las alarmas: el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo ante los tribunales impugnando la medida. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que en junio pasado tomó una decisión que, aunque no resolvió el fondo de la controversia, sí dejó en pie una medida cautelar que protege temporalmente los artículos 5 y 6 de la ley —vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes, y con programas para estudiantes—. El máximo tribunal argumentó que esa cautelar no constituía una sentencia definitiva, por lo que devolvió el expediente a las instancias inferiores para que continuase su trámite.

Un dato significativo interviene en la ecuación actual: el 10 de junio pasado, Nación, el Consejo Interuniversitario y los gremios firmaron un acuerdo que, según la lectura oficial, modificó el panorama judicial. Ese entendimiento incluyó una recomposición de la masa salarial del 24,33 por ciento, un incremento del 20 por ciento para gastos operativos, la asignación de 50 mil millones de pesos adicionales destinados a los hospitales de las universidades y un aumento del 50 por ciento en las Becas Manuel Belgrano. Desde los despachos del Gobierno sostienen que ese acuerdo absorbió una buena porción de las razones que habían originado el reclamo y la medida cautelar. No obstante, permanecen diferencias sobre la recomposición pendiente del año 2024 y sobre algunos aspectos del financiamiento destinado a estudiantes. La brecha entre lo que se firmó en junio y lo que persiste en disputa define el terreno donde se moverá la negociación presupuestaria venidera.

La estrategia de desactivación: presupuesto como instrumento de paz

El Gobierno proyecta utilizar el Presupuesto 2027 como instrumento para establecer simultáneamente las partidas disponibles y las reglas que regirán el financiamiento universitario durante el próximo ejercicio. Los números específicos de esa propuesta todavía no están cerrados: durante las próximas semanas, equipos técnicos trabajarán sobre la fórmula que se presentará. La intención declarada es negociar ese nuevo esquema mientras avanza en la resolución de lo pendiente del período anterior, combinando ambas discusiones en una única conversación política. El horizonte que persiguen los funcionarios es lograr un entendimiento más comprehensivo que permita, además, ir desactivando de manera gradual el conflicto judicial vigente. En otras palabras: buscan que el acuerdo que surja de la negociación presupuestaria actúe como una llave para cerrar también las disputas en los tribunales. Un objetivo ambicioso, que requeriría no solo cerrar números sino también establecer un nuevo equilibrio político entre el Ejecutivo, los rectores, los gremios y los estudiantes.

La prioridad declarada desde la Casa Rosada es evitar que el próximo año comience nuevamente con una batalla sobre si las partidas universitarias se ejecutarán o si permanecerán congeladas en el papel. Ese escenario fue precisamente el que caracterizó 2024 y gran parte de 2025, generando desgaste político, institucional y también académico. Los funcionarios reconocen que tensiones nuevas serán inevitables —los gremios, los rectores y los movimientos estudiantiles harán sus demandas—, pero insisten en que es un frente que pretenden "resolver" dentro de esta negociación. Sin embargo, la viabilidad de esa estrategia dependerá de cuántas concesiones esté dispuesto a hacer el Gobierno y de cuál será la brújula que guíe esas decisiones: si la lógica fiscal, los compromisos políticos con los aliados legislativos, o la búsqueda de paz institucional con el sector académico.

Discapacidad: una modificación pendiente de menor definición

Además del capítulo universitario, el Gobierno evalúa también introducir cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro del Presupuesto 2027. Sin embargo, este tema aparece con un grado de definición significativamente menor que el que rodea al financiamiento universitario. La Ley 27.793 declaró la situación de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga de un año adicional. Después de una sentencia judicial que ordenó su aplicación, fue reglamentada en febrero. La norma abarca pensiones no contributivas, prestaciones varias y medidas dirigidas a los prestadores de servicios, lo que significa que cualquier modificación deberá considerar un régimen que ya se encuentra en ejecución. Esa complejidad explica por qué los funcionarios aún no han definido qué cambios específicos buscarán introducir ni cómo se articularán esos cambios con lo que ya existe.

Las lecciones del fracaso y el fantasma de las divisiones internas

El Gobierno ingresa a esta negociación cargando con una lección reciente: la derrota legislativa de diciembre pasado cuando intentó modificar los esquemas de universidades y discapacidad dentro del Presupuesto 2026. Los propios funcionarios atribuyeron ese fracaso a una combinación de factores que ahora buscan no repetir: exceso de confianza en las propias fuerzas y falta de negociación previa. Los cálculos de votos resultaron errados, la estrategia de presión no funcionó, y al llegar al momento de la votación en particular, los respaldos simplemente no estuvieron ahí. Esa experiencia generó cambios de táctica, aunque también expuso otra dimensión del conflicto que había permanecido en sombras: las diferencias internas dentro del propio Gobierno sobre cómo conducir la negociación.

En los espacios cercanos a Santiago Caputo y en los vinculados a la familia Menem existen reproches cruzados. Unos acusan a otros de manejar incorrectamente los votos, de conducir negociaciones sin coordinación, de administrar mal el frente político y judicial. Esas disputas internas no son simplemente anécdotas de gestión: durante los últimos meses interfirieron en la capacidad de tomar decisiones coherentes sobre cómo proceder con el conflicto universitario. Ahora, desde la mesa política oficialista buscan que esa dinámica no vuelva a contaminar una negociación que consideran crítica para la aprobación del Presupuesto. Sin embargo, mantener alineados a actores con visiones e intereses divergentes dentro de una negociación compleja no es una tarea sencilla.

Los funcionarios confían en que las condiciones políticas serán distintas a las de hace ocho meses. Reconocen explícitamente que la sanción del Presupuesto dependerá de cerrar previamente acuerdos sólidos con gobernadores y con bloques legislativos dispuestos a dialogar. La estrategia apunta a llegar a mediados de septiembre con una base de respaldos más consolidada, evitando la improvisación artículo por artículo que caracterizó la votación del año anterior. Si logran cerrar esos acuerdos con anticipación, el Gobierno tendría mayores márgenes para negociar durante la sesión legislativa. Si no lo hacen, estarán nuevamente ante el riesgo de una votación caótica donde los cálculos de votos se desmoronen en tiempo real.

El cronograma implacable, la complejidad política de la negociación, la vigencia de conflictos judiciales y las diferencias internas en la gestión crean un escenario de máxima incertidumbre. El Ejecutivo busca transformar la experiencia traumática del Presupuesto 2026 en aprendizaje para 2027, pero esa transformación requiere no solo cambios tácticos sino también una capacidad de coordinación interna y de negociación política que habrá que demostrar semana a semana durante el transcurso de las próximas semanas. Los que ganan y los que pierden en este juego no serán solo los funcionarios o los legisladores: serán también los trabajadores universitarios cuya remuneración sigue siendo motivo de disputa, los estudiantes cuyas becas y acceso dependen de esos acuerdos, y las instituciones académicas que se verán afectadas por las decisiones que emerjan de negociaciones cuyo desenlace permanece abierto.