La estrategia del Gobierno nacional en el Senado enfrenta un punto de inflexión. Tras sufrir reveses importantes con la Ley de Propiedad Privada y la caída de la iniciativa sobre Tierras, el bloque oficialista ha decidido reconfigurar su hoja de ruta legislativa para las próximas sesiones. La apuesta es pragmática: reducir el temario a asuntos con mayor viabilidad de aprobación, enfocándose en pliegos judiciales y tratados internacionales que cuentan con antecedentes procesales favorables. Este giro táctico refleja una realidad innegable en la negociación parlamentaria: después de acumular derrotas, es momento de demostrar capacidad de ejecución legislativa, aunque sea en temas menos polémicos.
La conducción de la bancada oficial, encabezada por Patricia Bullrich, convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 14 horas con el objetivo de cerrar los detalles de la sesión prevista para el jueves. El temario propuesto contiene 67 candidaturas a magistrados, defensores públicos y fiscales, todas ellas ya dictaminadas favorablemente por la Comisión de Acuerdos. Además, incluye un conjunto de acuerdos comerciales y tratados multilaterales que requieren ratificación senatorial. La intención es demostrar músculo parlamentario sin exponerse a nuevos conflictos con los bloques aliados, cuya lealtad ha comenzado a resquebrajarse luego de las disputas recientes. Como señalaron fuentes oficiales consultadas, la sesión limitada tiene un propósito claro: "Para tratar estos temas no habría problemas".
El nudo gordiano judicial
Aunque el temario parezca técnico y desprovisto de drama político, la cuestión más sensible gira en torno a dos magistrados específicos: Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzo, cuyas candidaturas aspiran a ocupar cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Esta corte no constituye un tribunal más dentro del andamiaje judicial argentino. Su importancia radica en que funciona como instancia supervisora y revisora de las decisiones dictadas por los juzgados federales ubicados en Comodoro Py, epicentro de las investigaciones que involucran directamente a figuras del Ejecutivo nacional. La geografía judicial adquiere así dimensiones políticas evidentes.
En las dependencias de esos tribunales se tramitan expedientes que tocan a los núcleos más cercanos al poder. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aparece mencionada en una causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El propio presidente Javier Milei fue imputado en el caso $LIBRA, vinculado a operaciones cambiarias. A su turno, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni protagoniza una investigación por irregularidades en la declaración de sus bienes. La composición de la Cámara de Apelaciones que reviará estos expedientes adquiere, en consecuencia, una dimensión que excede la lógica ordinaria de los nombramientos judiciales. El Gobierno busca consolidar una estructura que le permita un mayor control sobre las decisiones que afecten a su círculo íntimo, en un contexto donde múltiples frentes legales avanzan sobre figuras clave del Ejecutivo.
Acuerdos comerciales y el juego de las prioridades
El capítulo de tratados internacionales que intenta incorporar el oficialismo responde, en cambio, a una lógica de agenda económica de largo plazo. Encabeza la lista el Acuerdo de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el MERCOSUR, negociación que se extiende hace años y que promete abrir canales comerciales con economías europeas de alto poder adquisitivo. Completarían el temario reformas a convenios sobre radioaficionados, un tratado con Ucrania referido al traslado de condenados, enmiendas al protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios en el MERCOSUR, un acuerdo de extradición con Chile y un tratado sobre transmisión electrónica de cooperación jurídica internacional. Estos instrumentos, aunque menos visibles mediáticamente, constituyen herramientas fundamentales para la política exterior y las relaciones económicas bilaterales.
Lo que resulta notable es aquello que fue descartado del temario. La denominada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, logró media sanción en Diputados y obtuvo dictamen en el Senado hace algunas semanas. Sin embargo, fue postergada nuevamente. Las razones que circulan en los pasillos legislativos son reveladoras. Un integrante del bloque oficial sinceró la situación: "La semana pasada la incluían para que no sea solo una sesión por pliegos. Nadie quiere mucho esa ley, pero era un buen comodín". Esta frase condensa la realidad política: ni siquiera los aliados más cercanos del Ejecutivo sienten entusiasmo genuino por una iniciativa que lleva la impronta del equipo económico. Incluirla en la sesión se interpretaría como un riesgo innecesario cuando el objetivo prioritario es reconstruir puentes con los socios parlamentarios tras los sobresaltos recientes. La postergación de la Ley Hojarasca señala cómo el Gobierno reordena sus prioridades en función de lo viable, no de lo deseado.
Más allá de esta sesión puntual, el oficialismo tiene en la mira iniciativas de mayor envergadura que avanzan a ritmo irregular. El denominado super-RIGI podría conseguir dictamen en comisión durante esta semana, mientras que la Ley de Sociedades avanza más lentamente de lo esperado. Ambos proyectos enfrentan una dinámica común: múltiples expositores convocados por bloques dialoguistas y opositores prolongan los tiempos de debate, introduciendo complejidades que ralentizan el proceso. En paralelo, la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO presenta perspectivas aún más complejas debido a la resistencia explícita de bloques como el PRO y la UCR, fuerzas que hasta hace poco se consideraban aliados confiables del Ejecutivo. Esta fragmentación creciente explica por qué el Gobierno decidió convocar a sus legisladores en la Casa Rosada para una reunión de coordinación en la que se reafirmarán las prioridades legislativas y se intentará imponer un orden en una discusión que amenaza con dispersarse.
Las implicancias de una estrategia defensiva
El cambio de registro observable en las últimas acciones del bloque oficialista responde a una diagnosis clara: la capacidad legislativa del Ejecutivo se encuentra bajo presión. No se trata únicamente de recuentos aritméticos en votaciones. El fenómeno es más profundo. Sugiere que la coalición que sustenta parlamentariamente al Gobierno exhibe signos de agotamiento. Los aliados no desaparecen, pero tampoco actúan con la automaticidad que caracterizó los primeros meses de gestión. Reclaman compensaciones, espacios propios, consideración de sus agendas. Cuando eso no ocurre, como sucedió con iniciativas controvertidas, la lealtad se resquebraja. La sesión que se aproxima, entonces, debe interpretarse como un esfuerzo de recalibración: mostrar victorias legislativas en terrenos donde el consenso es posible, recuperar la iniciativa después de derrotas consecutivas, reconstruir relaciones con socios cuya colaboración sigue siendo indispensable para la gobernanza parlamentaria.
Las perspectivas futuras presentan variantes según se observe desde distintas ópticas. Quienes respaldan al Gobierno podrían argumentar que una estrategia más selectiva y realista permite consolidar logros en áreas donde existe coincidencia, generando confianza que facilite avances posteriores en temas de mayor complejidad. Desde esa perspectiva, la pausa es táctica, no estratégica. Por el contrario, observadores críticos señalarían que la necesidad de reducir temarios y buscar acuerdos limitados revela la erosión de una mayoría parlamentaria que alguna vez se proyectaba como abrumadora. La capacidad de ejecución legislativa, fundamental en sistemas presidencialistas donde el Ejecutivo requiere del Congreso para concretar su programa, se encuentra bajo cuestionamiento. Independientemente de la perspectiva adoptada, los próximos meses evidenciarán si esta recalibración logra restaurar una dinámica legislativa funcional o si, por el contrario, marca el inicio de un proceso de mayor fragmentación que limite la viabilidad de la agenda oficial en la cámara alta.
