El tablero político se redefine en torno a una sola pieza. Mientras el calendario parlamentario avanza inexorablemente hacia el cierre del año legislativo, la administración libertaria ha montado una estrategia de presión sin antecedentes recientes: convertir el apoyo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en el requisito indispensable para cualquier pacto electoral con gobiernos provinciales. No se trata de una propuesta negociable ni de un punto más en la agenda; es, según dejaron trascender voceros del Ejecutivo, la piedra de toque sobre la cual descansa la posibilidad misma de construir alianzas electorales de cara a 2027. Los tiempos que corren no son los de hace meses, cuando similar presión generaba desgaste institucional. Ahora, con el año electoral a la vuelta de la esquina y el debate en comisiones legislativas por iniciarse, la Casa Rosada decidió retomar la embestida con renovada intensidad.
El ultimátum desde la cúpula: Karina Milei marca la cancha
Karina Milei, secretaria general de Presidencia y máxima autoridad de La Libertad Avanza a escala nacional, ha transmitido a los sectores del oficialismo una directiva cristalina que no admite matices: sin respaldo legislativo para modificar el sistema de votación, no hay entendimiento político con ningún gobernador ni espacio aliado. Fuentes cercanas al despacho presidencial en Balcarce 50 caracterizaron esta posición como "muy razonable, lógica", intentando despejar cualquier lectura de arbitrariedad. Sin embargo, la dureza del planteo contrasta con el tono más conciliador que predominó hace algunos meses, cuando diversos factores —desde la volatilidad económica hasta cuestiones de comunicación institucional— habían temperado las ambiciones reformistas del Ejecutivo.
El objetivo que mueve a esta arremetida renovada es específico y calculado: impedir que la oposición disponga de las PASO como mecanismo para dirimir sus competencias internas cuando se dispute la presidencia en 2027. La lectura desde el Ejecutivo es que sin ese instrumento de resolución de conflictos, los bloques opositores tendrían mayores dificultades para presentarse unificados ante el electorado. Es una lógica de poder que trasciende lo meramente técnico-electoral: se trata de condicionar la estructura misma del juego político futuro.
La meta se ajusta: de la eliminación a la suspensión, y más allá
Lo interesante es que la meta ha mutado en el tiempo. Cuando el proyecto ingresó a la órbita legislativa en abril pasado, la Casa Rosada apuntaba a la erradicación completa de las PASO. Pero conforme transcurrieron los meses y la resistencia se manifestó desde múltiples flancos, los estrategas libertarios redimensionaron sus aspiraciones. Ahora hablan de "suspensión", lo que ya fue logrado durante este mismo año mediante mecanismos más ágiles. Esa recalibración de objetivos refleja tanto pragmatismo como debilidad parlamentaria: es más fácil suspender que derogar, pero incluso eso requiere una construcción política compleja.
Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada circulan también otros escenarios. Si la suspensión total se tornara inviable tras las negociaciones, existe una alternativa que ha cobrado nuevo vigor: convertir a las PASO en optativas para los partidos, lo que se denominaría "PAS" (Primarias Abiertas Selectivas). La maniobra tiene un doble propósito según analistas del oficialismo: primero, lograr un avance parcial que no sea percibido como derrota; segundo, exponer públicamente los límites de movilización de la oposición. La lógica libertaria sugiere que si el peronismo optara por mantener primarias no obligatorias, la concurrencia electoral sería mínima, aproximadamente un veinte por ciento del padrón, lo que generaría un impacto reputacional negativo. Se trata de una estrategia que combina objetivos legislativos con operaciones de comunicación política.
La arquitectura de la negociación: Santilli y Menem como artífices
Las conversaciones bilaterales con gobiernos provinciales y espacios dialoguistas corren por cuenta de Diego Santilli, jefe de Gabinete, acompañado por Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional del oficialismo a nivel nacional. Ambos funcionarios encabezan lo que en Balcarce 50 denominan como la "mesa política" encargada de construir consensos. El mapa de aliados potenciales incluye a Pro, sectores de la Unión Cívica Radical y gobiernadores provinciales de diversas extracciones que mantienen vínculos con el proyecto libertario.
Desde el entorno de Santilli proyectan "optimismo" respecto de la viabilidad de las negociaciones. Se argumenta que las conversaciones vienen desarrollándose desde hace meses y que los canales están establecidos, por lo que no sería necesario reinventar agendas bilaterales con mandatarios locales. La contraposición es elocuente: mientras Patricia Bullrich, senadora libertaria y líder del bloque oficialista en la Cámara Alta, advierte públicamente sobre las dificultades concretas para reunir los treinta y siete votos que la reforma demanda, el Ejecutivo mantiene un discurso de confianza. Esta brecha entre la retórica optimista de la Casa Rosada y las advertencias públicas de la senadora no es casual: refleja las tensiones reales que atraviesan el proceso.
La propia Bullrich, consultada respecto del estado actual de los apoyos, fue explícita: "No hay consenso, hoy lo estamos construyendo, pero todavía no los tenemos". Lejos de formular compromisos, la legisladora propuso un cronograma de deliberación que incluye la audición de especialistas y la discusión pormenorizada de otros aspectos de la reforma electoral, como la afiliación digital, el financiamiento partidario y los requisitos territoriales mínimos para que las fuerzas políticas compitan.
