El engranaje procesal del juicio sobre la presunta red de extorsión que habría operado durante administraciones anteriores protagonizó ayer una jornada descarnada que expone las tensiones inherentes a los procesos penales de gran envergadura: cinco funcionarios fueron citados a declarar ante el Tribunal Oral Federal 4, pero solo uno tomó palabra, durante escasos trece minutos. Las partes querellantes, defensoras y el ministerio público decidieron de manera casi simultánea prescindir de cuatro testimonios, vaciando una sesión que había sido programada con expectativas concretas. La brevedad del acto marca un contraste notable con el ritmo habitual del debate, iniciado hace más de un año, y plantea interrogantes sobre la eficiencia en la administración de tiempos dentro de estructuras judiciales complejas.
Un operativo testimonial que no fue
La jornada de ayer pertenece a una serie de antecedentes en los que las partes, al arribar al día de la comparecencia, deciden que sus estrategias litigiosas ya no requieren la palabra de ciertos peritos. No obstante, la confluencia de desistimientos simultáneos transformó lo que se preveía como una sesión de testimonios múltiples en un acto prácticamente residual. Entre los funcionarios de Vialidad cuya presencia fue finalmente descartada figuraban Matías Sandoval, Eduardo Gregorutti, Ricardo Garione y Jorge Bathory. La renuncia a sus declaraciones sugiere que las partes evaluaron que el material probatorio ya se encontraba suficientemente cubierto por otras vías o que sus aportes no modificarían sustancialmente las posiciones construidas hasta el momento. El único que compareció fue el ingeniero Juan José Guerrieri, quien en su rol de exjefe de la división zona norte de Vialidad tuvo responsabilidad sobre diez jurisdicciones provinciales.
La declaración de Guerrieri se ceñó a temas acotados. El testigo negó haber recibido en algún momento directivas orientadas a supresión de fiscalizaciones o asignación de favores específicos a compañías determinadas. Además, subrayó su desvinculación de las etapas de redacción de bases de licitación y del procesamiento de certificaciones de ejecución de labores. "Nosotros no participábamos en el armado del pliego", fue la aseveración central de su intervención. La brevedad de su aportación —apenas trece minutos en el estrado— sintetiza la fisonomía de una jornada que no dejó material testimonial significativo para el registro de audiencias.
El juez cuestiona la improvisación y solicita coordinación anticipada
Enrique Méndez Signori, quien preside la sala, aprovechó el cierre de la sesión para dirigirse a fiscalía y defensas con una observación que trasunta fastidio institucional. El magistrado solicitó explícitamente que en lo sucesivo comuniquen con antelación qué testimonios serán dejados sin efecto, evitando así que personas convocadas por la justicia realicen traslados y dispongan de su tiempo para luego ser dispensadas en el mismo acto de apertura. El señalamiento del juez refleja una preocupación práctica pero también una crítica implícita: las partes están utilizando el acto de la audiencia para tomar decisiones que podrían haberse adoptado días antes. Esta dinámica genera costos indirectos sobre los ciudadanos que comparecen como testigos, quienes quedan atrapados en una lógica procesal que los convoca sin certeza de que sus declaraciones tendrán lugar.
El reproche del tribunal toca un nervio sensible en cualquier sistema de justicia: la eficiencia temporal. A diferencia de otros procesos penales que avanzan con regularidad sostenida, este juicio ha presentado oscilaciones notorias en el ritmo de sus sesiones. Algunas jornadas concentran múltiples testimonios y extendidas indagaciones; otras, como la de ayer, se resuelven en minutos. Para los que observan desde fuera el funcionamiento del sistema, estas disparidades plantean dudas sobre si existe una coordinación estratégica real entre las partes o si prevalece una dinámica más errática, donde cada actor procesal opera conforme a cálculos cambiantes que se modifican prácticamente sobre la marcha.
El hilo testimonial en la reconstrucción de hechos
En la sesión del jueves de la semana anterior, compareciera César Neira, quien se desempeñaba como responsable de la cochera de la casa de gobierno. Su testimonio introdujo un elemento que los acusadores consideran revelador: Neira declaró haber sacado de un establecimiento comercial especializado y puesto a disposición de la flota oficial un automóvil que Óscar Centeno registró en sus anotaciones personales como parte del circuito por el cual circulaban supuestos pagos de sobornos. Este tipo de detalles —objetos, movimientos, disposiciones de bienes— constituye el tejido mediante el cual se intenta demostrar la existencia de una maquinaria de extorsión. Los cuadernos del chofer presidencial han funcionado, en este sentido, como una suerte de brújula: las partes acusadoras los señalan como evidencia de una práctica sistemática, mientras que las defensas cuestionan su confiabilidad y su origen.
