Durante la sesión legislativa de este jueves en la Ciudad, se consumó un giro significativo en la regulación de servicios que hasta ahora permanecían bajo control estatal: la apertura del mercado de verificaciones técnicas vehiculares a empresas privadas transformará radicalmente la forma en que los porteños acceden a este trámite obligatorio. La medida representa el avance más concreto de la agenda desreguladora que impulsa el gobierno nacional a través de sus aliados locales, pero también expone las tensiones políticas que genera la redistribución de un negocio que, durante años, concentró ganancias en pocas manos.
El proyecto aprobado establece cambios sustanciales en varios aspectos de la VTV. Amplía los intervalos entre inspecciones vehiculares, libera el sistema de fijación de precios que el Estado mantenía con límites máximos, y habilita a cualquier taller autorizado para realizar las verificaciones, eliminando así la concentración de este servicio en los pocos operadores que ya dominaban el sector. Hasta el momento, únicamente establecimientos estatales y un reducido número de empresas privadas licenciadas podían ejecutar estas revisiones. Algunos de esos empresarios enfrentan actualmente investigaciones judiciales vinculadas con denuncias de manipulación en los procesos de adjudicación de servicios similares en la provincia vecina, según consta en expedientes donde aparece involucrado un exfuncionario provincial que desempeñó altos cargos en transportes.
El argumento de la competencia contra el monopolio restringido
Quienes impulsaron la desregulación fundamentaron su posición en una lógica de mercado que privilegia la expansión de oferentes. Desde el bloque libertario argumentaron que durante años la ciudadanía fue obligada a utilizar servicios limitados sin alternativas reales, y que la solución consiste en permitir que múltiples talleres compitan por este mercado. La presidenta de la bancada que respalda estas políticas sostuvo que el Estado debe conservar su función fiscalizadora sobre la calidad de los trabajos, pero no debe inmiscuirse en decisiones de precios ni en la elección de dónde los ciudadanos realizan sus trámites. Esta posición replica argumentos que circulan en espacios de política económica desde hace décadas: la teoría de que más competidores generan automáticamente menores costos y mejor servicio.
La coalición que votó a favor incluyó a los legisladores de la alianza gubernamental pro-macrista, los radicales y una agrupación política identificada con un exintendente que gobernó la Ciudad durante el período 2007-2015. Esta confluencia de votos contrastó marcadamente con la posición del bloque peronista, que se opuso a la iniciativa. Sus legisladores enfatizaron preocupaciones sobre cómo un esquema desregulado podría comprometer la garantía de calidad en los trabajos de revisión, especialmente cuando se traslada responsabilidad a talleres que no necesariamente poseen la infraestructura o capacitación idéntica. También cuestionaron la liberalización de precios, argumentando que podría resultar en incrementos tarifarios que afecten el bolsillo de propietarios de vehículos.
La otra cara de la moneda: endurecimiento del control callejero
En paralelo a esta apertura regulatoria, el gobierno local logró sancionar una reforma al código contravencional que incrementa las penalidades para quienes ejercen actividades informales en el espacio público, particularmente cuidadores de autos y personas que ofrecen servicios de limpieza o venta ambulante. Esta iniciativa había sido prometida durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo y se alinea con una agenda de "orden urbano" que busca visibilidad política en consonancia con directrices nacionales. El endurecimiento de sanciones responde a una lógica opuesta a la desregulación: mientras se liberan mercados formales, se restringen actividades que ocurren en márgenes de legalidad. Esto refleja una distinción de criterios: apertura para negocios organizados, cierre para trabajadores informales.
Otro proyecto trascendental que recibió aprobación legislativa fue la eliminación de registros profesionales y normativas consideradas obsoletas o innecesarias. Bajo la denominación de ley "hojarasca", se derogaron disposiciones que reglamentaban actividades turísticas, comerciales y operativas en diversos espacios públicos. Entre las disposiciones dejadas sin efecto figuraba el registro profesional obligatorio para guías de turismo, decisión que provocó protestas de trabajadores del sector turístico a las puertas de la Legislatura. También se modificaron regulaciones sobre inscripción de participantes en programas de educación para adultos, generando inquietudes entre docentes y especialistas en educación especial sobre posibles efectos en el acceso a capacitación.
Acuerdos cruzados y negociaciones tras bambalinas
La sesión también incluyó la aprobación de financiamiento para la construcción de una nueva línea de subterráneo que conectará dos zonas de la Ciudad mediante endeudamiento. El gobierno requería autorización legislativa para contraer pasivos por aproximadamente 1.350 millones de dólares. Este proyecto logró consenso amplio, incluyendo apoyo de radicales, peronistas y sectores libertarios, aunque con críticas frecuentes sobre la planificación deficiente de infraestructuras de transporte y la deteriorada condición actual de las líneas existentes. Legisladores identificados con experiencias de gestión anterior señalaron que, independientemente de la necesidad de expandir la red, las gestiones actuales adolecen de capacidad para garantizar mantenimiento y frecuencia en servicios ya operativos.
Detrás de la aprobación del financiamiento subterráneo se tejieron negociaciones entre bloques. El peronismo condicionó su voto a cambio de que Pro acompañara un proyecto de desendeudamiento familiar presentado por un precandidat o a la intendencia porteña. Este proyecto proponía crear una línea especial de crédito estatal para que ciudadanos refinancien deudas personales contraídas antes de la aprobación de la ley. El mecanismo establecería límites claros: solo podrían acceder personas sin múltiples propiedades, sin vehículos nuevos, sin aeronaves o embarcaciones, y sin compra de divisas durante el período en que se originaron las obligaciones. El proyecto recibió respaldo de legisladores radicales, peronistas e identificados con gestiones previas, mientras que la bancada libertaria se abstuvo por considerar que el refinanciamiento sin acompañamiento integral podría profundizar dificultades financieras en largo plazo.
Información disponible sobre los procesos parlamentarios indica que la articulación entre bloques en sesiones recientes ha dependido cada vez más de negociadores ubicados en espacios administrativos de la Legislatura y cercanos a operadores del macrismo. Desde diciembre pasado, el oficialismo porteño ocupa la tercera posición en términos de cantidad de legisladores, lo que exige acuerdos permanentes para aprobar cualquier iniciativa. Esta realidad explica por qué proyectos de distinto signo ideológico avanzaron simultáneamente durante la jornada analizada.
Implicancias a mediano plazo de la reorganización regulatoria
La aprobación de desregulación en VTV abre interrogantes sobre cómo evolucionará un mercado históricamente concentrado. Por un lado, la entrada de nuevos competidores podría reducir costos operativos y tiempo de espera para usuarios. Por otro, la ausencia de techo de precios permitiría a los operadores existentes mantener márgenes elevados en segmentos cautivos, particularmente en zonas donde la competencia tarde más en instalarse. La dispersión de este servicio entre múltiples talleres también plantea desafíos regulatorios: garantizar estándares homogéneos de calidad requiere capacidad fiscalizadora estatal robusta, precisamente lo opuesto a la tendencia desreguladora vigente. Asimismo, la combinación de apertura selectiva de mercados con represión intensificada del trabajo informal produce geografías desiguales de oportunidad económica, donde algunos sectores acceden a nuevas posibilidades mientras otros ven restringidas sus opciones de subsistencia. Las consecuencias de estas transformaciones legislativas solo podrán evaluarse cabalmente tras meses de implementación, cuando se observe cómo responden operadores privados, usuarios, y la capacidad administrativa del Estado para supervisar servicios fragmentados.
