La estructura montada para contener la investigación sobre irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino colapsó a través de una resolución judicial que reabre el interrogante sobre qué sucederá ahora con los máximos referentes de la institución. Lo que comenzó como un mecanismo para centralizar pruebas en una instancia judicial de bajo perfil terminó desmoronándose cuando un tribunal superior decidió revertir esa concentración. El cambio no es menor: implica que la pesquisa volverá al fuero Penal Económico con una magistrada cuyo historial sugiere una postura distinta respecto al ritmo que debería tener la investigación. En el medio, desaparecieron seis meses de tiempo procesal en los que prácticamente no hubo movimientos significativos respecto a los responsables directos del caso.
Cómo fue la maniobra y por qué funcionó
Entre finales de diciembre y los últimos días de 2025, los abogados defensores de quienes aparecen en la investigación orquestaron una serie de traslados jurisdiccionales que tenían un objetivo específico: evitar que la causa avanzara hacia imputaciones concretas. El movimiento inicial ocurrió apenas horas después de que trascendieran públicamente los detalles sobre cómo se habrían desviado fondos de la institución hacia el exterior utilizando una empresa radicada en Miami. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió la remoción de su colega que venía avanzando con medidas probatorias relevantes. La decisión sorprendió porque se ejecutó con inusitada rapidez en los últimos días hábiles del año, cuando la mayor parte de los magistrados se encontraba en receso.
Lo que vino después fue más sofisticado aún. González Charvay no solo se quedó con el expediente principal vinculado a la mansión de Pilar valuada en aproximadamente 17 millones de dólares, sino que comenzó a absorber otras causas paralelas que tocaban temas sensibles para la dirigencia. Una de ellas provenía de Santiago del Estero, donde un fiscal había pedido las detenciones de los máximos dirigentes y analizado en profundidad el entramado de sociedades del tesorero institucional. Otra era la que investigaba los contratos celebrados con la empresa TourProdEnter, acuerdos que permitieron que aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos de la AFA circulara por el exterior con controles mínimos. El primero de estos acuerdos data de 2021, y fue renovado de manera sospechosa en octubre de 2025, cuando aún tenía vigencia por un año más.
El mecanismo funcionó porque simultáneamente se logró que la revisión de estas decisiones recayera en la Cámara Federal de San Martín, donde inicialmente un juez de feria respaldó la estrategia. Luego fue necesario esperar el retorno de un camarista específico, Alberto Lugones, quien conforme al relato disponible, cuenta con vínculos históricos con sectores políticos kirchneristas en ámbitos de poder judicial. Con la confluencia de estos movimientos, la causa quedó en manos de Charvay durante seis meses sin que se registraran avances sobre los dirigentes principales. El juez ordenó pericias contables —una medida que típicamente se utiliza para extender los tiempos procesales— pero no abrió imputaciones formales contra nadie responsable.
El vuelco: un tribunal superior frena el juego
Este viernes, el tribunal de Penal Económico resolvió que el escenario había llegado a un punto de saturación procesal incompatible con principios básicos de investigación. Los dos camaristas que evaluaron el desempeño de González Charvay fueron explícitos: en esos seis meses "no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso". La conclusión fue que la concentración de causas en una sola instancia había operado como un mecanismo de dilación más que como una herramienta de investigación eficaz.
La restitución de los expedientes al fuero Penal Económico implica que la causa será ahora responsabilidad de la jueza María Verónica Straccia. Conforme a los comentarios que circulan entre quienes trabajan en los tribunales de la zona de Comodoro Py, Straccia cuenta con antecedentes de solidez técnica y una reputación vinculada a independencia. Sin embargo, existe una complicación temporal: está a cargo del juzgado 10 hasta el final del año, lo que genera interrogantes sobre cuál será el cronograma para la transición y cuándo comenzará efectivamente a moverse la investigación en su nueva etapa. La orden formal establece que el traspaso debe hacerse de "manera urgente", aunque los plazos concretos aún están por definirse.
Las pruebas que sobrevivieron y las que desaparecieron
Durante los seis meses en que Charvay tuvo la causa, sucedieron cosas que generaron inquietud respecto a la integridad del proceso. Una de las más resonantes fue la anulación de un pendrive que contenía el contenido del teléfono de Juan Pablo Beacon, quien se desempeñaba como una mano derecha de uno de los principales imputados. De ese dispositivo brotaban chats, documentos y hasta registros audiovisuales que mostraban manipuleo de dinero en efectivo. Beacon desapareció de la escena poco tiempo después. No hay claridad sobre si llegó a un acuerdo con sus exjefes o si está colaborando con autoridades estadounidenses.