El hecho de que los funcionarios de Vialidad sean testigos cruciales responde a que esa repartición estatal fue, según la hipótesis acusatoria, uno de los puntos de concentración donde operaba el presunto sistema. Vialidad administra presupuestos significativos, ejecuta licitaciones, supervisa contratistas y, por tanto, posee capacidad de decisión sobre quiénes ganan u pierden licitaciones públicas. Si de verdad existió un mecanismo de cobro de coimas, los funcionarios de esa cartera tendrían información directa o indirecta sobre cómo operaba. Sus testimonios —o su ausencia— colorean entonces el cuadro probatorio general.
Qué viene y qué se espera
El debate reanudará su marcha testimonial el jueves próximo. Para la semana siguiente, está programada la comparecencia de Florencio Randazzo, exministro de Interior y Transporte durante una de las administraciones sujeta a investigación. La presencia de un funcionario de rango ministerial introduce una densidad política al juicio que trasciende a los tecnócratas y operarios de reparticiones. Randazzo ocupó una cartera con capacidad decisoria sobre infraestructura vial, lo que lo sitúa en una posición de mayor proximidad a posibles centros de decisión respecto de cómo se ejecutaban —o se distorsionaban— los programas públicos. Su comparecencia probablemente atraerá atención mediática y jurídica superior a la generada por funcionarios de rango menor.
A casi doce meses del inicio de este debate, el desarrollo de las audiencias ha dejado entrever un proceso que avanza a velocidades desigual, con algunas sesiones densas y otras prácticamente vacías. No existe claridad pública sobre cuál es el calendario estimado de conclusión. Los números son relevantes: se ha escuchado ya a decenas de testigos, se han producido cientos de páginas de registros taquigráficos, se han debatido cientos de piezas de evidencia. Pero la duración total y la fecha de cierre siguen siendo variables. Este tipo de incertidumbre afecta no solo a los acusados, que permanecen en distintas condiciones procesales, sino también a los acusadores que buscan cierre judicial, y a la opinión pública que monitorea un caso que toca aspectos centrales sobre cómo funcionan las instituciones.
Reflexiones sobre los desistimientos estratégicos en procesos de largo aliento
Los desistimientos de testigos el mismo día de su citación no constituyen una anomalía aislada en este debate. Pertenecen a una pauta que se ha reiterado. Cada vez que una parte decide prescindir de un testimonio en el acto, está comunicando —aunque sea tácitamente— que su evaluación de la utilidad de esa prueba cambió. Esto puede ocurrir por diversas razones: porque los testigos anteriores ya cubrieron los temas que iba a tocar, porque la estrategia se modificó, porque se obtuvieron otros insumos probatorios más sólidos, o simplemente porque se optó por no abrir líneas de cuestionamiento que podrían resultar contraproducentes. Sea cual fuere la motivación, la reiteración de este fenómeno sugiere que los tiempos procesales se están determinando más por cálculos tácticos dinámicos que por planificación anticipada.
Desde la perspectiva de quienes defienden la previsibilidad y la eficiencia en los procesos penales, esto representa un problema: recursos destinados a convocar testigos que no comparecerán, tiempos judiciales desperdiciados, ciudadanos convocados innecesariamente. Desde otra óptica, podría argumentarse que las partes tienen derecho a evaluar sobre la marcha cuál es la mejor estrategia para sus intereses, y que esa libertad táctica es parte de las garantías del proceso. Lo cierto es que la coexistencia de ambas realidades —la necesidad de eficiencia y la garantía de libertad estratégica— genera tensiones que este y otros procesos judiciales deben resolver de manera equilibrada.
Las consecuencias de estas dinámicas pueden medirse en varios planos. Para el funcionamiento administrativo del tribunal, implica la necesidad de mayores márgenes de flexibilidad en la programación. Para la confianza pública en los procesos judiciales, puede generar percepciones de que el sistema no logra organizarse de manera óptima. Para las partes litigantes, ofrece espacios de libertad pero también riesgos: si un desistimiento anticipa que se cambió de estrategia, eso puede ser leído como un mensaje sobre la debilidad de ciertas posiciones. Y para los testigos, coloca su disponibilidad y su tiempo bajo una incertidumbre que es difícil de controlar desde sus perspectivas. El sistema, en este sentido, sigue buscando un equilibrio que todavía no encuentra completamente.
