Durante doce meses consecutivos, la tarjeta de débito corporativa de una empresa pública argentina generó un patrón de movimientos que entrelaza operaciones vinculadas a la industria nuclear con consumos en comercios de lujo, locales de entretenimiento nocturno y servicios vacacionales en distintos continentes. El documento oficial que expone esta realidad, presentado ante el Congreso Nacional, abre un interrogante central sobre los mecanismos de control interno en organismos estatales y la trazabilidad de fondos públicos cuando se emplean instrumentos financieros corporativos de acceso múltiple. Lo que importa aquí no es solo el catálogo de gastos, sino la ausencia de responsables identificados, la falta de justificación individual y la pregunta de fondo: ¿quién rinde cuentas cuando una tarjeta compartida por decenas de funcionarios deja un rastro de operaciones imposibles de atribuir a misiones específicas?
El documento que expone lo inexplicable
El informe de gestión presentado ante el Congreso contiene un anexo de 58 páginas titulado "Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.", correspondiente a la cuenta número 338402. Este documento registra movimientos entre marzo de 2025 y febrero de 2026 y detalla fechas, importes en dólares y pesos, pero omite información crítica: no identifica quién realizó cada transacción. Tampoco aclara si se utilizó un único plástico o varios. Esa opacidad genera un vacío de responsabilidad que complica cualquier intento de auditoría posterior.
El volumen de dinero en juego no es menor. Además de los gastos con tarjeta dispersos a lo largo de doce meses en diversos países, el documento registra más de 400 adelantos de efectivo que suman aproximadamente 56 millones de pesos. En algunos días se realizaron hasta trece giros simultáneos del mismo importe (como sucedió el 23 de enero, cuando se extrajeron 13 retiros de US$47,9 cada uno). Estos movimientos de efectivo resultan particularmente opacos porque no dejan rastro de destino final: es dinero que desaparece de la contabilidad formal.
Chronológicamente, el período de operaciones coincide casi por completo con la administración de una figura cercana a la esfera presidencial. Este funcionario asumió la dirección de la empresa estatal en abril de 2025 y abandonó el cargo en febrero de 2026, justamente cuando culmina el período reportado. Su paso por la institución estuvo marcado por controversias relacionadas con presuntos sobreprecios en contrataciones, lo que añade contexto a la necesidad de examinar cómo se utilizaron los recursos públicos durante su gestión.
El mapa global de consumos sin justificación directa
El análisis del reporte revela una geografía de gastos que abarca tres continentes. La concentración mayor de operaciones se registra en España, particularmente en Madrid y sus alrededores. Dentro de este territorio aparecen decenas de transacciones que desafían cualquier categorización coherente dentro de una política de viáticos de funcionarios públicos. El 6 de noviembre de 2025, por ejemplo, se registró un pago a "Delinas Tecnatom" (identificado como un buffete de una empresa energética con sede en San Sebastián de los Reyes), pero al día siguiente la misma tarjeta fue utilizada para pagar US$22 en una peluquería madrileña llamada S Bossi Peluqueros SL y US$70 en Discotecas Amadis S L. Las visitas a establecimientos de peluquería se repiten en múltiples fechas, con menciones a otra barbería identificada como Tradicional.
Los patrones se vuelven aún más irregulares cuando se consideran otros rubros. El 26 de octubre del año pasado, la tarjeta registró un gasto de US$765 en Pub El Pirata, un bar ubicado en Madrid. Ese mismo día hubo compras en Aldi Mendez Alvaro, una sucursal de una cadena de supermercados de bajo costo. Entre septiembre, se realizaron trece pagos sucesivos a "Mar y Sombra S L" por un total de US$212. Esa empresa ofrece servicios de playa en la Comunidad Valenciana —específicamente en sectores turísticos con centros vacacionales que incluyen sombrillas, masajes, cócteles y snacks—. ¿Cómo se justificarían estos gastos dentro de un viático oficial?
