Después de cuatro años de vigencia, la arquitectura normativa que obliga a los fabricantes de alimentos a informar de manera visible y contundente sobre los riesgos nutricionales de sus productos está en el punto de mira del Gobierno. La administración libertaria se dispone a enviar al Congreso, en cuestión de horas, un proyecto legislativo destinado a modificar sustancialmente la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida en la jerga pública como Etiquetado Frontal. Esta maniobra representa un quiebre respecto del criterio adoptado en 2021, cuando la norma fue sancionada durante el mandato anterior con el propósito de transparentar la composición de bebidas y alimentos para que los consumidores tomaran decisiones informadas. El anuncio oficial fue confirmado por el titular del Ministerio Coordinador, Manuel Adorni, quien divulgó la noticia a través de su perfil en redes sociales. Simultáneamente, el Ejecutivo remitirá al parlamento otros tres proyectos de ley vinculados a cuestiones de cabildeo empresarial, juego compulsivo y beneficios fiscales para grandes inversiones.
Un recorrido desde la regulación hasta la desregulación
Durante la gestión anterior, el Estado argentino optó por una ruta regulatoria considerada ejemplar en términos de protección de la salud pública. La ley sancionada en 2021 establecía un sistema de advertencias visuales que funcionaba como herramienta de disuasión frente al consumo de productos con contenidos excesivos de sodio, azúcares, calorías totales o grasas saturadas. Estas precauciones adoptaban la forma de octógonos negros de grandes dimensiones que debían colocarse en la cara frontal del empaque, haciéndose imposible ignorarlos en las góndolas de comercios. Para artículos con concentraciones elevadas de cafeína o con presencia de edulcorantes sintéticos, se sumaban rótulos adicionales de forma rectangular que llevaban mensajes explícitos desaconsejando su ingesta a menores de edad. La Organización Panamericana de la Salud, en un informe difundido hace apenas diez meses, clasificó el esquema argentino como uno de los más rigurosos del continente, comparándolo con regulaciones vigentes en Brasil, Chile, México y Uruguay, todas las cuales presentaban criterios menos exigentes. Esto posicionaba a la Argentina en una posición de liderazgo regional en materia de transparencia alimentaria y protección del consumidor.
Ahora bien, los cambios no comienzan con este proyecto legislativo anunciado. Ya a finales de 2024, el Gobierno había iniciado una tarea de deconstrucción silenciosa de la norma mediante disposiciones administrativas. En diciembre pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió dos resoluciones que modificaron el Manual de Aplicación y la reglamentación complementaria de la ley. La medida más significativa radicó en alterar el algoritmo de cálculo para determinar cuándo un producto debe portar las advertencias. Bajo el nuevo criterio, solo se consideraban los nutrientes que habían sido deliberadamente incorporados durante el procesamiento industrial, descartando los componentes que forman parte natural del alimento en su estado original. Este cambio de enfoque tenía consecuencias prácticas inmediatas: una mermelada, por ejemplo, solo se evaluaría según el azúcar añadida por el fabricante, ignorando el azúcar intrínseca de la fruta. El efecto acumulativo de esta reformulación fue la reducción significativa del universo de productos alcanzados por los octógonos negros.
Las restricciones publicitarias bajo presión
Paralelamente, las disposiciones de fines de año también tocaron la dimensión publicitaria de la regulación. A través de la Disposición 11378/2024, la Anmat había establecido restricciones explícitas a la promoción dirigida a menores de dieciséis años de cualquier alimento o bebida sin alcohol que portara al menos una advertencia frontal. La restricción era amplia: prohibía toda comunicación que empleara "hábitos, comportamientos, estilos de vida, lenguaje, colores, bandas sonoras o temáticas susceptibles de generar interés en niños y adolescentes". Asimismo, cuando estos productos fueran publicitados en medios tradicionales, digitales o en espacios públicos, los sellos debían exhibirse de modo legible y sin obstáculos visuales. Estas limitaciones representaban un cerco regulatorio sobre las estrategias de marketing dirigidas al público infantojuvenil, un sector particularmente vulnerable a técnicas de persuasión comercial.
