La gestión de los recursos públicos vuelve a ocupar el centro del debate político tras la difusión de un exhaustivo registro de transacciones que documentan cómo se utilizaron fondos de una empresa estatal clave para la política energética argentina. El documento en cuestión —que forma parte de un informe presentado ante el Congreso— expone con detalles de fechas, montos y comercios los movimientos de tarjetas corporativas pertenecientes a Nucleoeléctrica Argentina durante un período de doce meses. Lo que genera controversia no es simplemente que existan gastos de funcionamiento, sino la naturaleza y diversidad de los consumos registrados, que abarcan desde operaciones vinculadas a actividades técnicas nucleares hasta transacciones en establecimientos de ocio internacional. El episodio abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión interna de empresas estatales, los criterios de autorización de gastos y la rendición de cuentas en organismos que manejan presupuestos significativos.
Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período que coincide casi en su totalidad con la administración de Demian Reidel al frente de la compañía energética, se registraron movimientos variados en las tarjetas de la institución. El documento oficial de 58 páginas —denominado "Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A." y referido a la cuenta 338402— detalla transacciones en múltiples países y divisas. Junto a rubros claramente asociados con operaciones nucleares, como pagos a instituciones especializadas en ingeniería y tecnología atómica, conviven adquisiciones en comercios minoristas, establecimientos gastronómicos, servicios de alojamiento y espacios de entretenimiento nocturno. Reidel, quien se desempeñó previamente como asesor del presidente Javier Milei, cuestionó públicamente la manera en que se presentó esta información, argumentando que los datos corresponden a múltiples usuarios y que su participación personal se limitó exclusivamente a gastos de índole profesional.
Detalles que generan inquietud: del simulador nuclear a las discotecas de Madrid
El análisis pormenorizado del documento oficial revela un patrón que despierta preguntas sobre la adecuación de los gastos. La compañía Tecnatom, radicada en San Sebastián de los Reyes en las proximidades de Madrid, aparece mencionada en múltiples ocasiones. Esta empresa cuenta con antecedentes documentados en trabajos técnicos vinculados a infraestructura nuclear argentina —específicamente, intervino en la actualización de sistemas del simulador de la central nuclear Atucha II—, lo que justificaría su aparición en transacciones corporativas. Sin embargo, en las mismas fechas de pagos a esta compañía especializada, el reporte muestra consumos que resultan incongruentes con actividades de supervisión técnica o administrativa de un ente público dedicado a la energía nuclear.
El 6 de noviembre de 2025 se registró un pago en el área de restauración de Tecnatom, un desayuno o almuerzo corporativo que podría considerarse justificable dentro de una dinámica de trabajo. No obstante, veinticuatro horas después surgió un cargo de US$22 en una peluquería madrileña y, más relevante aún, US$70 en un establecimiento nocturno identificado como "Discotecas Amadis S L". Estos movimientos se sucedieron casi de manera contigua, lo que genera dudas sobre si todos ellos corresponden necesariamente a actividades vinculadas con la empresa. Similar patrón se observa el 26 de octubre anterior, cuando se registró un gasto de US$765 en "Pub El Pirata" junto con compras en una cadena de supermercados de descuento alemana, bajo el mismo número de tarjeta corporativa.
Otro capítulo del reporte que generó atención pública refiere a los pagos realizados en septiembre. Durante los días 13 y 14, se efectuaron 13 operaciones que suman US$212 en "Mar y Sombra S L", empresa identificada como proveedora de servicios de playa en la región de Valencia, donde efectivamente funcionan centrales nucleares como la de Cofrentes. Sin embargo, esta firma también comercializa servicios de ocio como sombrillas, masajes, cócteles y alimentos ligeros —servicios que difícilmente se alinean con reuniones técnicas o inspecciones de infraestructura energética. Adicionalmente, el reporte expone más de 400 adelantos de efectivo que totalizan aproximadamente $56 millones, un volumen que por su magnitud también requiere explicación en términos de destino y justificación.
Viajes internacionales, hoteles de lujo y gastos en free shops: la otra cara del reporte
La geografía de los gastos se extiende por múltiples continentes. Las operaciones en España predominan cuantitativamente, pero el rastro de la tarjeta corporativa también alcanza a Austria, Suiza, Singapur, Brasil y otros destinos. Entre los hoteles donde se cargaron transacciones figuran establecimientos de categoría superior como "St Regis Hotel Singapore" (octubre de 2025), "Hotel Mayorazgo" en Madrid, "Vienna Marriott Hotel" y "Meliá Vienna" (diciembre de 2025), así como "Windsor Leme Hotel" en Río de Janeiro (noviembre de 2025). Estos alojamientos, si bien algunos pueden asociarse con viajes institucionales de funcionarios de alto nivel, también reflejan estándares de gasto que merecen justificación detallada en una empresa estatal cuyo presupuesto proviene de fondos públicos.