El juego de las monedas de cambio: fichas limpias y colectoras
A lo largo de los últimos meses, la Casa Rosada ha ensayado distintas herramientas de negociación para generar atracción de votos. La primera fue la inclusión de la "ficha limpia" en el paquete de reforma electoral. Esta disposición, que impedería la candidatura de condenados judicialmente, funciona como un anzuelo particularmente efectivo para Pro y sectores radicales, teniendo en cuenta que ambas fuerzas habían criticado ferozmente el cambio de posición que dos senadores misioneros —aliados libertarios— efectuaron respecto de este tema hace aproximadamente un año, propiciando su rechazo en la sesión legislativa.
La segunda estrategia consistió en ofrecer restablecer el sistema de "listas colectoras", mecanismo que permitiría a los gobernadores encolumnarse detrás de la candidatura presidencial de Javier Milei mientras "recolectaban" sufragios destinados a su propia reelección o a la de sus aliados provinciales. Sin embargo, esta propuesta requería un acto de fe político de magnitud: que los gobernadores confiaran en que La Libertad Avanza, llegado el momento de cerrar el cronograma electoral, autorizaría tales armados colectores. El desgaste reputacional del proyecto libertario a nivel nacional torpedeó esta alternativa, que finalmente fue descartada por el Ejecutivo.
Lo que emerge de estas sucesivas tentativas es un cuadro de gobernadores con demandas heterogéneas: algunos buscan ir unidos en la fórmula presidencial; otros pretenden competir contra La Libertad Avanza pero dentro de límites pactados, lo que se describe en términos jocosos como golpes "por arriba del cinturón"; varios reclaman la habilitación de listas colectoras. Traducir esa multiplicidad de intereses en un proyecto legislativo único que además sea aprobado en el Senado constituye un desafío de envergadura.
Calendario apretado: presupuesto, elecciones y estándares internacionales
El timing es crítico. En los cálculos de la Casa Rosada, finales de octubre surge como la ventana idónea para que la reforma sea discutida en comisión. No es casual: esos días coincidirán con el envío del Presupuesto 2027 al Congreso, creando una intersección entre dos debates mayores que podrían potenciarse mutuamente en términos de negociación política. Un funcionario con responsabilidades en la mesa política bromeó al respecto: "Ni para después de octubre, ni antes de noviembre", subrayando que ese lapso concentra las presiones temporales.
No obstante, hay un condicionante normativo que el Gobierno ha tomado en consideración: la Cámara Nacional Electoral emitió una acordada advirtiendo que modificar leyes electorales durante un período de comicios contradice los estándares internacionales. La resolución judicial cita el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, que fija como período recomendable entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral para implementar cambios. Esto sitúa un horizonte de facto: cualquier modificación debe concretarse antes de fin de año, pues 2027 será un año electoral íntegro.
Esta admonición internacional genera una paradoja: el Gobierno necesita acelerar las negociaciones para cumplir con los estándares, pero la aceleración puede generar resistencias que dificulten la construcción de consenso. Es un dilema clásico entre velocidad legislativa y solidez política.
Las aristas del proyecto más allá de las PASO
Aunque el eliminación o suspensión de las PASO acapara la atención pública, la iniciativa de reforma electoral del oficialismo comprende modificaciones de mayor calado. El proyecto reduce el aporte estatal a los partidos políticos e incrementa el peso de los aportes privados, impulsa la digitalización de afiliaciones partidarias y eleva los estándares mínimos de presencia territorial para que una fuerza pueda competir en elecciones. Estas dimensiones —financiamiento, modernización administrativa y barreras de entrada— configuran un rediseño del entramado político institucional que va más allá de la estructura de votación primaria.
Cada uno de estos elementos genera resistencias diferenciadas: los partidos opositores rechazan la reducción de subsidios; los sectores más tradicionalistas cuestionan la digitalización de afiliaciones; las fuerzas menores temen que las barreras territoriales las expulsen del sistema. Por eso Bullrich planteó un cronograma deliberativo que desagregue estos temas, permitiendo discusiones en profundidad que, presumiblemente, generen mayor receptividad que una aprobación apresurada de un paquete global.
El horizonte de consecuencias: múltiples escenarios posibles
Si la reforma es aprobada en sus términos principales, el mapa electoral de 2027 se transformaría de manera significativa. La ausencia de PASO reduciría competencias internas costosas para la oposición y aceleraría los procesos de conformación de candidaturas, pero también concentraría poder de decisión en las dirigencias partidarias. Simultáneamente, el incremento de financiamiento privado y la reducción de subsidios estatales podrían profundizar la desigualdad de recursos entre fuerzas políticas consolidadas y emergentes. En sentido contrario, si la reforma fracasa o se aprueba parcialmente, La Libertad Avanza podría ser interpretada como debilitada en su capacidad de construcción legislativa, retroalimentando narrativas sobre la fragilidad institucional de la gestión.
También existe la posibilidad de que se apruebe una versión diluida de la reforma —por ejemplo, las PAS en lugar de eliminación absoluta— que satisfaga parcialmente los objetivos libertarios pero deje sin resolución las demandas de gobernadores y fuerzas aliadas. En ese escenario, las alianzas electorales se configurarían bajo nuevas reglas del juego, pero sin la claridad de objetivos que el Ejecutivo procura. La geografía política nacional, con sus gobernadores de distinto color partidario y sus electorados con preferencias heterogéneas, mantiene capacidad para sorprender a cualquier estrategia centralizada emanada de Buenos Aires.