El rastro de consumo también llegó a destinos inesperados fuera de Europa. El 7 de junio de 2025 se registró una compra de US$33 en Duty Free Punta Cana, en República Dominicana. En agosto, hubo operaciones en "The Shilla Duty Free" por US$256,43, correspondiente a una tienda ubicada en el aeropuerto de Seúl. Las compras en free shops suman un total de US$5.957 y $1,1 millones de pesos en 45 operaciones diferentes, con concentraciones notables en tres fechas específicas: 18 de enero (US$1.620), 7 de febrero (US$1.292) y 11 de febrero de 2026 (US$1.665).
La ropa fue otro rubro recurrente. En la Gran Vía madrileña, se efectuaron dos compras en Primark por un total de US$178. También aparecen transacciones en "Adidas India Marketing" (US$355,15), "Adidas Istanbul Airpor" (US$193,49) y varias operaciones en sucursales de Decathlon ubicadas en barrios de clase media-alta de Madrid como Salamanca. El 6 de febrero de 2026, la tarjeta fue utilizada para gastar US$35 en Clariana Boutique, una tienda de ropa femenina ubicada en Angras Do Reis, Brasil. Ninguno de estos gastos está explicado en el documento oficial mediante justificativos de misión, propósito o autorización previa.
El debate sobre responsabilidades y controles
Ante la divulgación de este reporte, el funcionario cuya gestión coincide con el período reportado emitió un comunicado en redes sociales negando responsabilidad personal. Argumentó que sus resúmenes de tarjeta corporativa no muestran gastos personales y que intentar atribuirle estos consumos constituiría "mala fe absoluta". Sostuvo que solicitaba investigación exhaustiva de "hasta el último peso".
Por su parte, representantes de la empresa estatal consultados por este medio ofrecieron una explicación alternativa: los gastos estarían mezclados porque la tarjeta es utilizada por casi un centenar de personas con puestos jerárquicos dentro de la organización. Según esta versión, los consumos corresponderían a viáticos de funcionarios y empleados que cumplen misiones en el exterior. Sin embargo, esta explicación requiere ser contrastada contra normativa existente.
La Decisión Administrativa 888/2024, vigente al momento de realizar estas operaciones, establecía límites claros: para la categoría más alta en destinos europeos, el gasto diario en viáticos no podía exceder 188 euros, mientras que el alojamiento estaba limitado a 388 euros diarios. Estas cifras surgen de normativa más antigua —el decreto 997/16 de septiembre de 2016— que define viáticos como "la asignación diaria fija" destinada a "atender todos los gastos personales" derivados de una misión oficial. Ese mismo decreto especifica que los gastos deben cumplirse "en pos de una rendición de cuentas" y estar "vinculados a las tareas" de la misión.
¿Cómo encaja una consumición en una discoteca madrileña dentro de esta definición? ¿Cómo se justifica una compra de ropa deportiva en un shopping de Madrid como gasto oficial? ¿Tiene sentido que un peluquero registre múltiples servicios dentro de gastos de viáticos? Los números sencillamente no cierran dentro del marco normativo existente, a menos que se asuma una interpretación extremadamente generosa de qué constituye un "gasto personal" durante una comisión de servicio.
Movimientos de efectivo: el agujero negro financiero
Más preocupante aún que los consumos con tarjeta es el volumen de adelantos en efectivo. Los 400 giros que totalizan 56 millones de pesos representan dinero que abandona completamente la trazabilidad de un sistema formal. Cuando un funcionario retira efectivo, no hay constancia de adónde va ese dinero, en qué se gasta, o si efectivamente se utiliza para fines oficiales.
El patrón de estos retiros es también irregular. El 23 de enero se observan 13 giros idénticos de US$47,9. El 23 de noviembre hay dos adelantos por US$175,34 cada uno. Sin información sobre quiénes realizan estos movimientos, resulta imposible determinar si responden a prácticas normales de viáticos o si constituyen un mecanismo para convertir dinero público en efectivo sin supervisión.
Comparativamente, los países con sistemas de auditoría más robustos suelen limitar severamente los adelantos en efectivo para personal en misiones, exigiendo recibos y justificativos de gastos muy específicos. La cantidad de dinero retirado aquí —56 millones de pesos durante un año— sugiere prácticas que podrían considerarse más propias de administraciones con controles deficientes que de un organismo del Estado moderno.
