La maquinaria legislativa de Buenos Aires funcionó a pleno esta semana para consumar uno de esos acuerdos de reparto que definen, en silencio, cómo se gobierna una ciudad. Lo que sucedió en los pasillos del Palacio Legislativo no fue una casualidad ni tampoco el resultado de votaciones espontáneas: fue el producto de negociaciones intensas que atravesaron las madrugadas y que involucraron a los principales operadores políticos de las tres fuerzas que dominan el tablero porteño. El resultado quedó plasmado en designaciones que, a primera vista, podrían parecer meramente administrativas pero que, en realidad, determinan quién controla los mecanismos de fiscalización y defensa de derechos en la ciudad más importante del país.
El desenlace fue matemático en su conclusión: Javier Martín López Zavaleta asumió como fiscal general de Buenos Aires con 51 votos afirmativos de un total de 60 legisladores. Sin embargo, lo que los números no revelan es la arquitectura de consensos que hizo posible semejante amplitud. Detrás de esa votación masiva se tejió un entramado donde Pro obtuvo su candidato de preferencia, el peronismo consiguió renovar a su representante en otro organismo de relevancia y La Libertad Avanza logró colocar dos de sus cuadros en posiciones que antes no ocupaba. Cada movimiento, cada voto, cada abstención fue parte de una coreografía política donde nadie salió completamente perdedor pero tampoco nadie se llevó todo.
El juego de poder tras bastidores: cómo se negoció la nueva Justicia porteña
La historia de López Zavaleta como nuevo fiscal general comenzó mucho antes de la votación de este jueves. Cuando Juan Bautista Mahiques abandonó la fiscalía general para convertirse en ministro de Justicia nacional bajo la administración de Javier Milei, dejó un vacío que López Zavaleta ocupó de manera transitoria. Esa interinidad le permitió demostrar su gestión, consolidar apoyos y, fundamentalmente, vincularse con los actores clave que controlan las decisiones en la Legislatura.
López Zavaleta no es un técnico desconocido ni un operador aislado. Su trayectoria lo vincula directamente con Daniel Angelici, quien funciona como operador judicial del macrismo a pesar de su filiación formal en el radicalismo. Esta conexión resultó central: Angelici fue quien negoció personalmente durante la madrugada con Juan Manuel Olmos, figura determinante en la bancada peronista y esposo de quien encabeza la Defensoría del Pueblo. La reunión se llevó a cabo en la sede legislativa, en Perú 160, en un encuentro que representantes de La Libertad Avanza describieron con cierto humor como una exclusión deliberada: no fueron invitados a la mesa donde se sellaban los acuerdos fundamentales.
La designación de López Zavaleta recibió votos de casi todas las bancadas: el bloque oficialista Vamos por Más, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el espacio Confianza y Desarrollo liderado por Horacio Rodríguez Larreta, y la mayoría de la bancada peronista. Únicamente seis legisladores votaron en contra: dos de la izquierda y cuatro peronistas identificados con la línea de La Cámpora. Esta división dentro del peronismo porteño resultó reveladora: mientras algunos sectores acompañaban el pacto, otros lo rechazaban, reflejando tensiones internas que van más allá de esta votación específica.
El precio de los votos: cómo cada fuerza consiguió lo suyo en la Defensoría
Si López Zavaleta fue el plato fuerte de la negociación, la Defensoría del Pueblo funcionó como la moneda de cambio que permitió construir el consenso. La votación que definió a los titulares y adjuntos de ese organismo obtuvo 56 votos afirmativos sin ningún rechazo, con abstenciones únicamente de la izquierda. Este grado de unanimidad no surge de la nada: es el reflejo directo de cómo se distribuyeron las cinco adjuntías entre las diferentes fuerzas políticas.
María Rosa Muiños, esposa de Olmos y titular de la Defensoría desde diciembre de 2021, logró renovar su mandato gracias a este acuerdo integrador. Pero lo verdaderamente significativo fue lo que pasó en las adjuntías, donde se concentró la verdadera batalla política. La Libertad Avanza, a través de su jefa de bloque Pilar Ramírez, delegada de Karina Milei en la Ciudad, buscaba obtener dos posiciones. Su estrategia fue directa: Ramírez sostenía conversaciones con Angelici, quien a su vez mantenía un vínculo fluido con Dario Wasserman, marido de Ramírez y titular del Banco Nación. Esa red de conexiones personales y profesionales transformó negociaciones que podrían haber sido conflictivas en transacciones ordenadas.
El resultado fue contundente para los libertarios: María Graciela Giorgioni y Giselle Furcada, ambas candidatas auspiciadas por La Libertad Avanza, fueron designadas como defensoras adjuntas. Con estos nombramientos, el espacio libertario logró un desembarco en un organismo donde previamente carecía de influencia. Los celebrantes libertarios subrayaron que desde el principio habían sostenido que buscarían "lo que corresponde por representatividad en la Legislatura", una frase que funciona como justificación de la lógica del reparto proporcional que rigió toda la negociación.