Un elemento recurrente en el documento es la presencia de 45 transacciones en duty free shops, que acumulan US$5.957 y $1,1 millones de pesos. Las mayores concentraciones de estos gastos se produjeron en tres fechas específicas: 18 de enero de 2026 (US$1.620), 7 de febrero de 2026 (US$1.292) y 11 de febrero de 2026 (US$1.665). Las compras en tiendas libres de impuestos, típicamente vinculadas a viajeros que retornan de vuelos internacionales, plantean la pregunta sobre la naturaleza y alcance de los desplazamientos que justificaban estos consumos. Aunque tales viajes pueden efectuarse por motivos profesionales legítimos, la concentración de gastos en free shops sugiere una amplitud de consumo personal que requeriría aclaraciones más detalladas que las proporcionadas hasta el momento por la institución.
Existe un antecedente visible en el registro que permite contextualizar, al menos parcialmente, algunos de estos movimientos. Rafael Grossi, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, publicó una fotografía junto a Reidel en Viena durante diciembre de 2025. Dos días después de que ambos se registraran en esa ciudad (28 de mayo de 2025 —aunque la referencia de fecha aquí parece inconsistente con diciembre—), la tarjeta corporativa procesó un cargo de US$1.772,17 en el Hotel Meliá de Viena. Esto sugiere que al menos parte de los gastos hoteleros están vinculados con encuentros de carácter internacional en el ámbito nuclear, lo cual añade legitimidad institucional a ciertas transacciones, aunque no necesariamente a la totalidad de los consumos documentados.
La defensa del exdirector y la complejidad de la atribución
Reidel respondió a los cuestionamientos a través de redes sociales con una declaración que enfatiza su inocencia respecto de los gastos personales. Escribió que sus "resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal" y rechazó explícitamente la asociación con "discotecas, servicios de playa, free shops" u otros consumos de índole privada. Su argumento central se articula en dos ejes: primero, que el documento oficial "mezcla datos de todas las tarjetas de la empresa" sin especificar quién realizó cada transacción; segundo, que atribuirle a él personalmente estos gastos constituye "mala fe absoluta". Además, instó a que se investigue "hasta el último peso", lo que podría interpretarse como una invitación a esclarecer la responsabilidad de otros funcionarios que sí pudieran haber incurrido en estos consumos.
Su posición no carece de fundamento técnico. El documento oficial no incluye información sobre la identidad de quien efectuó cada transacción, ni discrimina entre los distintos plásticos corporativos que pudieron haber estado en circulación. Representantes actuales de Nucleoeléctrica aclararon que los gastos documentados corresponden a un colectivo amplio: "casi un centenar" de personas con responsabilidades jerárquicas dentro de la organización. Esta realidad complica cualquier atribución individual y sugiere que la rendición de cuentas requeriría un nivel de desagregación que el reporte actual no proporciona. Sin embargo, el silencio o la falta de especificidad sobre quién incurrió en qué gastos también plantea un problema de gobernanza institucional: si una empresa estatal no puede identificar a nivel individual quién generó cada transacción, se abre un vacío de responsabilidad que afecta la capacidad de supervisión y control.
La investigación de estos gastos también sitúa el caso en un contexto más amplio de preocupación sobre la administración de empresas estatales. En Argentina, la supervisión de organismos públicos ha sido un tópico recurrente, con episodios anteriores que documentaron usos discrecionales o inadecuados de fondos públicos. Los mecanismos de auditoría interna, los códigos de conducta corporativa y los procedimientos de autorización de gastos en entidades como Nucleoeléctrica son instrumentos diseñados precisamente para evitar estas situaciones. Si tales instrumentos resultaron insuficientes para prevenir o detectar a tiempo estos movimientos, ello sugiere deficiencias en los controles internos o en la aplicación de las normas existentes.
En cuanto a las implicancias futuras, el caso abre several caminos posibles. Por un lado, podría derivar en investigaciones más profundas que logren atribuir responsabilidades específicas a funcionarios o empleados identificables, lo que dependería de auditorías adicionales y de la disponibilidad de registros más detallados que los que figura en el reporte divulgado. Por otro, podría servir como catalizador para que Nucleoeléctrica y otras empresas estatales revisen y fortalezcan sus sistemas de control interno, estableciendo protocolos más rigurosos para la autorización y seguimiento de gastos. Algunos sectores pueden argumentar que este episodio evidencia la necesidad de mayor transparencia en la gestión de recursos públicos y mecanismos más robustos de rendición de cuentas; otros podrían sostener que se trata de una reacción exagerada a gastos que, en su mayoría, pudieron haber sido legítimos dentro del contexto de operaciones internacionales de una empresa especializada. Lo cierto es que el documento permanece como un registro disponible para interpretaciones diversas y como materia prima para decisiones institucionales sobre cómo administrar mejor los fondos públicos asignados a organismos estratégicos como Nucleoeléctrica.