Viajes internacionales: algunas pistas, muchas sombras
El reporte sí contiene evidencia de operaciones que parecen vinculadas a viajes de carácter oficial. Aparecen transacciones con aerolíneas como Air Europa, American Airlines y United. Se registran pagos en cadenas hoteleras internacionales: Hotel Mayorazgo en Madrid, Facade Hotel Amsterdam, Hotel Du Parc Baden AG en Suiza, St Regis Hotel Singapore (octubre de 2025), Hotel Meliá Castilla y Gale Miami Hotel (noviembre), Windsor Leme Hotel en Río de Janeiro, Vienna Marriot Hotel y Meliá Vienna en Austria (diciembre).
Las fechas de algunos viajes coinciden con compromisos diplomáticos públicamente documentados. En diciembre de 2025 se registraron gastos en hoteles de Viena; coincidentemente, durante ese período hubo una foto publicada que mostraba al funcionario en cuestión con el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica en la capital austríaca. Una segunda encuentro en la misma ciudad ocurrió alrededor del 28 de mayo de 2025, con un gasto registrado dos días después en el Hotel Meliá de Viena por US$1.772,17.
Lo interesante es que estos viajes internacionales parecen tener propósito oficial identificable, pero incluso aquí el reporte no discrimina entre gastos claramente vinculados a la misión y otros que se realizan durante los desplazamientos. Si un funcionario viaja a Viena para participar en una reunión sobre política nuclear, ¿son gastos en peluquería y bares parte del "gasto personal" que autoriza un viático? La normativa sugiere que sí podrían serlo, pero dentro de límites diarios que se vuelven difíciles de verificar cuando la tarjeta es compartida por docenas de personas.
El sistema de controles en cuestión
Este caso revela una brecha sustancial entre la normativa existente y su aplicación práctica. Argentina cuenta con regulaciones claras sobre viáticos (el decreto 997/16 es relativamente preciso en sus definiciones y límites), pero su efectividad depende de sistemas de auditoría interna rigurosos que parecen haber funcionado deficientemente en este caso. Que un reporte oficial consolidado de tarjeta corporativa no identifique a los usuarios individuales es una falla administrativa grave: impide cualquier revisión posterior de responsabilidades.
Además, la existencia simultánea de tarjetas corporativas de acceso múltiple y adelantos de efectivo sin trazabilidad genera un ambiente propicio para desviaciones de fondos. No es necesario asumir mala intención sistemática; basta con una supervisión laxa para que gastos legítimamente discutibles terminen siendo procesados sin cuestionamiento.
El hecho de que estos movimientos hayan permanecido sin mayores cuestionamientos hasta que fue solicitado un acceso a información pública sugiere que los mecanismos de control interno de Nucleoeléctrica podrían requerir fortalecimiento. Toda institución estatal debería contar con auditorías periódicas de gastos corporativos, identificación clara de autorizantes y usuarios de tarjetas, y reconciliaciones mensuales que detecten anomalías antes de que se consoliden en un año de operaciones.
Perspectivas y consecuencias abiertas
A partir de esta exposición de hechos, múltiples líneas de acción son posibles. Desde la perspectiva de quienes demandan rigor fiscal, el caso sugiere la necesidad de investigaciones formales que identifiquen a usuarios específicos de cada transacción y cuestionen su justificación según normativa vigente. Desde la óptica de quienes priorizar la continuidad administrativa, se argumentaría que los gastos se encuentran dentro del marco de viáticos permitidos y que no existe evidencia de desfalco intencional. Desde la responsabilidad institucional, es evidente que los sistemas de generación de reportes corporativos requieren revisión para asegurar trazabilidad individual.
Los hechos permanecen: transacciones en discotecas, peluquerías, tiendas de ropa y servicios de playa registradas en una tarjeta corporativa de una empresa estatal; más de 400 retiros de efectivo sin identificación de destino; ausencia de asignación de responsables por transacción individual; coincidencia temporal con una gestión posteriormente cuestionada por irregularidades en contrataciones. Cómo se procese esta información —si genera investigaciones formales, cambios en sistemas de control, sanciones administrativas o cierres del caso— dependerá de decisiones que aún están por tomarse en distintos niveles de la administración pública.