Pero LLA no fue el único espacio que consiguió lugares en la Defensoría. Carlos Palmiotti renovó su cargo de defensor adjunto con el respaldo específico de Angelici, en un gesto que funcionó como retribución política al radicalismo y que explica por qué la UCR acompañó las designaciones en bloque. Silke Mayra Arndt consiguió mantener su posición como adjunta, auspiciada por Pro, mientras que Facundo Maximiliano Saez fue designado respondiendo al sector de Larreta. Con esta distribución, cada fuerza podía argumentar a su base que había colocado representantes donde correspondía, que sus intereses estaban siendo resguardados en organismos clave.
El contexto nacional que facilitó el pacto local
Resulta casi imposible separar estos acuerdos porteños del clima político nacional que les sirve de telón de fondo. Semanas antes de la votación en la Legislatura, el peronismo kirchnerista en el Senado nacional había tomado una decisión sorprendente: aportó sus votos para que el gobierno lograse la designación de Pablo Yadarola como camarista en la Cámara Federal. El hecho resultó inesperado porque años atrás, Cristina Kirchner había denunciado públicamente a Yadarola acusándolo de ser un juez del "lawfare", especialmente tras su participación en causas contra referentes del kirchnerismo. Que el mismo sector que lo condenaba terminase votando su ascenso generó ondas expansivas que alcanzaron las negociaciones en la Ciudad.
Este vuelco nacional funcionó como lubricante de las negociaciones locales. Si el peronismo de Cristina Kirchner podía cambiar su posición respecto de un juez que años antes consideraba perseguidor, entonces todo parecía negociable. La flexibilidad que demostró el kirchnerismo en el Senado para apoyar designaciones judiciales del gobierno generó condiciones que facilitaron que el peronismo porteño negociase sin tanto antagonismo dentro de Pro y los libertarios. La política no funciona en compartimentos estancos: lo que sucede en el Palacio del Congreso impacta directamente en lo que se decide en la Legislatura porteña.
El nombramiento de López Zavaleta como fiscal general de la Ciudad, avalado por Jorge Macri desde la jefatura de gobierno, se inscribe dentro de esta lógica más amplia. Angelici, a través de Christian Gribaudo, su secretario administrativo, se convirtió en gestor de esa transición. La proximidad que Angelici mantiene con círculos radicales, con pro-macristas y con operadores peronsitas lo posicionó como bisagra indispensable. Su rol no fue el de un simple intermediario: fue el de un arquitecto que supo leer el mapa político y construir sobre esas lecturas estructuras de consenso que permitiesen que Pro, el peronismo y LLA saliesen de la mesa con ganancias diferenciadas pero reales.
Implicancias de largo plazo: hacia dónde apunta este nuevo reparto
Los acuerdos de este tipo, aparentemente técnicos y rutinarios, establecen dinámicas que trascienden la coyuntura inmediata. La designación de López Zavaleta en la fiscalía general determina quién investigará y quién acusará en la Ciudad durante los próximos años. El perfil de los nuevos defensores adjuntos, especialmente los dos libertarios, señala hacia dónde se direccionará la defensa de derechos en una ciudad donde los conflictos sobre vivienda, protección laboral y acceso a servicios son constantes.
El hecho de que La Libertad Avanza haya logrado posicionarse en la Defensoría del Pueblo, organismo que históricamente fue territorio de otras fuerzas, indica una reconfiguración más profunda del poder en la Ciudad. Los libertarios no llegaron únicamente como aliados tácticos de Pro en elecciones: están ganando espacios institucionales desde los cuales pueden incidir en la vida cotidiana de los porteños. Simultáneamente, la renovación de Muiños y la conservación de influencia del peronismo en la Defensoría sugiere que, pese a los cambios en el gobierno nacional y los giros electorales recientes, el peronismo porteño mantiene capacidad de negociación y de colocación de figuras en posiciones relevantes.
El pacto refleja también una particular distribución del poder donde Pro, con su control sobre la jefatura de gobierno, negocia de igual a igual con un peronismo fragmentado pero aún con capacidad de veto en la Legislatura. LLA, aunque crece en espacios, aún depende de negociaciones bilaterales con actores más asentados. El radicalismo, a través de Angelici, encontró un rol de intermediario que le permite justificar apoyos a nominaciones macristas pero también defender espacios propios. Este tipo de equilibrio es frágil: depende de que cada fuerza continúe obteniendo ganancias relativas en nuevas rondas de negociación.
Lo que sucedió en la Legislatura porteña durante esta semana es expresión de una política que funciona en registros múltiples. Por un lado, hay competencia electoral, confrontación de proyectos y diferencias genuinas entre espacios políticos. Pero por otro lado, hay negociación constante sobre cómo se distribuyen los recursos, los cargos y la capacidad de incidir en decisiones que afectan millones de vidas. Ambas dinámicas coexisten, no se anulan mutuamente. El acuerdo sobre la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo es evidencia de que, incluso en contextos de fragmentación política y radicalización de discursos, las élites políticas encuentran mecanismos para construir consensos sobre lo fundamental: quién controla qué espacios de poder. Las implicancias de estas designaciones se desplegarán durante años, en causas judiciales, en decisiones sobre derechos, en la forma en que se administra justicia y se protegen garantías en la Ciudad.
