Una demanda histórica que encuentra obstáculos en el presente
Desde el máximo tribunal de justicia provincial surge una iniciativa que pretende romper una cadena de dependencia de décadas. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha presentado ante la Legislatura un proyecto destinado a lograr su autarquía financiera y funcional, buscando liberarse de la subordinación presupuestaria que la mantiene atada al Ejecutivo. Pero el camino hacia esta aspiración, que cuenta con adhesiones amplias en el ámbito judicial, encuentra un muro político difícil de sortear: la falta de entusiasmo del oficialismo provincial, gobernado por Axel Kicillof. En un contexto donde los recursos escasean y las prioridades se multiplican, la iniciativa enfrenta el riesgo real de quedar archivada sin siquiera avanzar en el debate legislativo durante este período.
El proyecto no carece de apoyo en los bloques opositores. La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical ya han expresado su respaldo a una medida que consideran fundamental para la división de poderes. Incluso los radicales presentaron una iniciativa similar años atrás, aunque sin éxito legislativo. Sin embargo, en la arquitectura del Senado bonaerense, donde el peronismo controla 24 de los 46 escaños, la oposición carece del poder suficiente para avanzar sin el beneplácito del oficialismo. En la Cámara de Diputados, aunque el PJ es primera minoría, su capacidad de bloqueo sigue siendo determinante. Los números, crudamente, muestran que sin Kicillof y su bancada, el proyecto está condenado a la postergación indefinida.
Los números que justifican la autonomía: un presupuesto insuficiente
Las cifras presentadas por Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte, revelan un sistema de financiamiento que deja poco espacio para inversión. El presupuesto asignado para este año al Poder Judicial alcanza los 1.755.396.177.000 de pesos. De esa cifra, aproximadamente 1.158.808.343.000 pesos se destinan a la administración de justicia bajo control de la Suprema Corte, mientras que 596.587.834.000 pesos van a la Procuración. La distribución es abrumadora: el 92 por ciento de estos recursos se consume en sueldos y salarios, dejando prácticamente nada para infraestructura, tecnología, modernización de sistemas o capacitación. Torres ha enfatizado que con esta estructura, resulta imposible atender las necesidades básicas de un poder judicial que debe servir a una provincia de más de 17 millones de habitantes.
La participación del Poder Judicial en el presupuesto provincial representa apenas entre el 3,4 y 4,5 por ciento del total, un porcentaje que Torres considera insuficiente considerando las responsabilidades constitucionales que debe asumir. Pero el problema no es solo la cantidad disponible, sino el mecanismo mediante el cual llega: a través de partidas discrecionales del Ejecutivo, sin que el tribunal tenga capacidad de decisión sobre su propia asignación. Esta dependencia genera un dilema institucional clásico que los especialistas en derecho constitucional han señalado reiteradamente: es imposible ejercer control sobre quien financia tu funcionamiento.
Las voces que claman por la independencia sin condiciones
Torres ha sido contundente en su diagnóstico sobre lo que significa esta situación. Según el magistrado, durante años se ha postergado la decisión de dotar de verdadera autonomía al Poder Judicial, como si se tratara de una concesión política o un privilegio corporativo, cuando en realidad constituye un mandato explícito de la Constitución provincial. Su argumento central es que no existe independencia real sin autonomía financiera: un tribunal que debe recurrir a quien legisla o administra para obtener recursos ve comprometida su capacidad de decidir con imparcialidad. La lógica es casi matemática en su simpleza.
Desde la oposición, el diputado provincial Pablo Morillo, perteneciente a La Libertad Avanza, ha resonado con argumentos similares aunque desde una perspectiva ideológica distinta. Para Morillo, la subordinación presupuestaria al Ejecutivo constituye en la práctica una subordinación institucional que quebranta la división de poderes, ese principio republicano que debería ser más que un concepto abstracto. Ha señalado que la verdadera independencia judicial no es una abstracción sino un límite real al avance del Estado sobre el individuo. Desde su óptica, sin autonomía presupuestaria no hay libertad posible, porque el árbitro encargado de proteger derechos depende económicamente de quienes debe controlar. Para Morillo, garantizar autarquía no es un privilegio sectorial sino una inversión en seguridad jurídica que beneficia a todos.
En la misma línea, el diputado radical Valentín Miranda impulsa un proyecto que busca, en sus términos, saldar una deuda histórica con la división de poderes. La iniciativa propone que el Poder Judicial goce de autonomía presupuestaria y autarquía financiera para gestionar sus propios recursos y dejar de depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. El consenso transversal en la oposición sobre este tema contrasta dramáticamente con la tibieza oficialista.