Lo que permanece intacto, en cambio, son las pruebas que aportaron cinco bancos de los Estados Unidos. Se trata de decenas de transferencias con receptores identificados, un material que registra movimientos de dinero concretos y verificables. Asimismo, la investigación detectó la existencia de diez empresas fantasma que habrían participado en operaciones vinculadas a la maniobra, casi todas constituidas por ciudadanos argentinos que viajaron a Miami y prestaron sus identidades para estos fines. El monto total que circuló a través de estos mecanismos sería superior a los 57 millones de dólares. A pesar de que estos son datos relevantes para cualquier investigación sobre defraudación millonaria, en estos seis meses nadie fue citado a declarar sobre ellos.
La complejidad del nuevo escenario procesal
Con el cambio de jurisdicción emergen varios interrogantes cuya respuesta determinará la velocidad real de la investigación. Lo primero es saber si Straccia asumirá directamente la investigación o si la delegará en el fiscal Claudio Navas Rial, quien ya intervino en otra causa paralela vinculada a evasión fiscal. Lo segundo es qué sucederá con los expedientes que habían sido anexados, particularmente el que tramitaba en Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había solicitado avances concretos. Simón, conforme a lo que se conoce, aguarda una señal para retomar su investigación con mayor impulso.
Existe un tercer nivel de complejidad que no puede soslayarse: durante los seis meses de estancamiento, material probatorio sensible puede haberse degradado. Teléfonos y computadoras pierden relevancia forense después de tanto tiempo sin intervención. Los especialistas que analizan estos casos reconocen que el tiempo juega a favor de quien busca obstruir investigaciones. No obstante, fuentes cercanas al proceso admiten que "ya arrancó otra historia". El cambio de jurisdicción marca un punto de quiebre que modifica sustancialmente el panorama.
Contexto político y movimientos en la estructura judicial
Resulta relevante contextualizar que el Gobierno había tomado posición respecto a dos candidatos propuestos para completar el tribunal de Penal Económico: Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway. Ambos fueron frenados, y el argumento oficial que trascendió fue que contaban con vínculos con los dirigentes investigados. Esta decisión coincidió temporalmente con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Desde ese momento, según relatos de personas que monitorean estos procesos, el Gobierno dejó de intervenir activamente en el manejo del escándalo de la institución futbolística. Sin embargo, en los pasillos de Tribunales reconocen que existen "vasos comunicantes con referentes del oficialismo", aunque aclaran que no necesariamente tienen despacho en la Casa Rosada.
La magnitud de la dispersión procesal que caracterizó estos meses es notable: la causa pasó por las manos del juez Daniel Rafecas, luego por Marcelo Aguinsky, después por la Cámara Federal en Comodoro Py, luego San Martín, después Casación, y finalmente Penal Económico. En total, doce jueces distintos y al menos seis fiscales intervinieron. A esto se suman otras seis causas que tramitan en paralelo en juzgados diferentes, creando un cuadro de dispersión que técnicamente dificulta la visión integral del caso. Solo faltó la intervención de la Corte Suprema para completar el cuadro de instancias.
Lo que sigue y las posibles trayectorias
A partir de ahora, todo dependerá de cómo Straccia decida impulsar la investigación y de cuál sea su relación operativa con los fiscales disponibles. Los abogados de los dirigentes bajo sospecha continuarán presentando recursos en la Cámara de Casación, aunque las probabilidades de éxito disminuyen a medida que la causa se consolida en una instancia con mejor reputación técnica. El fiscal de Santiago del Estero espera poder reactivar su investigación, que había avanzado en aspectos que la nueva etapa podría retomar o profundizar. La pregunta fundamental es cuánto tiempo efectivo se necesita para reconstituir los movimientos que se perdieron durante los seis meses de estancamiento y cuánta información puede recuperarse a partir del material que sobrevivió.
Existen perspectivas divergentes sobre lo que ocurrió. Desde un lado, se argumenta que la maniobra para dilatar fue efectivamente exitosa: logró planchar la investigación hasta después de un evento deportivo relevante internacionalmente, y borró o degradó material probatorio que podría haber sido determinante. Desde otro ángulo, se sostiene que el cambio de jurisdicción abre una puerta a la reactivación genuina de la pesquisa, especialmente considerando que las pruebas documentales provenientes de bancos estadounidenses permanecen íntegras. Lo que es incuestionable es que seis meses desaparecieron del calendario procesal sin que se registraran avances sustantivos respecto a los responsables directos, y que la próxima etapa deberá lidiar con esa pérdida temporal mientras intenta reconstruir el ritmo de la investigación.
