La investigación sobre las operaciones financieras del jefe de Gabinete continúa ampliándose con hallazgos que profundizan las interrogantes acerca de los patrones de consumo del funcionario. En esta ocasión, la pesquisa llevó a descubrir una compra efectuada en un comercio especializado en artículos de descanso ubicado en el barrio porteño de Recoleta, transacción que alcanzó la suma de $8.183.383 y que fue cancelada íntegramente en billetes. Este nuevo movimiento económico se inscribe dentro de un catálogo cada vez más extenso de desembolsos en dinero de curso legal que realiza Adorni, y marca un punto de quiebre adicional en el análisis de sus finanzas personales desde que accedió a funciones en la administración pública.
Los detalles de esta operación comercial emergieron a partir del análisis de dispositivos telefónicos incautados durante la pesquisa. Específicamente, información extraída del aparato celular de Matías Tabar, el empresario contratista responsable de las obras de remodelación en la propiedad de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, permitió a los investigadores identificar la transacción y acceder a documentación que corrobora el movimiento. La factura correspondiente indica que Gisela Kocsis, una integrante del equipo de colaboradores del funcionario con trayectoria laboral en distintas áreas del sector estatal, fue la persona que se presentó en la tienda para realizar el pago en efectivo el 2 de junio de 2025. La mercadería adquirida fue posteriormente derivada hacia el domicilio de Adorni en la zona de esparcimiento ubicada en Exaltación de la Cruz.
El desglose de la compra y su magnitud
La composición del gasto revela que la porción más significativa del desembolso correspondió a la adquisición de tres conjuntos completos de sommiers, rubros que en conjunto representaron aproximadamente seis millones de pesos de los más de ocho millones invertidos. El balance restante fue distribuido entre la compra de juegos de sábanas, edredones de confección textil y un lote de almohadas destinadas al equipamiento de los dormitorios de la vivienda. Convertida al tipo de cambio oficial vigente en la fecha de la operación, la inversión total alcanzaría aproximadamente 6.820 dólares estadounidenses. Este desembolso se suma a una multiplicidad de otros gastos que la fiscalía ha estado recopilando en un archivo integral dedicado a mapear el movimiento de recursos del funcionario, con el propósito de trazar un cuadro completo de su comportamiento económico durante su permanencia en la administración estatal.
La forma de pago utilizada en esta transacción refleja lo que ha comenzado a perfilarse como un rasgo distintivo en la manera en que Adorni realiza sus compras: la utilización predominante de efectivo. Ante consultas públicas sobre esta particularidad en sus hábitos de consumo, el funcionario ha sostenido que los fondos que utiliza provienen de ahorros acumulados durante dos décadas y media de trabajo en el sector privado, explicación que ahora es objeto de un análisis pormenorizado por parte del organismo especializado que colabora con la fiscalía. Este organismo se encuentra en proceso de preparar un documento mediante el cual se requerirá al funcionario que justifique la procedencia y la legalidad de sus haberes patrimoniales, paso que podría derivar posteriormente en una comparecencia en la que Adorni deba prestar declaración indagatoria ante la autoridad judicial.
Un panorama más amplio de gastos y movimientos económicos
Más allá de la compra de mobiliario, la acumulación de desembolsos documentados en la investigación abarca un espectro considerablemente extenso. Las remodelaciones y refacciones realizadas en el inmueble del country constituyen un capítulo importante, con trabajos que incluyen la instalación de sistemas de climatización, la modificación de vanos y cerramientos, labores de carpintería, la edificación de una isla de cocina y la construcción de una estructura acuática complementada con una cascada estimada en 3.500 dólares, elemento este último que generó considerable circulación en plataformas de redes sociales. Asimismo, la documentación disponible registra movimientos vinculados a desplazamientos de la familia del funcionario: un viaje internacional de Bettina Angeletti, pareja del jefe de Gabinete, hacia territorio español en septiembre de 2025, cuyo costo se aproximó a los 6.000 dólares y que habría sido cancelado igualmente mediante efectivo; hospedajes en un establecimiento hotelero ubicado en la localidad de Gualeguaychú que sumaron no menos de $2.350.000; y un viaje familiar hacia la isla de Aruba durante el período de transición entre los años 2024 y 2025, que incluyó pasajes aéreos por aproximadamente 5.800 dólares y servicios de alojamiento por un adicional de 8.874 dólares.
No obstante, los investigadores señalan que el núcleo fundamental de la pesquisa se concentra en las dos operaciones de transferencia inmobiliaria que originalmente desencadenaron las sospechas acerca de un enriquecimiento de características irregulares. Se trata de la adquisición de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, negociada a razón de 120 mil dólares, y la compra de una unidad habitacional en el barrio porteño de Caballito, cuyo valor de transacción fue establecido en 230 mil dólares. Estos movimientos pusieron de relieve una expansión patrimonial que resultó llamativa en términos de magnitud y velocidad, circunstancia que motivó una indagación más profunda sobre las fuentes financieras que las sustentaron. Dicho análisis condujo al identificación de dos operaciones crediticias particulares: un préstamo otorgado por un grupo de mujeres con condición de jubiladas por un monto de 200 mil dólares, estructurado bajo la modalidad de postergación de reintegro sin acumulación de intereses; y una línea de crédito anterior suministrada por efectivos policiales femeninos, cuyo quantum alcanzó los 100 mil dólares. Respecto del primer instrumento crediticio mencionado, Adorni ha caracterizado la operación como un arreglo entre individuos vinculados personalmente, aludiendo específicamente a la relación de amistad que lo une con Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las acreedoras.
La expansión continua del inventario de gastos que la fiscalía viene compilando genera un escenario de complejidad creciente alrededor de la permanencia del funcionario en su cargo de ministro coordinador, situación que ha comenzado a generar especulación tanto en círculos políticos como en espacios de análisis público respecto de su continuidad administrativa. Cada nuevo descubrimiento suma capas adicionales de interrogantes sobre cómo un funcionario con salario de empleado público pudo financiar una cantidad y variedad tan amplia de adquisiciones de bienes y servicios en el lapso de tiempo considerado. Los mecanismos disponibles para el avance de la investigación, que incluyen la posibilidad de requerir documentación complementaria y la realización de audiencias judiciales, probablemente arrojarán mayor luz sobre los vínculos entre los diferentes movimientos económicos registrados. Distintos actores políticos y analistas interpretan estos desarrollos desde perspectivas divergentes: para algunos, los datos acumulados sugieren la existencia de irregularidades que demandan clarificación urgente; para otros, los préstamos mencionados y las explicaciones brindadas constituyen suficiente fundamentación legal de los movimientos; una tercera perspectiva sostiene que la complejidad del caso requiere un análisis integral de toda la documentación antes de arribar a conclusiones definitivas.