La respuesta peronista: entre la legitimidad reconocida y las excusas presupuestarias
La posición del peronismo bonaerense es ambigua. Dirigentes del bloque peronista han reconocido a interlocutores que la autarquía del Poder Judicial es legítima, una admisión que muestra que no niegan la validez del reclamo. Sin embargo, inmediatamente esa legitimidad se choca contra la realidad fiscal: la austeridad de los recursos financieros de la provincia haría imposible aprobar una medida que requiriera inyecciones presupuestarias adicionales. Esto es, el peronismo no rechaza la autonomía judicial en principio, sino que la rechaza en la práctica porque no hay dinero.
Según diputados peronistas que han dialogado con Kicillof sobre el tema, el gobernador reconoce la legitimidad del reclamo de los jueces. Sin embargo, sostiene que dada la crisis fiscal que atraviesa Buenos Aires, solo podría aprobarse una medida de este tipo si no demandara dinero adicional. El argumento es comprensible en términos presupuestarios: una provincia que debe reasignar recursos constantemente y que enfrenta presiones de múltiples sectores (educación, salud, seguridad) tiene dificultades para ampliar partidas. Pero también deja a la luz un problema conceptual: ¿cómo puede lograrse autonomía judicial sin recursos suficientes?
La estructura técnica del proyecto: qué propone exactamente
El proyecto que ha sido redactado por la Suprema Corte y cuenta con respaldo de organizaciones judiciales importantes propone un esquema específico. Instalaría un régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera mediante el cual la Suprema Corte elaboraría su propio proyecto de presupuesto para todas las áreas de justicia, incluyendo el ministerio Público, y lo remitería directamente a la Legislatura. La distribución sería de 65 por ciento para administración de justicia y 35 por ciento para ministerio Público. Además, se crearía una cuenta autárquica bajo administración de la Suprema Corte en el Banco Provincia, un Fondo Fiduciario de Infraestructura e Innovación, y una comisión bicameral de seguimiento legislativo.
El respaldo al proyecto proviene de actores institucionales relevantes. El Colegio de Magistrados y Funcionarios, la Asociación Judicial Bonaerense, los colegios de Abogados de la provincia, y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia con participación de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han avalado la iniciativa. Magistrados como Matías Rappazzo y abogados como Bienvenido Rodríguez Basalo han puesto su firma en el proyecto. Este nivel de consenso en el ámbito judicial, que trasciende Buenos Aires e incluye a otros poderes judiciales del país, subraya la importancia que se le asigna a la medida.
Los entramados políticos que dilatan decisiones: vacantes, bloques internos y acuerdos pendientes
La postergación del proyecto de autarquía judicial no es aislada. Forma parte de una serie de decisiones que el oficialismo está dilando, incluyendo el tratamiento de vacantes en la Suprema Corte y el cargo de Subprocurador. Según la Constitución provincial, artículo 75°, estos cargos deben ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta. El peronismo tiene esa mayoría, pero las internas entre sus distintas tribus hacen que avanzar sea complejo.
El peronismo bonaerense está explorador un acuerdo de reparto de poder entre los distintos espacios que conforman el oficialismo: Kicillof impulsaría un ministro, el Frente Renovador otro, el kirchnerismo un tercero, y se le daría un asiento a la oposición. Estas negociaciones internas explican parcialmente por qué no hay velocidad en temas que requieren de decisiones legislativas de envergadura. La necesidad de cerrar equilibrios dentro del propio bloque vuelve cualquier iniciativa más lenta y laboriosa. En este escenario, un proyecto que no tiene apoyo explícito de Kicillof termina simplemente esperando, sin fecha cierta para avanzar.
Perspectivas abiertas: qué puede suceder desde aquí
Las posibilidades que se abren desde esta situación de bloqueo relativo permiten múltiples lecturas. Por un lado, existe la chance de que la presión política sobre el oficialismo aumente en los próximos meses si el tema se mantiene en la agenda pública. La coincidencia de opositores de distintas vertientes, combinada con el respaldo masivo del sector judicial y académico, podría crear condiciones para que Kicillof reconsidere su posición. Por otro lado, es posible que el proyecto quede en suspenso indefinida, un resultado que no sería inédito en la legislatura bonaerense donde existen múltiples iniciativas cuyo avance se estancó hace años. También está la posibilidad de que se busque una solución de compromiso: aprobar una versión del proyecto que no requiera inversión presupuestaria adicional, aunque esto implicaría que la autonomía judicial seguiría atada a los recursos limitados que hoy maneja. Finalmente, cabe considerar que cambios en las condiciones fiscales de la provincia, una mejora en los ingresos tributarios o una reasignación de prioridades presupuestarias, podrían modificar el cálculo político del oficialismo. Lo que parece claro es que mientras persista la crisis fiscal bonaerense y la fragmentación interna peronista siga presente, la autarquía judicial seguirá siendo un debate postergado en la Legislatura, independientemente de cuán legítima sea la demanda que la sustenta.