El proyecto que ahora transitará los pasillos del Congreso apunta, según información disponible, a eliminar directamente los octógonos negros como instrumento de advertencia. Días antes del anuncio oficial, diputados de la coalición gobernante y de Pro habían presentado su propia iniciativa legislativa avanzando hacia la derogación completa. Esta confluencia de movimientos sugiere una estrategia coordinada desde el Ejecutivo hacia el Legislativo, buscando allanar el camino hacia cambios estructurales en la política alimentaria. En paralelo, otras naciones de la región mantienen sus propios marcos regulatorios sobre etiquetado frontal, aunque con estándares menos demandantes que los vigentes en territorio argentino hasta hace poco. Brasil, por mencionar un caso, implementó un sistema de advertencias pero con umbrales de activación menos severos. Uruguay cuenta con regulaciones propias, y lo mismo ocurre en Chile y México, todos ellos con enfoques menos restrictivos que el argentino.
Dimensiones de un cambio de paradigma regulatorio
Este giro en materia de política alimentaria refleja una visión diferente sobre el rol del Estado en la regulación del mercado. Mientras que la administración anterior consideraba que la intervención estatal mediante advertencias visibles era un mecanismo legítimo para corregir asimetrías de información entre productores y consumidores, el Ejecutivo actual se posiciona desde una óptica de menor intervención. La desregulación progresiva iniciada mediante disposiciones administrativas en diciembre y continuada ahora con la presentación de un proyecto de ley integral sugiere una apuesta por confiar en las decisiones del mercado y en la capacidad de los consumidores de elegir sin intermediación estatal. Este enfoque es consistente con la doctrina económica que sustenta las políticas de la administración libertaria, centrada en la reducción de la injerencia pública en decisiones de consumo privado.
La iniciativa, sin embargo, desafía recomendaciones y estándares establecidos por organismos internacionales especializados. Los datos epidemiológicos de las últimas décadas muestran una correlación clara entre el acceso a información transparente sobre contenido nutricional y cambios en patrones de consumo, particularmente en poblaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Países que implementaron esquemas rigurosos de etiquetado reportaron reducciones en el consumo de ultraprocesados, con impactos positivos en indicadores de sobrepeso y enfermedades crónicas no transmisibles. La Argentina, según reportes de organismos de salud pública, enfrentaba tasas crecientes de obesidad infantil y adulta previas a la sanción de la ley de 2021. Las consecuencias de esta reversión normativa no serán inmediatas pero acumularán efectos en el mediano plazo, tanto en términos de salud poblacional como en la configuración de las prácticas comerciales de la industria alimentaria.
Los escenarios posibles que se abrirán una vez que este proyecto complete su tramitación legislativa permiten lecturas múltiples. Desde una perspectiva de política sanitaria, la eliminación de las advertencias frontales puede interpretarse como un retroceso en materia de protección de consumidores vulnerables y como un debilitamiento de herramientas públicas para contrarrestar el sobrepeso y las enfermedades asociadas. Desde una óptica de política económica y desregulación, puede leerse como una medida que reduce costos operativos para la industria alimentaria, eliminando barreras a la comercialización de ciertos productos y facilitando la competencia de precios. Desde una visión de autonomía del consumidor, puede argumentarse que los ciudadanos adultos no requieren de paternalismos estatales para tomar decisiones sobre qué comer. Cada una de estas perspectivas contiene elementos de validez que merecen consideración seria en el debate público que seguirá a la presentación formal del proyecto en el Congreso. Lo que resulta indudable es que Argentina está experimentando un cambio de dirección en su política regulatoria alimentaria, alejándose de estándares que organismos internacionales clasificaban como ejemplares hacia un modelo menos intervencionista, cuyas implicancias en la salud poblacional solo podrán evaluarse con certeza en el transcurso de los años venideros.
